Torrijos hizo la convocatoria, poco después de que su Gobierno rompiera las conversaciones que mantenía con miembros del Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social.
Y también propuso 90 días de plazo para que empresarios, trabajadores, universidades, gremios, iglesias, partidos políticos y otros sectores discutan la implementación de la reforma y, eventualmente, se propongan cambios a la Asamblea Nacional.