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América Latina

Senador chileno propone comisión internacional para investigar muerte de Payá

El senador Patricio Walter denunció que una hija del disidente Oswaldo Paya le dijo que a su padre lo mataron.

Patricio Walter dijo al periodista Pedro Corzo, de Radio Martí, que propondrá además al senado chileno un proyecto para el apoyo de la oposición pacífica cubana.

Un senador de Chile propuso al gobierno de su país que promueva la creación de una comisión internacional para investigar el accidente en el que perdieron la vida los opositores cubanos Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante.

Patricio Walter dijo al periodista Pedro Corzo, de Radio Martí, que propondrá además al senado chileno un proyecto para el apoyo de la oposición pacífica cubana.

La Democracia Cristiana había pedido una reunión urgente en Chile con el canciller de ese país, Alfredo Moreno, para que el gobierno chileno demande a La Habana que esclarezca las circunstancias de la muerte del disidente cubano Oswaldo Payá.

El diario El Mercurio, había publicado que a la reunión que asistirían el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Ignacio Walker, y el senador Patricio Walker.

El senador declaró que en la reunión dijo que espera que el gobierno chileno se solidarice con el fallecido líder del Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba y que pida información completa sobre el supuesto accidente que le causó la muerte.

Walter también dijo que pudo hablar con una hija del disidente fallecido, Rosa María, y que ésta le expresó dudas acerca de la forma en que su padre perdió la vida.

"Ella sostiene que esto no fue casual. Que el auto de su papá fue embestido por otro vehículo, según ella, de manera intencional. Cree derechamente que lo mataron", señaló el senador.

El legislador indicó que no deja de llamar la atención que el hecho haya ocurrido a un “importante líder de la disidencia”, e hizo ver que la “dictadura castrista” no garantiza una investigación imparcial del suceso.

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Nicaragua, tercer aniversario de las protestas contra Ortega

Un manifestante de Nicaragua en febrero de 2019 protestando contra el gobierno de Daniel Ortega. (Ezequiel Becerra / AFP).

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua demandó el domingo "libertad, justicia y democracia", con motivo del tercer aniversario de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.

"La lucha sigue, y el espíritu de lucha y valentía de los nicaragüenses sigue intacto, por lo que en este año 2021 el pueblo de Nicaragua permanece firme demandando libertad, justicia y democracia y con esperanza de un futuro en paz", señaló la Alianza Cívica en una declaración.

Esa Alianza, que fue la contraparte del Gobierno en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis, consideró que "a tres años del inicio de las protestas cívicas, los nicaragüenses tienen la oportunidad de lograr el cambio en unas elecciones libres".

En esos comicios, previstos para el 7 de noviembre próximo, se puede hacer "realidad los deseos que mostraron los jóvenes y los estudiantes con la gesta histórica que iniciaron" el 18 de abril de 2018, agregó el comunicado.

En esa fecha estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como "intento de golpe de Estado", dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

Para la Alianza Cívica, el 18 de abril de 2018 "marca un hito en la lucha por la libertad de Nicaragua, fecha en que la juventud rompe el silencio y el miedo, y decide protestar cívicamente en contra de las injusticias sociales y la opresión a que tiene sometido al país la dictadura Ortega-Murillo".

"Los jóvenes no soportaron más la arbitrariedad y las injusticias que el régimen cometía contra el medioambiente, dejando que se destruyeran reservas naturales importantes para la vida de los habitantes, y en lo social los atropellos contra los adultos mayores, agredidos por pseudo leyes sociales que los humillaban y condenaban a paupérrimas condiciones de vida", continuó.

A juicio de la Alianza, los jóvenes y estudiantes rompieron "el silencio y el miedo con sus gritos de protesta".

Otro ataque a la libertad de prensa en Venezuela: multimillonarias multas a medios

Un hombre lee el diario El Nacional, en una calle de Caracas, en mayo de 2015. REUTERS/Marco Bello

El fallo que obliga a El Nacional a indemnizar a Diosdado Cabello por publicar información sobre una investigación de narcotráfico pone al descubierto las debilidades de la prensa independiente en Venezuela.

