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América Latina

Senadora mexicana reitera solidaridad “con el pueblo cubano, no con su gobierno autoritario” (VIDEO)

Alex "la Wera" Reynoso, senadora mexicana por Guanajuato

Alejandra Noemí Reynoso, más conocida por Ale “La Wera” Reynoso, senadora mexicana por el Estado de Guanajuato manifestó solidaridad con los cientos de médicos cubanos enviados a México por acuerdo de ambos gobiernos.

Desde su cuenta en Twitter, la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) expresó "solidaridad con los médicos cubanos y con su pueblo, pero nunca con su gobierno autoritario”.

“Ustedes son víctimas de la esclavitud y el totalitarismo, por lo tanto, cuenten conmigo para seguir levantando la voz por ustedes”, dijo la representante en referencia a la brigada médica cubana, compuesta por 500 galenos.


Anteriormente, la política mexicana criticó ante el Congreso de México que Miguel Díaz-Canel fuera invitado de honor a las festividades por el aniversario de la Independencia de México, celebradas en septiembre de 2021.

“Hablan de la empatía, la solidaridad y los derechos humanos que se tiene, pero, aparentemente sólo con el gobierno cubano. No he escuchado que desde esta tribuna se hable y se defiendan los derechos humanos de los cubanos y las cubanas que están siendo violentados todos los días. No he visto la solidaridad con las más de mil personas presas por manifestarse en contra de un régimen. ¿Y por qué de eso no se habla desde México, por qué, al contrario, se le pone la alfombra roja para recibir a un dictador y se festeja lo que el dictador hace contra su comunidad?”, señaló en esa ocasión.

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Cuba confirma reunión de gobierno de Colombia con el ELN

Canciller cubano Bruno Rodríguez, der., recibe a su contraparte de Colombia, Álvaro Leyva, en La Habana, el jueves 11 de agosto de 2022.

Una delegación del gobierno de Colombia se reunió el jueves en La Habana con guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según confirmaron fuentes del régimen cubano al diario colombiano EL TIEMPO.

La reunión entre las partes se inició a las 7 p. m. hora de La Habana, informa el rotativo.

La comisión enviada por el presidente Gustavo Petro está encabezada por el por alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva. El propósito sería evaluar "si hay o no interés real por parte del Eln para entablar una negociación".

"Aspiramos a reanudar los diálogos con el Eln en esta tierra de paz a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego y alcanzar la paz total", dijo el canciller Leyva en una declaración pública.

El ministro colombiano rechazó la designación de Cuba como "patrocinador del terrorismo", que hizo el gobierno del presidente Donald Trump y que ha mantenido la Administración Biden, entre otras razones, porque el régimen cubano aloja a líderes del ELN, a pesar de múltiples peticiones de Colombia para su extradición.

Estados Unidos incluye a Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Según el Departamento de Estado, esta certificación prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa y notifica a la comunidad internacional que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas.


Por su parte, el jefe máximo del ELN, Eliécer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, dijo que los diálogos se deben retomar en el punto que estaban al terminar el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

"Siempre hemos dicho que se trata de reanudar donde se quedó. De todas maneras, deberán examinarlo las dos nuevas delegaciones en la mesa cuando se reúnan", dijo el guerrillero.

En 2017 el Gobierno de Colombia inició conversaciones de paz con el ELN, pero el gobierno de Iván Duque las congeló después de que en enero de 2019 el grupo rebelde hizo explotar un carro bomba en la escuela de formación de oficiales de la Policía Nacional en Bogotá, un ataque en el que murieron 22 cadetes.

En febrero de 2021 Cuba alertó a Colombia acerca de un posible atentado fraguado por el ELN, en una movida que expertos entrevistados por el diario El Tiempo interpretaron como "un desmarque" de La Habana con las guerrillas.

La oposición venezolana gasta millones en litigios por los activos del estado, pero no alcanza

Un anuncio de la compañia Citgo.

La oposición al gobierno de Nicolás Maduro ha pagado 44,8 millones de dólares a firmas internacionales de abogados para tratar de ganar decenas de litigios donde están en juego 40.000 millones de dólares en activos de la República en el extranjero, de acuerdo con un informe del procurador especial asignado para esos oficios.

