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América Latina

Se desploma la industria automotriz venezolana

La crisis de producción y oferta de vehículos ha ocasionado que los concesionarios venezolanos de las distintas marcas se encuentren vacíos o con contadas unidades disponibles

La producción de vehículos en Venezuela se vino abajo en el primer semestre de 2014 con una caída que supera 83% en relación con el mismo período de 2013, informó este martes la Cámara Automotriz Venezolana en su reporte.

Al cierre de los primeros seis meses del año, la producción acumulada fue de apenas 6.161 vehículos, contra los 36.919 que se produjeron en el mismo período de 2013, lo que se traduce en desplome de 83,31%, según las cifras de la Cámara.

Con estos números, la industria automotriz venezolana enfrenta su peor año al ensamblar apenas una sexta parte de lo que producía el año pasado, con tres de las siete plantas (Chrysler, Iveco y Mack) paralizadas y otras dos (Ford y General Motors) en franca caída de su producción intermensual por la falta de insumos importados en medio de una sequía de divisas que aqueja a la economía venezolana desde 2013.

En Venezuela rige desde 2003 una férreo control de cambios que obliga al sector privado a solicitar al gobierno a precio oficial los dólares que requiere para operar.

Sólo dos de las siete ensambladoras presentes en el país lograron elevar tímidamente sus números en junio: Toyota, que alcanzó los 100 autos ensamblados luego de tres meses de indicadores en cero, y MMC Automotriz, que pasó de 300 a 432 en su variación intermensual.

El gobierno de Nicolás Maduro ha sostenido diversas reuniones con representantes locales de las productoras automotrices en Venezuela en un intento por resolver una deuda calculada en casi 2.800 millones de dólares debido a los retrasos para liquidar divisas al sector.

La crisis de producción y oferta de vehículos ha ocasionado que los concesionarios venezolanos de las distintas marcas se encuentren vacíos o con contadas unidades disponibles, a las que los compradores sólo pueden acceder luego de anotarse en kilométricas listas que los hacen esperar hasta un año para comprar un carro nuevo.

Otros optan por el mercado de segunda mano, donde los vehículos usados son más costosos que los nuevos, cuyos precios están regulados por el gobierno.

Para los trabajadores de este sector -que genera 11.000 empleos directos de acuerdo con datos de la Federación Unitaria de los Trabajadores Automotrices, Autopartes y Conexos- se cierne la incertidumbre sobre el inicio de una oleada de despidos masivos.

Hasta el momento, las medidas tomadas por el gobierno, como permitir que el sector automotor participe en subastas del Banco Central en las que se ofertan hasta 220 millones de dólares, lucen insuficientes ante la magnitud de la deuda en divisas no liquidadas.

Datos del Ejecutivo venezolano revelan que el sector automotor ha recibido en este año 1% de las divisas que requiere para importar en momentos en que los venezolanos padecen una inflación anualizada que supera 60% y que el Banco Central reporta índices de escasez de 50% en medicinas y 29,4% en alimentos para el mes de marzo.

Distintos analistas estiman que el gobierno venezolano adeuda al sector privado unos 14.000 millones de dólares, entre ellos a importadores de medicinas, alimentos, insumos industriales y empresas de servicios.

Otro sector duramente golpeado por la sequía de dólares en Venezuela es la aviación, con una deuda por parte del gobierno estimada en unos 4.000 millones de dólares, lo que ha llevado a aerolíneas internacionales a salir del país, como Air Canada y Alitalia, mientras que otras han reducido drásticamente sus vuelos.

Venezuela cuenta con las mayores reservas petroleras del mundo y tiene en la renta petrolera su principal fuente de ingresos, pero importa la mayor parte de los alimentos y productos que consume.

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Cientos de organizaciones venezolanas exigen derogar nueva norma de “registro por terrorismo”

Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas.

Unas 600 organizaciones no gubernamentales de Venezuela expresaron su rechazo “categórico y definitivo” a una providencia oficial que les exige registrarse ante una oficina gubernamental “contra la delincuencia y financiamiento al terrorismo”, porque la consideran ilegal, informó la Voz de América, VOA.

