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El Mundo

RSF publica la Declaración internacional sobre la Información y la Democracia

Reporteros sin Fronteras.

Una comisión dirigida por la organización Reporteros Sin Fronteras presentó hoy la Declaración Internacional de Información y Democracia, con la intención de que sea suscrita por dirigentes de todo el mundo.

La comisión, compuesta por una veintena de juristas, intelectuales, y premios Nobel como el hispano-peruano Mario Vargas Llosa, entre otros, defiende que la libertad de expresión debe tener excepciones limitadas.

Los autores del texto consideran que las libertades, la concordia civil y la paz están ahora amenazadas por el control político de la prensa y los medios, la desinformación masiva en Internet, la frágil situación económica del sector y la violencia contra los periodistas.

A continuación publicamos el texto íntegro de la Declaración internacional sobre la Información y la Democracia:

El espacio global de la comunicación y la información: un bien común de la Humanidad

Preámbulo

El espacio global de la comunicación y la información es un bien común de la Humanidad y debe ser protegido como tal. Su gestión es responsabilidad de todos y debe realizarse a través de las instituciones democráticas, a fin de que facilite una verdadera comunicación entre individuos, culturas, pueblos y naciones, y contribuya al respeto de los derechos humanos, la concordia civil, la paz, la vida y la preservación del medio ambiente.

El espacio global de la comunicación y la información debe ser propicio al ejercicio de la libertad de expresión y de opinión; debe respetar los principios del pluralismo, la libertad, la dignidad y la tolerancia, al igual que los ideales de la razón y el entendimiento. El conocimiento es necesario para que los seres humanos desarrollen sus capacidades biológicas, psicológicas, sociales, políticas y económicas. El acceso al conocimiento, a lo que ocurre en realidad, es un derecho fundamental.

El control político de los medios de comunicación, el sometimiento de la información a intereses individuales, la creciente influencia de actores corporativos que escapan al control democrático, la desinformación masiva en línea, los actos violentos contra reporteros y editores, y el debilitamiento del periodismo de calidad, amenazan el ejercicio del derecho al conocimiento. Cualquier intento abusivo de limitarlo –a través de la fuerza, la tecnología o la legislación– constituye una violación del derecho a la libertad de opinión.

El espacio de la información y la comunicación debe organizarse de manera que permita el ejercicio de los derechos fundamentales y de la democracia. Éste debe preservar y fortalecer nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de nuestra época, prever nuestro destino común y ayudarnos a trazar un desarrollo sostenible mundial que tenga en cuenta los derechos e intereses de las generaciones futuras.

El espacio de la comunicación y la información debe garantizar la libertad, la independencia y el pluralismo de la información. Este bien común tiene un valor social, cultural y democrático. Por ello, no puede reducirse a una dimensión comercial. Las posiciones dominantes en la producción, la difusión y la curación de información deben evitarse en la medida de lo posible; si no pueden evitarse, al menos hay que controlarlas para preservar la diversidad de los hechos y de las opiniones.

Principios

DERECHO A LA INFORMACIÓN

La libertad de opinión se garantiza con el libre intercambio de ideas y de información basada en hechos reales. La verdad, que puede tener múltiples formas, se basa en la correspondencia de la realidad con las percepciones, así como en pruebas, lo más fidedignas posibles, obtenidas a través de métodos científicos, académicos, periodísticos o de otras prácticas profesionales para producir información confiable y conocimiento.

Contar con información fidedigna es básico para ejercer la libertad de opinión, para que se respeten otros derechos humanos y todas las prácticas democráticas, incluyendo la deliberación, las elecciones, la toma de decisiones y la rendición de cuentas. Se atenta contra la integridad del proceso democrático cuando se manipula información que podría influir en él.

El derecho a la información consiste en la libertad de buscar, recibir y tener acceso a información confiable. La información solo puede considerarse confiable cuando se recaba, procesa y difunde libremente, conforme a principios como la búsqueda de la verdad y la pluralidad de opiniones, usando métodos racionales de investigación y verificación de los hechos.