Enrique Sánchez Falcón, designado hace dos años por el Parlamento electo en 2015 para asegurar la protección, control y recuperación de activos del Estado venezolano, presentó hace tres semanas un reporte donde precisa los montos pagados y adeudados a bufetes legales extranjeros, pero además advierte de la ausencia de defensores en casos urgentes, porque el dinero no alcanza para contratar abogados.

Venezuela enfrenta 201 demandas en el extranjero que podrían afectar su patrimonio. Se trata de 139 juicios por un total demandado de 24.569 millones de dólares, y 62 arbitrajes por 15.571 millones de dólares. En total, la oposición encara litigios donde están en juego 40.141 millones de dólares, de acuerdo con las cuentas de Sánchez Falcón.

Los partidos antichavistas de Venezuela argumentan desde enero de 2019 que Nicolás Maduro usurpa la presidencia tras ganar unas elecciones fraudulentas un año antes, y afirman que la única institución legítima del país es la Asamblea Nacional electa en 2015.

El presidente de ese Parlamento, Juan Guaidó, se juramentó como mandatario encargado del país suramericano y encabeza desde entonces un gobierno interino que reconocen hasta 50 gobiernos del mundo, entre ellos Estados Unidos y los de la Unión Europea.

Con la venia de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de Estados Unidos, la oposición venezolana ha podido administrar así activos fuera de las fronteras de su nación, entre ellos Citgo, en Norteamérica, y Monómeros, en Colombia.

Esas responsabilidades políticas y gerenciales heredaron de golpe al antichavismo reclamaciones en cortes de Estados Unidos, Reino Unido y Jamaica, y procesos arbitrales sobre acreencias o presuntas indemnizaciones por acciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, que el procurador especial valora como “irresponsables e ilícitas”.

Entre los casos en cuestión, destacan el litigio sobre el oro en Inglaterra, el riesgo de pérdida de control sobre Citgo Petroleum por reclamos de la empresa Crystallex y el arbitraje por la expropiación de las acciones de ConocoPhillips en proyectos en Venezuela.

La administración opositora precisa que el gobierno interino de Guaidó y los entes descentralizados, como las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, pagaron 16,3 millones de dólares a firmas legales durante la gestión del anterior procurador especial, José Ignacio Hernández, y 28,6 millones en la de Sánchez Falcón.

Hasta julio de 2022, se adeudan 18,7 millones de dólares a bufetes de abogados, detalla el funcionario venezolano en su rendición de cuentas. En total, la oposición ha pagado y adeuda 63,6 millones de dólares en facturas de gestiones legales para defender activos.

Según Sánchez Falcón, se trata de “una cantidad bien pequeña” si se compara con los montos e intereses “que están en juego” en esos litigios sobre los activos de Venezuela.

Falta de dinero

El procurador especial de la oposición aclaró a la prensa que las decenas de litigios sobre activos en el exterior están “identificados”, si bien su despacho y los entes descentralizados, como las juntas antichavistas del BCV y PDVSA, no actúan en todos.

Sánchez Falcón denunció “la falta de disponibilidad presupuestaria” para contratar firmas de abogados, una asignación que depende de la comisión delegada del Parlamento de 2015, donde participan representantes de las bancadas partidistas de ese poder legislativo.

¿La razón? Falta de dinero. “Sería absolutamente imposible con los recursos con los cuales estamos actuando, pero, en todo caso, están identificados y es posible de actuar en caso de que existan peligros para los intereses y derechos del Estado venezolano”, manifestó.

Sánchez Falcón dice haber solicitado, “casi rogado”, que la comisión delegada del Parlamento opositor de 2015 apruebe un presupuesto integral dirigido a atender los litigios. Su propuesta ha sido “sistemáticamente ignorada”.

“Es una irresponsabilidad dejar al Estado venezolano en indefensión por dejar de pagar 20 o 30 millones, cuando se están arriesgando 40.000 millones de dólares”, advirtió en julio.

Entre las firmas contratadas, el funcionario del gobierno interino opositor menciona a Arnold & Porter, Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP, Sullivan & Cromwell, Paul Hastings LLP y Hogan Lovells, esencialmente para casos en cortes de Estados Unidos.

En su rendición de cuentas, detalla que hay varios casos pendientes de asignación de abogados, como el de Rusoro Mining contra la República y PDVSA, por 1.360 millones de dólares, en una corte de Delaware, Estados Unidos, y el de Bandes y empresas mixtas petroleras contra Novo Banco, en Lisboa, donde están en juego $1.352 millones.

