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Constitución

Transparencia Electoral desacredita designación del premier cubano

El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz abraza al presidente Miguel Díaz-Canel durante la asesión de clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana el sábado, 21 de diciembre del 2019. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba nombró este sábado a Manuel Marrero Cruz como primer ministro, en un proceso que ha sido desacreditado por el observatorio Transparencia Electoral, que monitorea y asesora elecciones en toda América Latina.

Leandro Querido, el director de esta ONG con sede en Buenos Aires, Argentina, dijo a RadioTelevisión Martí que en el contexto cubano el nombramiento del primer ministro, un cargo que estaba ausente desde hace más de 40 años, no es más que una "designación”.

Transparencia Electoral califica de ilegítima designación de Manuel Marrero
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“En los sistemas electorales de los sistemas políticos cerrados en donde no hay competencia, no hay elecciones transparentes, no hay productos legítimos, hay designaciones”.

Al proponerlo al resto de los diputados, el gobernante Miguel Díaz-Canel resaltó “la fidelidad” de Marrero “al Partido y a la Revolución”.

Para el politólogo, el proceso electivo en Cuba, al igual que el de la reforma de la Constitución y la reciente designación del premier, así lo confirman.

“Cuando vemos que todos los diputados por unanimidad eligen o designan a un funcionario, esto habla de un sistema político que no refleja ningún tipo de diversidad, de pluralidad, entonces tenemos un sistema cerrado y autoritario”.

“Desde Transparencia Electoral, indicó el analista, nosotros hicimos un informe que tiene que ver con las elecciones con integridad, que justamente son las elecciones que hay en regímenes democráticos. Uno de los temas que se plantea tiene que ver con el continuo estado de derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral”.

Nada de esto ocurre “en Cuba porque no hay un estado de derecho, no hay división de poderes no se respetan los derechos humanos y la justicia electoral está en manos del único partido legalizado”.

Para el ejecutivo todo eso genera una profunda inequidad y elimina todo vestigio democrático.

Por otro lado, que los tres miembros principales de la Comisión Electoral Nacional sean nominados por el presidente de la República y elegidos por el Consejo de Estado o la Asamblea Nacional del Poder Popular, ambos bajo el control del partido comunista, refrenda la imposibilidad de la independencia necesaria del organismo.

“Por eso también se recomienda crear organismos electorales profesionales y competentes, apuntó el experto, en referencia al “árbitro electoral” , que es una figura muy importante en todos los procesos electorales democráticos, pero el árbitro electoral en Cuba siempre determina en favor de ellos mismos (del régimen), es decir el árbitro es parte del proceso, no es un actor independiente ni imparcial”.

“No tenemos competencia multipartidaria, no hay división de poderes, entonces no tenemos ninguna oportunidad de que se construyan en Cuba elecciones con integridad”, concluyó el politólogo.

El régimen también designó a los seis viceprimeros ministros, mientras que fueron ratificados en sus puestos 19 ministros, incluyendo Interior y Fuerzas Armadas.

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CIDH señala violaciones a derechos fundamentales en las Américas en primer año de pandemia

La situación de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua se agudiza por la falta de separación de poderes con la persecución y amenazas contra opositores, asegura la CIDH.[Foto de archivo]

La instancia adscrita a la OEA hace un recuento de la situación de los derechos humanos en el continente americano durante el año 2020. Capítulos por separado merecen Cuba, Nicaragua y Venezuela por la falta de libertades democráticas y el acoso a opositores.

WASHINGTON DC - Durante el primer año de la pandemia de COVID-19 los pueblos latinoamericanos experimentaron, en diferentes escalas, retrocesos en materia de derechos y libertades fundamentales, según señala el Informe Anual 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En el documento de 1.238 páginas, la CIDH, que vigila el estricto cumplimiento de los derechos fundamentales en los 34 Estados que conforman la OEA, 25 de los cuales han ratificado la Convención Americana en materia de derechos humanos, manifiesta sus preocupaciones sobre el tratamiento de los estados a sus ciudadanos durante la crisis sanitaria y las consecuencias posteriores a ésta, aunado a las crisis políticas que ya estaban en curso en varios países de la región.

