Estados Unidos
Senador cubanoamericano Bob Menéndez en batalla a favor de los "soñadores"
Como parte del "Grupo de los Seis", Menéndez se mantiene en la pelea por conseguir un acuerdo que proteja a unos 800.000 jóvenes migrantes, los que podrían ser deportados si fracasa la negociación en el Senado.
El senador demócrata cubanoamericano Bob Menéndez está jugando un rol clave como parte del "Grupo de los Seis", conocido por impulsar en el Senado un proyecto de ley migratoria para evitar la deportación de 800.000 jóvenes indocomentados que crecieron en Estados Unidos.
En la propuesta, -que será presentada en las próximas 24 horas-, además del senador por New Jersey participan los republicanos Jeff Flake (Arizona) y Cory Gardner (Colorado); y los también demócratas Dick Durbin y Michael Bennet.
Los seis senadores han trabajado durante cuatro meses para llegar a un texto común que permita encontrar un camino a la ciudadanía a esos jóvenes y evitar así la deportación del país.
Un vídeo divulgado en la red social Twitter muestra el momento en que Menéndez, como parte del "Grupo de los Seis", pide ante el Senado una acción inmediata en el proyecto de ley bipartidista para proteger a los soñadores.
"Este acuerdo fue negociado de buena fe, con ambas partes tomando decisiones difíciles al servicio del bien común, ¿y qué bien podría ser mejor que mantener juntas a las familias estadounidenses?", escribió Menéndez en la red social Twitter.
La agencia EFE reportó sobre la labor el jueves del "Grupo de los Seis" en el Senado.
"Estoy aquí para tratar de encontrar una solución a un problema complejo llamado inmigración -dijo el senador republicano Lindsay Graham, negociador del acuerdo-. (...) Y para evitar la deportación de 800.000 de jóvenes que no tienen otro país al que llamar hogar", agregó aludiendo a los indocumentados conocidos como "soñadores".
El drama de los "soñadores", -protegidos durante la administración de Barack Obama a través del programa de Acción Diferida (DACA)-, se agravó cuando Trump decidió ponerle fin y dar hasta marzo al Congreso para que encuentre una solución permanente para ellos .
Para presionar a los conservadores, los demócratas pretenden que se adjunte el texto legislativo al proyecto para el presupuesto federal, que de no ser aprobado antes del viernes, podría provocar un cierre parcial del Gobierno, causando millones de dólares en pérdidas.
Sin embargo, los republicanos y la Casa Blanca se niegan a acordar un camino a la ciudadanía para estos jóvenes si no se destinan fondos para aumentar la seguridad fronteriza, pero el grupo de senadores defiende que el acuerdo también incluye el resto de exigencias planteadas por Trump.
Esas exigencias son reforzar la seguridad fronteriza, eliminar la llamada "lotería de visados" que beneficia anualmente a ciudadanos de países con una baja tasa de inmigrantes a Estados Unidos, y acabar con la "migración en cadena" que permite a los residentes permanentes facilitar la entrada en el país de sus familiares.
Lo que propone el "Grupo de los Seis"
El grupo bipartidista negoció durante todo el día para esbozar el texto que pretenden poner sobre la mesa, pero el líder de la mayoría conservadora en la Cámara Alta, Mitch McConnell, ha asegurado que no llevará a votación ninguna propuesta que no sea aceptada por Trump.
McConnell indicó, no obstante, que el mandatario "debe estar abordo" de las negociaciones, a la espera de que el grupo bipartidista de senadores que han estado meses dialogando sobre el asunto presente una propuesta de ley, que fue calificada por la Casa Blanca como un "completo desastre".
Según indicaron a Efe fuentes legislativas, el texto planteado por los senadores no permitiría que los padres de los jóvenes indocumentados pudieran pedir la ciudadanía, pero les otorgaría la posibilidad de obtener un estatus legal temporal, renovable, y permiso de trabajo.
El acuerdo también propone reasignar la mitad de los 50.000 visados que se conceden cada año dentro de la llamada "lotería de visados", para beneficiar a los que hasta ahora estaban protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), como los nacionales de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, indicó la fuente.
La otra mitad estaría reservada a inmigrantes que demostraran cualidades profesionales que merecieran su entrada en Estados Unidos, el famoso "mérito" que defiende Trump.