El gobierno venezolano publicó en la Gaceta Oficial, el 30 de marzo, una normativa que crea el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, donde estarán expuestos a la fiscalización de sus listas de donantes, movimientos financieros, actas constitutivas, beneficiarios y socios.

Al menos 663 de estas organizaciones no gubernamentales, firmaron un pronunciamiento en el que repudian la medida por “constituir un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado”.

Organizaciones como Amnistía Internacional, Provea, el Centro de Justicia y Paz, Cofavic y diversos gremios profesionales, como el Colegio de Abogados, califican la nueva regla administrativa No. 001-2021 de la Gaceta Oficial 42.098 como “una normativa sublegal, que regula asuntos reservados a las leyes”.

Resaltan que tiene “un rango inferior a reglamentos y resoluciones”, pretendiendo establecer procedimientos, requisitos, plazos y certificaciones no contemplados en ningún otro instrumento del ordenamiento jurídico nacional.

“Son arbitrarios, intrusivos y ajenos al supuesto fin que dicen perseguir. Omite la existencia de normas constitucionales, leyes y resoluciones en Venezuela que protegen y regulan la actividad de las organizaciones conforme a su naturaleza sin fines de lucro y su carácter de asociaciones libres”, advierten.

El comunicado en conjunto estima que esa providencia supone una “grave amenaza” para los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil.

“Se obliga a revelar información personal que puede poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano, violando sus derechos a la protección, la asistencia, la confidencialidad y la privacidad”, complementan.

Quienes suscriben el documento se declaran comprometidos en sus propósitos, en especial en evitar riesgos de delación, estigmatización, abusos de discriminación o privación de acceso a bienes y servicios esenciales.

Recuerdan que el actual marco regulatorio de las organizaciones no gubernamentales no admite ningún control previo a sus asociaciones, si bien admiten que el ejercicio de sus derechos puede estar sujeto a regulaciones derivadas de “leyes legítimamente adoptadas, con limitaciones temporales y proporcionales, y no discriminatorias”.

El comunicado también valora que la providencia viola los principios de presunción de inocencia y de legalidad de las organizaciones en cuestión.

“Todas las organizaciones de la sociedad civil estarían sometidas a un estado general de sospecha bajo el control discrecional de un órgano con funciones de supervisión e inteligencia en materia de delitos de legitimación de capitales y terrorismo que deberían estar restringidas al sistema financiero y las cuales se desnaturalizan al emplearse para controlar a las organizaciones”, apuntan.

El registro que pretende el gobierno de Maduro, indican, está alejado de las prácticas y estándares internacionales” de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, denuncian. La verdadera intención, dicen, es “ejercer un control ilegítimo sobre las labores de nuestras organizaciones”.

Declaran inaceptable la aplicación de la norma oficial y opinan que traería “mayores consecuencias lamentables de sufrimiento humano para la población venezolana”, por lo que exigen su derogación inmediata.

CIDH señala violaciones a derechos fundamentales en las Américas en primer año de pandemia

La situación de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua se agudiza por la falta de separación de poderes con la persecución y amenazas contra opositores, asegura la CIDH.[Foto de archivo]

La instancia adscrita a la OEA hace un recuento de la situación de los derechos humanos en el continente americano durante el año 2020. Capítulos por separado merecen Cuba, Nicaragua y Venezuela por la falta de libertades democráticas y el acoso a opositores.

WASHINGTON DC - Durante el primer año de la pandemia de COVID-19 los pueblos latinoamericanos experimentaron, en diferentes escalas, retrocesos en materia de derechos y libertades fundamentales, según señala el Informe Anual 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En el documento de 1.238 páginas, la CIDH, que vigila el estricto cumplimiento de los derechos fundamentales en los 34 Estados que conforman la OEA, 25 de los cuales han ratificado la Convención Americana en materia de derechos humanos, manifiesta sus preocupaciones sobre el tratamiento de los estados a sus ciudadanos durante la crisis sanitaria y las consecuencias posteriores a ésta, aunado a las crisis políticas que ya estaban en curso en varios países de la región.