El compromiso con la libre búsqueda de la verdad, la precisión de los hechos y el principio de “no causar daño” es necesario para preservar la integridad de la información. Difundir información engañosa o incorrecta, o encubrir información que debería darse a conocer, puede perjudicar la aptitud de los individuos para comprender lo que sucede en su entorno y el desarrollo de sus capacidades.

Los conflictos de interés no expresados en el campo de la información son una amenaza para la libertad de opinión. Los contenidos publicitarios o promocionales deben ser identificados claramente como tales.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La libertad de expresión es el derecho fundamental de los individuos a expresarse. Según los estándares internacionales relativos a la libertad de expresión, este derecho incluye el de criticar los sistemas de pensamiento –con el debido respeto a los derechos y la reputación del otro– y no puede ser restringido ni limitado por las creencias o susceptibilidades de otros individuos.

Los derechos de propiedad intelectual, que solo se aplican a las creaciones e invenciones, no deben dar lugar a sistemas cerrados en el espacio de la información y la comunicación, ni tampoco deben utilizarse para restringir el debate público. El producto resultante del trabajo creativo de recolección, tratamiento y difusión de información confiere el derecho a una remuneración justa.

PRIVACIDAD

Quienes participan en el debate público deben poder preservar la confidencialidad de sus datos personales y de sus comunicaciones. En una sociedad democrática, el derecho a la privacidad sólo puede restringirse –y de manera proporcionada– para salvaguardar el orden público y la seguridad de las personas; prevenir crímenes; proteger la salud, los derechos y las libertades.

RESPONSABILIDAD

Otro principio esencial es que todos los participantes en el debate público asuman su responsabilidad, lo que implica que se conozca su identidad. Esto se conoce como el principio de transparencia y las excepciones a éste solo son legítimas si se realizan para preservar la seguridad de los participantes o a fin de facilitar la búsqueda de la verdad.

Quienes participan en el debate público son responsables del contenido que ellos mismos producen, del que difunden o ayudan a difundir. La responsabilidad se determina con base en las normas internacionales y las restricciones a la libertad de expresión contempladas en ellas.

TRANSPARENCIA DE LOS PODERES

Toda entidad del sector público o privado que goce de alguna forma de poder o de influencia tiene obligaciones de transparencia –dentro de los límites del interés público– proporcionales al poder o la influencia que ejerce en las personas y sus ideas.

Esta transparencia debe garantizarse de forma rápida, sincera y sistemática.

Entidades que crean medios, estructuras y normas de información y comunicación

RENDICIÓN DE CUENTAS

Cuando las entidades que contribuyen a estructurar el espacio de la información y la comunicación crean medios tecnológicos, estructuras que configuran opciones y normas, deben respetar los principios y las garantías que nutren y sustentan la naturaleza democrática de este espacio. Estas entidades deben rendir cuentas según el impacto de su contribución y en proporción a su participación.

NEUTRALIDAD POLÍTICA, IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA

Estas entidades, como las plataformas, deben cumplir plenamente con las normas relativas a la libertad de expresión y de opinión. Por ende, deben respetar la neutralidad política, ideológica y religiosa cuando estructuran el espacio de la información y la comunicación. Los sistemas que difunden y curan información e ideas deben ser neutrales respecto a los intereses de quienes los controlan, con excepción de la publicidad, que debe ser identificada como tal de manera explícita.

PLURALISMO

Estas entidades, incluidas las plataformas, deben promover la diversidad de ideas y de información, el pluralismo de los medios de comunicación y favorecer la serendipia. Las herramientas empleadas para agregar y curar contenidos –añadir, seleccionar y jerarquizar información– deben ofrecer soluciones alternativas, que permitan que exista pluralismo al agregar contenidos, favoreciendo así la libertad de elección del usuario.

INFORMACIÓN FIABLE

Este tipo de entidades deben implementar mecanismos que favorezcan la visibilidad de la información fidedigna. Estos mecanismos deben basarse en criterios como la transparencia y la independencia editorial, usar métodos de verificación y apegarse a la ética periodística. Asimismo, deben promover la integridad, la autenticidad, la trazabilidad de ideas y de información, para que se conozca su origen, modo de producción y difusión. Es necesario que se respete la neutralidad política, ideológica y religiosa a fin de favorecer la confiabilidad de la información.