En el Informe 2020, publicado el 16 de abril, la CIDH también hace un apartado especial para analizar la situación de las libertades civiles y los derechos universales en Cuba, Nicaragua y Venezuela; donde dice que en el primero de estos países, que tiene un largo historial de restricciones y represión contra disidentes, la situación se ha agudizado el año anterior con los intentos cada vez más recurrentes de grupos organizados de la sociedad civil que demandan libertad.

En Cuba “la CIDH tomó conocimiento de las persistentes restricciones a los derechos políticos, de reunión y asociación, y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento”, dice el informe.

Crece persecución contra opositores en Nicaragua y Venezuela

En el caso de Nicaragua y Venezuela, la instancia rectora de derechos humanos reseña con preocupación el deterioro total de la institucionalidad democrática, con poderes ejecutivos que han controlado los órganos judiciales de los dos países y con asambleas nacionales controladas por las presidencias; acciones que han llevado a un deterioro aún más evidente de los derechos humanos.

También refiere que los gobiernos de Nicolás Maduro, en Venezuela, y Daniel Ortega en Nicaragua, más el de Miguel Díaz-Canel en Cuba, han instaurado desde las estructuras del Estado y con apoyo de sus seguidores canales sistemáticos de vigilancia, persecución y hostigamiento contra sus delatores.

“La Comisión Interamericana observa que la crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa profundizándose debido a la persistencia de una falta del principio de separación de poderes, la agudización de la represión contra las voces críticas al gobierno y la inexistencia de reformas institucionales tendientes al restablecimiento del Estado de Derecho”, expresa la CIDH en su informe de país.

La CIDH mira con preocupación que en la nación centroamericana la situación tenderá a empeorar dadas las condiciones para este año, en que además se realizan elecciones generales, para las cuales los servicios de inteligencia de Estados Unidos prevén un aumento de la polarización; y hasta de denuncias de fraude una vez concluya el proceso electoral, en el caso de Nicaragua.

Para la Comisión Interamericana los indicadores más preocupantes obedecen al agravamiento de las agresiones, amenazas, intimidaciones, hostigamientos y otros actos de violencia cometidos contra líderes religiosos, sociales, estudiantiles, personas excarceladas, víctimas y sus familiares por miembros de la Policía Nacional y por simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En cuanto a Venezuela, el informe señala el quebrantamiento del principio de separación de poderes como principal causante del entrampamiento de la crisis del país petrolero, aunado a la falta de garantías mínimas para la celebración de elecciones parlamentarias, la falta de independencia judicial, más la extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, y los excesivos poderes del ejecutivo de Nicolás Maduro que ha declarado estado de excepción al menos 30 veces desde el año 2016.

A ello se suman los ataques y persecución contra los diputados opositores de la Asamblea Nacional, que aunque no son nuevos, han ido en escalada desde que el músculo opositor se vio fortalecido con el favor del electorado en las urnas durante las elecciones del año 2015, donde la oposición consiguió una sólida mayoría en el legislativo nacional, pero el gobierno se encargó a posteriori de frenar el proceso valiéndose de artilugios como la creación de la Asamblea Nacional Constituyente.

“La CIDH considera que la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela ha contribuido a que la crisis institucional no encuentre un freno. En lugar de fungir como un garante de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de los otros poderes del Estado, el Poder Judicial ha creado nuevos obstáculos para superar la crisis que atraviesa el país. En 2020, la CIDH observó que el Poder Judicial venezolano opera cada vez con más opacidad, y esta circunstancia dificulta enormemente conocer, entre otras cosas, si las y los jueces son nombrados con apego a los procedimientos preestablecidos o cuál es el porcentaje de jueces provisorios del país”; señala el informe.

También mientras avanza el deterioro institucional del país sudamericano continúa el menoscabo de los derechos humanos civiles y políticos, en especial los ataques contra la libertad de expresión y de participación en los asuntos públicos.