MIAMI, FLORIDA - El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha condenado al diario “El Nacional” a pagar 13 millones de dólares al vicepresidente del país, Diosdado Cabello, como indemnización por “daño moral”.

La corte, que no está reconocida por los miembros de la oposición ni por la mayoría de los países de la comunidad internacional, obliga a los responsables del rotativo a depositar esa millonaria cifra como medida compensatoria por los perjuicios ocasionados.

El documento judicial concluye que “El Nacional” deberá abonar 237.000 petros, la criptomoneda que creó el ejecutivo venezolano en 2018 y que actualmente está sancionada por Estados Unidos. Según los índices del Banco Central de Venezuela (BCV), el valor de cambio de esa cifra se traduciría en más de 13 millones de dólares.

Los hechos se remontan a agosto de 2015, cuando El Nacional se hizo eco de una información publicada en el diario español ABC indicando que Cabello, actual número dos del oficialismo, estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico.

La investigación finalmente fue confirmada años más tarde, después de que la justicia norteamericana imputara a Cabello por narcotráfico, lavado de dinero y apoyo al terrorismo. Actualmente se ofrecen 10 millones de dólares por su captura.

La libertad de prensa, un derecho fundamental

Sin embargo, muchas organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos en Venezuela han alertado de la grave situación que vive la prensa y consideran que este tipo de acciones judiciales supone una forma de limitar la libertad de prensa de los medios de comunicación independientes.

El Índice Chapultepec, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), coloca a Venezuela en el último puesto del ránking de los países latinoamericanos con menos libertad de prensa y responsabiliza al gobierno de perpetrar el “mayor cerco institucional contrario a la libre circulación de ideas y al derecho a la información”.

La libertad de expresión y, por ende, también de prensa está recogida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones de 1918.

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, reza el artículo.

Desde comienzos de este año, en enero pasado, el periodista de la Voz de América, Alvaro Algarra, informó sobre acciones contra medios locales en Venezuela.

VOA: En Venezuela aumentan los procedimientos contra la prensa
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“Cada vez hay más represión”

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, lamentó en una entrevista con la Voz de América que los casos de “represión” se están dando de forma mucho más frecuente en los últimos tiempos, fruto de la agudización de la crisis política, económica y humanitaria que vive el país.

Jornet, encargado de velar por la situación de la prensa en la región, también criticó la “censura permanente” y las “trabas en el ejercicio del periodismo” por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Por su parte, el diario El Nacional, a través de un comunicado, ha calificado el fallo como una “persecución política” y aseguró que esta decisión judicial tiene un objetivo: “Perpetrar una expropiación mediante la cual pasaría a ser propietario y editor de este histórico medio de comunicación”, fundado en 1943 por el poeta venezolano Miguel Otero Silva.

Las amenazas del chavismo

En 2018, un tribunal de Caracas ordenó el pagó de 1.000.000.000 bolívares, unos 12.500 dólares al cambio actual, como indemnización. En ese momento, Pedro Carreño, que ocupaba un puesto en la Asamblea Nacional Constituyente, el órgano reconocido únicamente por el chavismo, avisó que si no se cumplía con el fallo se llevaría a cabo una “medida de aseguramiento” a través de la confiscación de los bienes inmuebles del popular medio de comunicación.

Cabello, en esa línea, también sostuvo en varias ocasiones que él sería el próximo dueño del rotativo y que convertiría las instalaciones de la sede principal en una universidad.

“El Nacional tiene un edificio sede extraordinario para una universidad. Apenas tenga la sentencia, me dicen dónde firmar para entregar el edificio para la Universidad Internacional de la Comunicación que anunció nuestro presidente Nicolás Maduro”, manifestó en tono de sorna.