En el Informe 2020, publicado el 16 de abril, la CIDH también hace un apartado especial para analizar la situación de las libertades civiles y los derechos universales en Cuba, Nicaragua y Venezuela; donde dice que en el primero de estos países, que tiene un largo historial de restricciones y represión contra disidentes, la situación se ha agudizado el año anterior con los intentos cada vez más recurrentes de grupos organizados de la sociedad civil que demandan libertad.

En Cuba “la CIDH tomó conocimiento de las persistentes restricciones a los derechos políticos, de reunión y asociación, y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento”, dice el informe.

Crece persecución contra opositores en Nicaragua y Venezuela

En el caso de Nicaragua y Venezuela, la instancia rectora de derechos humanos reseña con preocupación el deterioro total de la institucionalidad democrática, con poderes ejecutivos que han controlado los órganos judiciales de los dos países y con asambleas nacionales controladas por las presidencias; acciones que han llevado a un deterioro aún más evidente de los derechos humanos.

También refiere que los gobiernos de Nicolás Maduro, en Venezuela, y Daniel Ortega en Nicaragua, más el de Miguel Díaz-Canel en Cuba, han instaurado desde las estructuras del Estado y con apoyo de sus seguidores canales sistemáticos de vigilancia, persecución y hostigamiento contra sus delatores.

“La Comisión Interamericana observa que la crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa profundizándose debido a la persistencia de una falta del principio de separación de poderes, la agudización de la represión contra las voces críticas al gobierno y la inexistencia de reformas institucionales tendientes al restablecimiento del Estado de Derecho”, expresa la CIDH en su informe de país.

La CIDH mira con preocupación que en la nación centroamericana la situación tenderá a empeorar dadas las condiciones para este año, en que además se realizan elecciones generales, para las cuales los servicios de inteligencia de Estados Unidos prevén un aumento de la polarización; y hasta de denuncias de fraude una vez concluya el proceso electoral, en el caso de Nicaragua.

Para la Comisión Interamericana los indicadores más preocupantes obedecen al agravamiento de las agresiones, amenazas, intimidaciones, hostigamientos y otros actos de violencia cometidos contra líderes religiosos, sociales, estudiantiles, personas excarceladas, víctimas y sus familiares por miembros de la Policía Nacional y por simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En cuanto a Venezuela, el informe señala el quebrantamiento del principio de separación de poderes como principal causante del entrampamiento de la crisis del país petrolero, aunado a la falta de garantías mínimas para la celebración de elecciones parlamentarias, la falta de independencia judicial, más la extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, y los excesivos poderes del ejecutivo de Nicolás Maduro que ha declarado estado de excepción al menos 30 veces desde el año 2016.

A ello se suman los ataques y persecución contra los diputados opositores de la Asamblea Nacional, que aunque no son nuevos, han ido en escalada desde que el músculo opositor se vio fortalecido con el favor del electorado en las urnas durante las elecciones del año 2015, donde la oposición consiguió una sólida mayoría en el legislativo nacional, pero el gobierno se encargó a posteriori de frenar el proceso valiéndose de artilugios como la creación de la Asamblea Nacional Constituyente.

“La CIDH considera que la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela ha contribuido a que la crisis institucional no encuentre un freno. En lugar de fungir como un garante de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de los otros poderes del Estado, el Poder Judicial ha creado nuevos obstáculos para superar la crisis que atraviesa el país. En 2020, la CIDH observó que el Poder Judicial venezolano opera cada vez con más opacidad, y esta circunstancia dificulta enormemente conocer, entre otras cosas, si las y los jueces son nombrados con apego a los procedimientos preestablecidos o cuál es el porcentaje de jueces provisorios del país”; señala el informe.

También mientras avanza el deterioro institucional del país sudamericano continúa el menoscabo de los derechos humanos civiles y políticos, en especial los ataques contra la libertad de expresión y de participación en los asuntos públicos.

