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América Latina

TPS para venezolanos naufraga en cámara baja de EEUU

Refugiados venezolanos en Colombia.

Un proyecto de ley que pretendía otorgar Estatus de Protección Temporal (TPS) contra la deportación a miles de venezolanos residentes en Estados Unidos fracasó el martes en la Cámara de Representantes.

Un total de 154 republicanos votaron en contra de la medida, con lo que no se logró el apoyo de las dos terceras partes de los 435 legisladores que se requieren en debates dispuestos para aprobar rápidamente proyectos de ley que no son polémicos.

Hubo 37 republicanos entre los 268 votos a favor.

El republicano de Florida Mario Díaz-Balart, uno de los patrocinadores de la medida, dijo que él y otros legisladores procurarán una nueva votación durante un debate normal que no requiera dos tercios de apoyo.

"Conceder el TPS a los venezolanos es uno de los actos más bipartidistas que nosotros los miembros del Congreso podemos adoptar ahora mismo”, dijo el patrocinador principal del proyecto de ley, el demócrata Darren Soto.

El republicano por Alabama Mo Brooks se opuso a la propuesta porque "Estados Unidos no puede seguir siendo el orfanato del planeta para niños y adultos por igual” y solicitó un voto nominal que puso fin a la esperanza demócrata de obtener la aprobación en una votación oral.

Un proyecto de ley equivalente no ha prosperado desde que se presentó en el Senado en febrero pasado.

El Departamento de Seguridad Nacional es el organismo que, por lo general, concede el TPS a ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos armados, permitiéndoles permanecer en Estados Unidos hasta que su país de origen se recupere.

La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que este proyecto de ley beneficiaría a cerca de 200.000 venezolanos que viven en Estados Unidos.

Los venezolanos podrían obtener TPS, y su respectivo permiso de trabajo válido por 18 meses, si han permanecido de manera ininterrumpida en Estados Unidos desde que la medida entra en vigor y pagar 380 dólares al presentar una solicitud.

El presidente Donald Trump dijo en junio que su gobierno sopesaba la posibilidad de conceder el TPS a los venezolanos.

Pero Ken Cuccinelli, director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), dijo la semana pasada que adoptar la medida es "más complicado" debido a los recientes fallos judiciales que le han impedido al gobierno de Trump ponerle fin a ese beneficio.

Cuccinelli compartió la explicación al responder una carta que 23 senadores demócratas y el republicano Marco Rubio le enviaron el 23 de marzo, en la que solicitaban a Trump que concediera el TPS a los venezolanos.

La cámara baja adoptó en marzo otras tres medidas sobre Venezuela.

Una de las iniciativas agrega restricciones a la exportación de gas lacrimógeno y equipos antidisturbios. Otra ordena al gobierno de Trump aportar 150 millones de dólares en ayuda humanitaria y la tercera encarga al Departamento de Estado y a los organismos de inteligencia una evaluación de la amenaza que representa la cooperación rusa con Venezuela.

Los tres elementos fueron incorporados a VERDAD Act, un proyecto de ley adoptado en mayo con apoyo bipartidsta por la comisión de relaciones exteriores del Senado, con el que se busca acelerar, junto a organismos financieros internacionales, la planificación para la reconstrucción de Venezuela.

Estados Unidos fue uno de los primeros países en reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, con el argumento de que el presidente Nicolás Maduro se reeligió de manera fraudulenta en 2018.

Vea todas las noticias de hoy

Venezuela: El vicepresidente del Parlamento cumple 100 días detenido

Edgar Zambrano (izq.), vicepresidente del Parlamento, junto a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. (AFP).

Hoy se cumplen tres meses del "secuestro del vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano", escribió este viernes en Twitter el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

Zambrano es acusado por el gobernante Nicolás Maduro de participar en una sublevación militar en su contra.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional fue enviado a prisión preventiva y días después de su captura el Tribunal Supremo de Justicia anunció que el legislador fue recluido en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

Cien días después de su captura, el vicepresidente y cuatro de sus acompañantes "continúan detenidos arbitrariamente" y aún no se tiene "fecha para su audiencia", según indicó la Asamblea Nacional.

Edgar Zambrano fue detenido por agentes del Sebin el 8 de mayo de 2019 en una operación fuertemente criticada por el gobierno de Estados Unidos y por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Noruega detiene ayuda para la Amazonía por deforestación de Brasil

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro publicó en su cuenta de Twitter estar acusado falsamente de destruir el Amazonas.

"Después del G-20, si hubiese demarcado unas pocas docenas de áreas indígenas más y hubiese apuntado fuertes multas a los agricultores, el mundo no me estaría acusando falsamente de destruir el Amazonas. La soberanía de la región y sus riquezas es lo que está realmente en juego", dijo el mandatario.

Estas declaraciones ocurren después que el ministro noruego de Clima y Medio Ambiente, Ola Elvestuen, afirmara que Brasil ha roto el acuerdo para financiar medidas de deforestación. Es por esto que Noruega retendrá 300 millones de coronas, indicó el periódico noruego Dagens Næringsliv.

Las autoridades noruegas consideran que Brasil está siendo permisible con la tala indiscriminada en la selva amazónica

Tanto Noruega como Alemania son los países que financian casi todo el fondo para la protección del Amazonas.

El periódico noruego también cita la respuesta del presidente de Brasil a este recorte, donde el mandatario sugiere reinvertir el dinero en Alemania y hace una referencia a Angela Merkel, además de insistir en que el país noruego no tiene moral para decirle a Brasil qué hacer debido a su caza de ballenas.

Según la agencia de noticias AFP, Bolsonaro es un escéptico del cambio climático que promueve la explotación de recursos naturales en áreas protegidas.