El apoyo de Guaidó

Juan Guaidó, el líder de la oposición venezolana, lamentó los hechos y a través de las redes sociales expresó su apoyo al medio de comunicación por resistir “valientemente” a “los ataques de la dictadura”.

“El régimen en su política de censurar a la prensa libre en Venezuela, de nuevo arremete judicialmente contra el Diario El Nacional; por eso mi respaldo al equipo de este importante medio que resiste valientemente pese a los ataques de la dictadura”, indicó.

Otros casos

El Nacional no fue el único caso tuvo consecuencias legales por publicar esa información que atañía a Diosdado Cabello. El número dos del chavismo también interpuso demandas contra los miembros del consejo editoral y accionistas del diario digital La Patilla y de Tal Cual, que también replicaron la información del diario ABC.

¿Está en riesgo el apoyo de organismos internacionales a Venezuela?

Venezuela 360: ¿En riesgo apoyo internacional para un cambio?
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Analistas opinan que organismos internacionales como la ONU, el Grupo de Lima, la OEA o el Grupo de Puebla, mueven sus preferencias de acuerdo con la tendencia política-partidista de sus miembros.

WASHINGTON - Los últimos meses en América Latina han estado signados por diversos cambios políticos, lo que impone un tablero diferente en las alianzas de países en torno a una u otra tendencia en Venezuela.

Las recientes elecciones en Ecuador, aseguran un punto a los aliados del opositor Juan Guiadó; sin embargo, Perú aún se debate entre una preferencia a la izquierda o no con la llegada a segunda vuelta de Pedro Castillo. Analistas consultados por Venezuela 360 opinan que los organismos internacionales como Naciones Unidas, el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americano o, incluso, el Grupo de Puebla, mueven sus preferencias de acuerdo con la tendencia política-partidista de sus miembros.

A juicio de expertos, lo que puedan hacer estas organizaciones “es importante; pero, limitado”. Y si bien el surgimiento de tendencias de izquierda progresista en el hemisferio llama la atención no marca, necesariamente, el camino a seguir por los países del continente. Así lo deja ver Diego Area, director del programa Venezuela del centro de pensamiento Atlantic Council con sede en Washington DC. “Yo dificulto que la izquierda democrática mundial, incluyendo la latinoamericana vaya a querer verse retratada con Nicolás Maduro que está acusado, con pruebas, de lesa humanidad y otros crímenes”, señala.

Senador colombiano se ha mostrado opuesto a política de "bloqueo"

Sin embargo, a juicio del senador colombiano Iván Cepeda Sin, quien es analista y uno de los fundadores del Grupo de Puebla, la comunidad internacional “debiera estar al servicio de propiciar un diálogo en el que los sectores de la vida política de Venezuela encuentren una salida, que no puede ser impuesta de una manera externa”. En varias oportunidades, el senador se ha mostrado en contra de la política de “bloqueo” y sanciones impuestas, sobre todo, al sector petrolero de Venezuela, más ahora que Estados Unidos dice “monitorear” el envío de buques iraníes con combustible.

Dentro de Venezuela, analistas como Edmundo González, quien fuera embajador en Argentina y Argelia, cree que la solución a la crisis actual debe pasar, necesariamente, por “la celebración de unas elecciones presidenciales justas, libres, creíbles y verificables”.

La historia enseña que ningún país ha logrado un cambio si se mantiene aislado. En el caso de Venezuela, el apoyo internacional existe, pero está dividido, pues como explican los expertos en la materia, “en esencia, las naciones se agrupan conforme a su tendencia política”, por lo que algunos apuntan a que atender a los casi seis millones de migrantes venezolanos, puede ser el terreno para que los gobiernos de la comunidad internacional puedan reconciliar, si bien no las ideas; al menos, las acciones.

“Ortega está prácticamente cancelando las elecciones” dicen opositores en Nicaragua

El FSLN, partido del presidente Daniel Ortega, está en el poder en Nicaragua desde 2007. Foto Houston Castillo, VOA.