En el año 2020, bajo el ambiente de la pandemia en Venezuela, persistieron las detenciones arbitrarias de ciudadanos que muestran en público su descontento con el gobierno; actos manifiestos con campañas de estigmatización y hostigamiento “en perjuicio de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como el uso del derecho penal y otros controles sancionatorios para castigar o inhabilitar el trabajo de opositores políticos”, señala el informe

La CIDH consigna que al concluir la elaboración del Informe 2020, a principios de este año, envió copia a los países señalados -a través de los canales oficiales- a efectos de tener respuesta, pero a la fecha de publicación del informe no hubo comentarios por parte de los gobiernos.

Retrocesos y avances en otros países de la región.

Durante el primer año de pandemia de COVID-19, la CIDH contabiliza que los sectores más excluidos de los países del hemisferio occidental, como las minorías étnicas y grupos vulnerables, entre estos también los migrantes han sido los que más han sufrido ante los canales de respuesta instalados por los estados para hacer frente a la pandemia.

“Los Estados establecieron cuarentenas obligatorias, toques de queda, el cierre de espacios laborales y de actividades económicas, la suspensión de clases en los sistemas escolares, el cierre de fronteras terrestres y otras medidas que, en algunos casos tuvieron consecuencias adversas para la protección de los derechos humanos particularmente sobre grupos históricamente excluidos”, dice el informe

También denuncia que se registraron acciones con impacto discriminatorio en contra de las personas migrantes, refugiadas, desplazadas; además del agravamiento en las condiciones de las personas privadas de libertad en la región”, señala el estudio.

Durante los primeros meses de la pandemia, la CIDH, con su despliegue de observadores en todo el continente, reconoce que a nivel general se registraron de manera preocupante, restricciones ilegítimas y uso excesivo de la fuerza en protestas sociales de algunos países de la región.

También persiste el acoso, violencia y discriminación contra grupos en situación de exclusión como mujeres, niños, personas LGBTI, pueblos indígenas, grupos afrodescendientes, personas defensoras de derechos humanos, población carcelaria, los que experimentaron mayor riesgo durante la pandemia.

La institución ve con alarma los asesinatos cometidos contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en la región “la CIDH observa nuevamente el riesgo agravado en el que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos y líderes indígenas, de la tierra y medio ambiente, mujeres, así como los altos niveles de impunidad frente a estos casos”, dice el informe.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lamenta la constante violencia contra periodistas y medios de comunicación y la vulneración al libre ejercicio de periodismo y la libertad de prensa en algunos países del continente, donde predomina el clima de impunidad, por lo que llama a los estados de la región a tomar medidas concretas y eficaces para reducir esos riesgos.

Entre los aspectos positivos, la CIDH saluda los avances en políticas de seguridad ciudadana en varios países de la región, lo que ha evidenciado durante el año 2020 una disminución muy significativa del número de actos violentos y homicidios, en comparación con 2019.

También resalta los avances en materia de libertad de expresión con algunas sentencias judiciales en las Américas, como la tomada por el Tribunal Constitucional del Perú, y otras sentencias similares en Colombia y Argentina que muestran importantes avances para la promoción y garantía del derecho a la libertad de expresión.

Además destaca como aspectos positivos para el año 2020, la normativa de Colombia para buscar una solución migratoria para unos 762.857 venezolanos migrantes en ese país sudamericano; gesto similar asumido por Costa Rica que propuso un estatus temporal para nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela que estuvieran de manera irregular en su territorio durante el año 2020.

Unicef advierte que migración infantil hacia EEUU se ha multiplicado por nueve en México

Niños emigrantes en Ciudad Juárez

El organismo de la ONU advierte que, desde hace tres meses, el número de niños, niñas y adolescentes migrantes reportados en México ha pasado de 380 a cerca de 3.500.

“La mayoría de los centros de acogida que visité en México están ya saturados y no pueden acoger al creciente número de niños, niñas, adolescentes y familias que emigran hacia el norte”, anunció Jean Gough, directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, para América Latina y el Caribe, tras concluir una visita de cinco días a México.