Colombia: Nicolás Maduro dice cosas delirantes

Alvaro Uribe Vélez y Nicolás Maduro

El gobernante Nicolás Maduro acusó el miércoles al expresidente de Colombia Álvaro Uribe y al embajador de esa nación en Estados Unidos, Francisco Santos, de tramar un plan para asesinarlo.

En otras oportunidades Maduro ha acusado a las autoridades colombianas de conspirar para acabar con su vida, pero esta vez afirmó saber que en la casa del exmandatario supuestamente se ha discutido un ataque contra él y otros dirigentes.

De inmediato, la acusación fue descartada por las autoridades en Bogotá. El canciller Carlos Holmes rechazó por "delirantes y calumniosas" las acusaciones de Maduro.

"Tienen como fin distraer la atención de la grave crisis en la que tiene a Venezuela", escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

En julio, Maduro pidió a las Fuerzas Armadas de Colombia desobedecer "órdenes" de supuestos "planes de agresión militar" contra Venezuela, en otra señal del deterioro de las relaciones entre los países sudamericanos.

Nicolás Maduro suele llamar al presidente de Colombia, Iván Duque, "lacayo" de Estados Unidos, y el año pasado denunció que drones que explotaron en una parada militar que presidía habían entrado al país desde Colombia. También dijo que Chile y México estaban involucrados. Son acusaciones que han sido presentadas sin evidencias.

Asamblea Nacional de Venezuela considera nueva reforma petrolera

Estación de gasolina

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, está considerando reformas a la ley petrolera para abrir el sector a la inversión privada, según un documento visto por la agencia de prensa Reuters.

La propuesta permite a las empresas privadas tener una participación mayoritaria en las asociaciones de exploración y producción con la estatal PDVSA, que tendrán la capacidad de exportar directamente el crudo. El objetivo es abordar problemas que han limitado la rentabilidad de las compañías desde que el presidente Hugo Chávez creó el modelo de asociaciones en 2007.

Pero el nuevo proyecto, fechado el 7 de julio, carece de varios elementos de una reforma previa que los representantes del líder opositor, Juan Guaidó, presentaron a los ejecutivos de la industria en Houston a principios de este año, precisó Reuters.

A diferencia de esa primera versión, la propuesta no crea un ente regulador independiente para supervisar las subastas de concesiones.

También mantiene los niveles actuales de regalías para el crudo y crea un requisito mínimo de 25% de contenido local en los proyectos petroleros para 2028, una gran victoria para las empresas venezolanas de ingeniería y contratación.

El borrador dice que se permitirá a PDVSA vender sus refinerías a empresas privadas. La ley actual impide que las compañías extranjeras posean una participación mayoritaria en sus empresas conjuntas y exige a la estatal operar los proyectos.

PROCESO MÁS CORTO

Dos fuentes de la industria petrolera, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a Reuters que las empresas privadas preferían un proceso más corto sin cambios radicales frente a una reforma completa que tarde meses en aprobarse.

Luis Stefanelli, legislador del partido Voluntad Popular de Guaidó y que también es miembro de la comisión de energía, dijo que considerar la propuesta más simple no descarta aprobar una reforma de mayor alcance más adelante.

"Es un caucho de repuesto, es un Plan B", dijo Stefanelli en una entrevista telefónica. "Una cosa no niega la otra, es como caminar y masticar chicle al mismo tiempo".

Ni PDVSA ni el Ministerio de Petróleo de Venezuela respondieron a las solicitudes de comentarios.

Pero, incluso si el plan fuera aprobado por el Congreso, tendría poco impacto inmediato dado que Nicolás Maduro considera que las acciones de la Asamblea carecen de efecto tras crear en 2017 un cuerpo legislativo paralelo.

México detuvo a 45.000 migrantes en dos meses

Migrantes detenidos cruzando Río Bravo

México ha detenido a más de 45,000 inmigrantes indocumentados en los últimos dos meses, en una señal a Washington de que está tomando medidas para reducir la migración a través de su frontera compartida.

El gobierno mexicano prometió en junio tomar medidas "sin precedentes" para frenar un reciente aumento de migrantes centroamericanos que cruzan su territorio hacia los Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles al país.

Ansioso por mostrar resultados, el canciller Marcelo Ebrard dijo que México había detenido a 46,616 migrantes del 8 de junio al 11 de agosto, luego de desplegar 21,000 miembros de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en sus fronteras norte y sur.

El canciller informó durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un mecanismo de coordinación migratoria, donde participan cinco países, entre ellos Cuba.

La amenaza arancelaria de Trump ha colocado al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, un izquierdista que asumió el cargo en diciembre pasado prometiendo salvaguardar los derechos de los migrantes, en la incómoda posición de ahora tener que tomar medidas enérgicas contra la migración.

Hablando junto a López Obrador en una conferencia de prensa, Ebrard dijo que el gobierno buscaba proteger a los migrantes que viajan en condiciones inseguras.

Agregó que México había acordado financiar programas para crear 20,000 empleos en El Salvador y 13,000 en Honduras, en un intento por combatir la pobreza y la violencia que impulsa el éxodo reciente de América Central.

México insta a los donantes internacionales, incluido Estados Unidos, a financiar un paquete de desarrollo económico de $10 mil millones al año para la región a fin de abordar los problemas subyacentes que impulsan la migración.

El gobierno mexicano ha prometido $100 millones para programas de desarrollo en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Estados Unidos detuvo a 82,049 inmigrantes indocumentados en su frontera sur en julio: un 21% menos que en junio y un 43% menos que en mayo, cuando las detenciones alcanzaron un máximo de 13 años de 144,266 .

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