Proponen invitar como observadores para los comicios de noviembre a los expresidentes estadounidenses George W. Bush y Barack Obama, así como al exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon.

MANAGUA - Diversos sectores de la sociedad civil en Nicaragua rechazaron unánimemente la propuesta de reforma a la Ley Electoral presentada el lunes en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, para las elecciones previstas para noviembre de este año.

Los principales bloques opositores del país, la empresa privada y analistas consultados por la Voz de América coincidieron en que la propuesta del presidente Daniel Ortega es “antidemocrática” y “anula desde ya la credibilidad de los comicios”, y a su vez señalaron que no cumple con los siete puntos sugeridos en 2020 por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, y quien actualmente es una de las aspirantes a competir contra el mandatario sandinista, expresó que con la propuesta de reforma a la ley electoral, “Ortega está prácticamente cancelando las elecciones” e “impidiendo desde ya que haya un cambio”.

“Con esa ley, las condiciones, en vez de mejorar, se están agravando, porque Ortega está confirmando un estado de represión policial sobre nuestro derecho a elecciones legitimas y creíbles”, dijo Chamorro.

La propuesta de reforma a la Ley Electoral enviada por Ortega incorpora las restricciones establecidas a posibles candidatos presidenciales en otras leyes como la de Agentes Extranjeros y la de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

Además da mayor facultad a la Policía Nacional, señalada de ser la principal institución represora en el país, para otorgar permisos para mítines o actividades electorales a la oposición y el oficialismo.

Cristiana Chamorro, aspirante a la presidencia de Nicaragua
Cristiana Chamorro, aspirante a la presidencia de Nicaragua

“Lo que ha presentado a la Asamblea Nacional no son Reformas Electorales, son más restricciones para que el pueblo no pueda ir a votar en libertad y transparencia. Son mecanismos dictatoriales para quitarle la voz a la ciudadanía y mantener a Nicaragua secuestrada en un estado de sitio”, enfatizó Chamorro el jueves.

El politólogo Félix Maradiaga, también aspirante a la presidencia, dijo a la VOA que es “sumamente preocupante que esa iniciativa se aleja aún más de la posibilidad de un consenso. Además de reafirmar las inhibiciones consignadas en las leyes espurias, cierra aún más los pocos espacios de participación para la oposición”.

“Quisiera suponer que esa iniciativa de reformas tan desafortunada y contraria a la resolución de la Asamblea General de la OEA es sólo una manera del régimen de elevar la parada y desmotivar a la oposición, algo que no lograrán. Sin embargo, si esa es una propuesta definitiva para las elecciones de noviembre de 2021, prácticamente se anuncia la decisión del régimen de no permitir elecciones con un mínimo de garantías”, indicó Maradiaga.

El Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) , uno de los bloques más fuertes actualmente, también reaccionó al respecto y señaló que las propuestas de reformas “no responden a la demanda nacional e internacional”.

La propuesta “establece nuevas restricciones a las libertades políticas y vulneraciones a la voluntad popular, impone nuevos obstáculos y obligaciones a los partidos políticos, traslada al ámbito electoral el estado policial imperante, aumenta los ya amplios márgenes de discrecionalidad del Poder Electoral y establece nuevas vulneraciones a la voluntad popular”, dijo el partido en un comunicado.

“Demandamos una vez más al régimen de Daniel Ortega la implementación de las reformas electorales necesarias para que se respete el voto ciudadano en un proceso electoral que cumpla los estándares internacionales de libertad y transparencia”, añadió.

Por otro lado, el sector privado señaló la urgencia de la aprobación de “una reforma electoral sustantiva que incorpore las propuestas que han presentado los partidos políticos extraparlamentarios, los movimientos políticos de oposición, así como las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea para garantiza la modernización y restructuración del Poder Electoral”.