Después de su recorrido, que incluyó varias paradas en la frontera con Estados Unidos según un comunicado de prensa de la institución, Gough dijo que el número de menores migrantes que han tratado de llegar a Estados Unidos, en lo que va de 2021, se ha multiplicado por nueve en México.

Las autoridades mexicanas ha reportado que de 380 hace justo un año, han pasado a ser 3.500 en estos momentos. Cada día son detectados un promedio de 275 niños migrantes adicionales, esperando para cruzar a Estados Unidos o tras ser retornados, según estimaciones de Unicef.

Gough, afirmó estar preocupada porque “las condiciones de vida de los niños, niñas, adolescentes y las madres migrantes en México puedan deteriorarse aún más”.

Unicef hizo un llamado a la comunidad internacional para que coloque a los menores, así como a las mujeres, “en el centro de todos los planes de inversión en Honduras, Guatemala, El Salvador y el sur de México, para crear mejores condiciones de vida y oportunidades libres de violencia para las familias y los jóvenes a nivel comunitario”.

De acuerdo con la institución, actualmente han ampliado su respuesta humanitaria en Centroamérica y México en los últimos meses, con una mayor presencia en la frontera entre México y Estados Unidos. Además, han solicitado más fondos, unos 23 millones de dólares, para brindar asistencia a los grupos más vulnerables en México, así como acceso a educación de calidad y a servicios básicos.

Solo en lo que va del año, la Unicef ha atendido a unos 2.100 menores migrantes en las fronteras sur y norte de México.

El organismo de la ONU también advirtió que los traficantes de personas “aprovechan descaradamente” la desesperación de las familias que buscan escapar de la violencia de las pandillas, la pobreza, la violencia doméstica, los efectos del cambio climático y el desempleo por la pandemia.

“Las familias centroamericanas no están emigrando, están huyendo” de sus países de origen, puntualizó Gough.

Nicaragua: a tres años del estallido de la crisis social continúan las demandas de justicia

Familiares de las víctimas y opositores de Nicaragua recuerdan a víctimas de Abril 2018

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalló que desde el 18 de abril de 2018, ha documentado que al menos 1.614 personas han sido privadas de su libertad en el contexto de esta crisis. 

Este lunes, 19 de abril, se cumplen tres años del inicio de las protestas sociales en Nicaragua que se produjeron luego de la violenta y represiva respuesta del Estado a un reclamo encabezado por adultos mayores contra las reformas al sistema de seguridad social y que desembocó, un día después, en una serie de manifestaciones contra el mandato del presidente Daniel Ortega. El Gobierno sandinista calificó el hecho de intento de golpe de Estado.

La represión a las protestas dejó cientos de muertos y detenidos además de miles de desplazados. Tres años después los familiares de las víctimas de la presión estatal mantienen intacta la demanda de justicia y se preparan para el resultado de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, en un contexto que sólo parece haber empeorado ante nuevas medidas legales y operativas puestas en marcha por el Gobierno para impedir cualquier tipo de manifestación popular.

Francys Valdivia, presidenta de la Asociación Madres de Abril, expresó su posición ante la trascendencia del año electoral para lograr acceder a la justicia.

"Hacemos un llamado a todos los sectores políticos para que el espíritu de abril no se convierta en un escalón partidario, y que las organizaciones políticas que surgieron al calor de las manifestaciones de abril terminen enfocados en candidaturas, en casillas, listas, procesos electorales internos y no retomar la luchas por la justicia, democracia y la liberación de todos los presos y presas políticas", aseguró.

En tres años, las familias de las víctimas no han podido acceder a la justicia, un derecho que se les negó desde la primera instancia que fue el Ministerio Público. Desde entonces, han sufrido diferentes escalas de represión que van desde la persecución, los encarcelamientos, los asedios, las profanaciones de tumbas y la obstaculización para realizar actividades conmemorativas.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalló, a través de un informe titulado “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos”, que desde el 18 de abril de 2018, ha documentado que al menos 1.614 personas han sido privadas de su libertad en el contexto de esta crisis.