La oficina de Sánchez Falcón dice haber buscado alternativas a la falta de dinero. Una es contratar firmas de abogados bajo la modalidad “contra resultados” en 30 juicios en Estados Unidos contra venezolanos por corrupción con fondos públicos de su país.

Esa estrategia consistirá en pedir indemnizaciones o acordar con las autoridades judiciales de Estados Unidos la recuperación de parte de los montos “sin costo alguno”, explicó.

Sánchez Falcón confirmó que ya se han recibido ofertas y “se están suscribiendo” contratos con bufetes legales en 25 de esos 30 casos en cortes estadounidenses.

Otra iniciativa de Sánchez Falcón es designar a una firma de abogados especializada en arbitrajes internacionales para que atienda casos de tribunales que pudieran desconocer la representación de la República de Venezuela por parte del gobierno interino de Guaidó.

Ese bufete podría crear una estrategia con base en “solicitudes estandarizadas” para exigir que se reconozca al interinato de Guaidó o, en su defecto, que se suspendan los litigios.

Pero ese tema presupuestario y de defensa de activos pasa por un acuerdo de los partidos que componen el Parlamento de 2015. La comisión delegada convocó este jueves a una sesión especial para recibir la rendición de cuentas del procurador, donde se prevé que se ventilen sus advertencias sobre la falta de fondos para atender los litigios en el extranjero.

Mientras, el oficialismo pone como una de sus condiciones para retomar las negociaciones en Ciudad de México que la oposición devuelva los recursos y activos en el extranjero que, a su entender, se ha “robado”.

(Artículo de la Voz de América)

Polémica en Honduras por contratación de médicos y pedagogos cubanos (VIDEOS)

Médicos cubanos. (Foto del Ministerio de Salud Pública de Cuba)

Ha generado polémica la inminente llegada a Honduras de una brigada compuesta por ochenta y seis médicos y un número indeterminado de educadores procedentes de Cuba, contratados por el gobierno del país centroamericano.

José Manuel Matheu, ministro de Salud de Honduras, “no precisó cuánto se le pagaría a los especialistas cubanos, pero señaló que será menos que lo que perciben los hondureños, a los que, además, se les paga quince salarios anuales, entre otros beneficios. A los cubanos se les pagará doce meses”, informa un cable de la Agencia EFE.

“El problema es que muchos de los especialistas hondureños no quieren ir a muchos de los sitios donde se les necesita, como a la Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios, en el Caribe, fronterizo con Nicaragua, por ser una región remota”, agregó el ministro.

El acuerdo de colaboración entre ambos países es a nivel de Estado y no de ministerio.

El doctor Ramsés Sierra, secretario del Colegio Médico de Honduras, explicó que el acuerdo con el gobierno de Cuba "es potestad de la presidenta" Xiomara Castro.

La doctora Johana Bermúdez, diputada del Congreso Nacional, dijo al noticioso hondureño Notifides que esta colaboración “no es gratis” ya que el Estado pagará “un subsidio, un estipendio" a Cuba.

La representante considera que es un “gasto innecesario. Con “ese dinero que el Estado de Honduras va a pagar, aumentemos la beca a los médicos residentes, si tenemos médicos residentes que no se les paga, pues, aumentemos la beca”, insistió Bermúdez.

El secretario del Colegio Médico de Honduras explicó, también a Notifides, que la contratación debería ser de profesionales de especialidades que no tienen en Honduras.

"Eso sería lo más lógico […] que vengan a ayudarnos a formar el personal para que nosotros podamos tener esos especialistas”, dijo.

El doctor Tito Alvarado dijo al informativo HCH Televisión Digital que “no es un contrato de médicos cubanos que va a hacer Honduras sino una colaboración del gobierno cubano para países como Honduras por una paga simbólica”.

El Dr. Alvarado afirmó haber trabajado con médicos cubanos y recalcó que son incansables y solidaridarios.

HCH señaló que “la educación y la salud están en el ojo del huracán”.

Marcial Solís, ministro de Educación de Honduras, recordó a ese medio que el contrato de educadores y médicos cubanos “no es un ejercicio nuevo en el país”.