TRANSPARENCIA EN LA INSPECCIÓN

Estas entidades deben ser previsibles para aquellos en quienes influyen, resistentes a cualquier intento de manipulación y estar abiertas a la inspección. Las plataformas deben ser transparentes respecto a sus algoritmos de curación, su moderación (humana y a través de programas), los contenidos patrocinados, la recopilación de datos personales y los acuerdos que pueden tener con los gobiernos.

INTEGRACIÓN DESDE EL DISEÑO

Estas entidades, como las plataformas, deben cumplir con todas las obligaciones antes mencionadas en la mayor medida posible, integrándolas desde la concepción de sus programas informáticos, algoritmos y objetos conectados. Estas entidades y servicios corporativos deben observar la debida diligencia.

Medios de comunicación y periodismo

FUNCIÓN SOCIAL DEL PERIODISMO

La función social del periodismo es ser “un tercero de confianza” para las sociedades y los individuos. Esto permite establecer controles, un equilibrio y el empoderamiento de los ciudadanos para que participen plenamente en la sociedad. La labor del periodismo consiste en dar cuenta de la realidad, mostrarla de la manera más amplia, profunda y pertinente posible, permitiendo el ejercicio del derecho a la libertad de opinión.

La labor del periodismo no solo consiste en mostrar los acontecimientos, sino también en explicar situaciones y cambios complejos, de manera amplia e inclusiva, permitiendo al público diferenciar lo importante de lo trivial. Debe reflejar los aspectos positivos y negativos de las actividades humanas y presentar posibles soluciones constructivas para responder a los grandes desafíos que enfrenta la sociedad.

DEONTOLOGÍA PERIODÍSTICA

Los periodistas pueden cumplir con su función social cuando se protegen sus derechos, cuando pueden trabajar libremente y cuando ellos mismos respetan sus obligaciones profesionales, señaladas en los textos relativos a la deontología periodística. El periodismo puede ser practicado por múltiples actores, sin importar su estatus, o si son o no profesionales.

Los periodistas deben comprometerse a tratar la información de manera que ésta sirva al interés general y al respeto de los derechos fundamentales de los individuos. Los reporteros no deben tratar la información como una mercancía. Motivados por la búsqueda de la verdad, deben esforzarse por mostrar los hechos de manera imparcial, dejando de lado sus propios intereses y prejuicios, rechazando cualquier forma de connivencia y procurando que su trabajo no se vea afectado por conflictos de interés.

LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LOS PERIODISTAS

El periodismo solo puede cumplir con su función social si se garantiza la libertad y la seguridad de los periodistas (también en Internet). Así, debe protegerse a los periodistas de toda forma de violencia, presión o discriminación, de procesos judiciales abusivos y de cualquier intento de erosionar su capacidad de cumplir su función social.

Los periodistas tienen derecho a proteger la confidencialidad de sus fuentes. Asimismo, se requiere una protección eficaz de los informantes (whistleblowers) para garantizar la transparencia de los diferentes poderes.

INDEPENDENCIA EDITORIAL

Los periodistas deben actuar con completa independencia de todas las formas de poder y libres de influencias indebidas, ya sean políticas, económicas, religiosas o de otro tipo. Cualquier violación de los principios de independencia, pluralismo y honestidad de la información por parte de las autoridades, los propietarios o los accionistas de los medios de comunicación, los anunciantes o los socios comerciales, constituye una violación de la libertad de información.

El financiamiento del periodismo por parte del gobierno o del sector privado no debe implicar que se imponga como condición influir en el contenido de la información o interferir en el juicio profesional del periodista.

SOSTENIBILIDAD DEL PERIODISMO

La función social del periodismo justifica un esfuerzo de las sociedades para garantizar su sustentabilidad financiera.