Brenda Gutiérrez, presidenta del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, dijo a la Voz de América que al menos 126 personas continúan en las cárceles sufriendo malos tratos y torturas.

“Se han introducido lo que son las físicas y verbales a los presos políticos, los están mezclando con presos comunes para estar bajo amenaza de estos, ya que estos se prestan al sistema penitenciario para estar hostigando a los presos políticos", señaló.

El organismo internacional exhortó al Estado de Nicaragua, a través de su informe, a cumplir 27 recomendaciones entre las cuales incluye la demanda de “libertad a las personas que hayan sido detenidas en ese contexto o por las protestas o disidencia política, de manera ilegal o arbitraria; y el cese inmediato de las detenciones arbitrarias e ilegales de quienes participan en las protestas o se manifiestan contra el Gobierno”.

En tanto, el domingo distintas expresiones de resistencia ciudadana lograron burlar el estado policial que impera en el país.

De forma clandestina, los ciudadanos sumaron acciones de protesta que se extendieron en varios puntos del país, especialmente en Managua y Bluefields. La Articulación de Movimientos Sociales informó, a través de sus redes sociales, que desde la noche del viernes, los integrantes de la organización realizaron “jornadas conmemorativas”, pese al asedio policial y las constantes amenazas que reciben.

"Abril en resistencia, por los familiares de los presos políticos, por las víctimas, por todos los asesinados. Sigamos en resistencia hasta lograr la libertad de Nicaragua”, dijeron los integrantes de la Articulación de Movimientos Sociales, en un video corto que grabaron mientras colocaban un cartel en las afueras de la Iglesia Divina Misericordia, en Managua,

Entre los mensajes divulgados por la Articulación de Movimientos sociales se leían: “Yo no olvido Abril” y “Abril en resistencia”. Mientras la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua demandó, a través de un pronunciamiento público "libertad, justicia y democracia".

"A tres años de ese 18 de abril, la lucha sigue, y el espíritu de lucha y valentía de los nicaragüenses sigue intacto, por lo que en este año 2021 el pueblo de Nicaragua permanece firme demandando libertad, justicia y democracia y con esperanza de un futuro en paz", señaló la Alianza Cívica, en una declaración.

Nicaragua, tercer aniversario de las protestas contra Ortega

Un manifestante de Nicaragua en febrero de 2019 protestando contra el gobierno de Daniel Ortega. (Ezequiel Becerra / AFP).

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua demandó el domingo "libertad, justicia y democracia", con motivo del tercer aniversario de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.

"La lucha sigue, y el espíritu de lucha y valentía de los nicaragüenses sigue intacto, por lo que en este año 2021 el pueblo de Nicaragua permanece firme demandando libertad, justicia y democracia y con esperanza de un futuro en paz", señaló la Alianza Cívica en una declaración.

Esa Alianza, que fue la contraparte del Gobierno en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis, consideró que "a tres años del inicio de las protestas cívicas, los nicaragüenses tienen la oportunidad de lograr el cambio en unas elecciones libres".

En esos comicios, previstos para el 7 de noviembre próximo, se puede hacer "realidad los deseos que mostraron los jóvenes y los estudiantes con la gesta histórica que iniciaron" el 18 de abril de 2018, agregó el comunicado.

En esa fecha estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como "intento de golpe de Estado", dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

Para la Alianza Cívica, el 18 de abril de 2018 "marca un hito en la lucha por la libertad de Nicaragua, fecha en que la juventud rompe el silencio y el miedo, y decide protestar cívicamente en contra de las injusticias sociales y la opresión a que tiene sometido al país la dictadura Ortega-Murillo".

"Los jóvenes no soportaron más la arbitrariedad y las injusticias que el régimen cometía contra el medioambiente, dejando que se destruyeran reservas naturales importantes para la vida de los habitantes, y en lo social los atropellos contra los adultos mayores, agredidos por pseudo leyes sociales que los humillaban y condenaban a paupérrimas condiciones de vida", continuó.

A juicio de la Alianza, los jóvenes y estudiantes rompieron "el silencio y el miedo con sus gritos de protesta".

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