La policía nicaragüense será la encargada de autorizar los mitines políticos una vez que el Poder Electoral convoque a elecciones. En la foto los agentes asedian a los opositores. Foto Houston Castillo, VOA.
La policía nicaragüense será la encargada de autorizar los mitines políticos una vez que el Poder Electoral convoque a elecciones. En la foto los agentes asedian a los opositores. Foto Houston Castillo, VOA.

Nicaragua continúa en un estado policial que no permite el ejercicio de derechos humanos y constitucionales básicos, situación que hace inviable un proceso electoral en el cual se pueda realizar una competencia electoral libre y transparente”, advirtió el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal patronal del país.

“Trabajemos para resolver la crisis sociopolítica que venimos arrastrando desde abril del 2018”, finalizó diciendo el empresariado, otrora aliado al gobierno sandinista.

Proponen como garantes a expresidentes estadounidenses

Tras conocerse las propuestas del gobierno, algunos opositores como el exembajador de Nicaragua en Washington Arturo Cruz, quien también forma parte de los siete aspirantes a la presidencia, propuso invitar como observadores para los comicios electorales de noviembre a los expresidentes estadounidenses George W. Bush y Barack Obama, así como al exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, y un representante personal de Antonio Guterres secretario general de la ONU.

“En las elecciones de 1990 se logró un traspaso pacífico del poder por la aceptación del gobierno Sandinista y la oposición democrática, de la observación internacional. En ese proceso, destacó la figura aceptable y respetada por todos del expresidente Jimmy Carter, que conjuntamente con Baena Soares, secretario general de la OEA, y Elliot Richardson, representante personal del secretario general de la ONU, actuaron como garantes de ese proceso electoral”, propuso Cruz.

La propuesta de reforma electoral fue presentada el lunes en el Parlamento Nacional y posteriormente pasó a una comisión especial que dictaminará cambios para luego ser discutida en el plenario, donde el oficialismo tiene la mayoría de los votos.

El diputado Mario Asensio, del Partido Liberal Independiente (PLI) y miembro de la Comisión Especial, comentó a la VOA, que la reforma electoral “se estará analizando” y se convocará a los partidos políticos que tienen representación legal para que ellos pasen sus consideraciones de reformas que consideren pertinentes”.

Algunos tienen esperanzas de una negociación

Norman Caldera, excanciller de Nicaragua
Norman Caldera, excanciller de Nicaragua

Algunos diplomáticos y analistas consideran que la propuesta del gobierno podría tratarse de “una oferta inicial negociadora” con la oposición.

“Tengo la esperanza de que esa pueda ser su oferta inicial negociadora, que están simplemente endureciéndose para tratar de dar lo menos posible cuando llegue la negociación”, indicó el excanciller Norman Caldera.

Caldera cree que aún “hay apertura para encontrar un camino que permita tener elecciones libres”, pero advierte que si la propuesta de reforma fuese la posición final del gobierno, “sería un grave retroceso”.

El expreso político y periodista Miguel Mora advierte que de aprobarse la propuesta “del dictador en la Asamblea Nacional”, Ortega carecería “de total legitimidad y debe ser desconocido por los nacionales y la comunidad internacional”.

“Con la presentación de la reforma a la Ley 331, Ley Electoral, la dictadura le declara la guerra a la democracia y a todos nuestros derechos políticos y a nuestras libertades; le declara la guerra a nuestra constitución”, dijo.

“Es evidente que su intención es instaurar un sistema de partido único, desaparecer toda expresión de oposición política legitima”, fustigó Mora, quien también aspira a la presidencia.

La OPS avisa que las vacunas no serán suficientes para detener la pandemia en América Latina

Trabajador de la salud en Guadalajara, Jalisco

La organización internacional insiste en que los Gobiernos de la región deben implementar medidas restrictivas e impulsar políticas de concientización para poder ayudar a frenar la crisis sanitaria del coronavirus.

MIAMI, EE.UU. - La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha informado que la distribución de las vacunas contra el coronavirus no será suficiente para aplacar la pandemia en la región y será necesario impulsar una “estrategia integral” que contemple la inmunización, pero también políticas para evitar los brotes de infección, especialmente en la región sur del continente americano.