“En el año 2006, en el marco del acuerdo que firmó el magisterio con el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, se declaró una jornada nacional de alfabetización; teníamos indicadores muy parecidos a los que tenemos ahora mismo y se logró reducir (el analfabetismo) a un 6% y algunos municipios se declararon libres de analfabetismo”, apuntó Solís.

De acuerdo con el ministro, el programa “Yo sí puedo”, creado por el régimen cubano “en estos doce años, después del golpe de Estado, que fueron expulsados los asesores, ha cambiado y ha mejorado muchísimo por ejemplo, en Nicaragua.”

El ministro de Educación hizo énfasis en que los educadores cubanos no vienen a enseñar directamente a la población, sino como asesores del sistema de educación nacional y agregó que el debate pendiente es por qué el analfabetismo creció tras la expulsión de los profesionales cubanos.

Según el noticioso hondureño Notifides, la base de esta polémica es que en Honduras “hay más de diez mil médicos desempleados y es injusto que, habiendo personal cualificado aquí, se contraten de otros países”.

No obstante, cabe señalar que la contratación de brigadas de profesionales por parte de Cuba está bajo el escrutinio de organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo y que varias veces se ha señalado al régimen de la isla como uno de los países promotores del tráfico de mano de obra esclava, utilizando a sus profesionales.

Sacerdote nicaragüense exiliado: en Nicaragua "no existe libertad religiosa"

El sacerdote Edwin Román a la entrada de la iglesia San Miguel Arcángel, en la ciudad de Masaya, Nicaragua. (Foto archivo VOA).

El sacerdote católico Edwin Román —uno de los más críticos en Nicaragua— cumplió este 3 de agosto el primer año de haber tomado la decisión de exiliarse en Estados Unidos.

La decisión la tomó después de unas declaraciones de la vicepresidenta Rosario Murillo, en donde dijo a un medio oficialista que él había profanado el templo que dirigía para “reunirse con un criminal”, en alusión al obispo monseñor Silvio Báez, también crítico de Murillo.

Tras este tiempo el panorama parece empeorar a juicio del padre Román, quien indica que en Nicaragua ya no existe libertad religiosa.

En Nicaragua ya se contabilizan dos sacerdotes encarcelados, mientras que otros se encuentran bajo investigación y detenidos en una localidad al norte del país por supuestamente generar zozobra.

“En Nicaragua no existe libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de circulación ni de movilizaciones cívicas. Se vive reprimido. Ni siquiera los allegados a la dictadura pueden llegar al aeropuerto y tomar un avión”, subraya Román a la Voz de América.

El gobierno ha dicho por medio de un comunicado emitido por la Policía Nacional que la última investigación que empezó a un religioso, en este caso contra monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, quien permanece encerrado desde el 4 de agosto en una casa cural, junto a cinco sacerdotes más y dos seminaristas, se da por supuestamente “intentar organizar grupos violentos incitándolos a ejecutar “actos de odio en contra de la población”.

Sin embargo, el padre Edwin Román tiene otra interpretación y menciona que en Nicaragua representa cárcel a todo lo que representa oposición y asegura que “para la dictadura somos opositores políticos”, aunque recalca que no tienen interés por ningún puesto en el gobierno.

“No buscamos ningún puesto terrenal. Nos basta servir, y dar la cara por el pueblo, salir a su defensa sin importar a quien. Nos debemos a los hijos de Dios que somos todos los seres humanos”.

Con la medida de Ortega contra Álvarez y contra la Iglesia en Nicaragua en general, el sacerdote Román considera que “en el lenguaje de la dictadura se está quemando su último cartucho”.

“Los profetas siempre van a incomodar, porque a los perseguidores les acusa su conciencia”, considera Román, quien dirigía una iglesia en la ciudad de Masaya, una de las ciudades bastión de las protestas contra Ortega en 2018.

La semana pasada la vicepresidenta Murillo se refirió, sin mencionar, a monseñor Álvarez y lo acusó de “manipular símbolos religiosos” al cargar con la imagen del Santísimo en la cercanía de la casa cural, que es donde permanece retenido.

“Los únicos perseguidores y manipuladores de signos religiosos han sido la esotérica “primera dama” y el dictador Daniel Ortega. Han perseguido a la Iglesia católica desde los años 80’. El régimen ha intentado confundir al pueblo de Dios, pero éste conoce la voz de sus pastores”, responde Román ante la acusación.