En el año 2020, bajo el ambiente de la pandemia en Venezuela, persistieron las detenciones arbitrarias de ciudadanos que muestran en público su descontento con el gobierno; actos manifiestos con campañas de estigmatización y hostigamiento “en perjuicio de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como el uso del derecho penal y otros controles sancionatorios para castigar o inhabilitar el trabajo de opositores políticos”, señala el informe

La CIDH consigna que al concluir la elaboración del Informe 2020, a principios de este año, envió copia a los países señalados -a través de los canales oficiales- a efectos de tener respuesta, pero a la fecha de publicación del informe no hubo comentarios por parte de los gobiernos.

Retrocesos y avances en otros países de la región.

Durante el primer año de pandemia de COVID-19, la CIDH contabiliza que los sectores más excluidos de los países del hemisferio occidental, como las minorías étnicas y grupos vulnerables, entre estos también los migrantes han sido los que más han sufrido ante los canales de respuesta instalados por los estados para hacer frente a la pandemia.

“Los Estados establecieron cuarentenas obligatorias, toques de queda, el cierre de espacios laborales y de actividades económicas, la suspensión de clases en los sistemas escolares, el cierre de fronteras terrestres y otras medidas que, en algunos casos tuvieron consecuencias adversas para la protección de los derechos humanos particularmente sobre grupos históricamente excluidos”, dice el informe

También denuncia que se registraron acciones con impacto discriminatorio en contra de las personas migrantes, refugiadas, desplazadas; además del agravamiento en las condiciones de las personas privadas de libertad en la región”, señala el estudio.

Durante los primeros meses de la pandemia, la CIDH, con su despliegue de observadores en todo el continente, reconoce que a nivel general se registraron de manera preocupante, restricciones ilegítimas y uso excesivo de la fuerza en protestas sociales de algunos países de la región.

También persiste el acoso, violencia y discriminación contra grupos en situación de exclusión como mujeres, niños, personas LGBTI, pueblos indígenas, grupos afrodescendientes, personas defensoras de derechos humanos, población carcelaria, los que experimentaron mayor riesgo durante la pandemia.

La institución ve con alarma los asesinatos cometidos contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en la región “la CIDH observa nuevamente el riesgo agravado en el que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos y líderes indígenas, de la tierra y medio ambiente, mujeres, así como los altos niveles de impunidad frente a estos casos”, dice el informe.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lamenta la constante violencia contra periodistas y medios de comunicación y la vulneración al libre ejercicio de periodismo y la libertad de prensa en algunos países del continente, donde predomina el clima de impunidad, por lo que llama a los estados de la región a tomar medidas concretas y eficaces para reducir esos riesgos.

Entre los aspectos positivos, la CIDH saluda los avances en políticas de seguridad ciudadana en varios países de la región, lo que ha evidenciado durante el año 2020 una disminución muy significativa del número de actos violentos y homicidios, en comparación con 2019.

También resalta los avances en materia de libertad de expresión con algunas sentencias judiciales en las Américas, como la tomada por el Tribunal Constitucional del Perú, y otras sentencias similares en Colombia y Argentina que muestran importantes avances para la promoción y garantía del derecho a la libertad de expresión.

Además destaca como aspectos positivos para el año 2020, la normativa de Colombia para buscar una solución migratoria para unos 762.857 venezolanos migrantes en ese país sudamericano; gesto similar asumido por Costa Rica que propuso un estatus temporal para nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela que estuvieran de manera irregular en su territorio durante el año 2020.

Nuevo decreto atenta contra veterinarios privados y el movimiento animalista de Cuba

Noris Pérez tiene un refugio privado para animales en su casa en La Habana. YAMIL LAGE / AFP

Las autoridades cubanas, en otra vuelta de tuerca contra el sector privado, publicaron el 29 de enero un nuevo decreto ley que, en su Artículo 5, penaliza el ejercicio profesional particular de la Veterinaria.

La norma considera la práctica privada de los médicos veterinarios como una contravención, a la que corresponden multas de entre 500 y 3.500 pesos.

