El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó la falta de “cambios” en la situación de los derechos humanos en Cuba durante la presentación este lunes de su informe sobre Derechos Humanos en el mundo.

“En Cuba, según informes, más de 1.000 presos políticos están detenidos injustamente y sometidos a malos tratos; sus familiares también son blanco de amenazas”, asegura el reporte, que también llama la atención sobre la situación en Nicaragua.

“En Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo cerró más de 300 organizaciones de la sociedad civil en 2023, lo que elevó el número de organizaciones cerradas a más de 3.500. El régimen también despojó a más de 300 personas de su ciudadanía y mantiene retenidos a más de 100 presos políticos en condiciones atroces”, asegura el texto.

Continúan en Cuba las violaciones a las libertades fundamentales

De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, existen denuncias creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, y de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del gobierno a los reclusos, además de condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales.

El informe da cuenta además de “graves problemas con la independencia del poder judicial” y severas restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa en la isla. EEUU tomó nota de los cortes de internet, así como sobre las leyes “demasiado restrictivas” contra las organizaciones no gubernamentales y religiosas.

Este informe del Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que concede a cada nación.

EEUU asegura en su reporte que los cubanos no pueden cambiar su gobierno pacíficamente mediante elecciones libres y justas, y que las autoridades de la isla mantienen restricciones graves e irrazonables a la participación política, además de una “grave corrupción gubernamental”.

Otro de los puntos tomados en cuenta por Estados Unidos fueron las llamadas misiones médicas en el exterior, a las que calificó como “trabajo forzoso patrocinado por el Estado”.

“El gobierno no tomó medidas significativas para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos”, dijo el Departamento de Estado.

El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, respondió al informe acusando al Secretario de Estado, Antony Blinken, de “no preocuparle” los derechos humanos de cubanos y palestinos.

“Le preocupan los derechos de los productores de armamento y sus objetivos de dominación y saqueo”, escribió Rodríguez en X.

Decenas de activistas respondieron a las palabras de Rodríguez en X publicando imágenes de represión.

Venezuela también ha mantenido su régimen autoritario sin cambios

El Departamento de Estado también fue muy crítico con el régimen de Nicolás Maduro, al que acusó de casos de torturas, abusos y desapariciones de personas.

“La Defensoría del Pueblo, afín a Maduro, no publicó estadísticas sobre denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Varias ONG denunciaron casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala el informe dado a conocer por el secretario Blinken.

“Grupos de derechos humanos y el FFM denunciaron que representantes de Maduro seguían influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de forma selectiva y subjetiva”, añade el documento.

Preocupación por Ucrania y Gaza

Este informe del Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que concede a cada nación. El reporte se elabora desde 1977.

En el documento, Estados Unidos también mostró su preocupación por las crisis en el mundo, especialmente los “crímenes de lesa humanidad” cometidos en Ucrania por los ocupantes rusos y la muerte de decenas de miles de civiles palestinos en la ofensiva israelí contra Hamás, considerada por el gobierno estadounidense una organización terrorista.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dado a conocer la creación de una "norma provisional final" en beneficio de empleados, exempleados y sus familiares que presenten lesiones cerebrales calificadas como "incidentes de salud anómalos", asociadas con el llamado “Síndrome de La Habana”.

La norma, que entrará en vigor el próximo 20 de mayo, contempla a "personas que experimentan consecuencias a largo plazo, incluyendo potencialmente una incapacidad para trabajar de manera remunerada”, se basa en la llamada HAVANA Act de 2021 y explica en qué circunstancias y formas serán compensados los trabajadores afectados.

Debido a la numerosa y variada naturaleza de esas lesiones cerebrales, la norma se aplicaría de manera bastante amplia y las compensaciones, que se otorgarán como “pago único”, oscilan entre 153.000 y 204.000 dólares.

“El Departamento (de Justicia) cree que esta cantidad es la máxima con la que se puede compensar razonablemente a cada solicitante, al tiempo que garantiza los fondos para el número total de solicitantes que cree que, probablemente, recibirán pagos", explica la norma.

Para los aquejados de “afectaciones anómalas que sufran de incapacidad para trabajar o necesiten cuidados personales a tiempo completo”, la norma contempla el derecho a un “pago adicional”.

La semana pasada, senadores de ambos partidos pidieron a la administración del presidente Joe Biden reevaluar las conclusiones sobre el Síndrome de La Habana, después que un reportaje de CBS News generara preocupaciones en Washington sobre la presunta culpabilidad de Rusia.

"No hay mayor prioridad que la salud y la seguridad de los empleados del gobierno estadounidense y de sus familiares que comprometen sus vidas para promover los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos", escribieron los legisladores en carta al presidente.