Hacia un marco internacional para la información y la democracia

La rendición de cuentas cuando se trata de prácticas que atraviesan diversas fronteras nacionales plantea cuestiones complejas, sobre todo en un campo que cambia rápidamente. La rendición de cuentas democrática requerirá de la constante participación de expertos que, equilibrando adecuadamente la representación mundial, realicen una evaluación rigurosa, basada en pruebas, de las prácticas y las condiciones de producción de conocimiento en el espacio global de la comunicación y la información. Para ello, deberá crearse un grupo internacional de expertos que, por su labor y financiamiento, sea independiente frente a las empresas privadas y los gobiernos. Este grupo estará facultado para investigar continuamente las prácticas de estos y sus consecuencias en los medios, las estructuras y las normas de la comunicación. Asimismo, el grupo deberá publicar informes periódicos y recomendaciones sobre las mejores prácticas.

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Libertad de Prensa en China continúa en estado crítico.

Estatua al Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo en Tamar Park, Hong-Kong

La situación de los Derechos Humanos en China dista mucho de mejorar.

A pesar del constante monitoreo de entidades tales como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Human Rights Watch (HRW), el gigante asiático persiste en la persecución y el encarcelamiento de disidentes y, sobre todo, de quienes se ocupan de informar al mundo de lo que ocurre tras las milenarias rocas de la Gran Muralla.

El escritor y activista pro Derechos Humanos Liu Xiaobo, firmante en 2008 de la Carta 08, fue detenido en 2019 bajo sospecha de “incitar a la subversión contra el poder del Estado” y condenado a once años de prisión.

El 13 de julio de 2017, ante la mirada atónita del mundo, Xiaobo moría entre rejas a causa de un cáncer por el que nunca recibió tratamiento. De nada sirvieron las múltiples peticiones de clemencia ni el haber resultado ganador del Premio Nobel de la Paz en 2010.

“Pese a la conmoción internacional que supuso la muerte de Liu Xiaobo, China persiste en su política de maltratar sistemáticamente a todos los periodistas detenidos”, informa Cédric Alviani, encargado del capítulo Asia de Reporteros Sin Fronteras.

También en 2017 y por las mismas causas, fallecía en reclusión el escritor y bloguero Yang Tongyan. Según RSF, dadas las malas condiciones de salud y la falta de asistencia médica, las vidas de los periodistas independientes Qin Yongmin y Huang Qi, junto al editor sueco Gui Minhai, están corriendo el mismo riesgo.

De los 180 países que se encuentran en la última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa realizada por Reporteros Sin Fronteras, China ocupa el lugar 177, por lo cual Alviani pide “intensificar la presión al régimen para que ponga en libertad a todos los defensores de la libertad que tiene detenidos”.

Cómo instalar inodoros sin agua y otras preocupaciones del comunismo chino

Empleados de la escuela del Partido Comunista Chino en Beijing guían a los periodistas en un recorrido por las instalaciones.

Los alumnos son catedráticos, doctores y licenciados, pero en el aula no debaten sobre astrofísica o termodinámica nuclear, sino sobre cómo poner en práctica el pensamiento del presidente chino, Xi Jinping, a la hora de instalar, por ejemplo, inodoros sin agua en el árido norte de China.

Esta es solo una de las enseñanzas que se imparten en una clase de la Escuela del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh), fundada hace 86 años y en la que se forman quienes serán los altos y medios dirigentes del gigante asiático.

La hoy majestuosa academia, cuyo complejo ocupa cientos de hectáreas junto al Palacio de Verano de Pekín, fue creada en una cueva en 1933 por los revolucionarios chinos, que se agazapaban en la suroriental provincia de Jiangxi en su guerra contra los nacionalistas del Kuomintang.

Entonces conocida como "La Academia Roja", hoy la escuela tiene piscina, cancha de tenis, lagos y grandes jardines jalonados de templetes y estatuas de Mao Zedong, además de caracteres labrados en piedra que expresan su pensamiento o el de Deng Xiaoping, impulsor de la reforma que abrió China a la economía de mercado.

Por sus aulas han pasado la mayoría de los líderes de la República Popular, desde Mao -que la dirigió entre 1942 y 1947- hasta los presidentes Liu Shaoqi o Hu Jintao y, por supuesto, Xi, quien también fue su máximo responsable de 2007 a 2013.