La oficina del senador Graham, anunció además que otros cuatro senadores republicanos ya se han sumado a la iniciativa: Susan Collins (Maine), Lamar Alexander (Tenn.), Lisa Murkowski (Alaska) y Mike Rounds (Dakota del Sur), llegando así a contar con al menos siete conservadores, junto al propio Graham.
(Escrito por Rosa T. Valdés, con reporte de EFE y Redes Sociales)
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Senado desestima cargos de juicio político contra Mayorkas
El Senado desestimó todos los cargos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, poniendo fin a la iniciativa de los republicanos en la Cámara de Representantes para destituir al funcionario por su manejo de la situación en la frontera con México y poniendo fin al proceso incluso antes de que comenzaran los argumentos.
Los senadores votaron a favor de desestimar los dos artículos que, según los republicanos, justificaban iniciar un juicio político. Los demócratas argumentaron que los artículos eran inconstitucionales. El primer artículo acusaba a Mayorkas de “negativa deliberada y sistémica a cumplir” con la ley de inmigración. El segundo lo acusaba de “abuso de confianza” por decir que la frontera estaba segura. Ambas votaciones fueron 51-48 según líneas partidistas, con la senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, votando “presente”.
Previamente, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que buscaría desestimar el juicio argumentando que los dos artículos acusatorios presentados por los republicanos “no cumplían con los estándares de delitos y faltas graves” y esto podría sentar un precedente peligroso.
"Por el bien de la integridad del Senado y para proteger el juicio político para los raros casos en que realmente lo necesitamos, los senadores deberían desestimar las acusaciones de hoy”, dijo Schumer, demócrata por Nueva York, al abrir la sesión del Senado.
En febrero, la Cámara de Representantes aprobó por estrecha mayoría someter a Mayorkas a un juicio político por su manejo de la situación en la frontera con México, argumentando en los dos artículos que el funcionario “intencional y sistemáticamente” se negó a implementar las leyes migratorias. Los responsables de la Cámara de Representantes presentaron los cargos ante el Senado el martes, de pie en la tribuna del Senado y leyéndolos en voz alta ante una audiencia cautiva de senadores.
Una desestimación total de la acusación, sin posibilidad de argumentar el caso, iba a ser una derrota embarazosa para los republicanos y para el asediado presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que hizo de la destitución una prioridad. Y es probable que tenga resonancia política tanto para los republicanos como para los demócratas en un año de elecciones presidenciales en el que la seguridad fronteriza ha sido uno de los temas principales.
Los republicanos argumentan que el presidente Joe Biden ha sido débil en la frontera, ya que las detenciones por cruces ilegales se dispararon a más de 2 millones de personas durante los dos últimos años de su mandato, aunque han disminuido desde un récord de 250.000 en diciembre, debido a la intensificación de la aplicación de la ley en México. Los demócratas afirman que, en lugar de someter a un juicio político a Mayorkas, los republicanos deberían haber aceptado un compromiso bipartidista del Senado destinado a reducir el número de inmigrantes que entran ilegalmente en Estados Unidos.
Cuando firmó los artículos de juicio político el lunes antes de enviarlos a través del Capitolio, Johnson dijo que Schumer debe convocar un juicio “para que quienes orquestaron esta crisis rindan cuentas”.
Schumer “es el único impedimento para que el pueblo estadounidense vea que hay una rendición de cuentas”, aseguró Johnson. “De acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Cámara de Representantes exige un juicio”.
Audiencia clave en el caso Rocha ¿Quiénes fueron sus víctimas y cuánto merecen en restitución?
Una audiencia clave en el caso del exdiplomático norteamericano Víctor Manuel Rocha, condenado el pasado viernes a 15 años de cárcel por trabajar clandestinamente para la inteligencia cubana, tendrá lugar el próximo 21 de julio.
De acuerdo a documentos de la corte y entrevistas realizadas por Martí Noticias el ex funcionario deberá comparecer en una audiencia judicial sobre la restitución de los daños causados a sus víctimas.
“Una sentencia federal tiene varios componentes. El primero es el tiempo a servir: en este caso es el tiempo máximo de 15 años a los dos cargos de los que él se declaró culpable: defraudar a los Estados Unidos y trabajar clandestinamente para un gobierno extranjero”, dijo Nelson Rodríguez Varela, abogado de Miami especializado en derecho penal y bienes raíces.
“La segunda parte de la sentencia es el tiempo en supervisión, que en su caso fueron tres años, y el tercer elemento es una multa de 500.000 dólares pagables al gobierno de Estados Unidos. Por último, la restitución en casos y cargos que ameriten restitución”, añadió.