El llamado “Síndrome de La Habana” salió a la luz pública en 2016, cuando empleados estadounidenses en la Embajada de EEUU en la capital cubana dijeron experimentar síntomas neurológicos que incluían fuertes dolores de cabeza, náuseas, desequilibrio físico y pérdida de audición, entre otros, llamados luego por las autoridades y la comunidad científica “Incidentes Anómalos de Salud” o AHIs, por sus siglas en inglés.

Más adelante, miembros del cuerpo diplomático norteamericanos ubicados en embajadas de China, Vietnam, Colombia, Rusia y otros países de Europa reportaron padecer síntomas similares.

Con una votación de 311 a 112, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este sábado el proyecto de ley de ayuda a Ucrania por valor de 60.800 millones de dólares.

El paquete de ayuda ha tensado en los últimos meses los hilos en la política estadounidense y ha puesto a prueba la tenacidad de sus defensores y detractores. Todos los demócratas votaron a favor de la medida, lo mismo que 101 republicanos y 112 republicanos votaron en contra.

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy agradeció de inmediato la votación que ocurrió en un momento estratégico del conflicto armado.

"Agradezco a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a ambos partidos y personalmente al presidente Mike Johnson por la decisión que mantiene la historia en el camino correcto. La democracia y la libertad siempre tendrán importancia global y nunca fallarán mientras Estados Unidos ayude a protegerlas. El vital proyecto de ley de ayuda estadounidense aprobado hoy por la Cámara impedirá que la guerra se expanda, salvará miles y miles de vidas y ayudará a nuestras dos naciones a fortalecerse. La paz y la seguridad justas sólo pueden lograrse mediante la fuerza. Esperamos que los proyectos de ley cuenten con el apoyo del Senado y se envíen al escritorio del presidente Biden. ¡Gracias América!", escribió el mandatario.

Los fondos para Ucrania incluyen más de 23.000 millones de dólares para reponer armas y equipamiento proporcionadas por Estados Unidos; 13.800 millones de dólares para sistemas de armas avanzados y 10.000 millones de dólares en asistencia económica reembolsable.

El Congreso también aprobó un proyecto de ley para proporcionar 26.300 millones de dólares en asistencia a Israel.

La medida fue aprobada por 366 votos a favor y 58 en contra y automáticamente se incluirá junto con otros tres proyectos de ley.

El presidente estadounidense Joe Biden expresó el miércoles su apoyo a la propuesta del líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de proteger de este modo "los intereses estadounidenses de seguridad nacional y a los aliados en Israel, la región Indo-Pacífica y Ucrania”.

“La cámara baja debe aprobar este paquete esta misma semana, y el Senado debe hacer lo propio pronto”, había exhortado Biden.

“Firmaré esto para convertirlo en ley y para enviar un mensaje al mundo: Nos plantamos con nuestros amigos, y no dejaremos que ni Irán ni Rusia triunfen”, dijo el presidente.

Algunos republicanos detractores de esta ayuda a Ucrania argumentan que este tema se ha convertido en una enorme carga financiera para los estadounidenses, que es un asunto que deben afrontar principalmente las naciones europeas más próximas al conflicto y que ha habido un estancamiento en el progreso después de dos años de guerra.

El proyecto de ley de seguridad nacional aprobado hoy incluye además una disposición que obliga a vender la popular plataforma TikTok y apoyo a los aliados de la región Indo-Pacífico.

Aunque estas ayudas se han votado por separado, cuando pasen al Senado serán consideradas como un paquete único que beneficia a Israel, Ucrania y Taiwán.

Legisladores estadounidenses debaten este sábado el envío de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán.

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart hizo una ardiente defensa de esta iniciativa.

"Mientras estamos aquí hoy, una troika estratégico-militar del mal se asoma en el horizonte marchando hacia la destrucción de los valores que nosotros y nuestros aliados democráticos tanto apreciamos. Podemos volver la cabeza y esperar apaciguar este gran mal o podemos apoyar a nuestros aliados y enfrentar este nefasto flagelo", dijo el representante de Florida, quien alertó que Vladimir Putin no se conformará con Georgia y Crimea, sino que aspira a controlar a Ucrania y "mañana a Moldavia, los países bálticos y Polonia".

El republicano recordó que en 1947 el Congreso proporcionó apoyo militar y económico a Grecia y Turquía, manteniéndolos fuera del alcance de la Unión Soviética y que hoy, en un punto crucial de la guerra, una victoria de Rusia "sería un desastre para nuestra seguridad nacional que alentaría a la China comunista, a emprender una coerción o agresión militar contra Taiwán".

El presidente estadounidense Joe Biden expresó el miércoles su apoyo a la propuesta del líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de proteger de este modo "los intereses estadounidenses de seguridad nacional y a los aliados en Israel, la región Indo-Pacífica y Ucrania”.

“La cámara baja debe aprobar este paquete esta misma semana, y el Senado debe hacer lo propio pronto”, había exhortado Biden.