“Es, más o menos, lo mismo que hicieron con los artistas en 2018 a través del Decreto 349, tratar de anular todo tipo de independencia para aumentar el control también en este campo, el de los defensores de animales”, indicó la protectora y escritora habanera Verónica Vega.

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“Yo pienso que lo que viene es aún peor. Aplastar el ejercicio veterinario independiente implica que no se puedan hacer más las campañas de esterilización que realizábamos los protectores y médicos veterinarios, que aunque tenían cierta dosis de clandestinidad, no eran ilegales. Ahora lo son. Y los veterinarios estarían arriesgando sus títulos o ser gravados con altas multas. Es un golpe tremendo a la protección animal que se ha venido organizando de manera espontánea, frente a la abulia de los organismos del Gobierno y la inestabilidad e insuficiencia de las clínicas estatales, carentes de todo tipo de recursos como vacunas, medicamentos o pruebas de diagnósticos“, dijo Vega.

“Después arremeterá [el gobierno] contra los refugios, usando el argumento del financiamiento, que, generalmente viene del extranjero, de personas y entidades simpatizantes de la causa de los animales. Y no hay futuro para los animales en Cuba, porque el Estado no tiene refugios, no tiene otra opción que no sea el exterminio, ni siquiera la eutanasia, sino la muerte por estricnina que es extremadamente dolorosa”, resaltó la animalista.

El decreto da un portazo en la cara a los diálogos sostenidos por los grupos de protectores de animales y sus numerosas demandas entre ellas la creación de cooperativas veterinarias que puedan servir de apoyo al ineficiente sistema estatal.

“Cuando los animalistas comenzaron a juntarse y hacer peticiones al gobierno, no tenían conciencia de lo que significa aquí contrariar la política estatal. Había una gran dosis de ingenuidad todavía, como sucedió, hace poco, con personas que se reunieron frente al Ministerio de Cultura exigiendo un diálogo. El diálogo no está mal que ocurra, pero debería ser con el sentido de demostrar que es inútil, porque ya el gobierno ha demostrado, demasiadas veces, que no le interesa dialogar, que no quiere efectuar cambios”, apuntó la defensora, quien ha rescatado a varios gatos y perros y les ha dado abrigo en su casa de Alamar, Habana del Este.

Por su parte, Leidy Laura Hernández, propietaria de un refugio en Santa Clara, comentó que participó en una de las reuniones con instituciones del régimen involucradas en la defensa de los animales donde "lo único que hicieron fue ganar tiempo y calmar las tensiones que había dentro del movimiento animalista".

"Esta norma va a perjudicamos a nosotros a la vez que ataca directamente a los veterinarios que hacen su labor por cuentapropia, que son a los que podemos acudir, los animalistas y el pueblo en general, porque las clínicas veterinarias estatales están desprovistas”, declaró la protectora de animales.

“Tampoco tengo esperanzas en la aprobación de la Ley de Bienestar Animal, prevista para este mes, ya que, creo, lo usarán como mecanismo represivo. Tengo entendido que las peleas de gallos no van a estar contenidas, ya se sabe la historia de directivos cubanos, que poseen vallas con ese fin”, acotó Hernández.

El estudiante de la Universidad Central Marta Abreu, Javier Larrea Formoso, uno de los entusiastas que, recientemente, fue convocado a un encuentro con las direcciones Jurídica y de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, criticó en sus redes sociales, la aprobación de este decreto.

"El sistema estatal de servicios veterinarios cubano ha demostrado no tener la capacidad de satisfacer las necesidades de la población ni de ofrecer servicios veterinarios de calidad", señaló el fundador del grupo Bienestar Animal Cuba.

Los protectores cubanos han implementado una recogida de firmas online en la plataforma SOSVox que busca presionar al Ministerio de la Agricultura para que flexibilice la actual legislación.

ABC alerta que el régimen posterga una ley clave y deja a los cubanos aún más indefensos ante el Estado

Una patrulla de policía vigila las calles de La Habana en medio de nuevas medidas restrictivas por el repute de casos de coronavirus.

La Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales, que debió ser aprobada el pasado mes de octubre, fue ignorada por la agenda legislativa de la Asamblea Nacional, señala este lunes el diario español ABC.

"La no aprobación de esta ley perpetúa así la impunidad de los abusos y represión del régimen contra las voces disidentes de la isla, ya que le permite seguir enjuiciando opositores y críticos sin respetar los derechos constitucionales como el de libre circulación, el de libertad de expresión, de manifestación o de reunión", indica el periódico.

La publicación cita a Yaxys Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), para quien el retraso en la aprobación de leyes que tienen que ver con derechos que afectan a los cubanos refleja, "la falta de compromiso del PCC con las libertades y con la propia Constitución que daba un plazo exacto para aprobar las leyes complementarias".

"El régimen es consciente de que si aprueba esa ley, los tribunales se llenarán de demandas contra funcionarios e instituciones del Estado", asegura Cires.

El cronograma legislativo presentado en diciembre de 2019 tenía previsto aprobar varias leyes este año para implementar la nueva Constitución que entró en vigor en abril de 2019.

"Cuando restan apenas cinco días para concluir 2020 es un hecho el incumplimiento del calendario: de las 14 normas previstas, tan solo se han aprobado seis, que afectan al Gobierno; el resto, que tienen relación con los derechos sociales de los cubanos, han sido pospuestas para el próximo año", alerta ABC.

Tampoco fue promulgado por el Consejo de Estado, el Decreto-Ley Sobre Derechos de Manifestación y Reunión en el mes de septiembre de 2020.

La justificación del régimen, en la voz del ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, en el programa Hacemos Cuba en la televisión cubana fue la pandemia del COVID-19.

"El problema es que, aunque la Constitución de 2019 recoge varios derechos, su ejercicio está condicionado al desarrollo de leyes complementarias. Es una práctica antigua del régimen para no implementar el ejercicio de determinadas cuestiones que le son incómodas y mantener a la sociedad en el vacío legal", explica Cires.

Diputados provinciales y nacionales son intocables con nueva Ley de Revocación de los Elegidos

Tres mujeres leen lista de candidatos a la Asamblea Nacional. Foto Archivo

La Asamblea Nacional de Cuba aprobó este miércoles, por unanimidad, la Ley de Revocación de los Elegidos a los órganos del Poder Popular, en la que excluye a la ciudadanía de la facultad de invalidar a los designados en escaños provinciales y nacionales.

“Nosotros habíamos solicitado que el pueblo tuviera participación política activa dentro de la toma de decisiones en el gobierno”, afirmó desde Holguín, Roberto Miguel Santana, coordinador nacional de la plataforma de Observadores de Derechos Electorales, ODE, que había recomendado, varios días antes, cambios al proyecto de ley.

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Los observadores electorales independientes pidieron modificaciones al artículo 9, de la que ya es Ley, que se refiere a los sujetos comisionados para llevar a cabo el inicio del procedimiento de revocación del mandato.

“Según la ley, los electores solamente están autorizados para impulsar la revocatoria a la figura del delegado a la Asamblea Municipal. Habíamos instado a que los electores pudieran promover la revocación de, al menos, todos los cargos, por ejemplo los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular”, recalcó el activista.

Para el artículo 10, que estipula que solamente los electores pueden votar a favor o en contra de la revocación de los delegados de su circunscripción, el ODE planteó, infructuosamente, “que los electores deben decidir por la revocación de todos los puestos”, inclusive, los de representantes a la Asamblea Nacional.

“Ambos apartados excluyen a los ciudadanos de determinar, directa y democráticamente, sobre si creen que los diputados merecen seguir o no en sus cargos”, denunció Santana.

Asimismo, el ODE argumentó, en su desestimada carta al Parlamento cubano, añadir al texto que en los procesos de revocación fuera “permitida la observación independiente, para garantizar la transparencia y legalidad de dichos procesos".

Además de la ya mencionada, los diputados ratificaron, este 28 de octubre, la Ley de Servicio Exterior, la de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros; y del presidente y vicepresidente de la República. Según dice la prensa oficial, “se evaluaron las propuestas del pueblo".

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