En el momento de la sentencia a 15 años de prisión, impuesta por la jueza federal Beth Bloom, la fiscalía no tenía una lista de víctimas del trabajo de Rocha como agente del régimen cubano.
“La Corte no estuvo de acuerdo con que el único afectado fuera el gobierno federal y por eso ha puesto esta audiencia de restitución para identificar quiénes son las víctimas y a quiénes se le ordena la restitución”, explicó Rodríguez Varela.
Bajo los términos del acuerdo de culpabilidad, Rocha tiene que cooperar con el gobierno y aseguró que lo reparará como colaborador de las agencias de seguridad de EEUU.
"Asumo [plenamente] la responsabilidad por ello y acepto la sanción que debo pagar. Y lo que es más importante, estoy reparando, y seguiré reparando cuando sea necesario, el daño causado a través de mi colaboración incondicional con aquellos a quienes traicioné", dijo Rocha en la Corte, según reseña El Nuevo Herald.
Rodríguez Varela aseguró que la Corte buscará restituir el daño al gobierno de Estados Unidos con la devolución de todo el dinero devengado en las más de cuatro décadas de trabajo de Rocha para el régimen cubano.
“El gobierno le estuvo pagando como compensación por su trabajo mientras él violaba la confianza de Estados Unidos y cobró dinero sin estar trabajando a favor de los Estados Unidos. La Corte va a ordenar que todo ese dinero lo tenga que devolver”, dijo el abogado.
¿Además del gobierno quién más podría recibir compensación?
“La Corte va a querer saber quiénes fueron las otras víctimas en su trabajo como agente a lo largo de décadas: podrían ser, por ejemplo, los familiares de las víctimas de los Hermanos al Rescate o la familia de Oswaldo Payá”, indicó Rodríguez Varela.
El 24 de febrero de 1996 el gobierno de Cuba derribó sobre aguas internacionales dos aviones civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. La acción armada provocó la muerte de cuatro cubanoamericanos.
En el documento acusatorio contra Rocha aparece una declaración en la que el exdiplomático admite que "estaba a cargo" cuando ocurrió el derribo de las avionetas. Precisamente, entre 1995 y 1997 Rocha fue subdirector de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana. "Ese fue un tiempo de mucha tensión", reconoció al agente encubierto.
El líder opositor cubano Oswaldo Payá Sardiñas y el activista Harold Cepero, fallecieron en circunstancias no esclarecidas el 22 de julio de 2012, en una carretera de Bayamo, Granma, desde entonces su familia y reconocidas entidades internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han señalado al régimen cubano responsable de estas muertes. La familia Payá ha demandado a Rocha civilmente.
¿Puede indemnizar Rocha económicamente a las víctimas?
Registros de la oficina del Secretario del Tribunal y Contralor de Miami-Dade, con fecha del 8 de febrero, reflejan que el acusado transfirió a su esposa, Karla Wittkop Rocha, el título de propiedad de cuatro apartamentos de lujo, valorados en 4 millones de dólares, que están ubicados en el Brickell City Center. Durante la audiencia de culpabilidad de Rocha también se conoció que había transferido dos cuentas bancarias a su esposa.
La jueza se mostró insatisfecha en ese momento por el acuerdo alcanzado por la Fiscalía. Las transferencias han hecho pensar a muchos si Rocha tendría la capacidad de afrontar las restituciones que le imponga la Corte.
“La Corte puede ordenar la restitución tenga él los fondos o no los tenga. Tenga él el dinero o no lo tenga, las víctimas tienen derecho a una restitución”, dijo Rodríguez Varela.
Según Rodríguez Varela, las transferencias que hizo Rocha a su esposa podrían ser consideradas ilícitas “al estar en función de evitar afrontar las restituciones”.
“Si las familias logran demostrar que Rocha tuvo un impacto en lo que sucedió con sus seres queridos podrían proceder contra esas propiedades en un juicio civil que no tendría nada que ver con esta sentencia”, añadió.
“Lo más importante en el caso de las víctimas es lograr demostrar a la Corte que Rocha escondió información al gobierno de Estados Unidos a favor del régimen cubano y que como resultado de sus acciones hubo daños y perjuicios a estas personas”, dijo el abogado.
Senado de EEUU pudiera poner fin rápidamente a juicio político contra Mayorkas
Los demócratas del Senado podrían poner fin al juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, este miércoles, incluso antes de que comiencen los argumentos.