Un profesor propone un debate sobre los estándares de los inodoros durante una clase en la Academia Roja. (Leo Ramírez/AFP)
Un profesor propone un debate sobre los estándares de los inodoros durante una clase en la Academia Roja. (Leo Ramírez/AFP)

Y fue en 2018, ya con éste al mando de China, cuando la escuela se fusionó con la Academia China de Gobierno para incorporar un nuevo objetivo: "investigar y diseminar el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era", según los documentos del centro.

De hecho, en las clases -donde a los estudiantes se les muestran desde retretes de aspiración en seco hasta vídeos de Google sobre bicicletas que se conducen solas-, el pensamiento y el nombre de Xi se citan constantemente.

El profesor desgrana ideas sobre diversas materias y las va ilustrando con frases del líder supremo ante la atenta mirada de sus alumnos, en su gran mayoría hombres de entre 40 y 55 años.

"Es un centro de alta investigación filosófica e ideológica", explica el actual presidente de la Escuela, Chen Xi, miembro a su vez del todopoderoso Politburó del PCCh.

Wang Gan, vicedirector de planificación educativa, precisa que la academia está centrada en "diseminar las teorías del marxismo-leninismo" y en "ayudar a los chinos a encontrar soluciones para las decisiones del Comité Central".

"Aprendemos del pensamiento dialéctico e intentamos aplicar el conocimiento a la práctica, tal como defendía Mao", destaca por su parte Yan Xi, uno de los selectos profesores o "preparadores", catedrático además en la universidad pequinesa de Tsinghua.

Entre los problemas que más les ocupan, reconocen que una de sus prioridades es la de cómo reducir la brecha de ingresos en la China de hoy, una desigualdad que seguramente no imaginaban Marx ni Lenin cuando soñaban con la sociedad ideal comunista.

Estatua de Mao Zedong en la Academia Roja de los comunistas chinos. (REUTERS/Ben Blanchard)
Estatua de Mao Zedong en la Academia Roja de los comunistas chinos. (REUTERS/Ben Blanchard)

Pese a los centenares de millones de chinos que han salido de la pobreza en las últimas décadas, las grandes fortunas amasadas al calor de la economía de mercado conviven todavía con salarios ínfimos y condiciones de vida precarias en algunas partes del país.

Los responsables de la escuela niegan también que el avance tecnológico y los vertiginosos cambios de la sociedad china en los últimos años puedan estar alejando a los jóvenes del Partido.

En las clases se abordan todos los temas, aunque se prohíbe el debate sobre cuestiones espinosas como la masacre de Tiananmen de 1989 o la Revolución Cultural (1966-1976), el proceso de eliminación de la disidencia promovido por Mao para afianzar su liderazgo.

"Prohibimos el debate sobre asuntos que van contra las decisiones o las directrices del Partido, aunque los estudiamos para aprender de ellos y empujar la historia hacia adelante", sostiene Wang.

La Escuela del Comité Central de Pekín es la cúspide de un sistema formado por más de 2.500 centros repartidos por todas las provincias del país, donde incluso algunas empresas estatales poseen su "academia roja".

Aunque la inmensa mayoría de los alumnos son convencidos miembros del PCCh, la afiliación al partido no es una condición indispensable para entrar en estos centros, aunque en la práctica son muy pocos los que acceden sin el carné de la omnipotente organización.

En la prestigiosa escuela de la capital, que acoge a los llamados a ser grandes líderes, estudian este año 1.500 alumnos, muchos de ellos alojados en el propio centro, en habitaciones austeras pero confortables. En las estanterías frente a las camas, las obras completas de Xi y los manuales de marxismo-leninismo comparten espacio incluso con algún que otro tratado de teología.

Acceso a Internet es un derecho humano, señala declaración

Cubanos conectados a Internet desde un punto Wi-Fi en La Habana. (Archivo)

Relatores especiales de importantes organismos internacionales emitieron en Londres la declaración conjunta “Desafíos para la libertad de expresión en la próxima década”, a partir de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2019, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La declaración del miércoles se enfocó en la creación de un mejor ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión, la búsqueda de “una Internet libre, abierta e inclusiva”, así como la denuncia del “control privado como amenaza de la libertad de expresión”.