El sacerdote considera que “la dictadura ha pretendido alzarse con la autoridad de ser muy religiosos, promoviendo políticamente altares a la Inmaculada Concepción de María (La Purísima), o con sus 'nacimientos', en diciembre, sin nacer ellos a una vida nueva”.

“A propósito, no tienen ninguna autoridad religiosa para hablar de Dios. ¿Quién se las ha dado?”, cuestiona Román al respecto.

Directora de USAID: “Reconocemos a Juan Guaidó y apoyamos las negociaciones”

Samantha Power, directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (Greg Nash/Mancomunada via REUTERS).

El gobierno estadounidense reiteró su reconocimiento al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y dio su respaldo a las negociaciones que arrojen “resultados” en esa nación, según dijo la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power.

La funcionaria estadounidense se refirió en esos términos a la crisis venezolana luego de reunirse durante una hora en Bogotá con el presidente Gustavo Petro, quien este domingo asumió su cargo. “Necesitamos ser parte de la solución con responsabilidad”, manifestó Power en una conferencia de prensa celebrada en el Hotel Gran Hyatt.

La funcionaria, la de mayor rango en la delegación enviada por el gobierno de Estados Unidos para la asunción de Petro, estuvo acompañada en su interacción con periodistas por Juan González, director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU, Gregory Meeks.

“Estados Unidos y el gobierno de Biden reconocemos a Juan Guaidó y apoyamos las negociaciones, que necesitan producir resultados que pongan a la gente de Venezuela más allá (alejada) de la situación horrible que han vivido durante demasiado tiempo por la dictadura y la represión, por esos malos manejos severos a nivel económico”, expresó.

La Casa Blanca y otras 50 sedes gubernamentales del mundo reconocen a Guaidó como mandatario encargado de Venezuela desde enero de 2019, cuando se juramentó como tal apoyado por el Parlamento, denunciando que Nicolás Maduro usurpaba el poder.

Power valoró que no hay “un sistema que tenga una peor administración” y haya causado “una tristeza más evidente” sobre millones de personas que prefieren huir de su país buscando seguridad y oportunidades, manifestó en referencia al gobierno de Maduro.

Insistió en que el “interés común” de la región ante la crisis venezolana es enfrentar las causas que derivaron en semejante diáspora. “Eso solamente se va a dar a través del camino de la negociación para salir de esta crisis de inseguridad política y económica”, expresó.

Las declaraciones de Power se suman a otras recientes de diferentes voceros del poder ejecutivo estadounidense a favor de la reactivación de las negociaciones entre la oposición y el oficialismo en Venezuela para lograr una elección justa, libre y transparente en ese país.

Desde marzo pasado, el gobierno de Biden ha enviado dos delegaciones a conversar directamente con Maduro en el Palacio de Miraflores, en Caracas, sobre una posible reanudación de cooperación energética, las sanciones económicas contra el oficialismo y la demanda de la Casa Blanca de que liberen a estadounidenses detenidos en Venezuela.

Trabajo conjunto

Las afirmaciones de Power sobre Venezuela ocurren una semana después de que el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, visitara esa nación suramericana.

El alto funcionario de la ONU se reunió esos días con Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020 -de mayoría chavista-, funcionarios oficialistas, el delegado jefe de la oposición en los diálogos de Ciudad de México y voceros de ONG.

Griffiths se declaró esperanzado porque la economía, a su entender, “está mostrando signos de recuperación”, a pesar de que “siguen existiendo significativas necesidades humanitarias” en la nación suramericana.

Power, por su lado, reveló en Bogotá que expresaron el deseo del gobierno de Biden de seguir materializando un trabajo conjunto con Colombia, ahora presidida por Petro.

“Después de décadas de conflicto, sabemos que la gente de Colombia merece una paz duradera y continuamos apoyando la implementación de acuerdos de paz”, aseguró.

Tanto Power como el congresista Meeks remarcaron que Estados Unidos sigue siendo el socio más importante de Colombia y agradecieron a esa nación por su asistencia humanitaria a centenares de miles de venezolanos que han llegado a su territorio.

Meeks dijo esperar que las conversaciones de Petro con Maduro para la reanudación de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia incluyan el tópico del “camino de elecciones libres y justas”. “Ayudar a que suceda esto, ayuda a todo el hemisferio”, opinó.

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