La Cámara envió al Senado el martes dos artículos de juicio político contra Mayorkas, lo que lleva a un juicio bajo cargos de que se “rehusó a cumplir con las leyes federales de inmigración” en medio de una oleada histórica de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y que ha “quebrantado la confianza pública” con sus afirmaciones ante el Congreso de que la frontera es segura.
Si bien el Senado está obligado a celebrar un juicio según las reglas de juicio político, una vez que los cargos crucen el Capitolio, es posible que el proceso no dure mucho.
Se prevé que el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, convoque a una votación para desestimar los dos artículos acusatorios contra Mayorkas, una vez que los senadores sean juramentados como jurados alrededor del mediodía.
La medida cancelaría el juicio y frustraría a los republicanos que han exigido que se les permita a los fiscales de la cámara baja presentar su caso. Los demócratas parecen estar unidos en su oposición al proceso.
El martes, los senadores se sentaron en silencio mientras el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, el congresista republicano Mark Green, leía en voz alta los cargos contra Mayorkas.
"Alejandro N. Mayorkas merece un juicio politico, la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza y beneficio bajo los Estados Unidos", opinó Green.
Por su parte, Schumer dijo en el pleno del Senado que aunque quieren abordar esta cuestión lo más rápidamente possible, el juicio político “nunca debe utilizarse para resolver desacuerdos sobre política”.
“Esto sentaría un terrible precedente para el Congreso, que cada vez que haya un desacuerdo político en la Cámara, lo envíen al Senado para hacer un juicio político. Eso es absurdo. Eso es un abuso del proceso”, dijo el senador demócrata.
Por su parte, Mayorkas dijo el miércoles que está enfocado en su trabajo, administrando esa enorme agencia gubernamental.
“Mientras ellos se enfocan en un juicio político, yo trabajo en impulsar la misión del Departamento de Seguridad Nacional. Eso es lo que he hecho durante todo este proceso”, declaró en el programa “CBS Mornings”, a donde acudió para hablar de la campaña del departamento por proteger a los niños cuando usan la Internet.
Mayorkas es apenas el segundo funcionario del gabinete presidencial que enfrenta su destitución mediante un juicio político. La última vez fue en 1876, cuando William Belknap, el secretario de guerra del entonces presidente Ulysses Grant, fue acusado de corrupción.
Muere Bob Graham, un político instrumental en el éxodo del Mariel (VIDEO)
Bob Graham, el ex gobernador de Florida y senador estadounidense que jugó un papel instrumental en el manejo del éxodo de cubanos por el Mariel, falleció el martes a los 87 años, anunció su hija Gwen Graham.
El político originario de Miami y graduado de Harvard tuvo que hacer frente como gobernador de Florida a la mayor avalancha de inmigrantes cubanos que se había producido hasta entonces, cuando Fidel Castro (1926-2016) dio luz verde para que embarcaciones fletadas por exiliados llegaran al puerto de Mariel a buscar a sus familiares.
Castro aprovechó la oportunidad para vaciar prisiones y manicomios y obligó a los barcos a cargar también con miles de convictos, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la Florida y de la administración de entonces, la del presidente Jimmy Carter.
El 21 de abril de 1980, el primer barco del puerto de Mariel llegó a Key West, Florida, transportando a 48 exiliados cubanos y, en cuatro días, casi 300 barcos llegaron a las costas floridanas. Esa primera semana, el entonces gobernador Graham se movilizó para que fuera declarado el estado de emergencia en los condados de Monroe y Dade en respuesta al arribo de los miles de inmigrantes bautizados como "marielitos".
La inmigración desde Cuba alcanzó su punto máximo en el mes de mayo de 1980 con 86.488 refugiados, pero se estima que en total fueron 125 mil los cubanos que arribaron a EEUU en aquel éxodo sólo superado por el actual, que ha traído más de medio millón de cubanos a territorio estadounidense.
El diario floridano The Miami Herald destaca en el obituario de Graham que en los años posteriores al Mariel, el representante demócrata se enfrentaría a las administraciones de Jimmy Carter y Ronald Reagan, argumentando que el gobierno federal había abdicado de su responsabilidad de abordar una crisis de inmigración federal que se desarrollaba en el estado de Florida".
Graham se inició en la política a los 29 años como representante estatal de la Florida y escaló a las más altas esferas, en las que mantuvo por tres términos un escaño en el Senado de los Estados Unidos, donde llegó a presidir el Comité de Inteligencia.