El uso de la Internet es "un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión", subrayó el texto.

Los Estados deben evitar "interrupciones o bloqueos en la red de Internet o en la infraestructura de las telecomunicaciones", precisó la declaración.

Relatores especiales sobre la libertad de expresión, reunidos en Londres, 10 de julio de 2019.
Relatores especiales sobre la libertad de expresión, reunidos en Londres, 10 de julio de 2019.

El informe fue rubricado por los siguientes altos cargos: El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).

Trabajador de la radio en Honduras, asesinado en 2014.
Trabajador de la radio en Honduras, asesinado en 2014.

El documento expresó la preocupación por “(…) los persistentes intentos por controlar los medios privados, incluso mediante reglamentación”.

Otra preocupación es "el incremento en la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, el control político sobre las insuficientes asignaciones financieras a los medios de servicio público" y "las fallas en el desarrollo sostenible de la radiodifusión comunitaria".

Los reunidos bajo la “Relatoría Especial para la Libertad de Expresión” denunciaron “la continua prevalencia de restricciones legales indebidas sobre la expresión en línea y su aplicación abusiva, y destacando la importancia de que los Estados respeten las obligaciones establecidas en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al imponer restricciones a la libertad de expresión”.

Buscando un mejor ambiente para la libertad de expresión, el mecanismo internacional que acaba de salir a la luz insiste en que los gobiernos se aseguren de “Tomar medidas inmediatas y significativas para proteger la seguridad de los periodistas y otras personas que sean atacadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y poner fin a la impunidad de dichos ataques”.

Sin hacer mención a países o nombres de las víctimas, los firmantes exigieron a los gobiernos: “Respetar las normas internacionales de derechos humanos, incluidas aquellas relacionadas con la transparencia, al intentar regular o influir en las expresiones que circulan en las plataformas y medios en línea”.

Ante la necesidad de una Internet libre, los relatores pidieron a los Estados “abstenerse de realizar restricciones arbitrarias o ilegales al uso de las tecnologías de encriptación y anonimato”, así como“tomar medidas inmediatas a largo plazo para prohibir la vigilancia ilegal o arbitraria y el tráfico irresponsable de herramientas de la industria comercial de spyware, que poseen considerables efectos perjudiciales sobre el ejercicio de la libertad de opinión y expresión”.

En un mapa interactivo insertado en la página oficial de la OEA ha sido expuesta la escalofriante cifra de que “cada 14 días, un periodista es asesinado en el continente americano”, en base a datos obtenidos entre 2010 y 2015.

Solidaridad mundial por los uigures confinados en China

Un hombre uigur observa un camión que transporta policías paramilitares durante un mitin de juramento antiterrorista en Urumqi, Región Autónoma Uigur de Xinjiang, en 2014 (Archivo).

Veintidós países le pidieron al gobierno de China en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra que detenga el confinamiento masivo de miembros de la etnia uigur en la zona de Xinjiang, en el noroeste del país.

Según expertos de la ONU y activistas locales, al menos un millón de uigures y miembros de otros grupos musulmanes permanecen internados en campos de detención que, de acuerdo con Pekín, son centros vocacionales para acabar con el extremismo y darles capacitación a los internados.

Sin embargo, Amnistía Internacional dice que son campos de concentración con más de un millón de reos, e imágenes captadas por periodistas como Isobel Yeung, de Vice News, muestran esos campamentos con puertas de rejas, guardias de seguridad y muros cubiertos con alambre de púa.

Mujeres uigures decoran una tumba en las afueras de Hotan, en la región de Xinjiang (Foto: AFP).
Mujeres uigures decoran una tumba en las afueras de Hotan, en la región de Xinjiang (Foto: AFP).

Cuando ella y su equipo visitaron Xinjiang estaban bajo permanente vigilancia de agentes vestidos de civil, y alguien que habló sin revelar su identidad les dijo que lejos de entrar voluntariamente en los “centros vocacionales”, las personas solo iban allí llevadas por la policía local.

La denuncia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aparece en una carta firmada por embajadores de 22 países, entre ellos Gran Bretaña, Alemania, Francia, Australia, Canadá, Japón y Suiza.