“En la mayoría de los países, las vacunas no van a detener esta ola de la pandemia”, alertó la directora de la OPS, Carissa Etienne, durante la conferencia de prensa semanal para abordar la situación en la región.

En ese sentido, señaló que “no hay suficientes vacunas disponibles para todo el mundo”, sobretodo en los países más vulnerables, con menos recursos económicos para acceder a la compra de dosis y, por lo tanto, “con mayor riesgo” de infección.

Plan conjunto en la región

Ante este escenario, la máxima responsable de la OPS hizo un llamamiento a las administraciones de gobierno de toda la región “para detener la transmisión por cualquier medio posible con las herramientas” necesarias y con el objetivo de evitar focos de infección que pueden complicar aún más esta grave crisis sanitaria.

Para Etienne, que desde que irrumpió la pandemia ha insistido en la necesidad de trabajar conjuntamente para dar una respuesta común en el continente americano, los responsables sanitarios de cada país deberán tener “estrategias integrales” que atiendan las preocupaciones de sus nacionales y también del resto de la región. Todo ello pensando en “el despliegue de las vacunas” y “en controlar la propagación del virus utilizando medidas de salud pública comprobadas”, es decir, respetando la distancia social, usando mascarillas y lavándose las manos regularmente.

Distribución de vacunas lenta

El Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, conocido como COVAX, a través de una estrategia conjunta de la OPS, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos regionales, ha permitido la distribución de 3 millones de vacunas en 28 países del continente americanos.

Según datos proporcionados por la OPS, se han distribuido más de 247 millones de vacunas hasta el momento. Sin embargo, Etienne admitió que los problemas de producción en los laboratorios se están traduciendo en una distribución de la dosis mucho más lenta y pronosticó que es muy probable que esa situación se extienda durante las próximas semanas.

Ante esta situación, alertó, la población no puede fiarse de la vacunación como medida a corto plazo para superar la pandemia. “No podemos confiar en las vacunas para controlar la transmisión”, agregó al respecto.

El mecanismo COVAX para asegurar las vacunas

Consciente de la grave crisis sanitaria y los problemas en la distribución, la OPS se ha comprometido a trabajar en conjunto con los países adheridos a la organización internacional “para asegurar más dosis de vacunas para la región tan pronto como estén disponibles para complementar lo que los países ya han comprado a través de acuerdos bilaterales y a través del mecanismo COVAX”.

“Estaremos aquí para los países en cada paso del camino, proporcionando apoyo técnico para resolver los obstáculos, aumentar la vigilancia y supervisar la seguridad y el impacto de las vacunas”, indicó.

América del Sur, el “epicentro” de la pandemia

Además de los retos de la distribución de la vacuna, los gobiernos siguen afrontando otra grave situación: el aumento de casos. “En la última semana, más de 1,3 de personas se infectaron con el virus y casi 36.000 personas murieron a causa de la enfermedad”, indica un informe de la OPS al que ha tenido acceso la Voz de América.

La directora de la OPS calificó la situación en América de Sur como el “epicentro” de la pandemia en tanto que se está dando un incremento considerable en países como Brasil, Colombia, Venezuela, Perú , Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Puerto Rico y Cuba.

En total, en el continente americano se han registrado más de 57 millones de casos y 1,3 millones de muertes. “No estamos actuando como una región en medio de un brote que se agrava”, insistió Etienne.

En esa línea, alertó que “la transmisión continúa en muchos lugares” y lamentó que “las restricciones se han relajado”. “Las multitudes han vuelto y la gente se reúne en el interior, y toma el transporte público, a menudo sin mascarillas”, agregó.

Mientras tanto, la OPS defiende la efectividad de las vacunas de Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca y la de Janssen, a pesar de que la vacuna rusa no está regulada en Estados Unidos y la última ha sido cancelada tras el conocimiento de varios casos de trombos que se están investigando ahora por las autoridades pertinentes.

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