En 2003 se convirtió en candidato presidencial para las elecciones de 2004, en una campaña en las que ganó seguidores, entre otras condiciones, por su oposición a la guerra de Irak.
Años después viajaría a Cuba para explorar los riesgos de las perforaciones petroleras en la zona del Golfo, fue interlocutor del canciller Bruno Rodríguez y un escéptico de que se diera un cambio político en la isla con un miembro de la familia Castro en el poder, como expresó en entrevista concedida a Martí Noticias en 2014.
También apostó a la normalización de relaciones con Cuba impulsada por el presidente Barack Obama, considerando que "a largo plazo sería beneficiosa para estadounidenses y cubanos".
Rubio pide "transparencia" en investigación del caso Rocha en carta enviada a Blinken
El senador cubanoamericano de la Florida, Marco Rubio, pidió al gobierno federal “transparencia” en las investigaciones sobre el caso del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, sentenciado el pasado viernes a 15 años de prisión por trabajar como un agente no declarado del régimen cubano.
“Es de suma importancia para el Congreso y el pueblo norteamericano que las brechas de contrainteligencia que permitieron la carrera de 40 años de Rocha como espía cubano sean identificadas y abordadas para prevenir futuras amenazas de espionaje que podrían poner en peligro vidas norteamericanas e intereses de EEUU”, escribió Rubio en una carta enviada al secretario de Estado, Antony Blinken.
Rubio, vicepresidente del Comité de Inteligencia y miembro sénior del Comité de Exteriores del Senado, recordó que Rocha trabajó en puestos diplomáticos estadounidenses en media docena de países de América Latina. Recalcó su papel como director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, segundo jefe de la Sección de Intereses de EEUU en La Habana, embajador en Bolivia y asesor del Comando Sur de los Estados Unidos.
“Estaba en condiciones de utilizar su acceso gubernamental para socavar la asistencia estadounidense a la lucha de Nicaragua contra los rebeldes sandinistas respaldados por Cuba, dirigir la política estadounidense hacia América Latina en beneficio de Cuba, revelar detalles de la asistencia estadounidense a defensores de los derechos humanos en Cuba, ayudan a elegir un líder procubano en Bolivia y divulgar la planificación militar estadounidense”, advirtió Rubio.
Rocha fue condenado tras llegar a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de dos cargos: trabajar como agente de un gobierno extranjero sin registrarse y defraudar al gobierno de los Estados Unidos.
El Buró Federal de Investigaciones, FBI, cree que Rocha fue reclutado por los servicios de inteligencia cubanos en 1973 mientras se encontraba en Chile.
El exdiplomático, de 73 años, fue arrestado a finales del pasado año tras una serie de encuentros con un oficial del FBI que se hizo pasar por un oficial de inteligencia cubano. En ese momento Rocha se refirió a Estados Unidos como “el enemigo” y alabó a Fidel Castro. También alardeó de su trabajo de inteligencia y lo calificó como “un grand slam”.
Ante la corte federal en la ciudad de Miami el pasado viernes, Rocha dijo asumir “toda la responsabilidad” por sus acciones, y que “continuará haciendo, según sea necesario, enmiendas significativas a través de mi colaboración incondicional a aquellos a quienes he traicionado”.
El acuerdo de culpabilidad de Rocha le obliga a compartir con el gobierno estadounidense “una evaluación completa y detallada del daño que cometió”, de acuerdo con documentos judiciales.
El senador Rubio destacó en su carta al secretario Blinken que había una multitud de señales para sospechar de Rocha pero que todas fueron ignoradas, permitiéndole acceder a información confidencial de seguridad nacional.
En ese contexto, Rubio pidió una actualización de las “lagunas” que permitieron que Rocha trabajara en secreto por más de 40 años para la inteligencia cubana y qué acciones acometerá el gobierno para que esto no ocurra nuevamente.
“¿Qué lagunas de contrainteligencia permitieron a Rocha trabajar sin ser detectado como espía cubano durante toda su carrera en el Departamento de Estado? ¿Qué explica el fracaso de los procesos interinstitucionales para compartir con el Departamento de Estado información crítica sobre Rocha poseída por la CIA y el FBI? ¿Cómo mejorará el Departamento de Estado las medidas de contrainteligencia y seguridad actuales?”, son algunas de las preguntas del senador al secretario Blinken.
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