“Firmaré esto para convertirlo en ley y para enviar un mensaje al mundo: Nos plantamos con nuestros amigos, y no dejaremos que ni Irán ni Rusia triunfen”, dijo el presidente.

Ante las objeciones de muchos de sus correligionarios en el Partido Republicano, Johnson propuso que la ayuda a Ucrania se entregara como préstamos y que tuvieran un monitoreo riguroso.

Para contar con el apoyo demócrata, la propuesta de Johnson mantiene intactos los 9.000 millones de dólares en asistencia humanitaria para civiles de Gaza y otras zonas de conflicto.

En el debate de este sábado tanto los republicanos como los demócratas denunciaron los crímenes de guerra cometidos durante la invasión rusa.

"Vladimir Putin ha ordenado a sus tropas que utilicen la violación, el secuestro y el asesinato delante de familiares como arma de guerra para desmoralizar al pueblo de Ucrania", afirmó la representante Nancy Pelosi (demócrata por California), ex presidenta de la Cámara de Representantes.

La demócrata de mayor rango en la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la cámara baja, Rosa DeLauro, dijo en un comunicado que las propuestas separadas para ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán “reflejan” el paquete de ayuda extranjera por 95.000 millones dólares que el Senado aprobó en febrero.

Algunos republicanos detractores de esta ayuda a Ucrania argumentan que este tema se ha convertido en una enorme carga financiera para los estadounidenses, que es un asunto que deben afrontar principalmente las naciones europeas más próximas al conflicto y ha habido un estancamiento en el progreso después de dos años de guerra.

“Si Estados Unidos continúa apoyando este esfuerzo, la Unión Europea no reunirá la voluntad política para hacer lo que debería”, dijo el representante Keith Self (republicano por Texas). "Europa debe actuar con mayor urgencia".

El Senado desestimó todos los cargos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, poniendo fin a la iniciativa de los republicanos en la Cámara de Representantes para destituir al funcionario por su manejo de la situación en la frontera con México y poniendo fin al proceso incluso antes de que comenzaran los argumentos.

Los senadores votaron a favor de desestimar los dos artículos que, según los republicanos, justificaban iniciar un juicio político. Los demócratas argumentaron que los artículos eran inconstitucionales. El primer artículo acusaba a Mayorkas de “negativa deliberada y sistémica a cumplir” con la ley de inmigración. El segundo lo acusaba de “abuso de confianza” por decir que la frontera estaba segura. Ambas votaciones fueron 51-48 según líneas partidistas, con la senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, votando “presente”.

Previamente, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que buscaría desestimar el juicio argumentando que los dos artículos acusatorios presentados por los republicanos “no cumplían con los estándares de delitos y faltas graves” y esto podría sentar un precedente peligroso.

"Por el bien de la integridad del Senado y para proteger el juicio político para los raros casos en que realmente lo necesitamos, los senadores deberían desestimar las acusaciones de hoy”, dijo Schumer, demócrata por Nueva York, al abrir la sesión del Senado.

En febrero, la Cámara de Representantes aprobó por estrecha mayoría someter a Mayorkas a un juicio político por su manejo de la situación en la frontera con México, argumentando en los dos artículos que el funcionario “intencional y sistemáticamente” se negó a implementar las leyes migratorias. Los responsables de la Cámara de Representantes presentaron los cargos ante el Senado el martes, de pie en la tribuna del Senado y leyéndolos en voz alta ante una audiencia cautiva de senadores.

Una desestimación total de la acusación, sin posibilidad de argumentar el caso, iba a ser una derrota embarazosa para los republicanos y para el asediado presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que hizo de la destitución una prioridad. Y es probable que tenga resonancia política tanto para los republicanos como para los demócratas en un año de elecciones presidenciales en el que la seguridad fronteriza ha sido uno de los temas principales.

Los republicanos argumentan que el presidente Joe Biden ha sido débil en la frontera, ya que las detenciones por cruces ilegales se dispararon a más de 2 millones de personas durante los dos últimos años de su mandato, aunque han disminuido desde un récord de 250.000 en diciembre, debido a la intensificación de la aplicación de la ley en México. Los demócratas afirman que, en lugar de someter a un juicio político a Mayorkas, los republicanos deberían haber aceptado un compromiso bipartidista del Senado destinado a reducir el número de inmigrantes que entran ilegalmente en Estados Unidos.

Cuando firmó los artículos de juicio político el lunes antes de enviarlos a través del Capitolio, Johnson dijo que Schumer debe convocar un juicio “para que quienes orquestaron esta crisis rindan cuentas”.

Schumer “es el único impedimento para que el pueblo estadounidense vea que hay una rendición de cuentas”, aseguró Johnson. “De acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Cámara de Representantes exige un juicio”.