Aunque el texto no fue presentado como un proyecto de resolución por temor a represalias económicas de Pekín, según dijo un diplomático occidental a la agencia Reuters, es la primera acción colectiva sobre el caso.

Estados Unidos no forma parte del grupo porque abandonó el Consejo, pero a principios de mayo, el Subsecretario de Defensa para Asia y el Pacífico, Randall Schriver, calificó esos centros de “campos de concentración”. Asimismo, el gobierno ha exigido a China la libertad de los detenidos.

Personas que estuvieron detenidas en los campamentos de Xinjiang le dijeron a Reuters que habían sido torturadas durante interrogatorios, que vivían aglomeradas en celdas y que el régimen de adoctrinamiento era tan brutal que algunos de los internados se suicidaron.

“Le pedimos a China que respete sus leyes nacionales, sus obligaciones internacionales, los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la libertad de religión y de fe en Xinjiang y en toda China”, dice la carta. “Pedimos también que se abstenga de cometer detenciones arbitrarias y de restringir la libertad de movimiento de los uigures y de otras comunidades musulmanas minoritarias en Xinjiang”.

El documento solicita que el gobierno chino permita la entrada en Xinjiang de expertos internacionales, entre ellos la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet.

El embajador chino en Ginebra declaró en junio que Bachelet sería bienvenida en Xinjiang. Un vocero de la ONU dijo entonces que se estaban discutiendo los términos de la visita.

Crean plataforma contra el acoso digital a los periodistas

Una protesta de representantes de IPI y otras organizaciones en Estambul, el 31 de octubre de 2017 (Yasin Akgul, AFP).

El acoso –léase chantaje, amenazas, ofensas, obscenidades, etc.- del que son víctimas los trabajadores del periodismo digital, ha llevado al Instituto Internacional de la Prensa (IPI) al lanzamiento de una nueva plataforma con el objetivo de proteger a los periodistas de esas prácticas cada vez más usuales.

Según estudios realizados, los efectos nocivos de esas prácticas no se limitan sólo a los trabajadores del gremio informativo, sino que “el acoso electrónico amenaza el derecho del público a la independencia de las noticias y a un entorno de medios pluralistas, dos elementos esenciales para la democracia”.

En su comunicado, emitido recientemente en Viena, Austria, el IPI advierte sobre las diferentes modalidades que adopta el acoso, que van, entre otras, desde amenazas de daños físicos, hasta el común “trolling” –ridiculizar al sujeto o a sus efectos a alguno de sus allegados, valiéndose de los famosos “memes”, calumnias, rumores, etc., con lo cual buscan “silenciar a los periodistas que cubren determinados temas políticos, sociales, o que expresan opiniones diferentes”.

“Consiguen la meta –continúa relatando el informe de IPI- generando miedo y autocensura entre los periodistas, desacreditándolos en público, lo cual lleva a la pérdida de confianza”.

Más adelante, Barbara Trionfi, directora ejecutiva del Instituto Internacional de la Prensa, agrega: “Al proporcionar estas herramientas, nuestro objetivo es ayudar a contrarrestar no sólo el impacto negativo a nivel personal y profesional del acoso a los periodistas de internet, sino contribuir a prevenir la autocensura que se deriva de esos ataques”.

El IPI, integrado por más de cien países, ha dedicado cuatro años a la investigación del acoso a los periodistas en diferentes países.

La plataforma recién creada se inserta en “Ontheline”, una investigación coordinada entre el Instituto Internacional de la Prensa y la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información (PDLI), del que España ha servido como instrumento de muestra para la investigación.

Los resultados de dichas pesquisas han arrojado que el acoso sobre los periodistas digitales “afecta especialmente a las mujeres por la intensidad de los insultos y las campañas de coacción de las que son objeto”.

Los trabajadores del gremio que fueron entrevistados expusieron la necesidad urgente de crear un protocolo en las redacciones que diera respuesta inmediata y eficiente a las diferentes manifestaciones del acoso digital.

Este es, también, el tema del documental Un lugar oscuro, producido por la Oficina de Libertad de Medios de la OSCE y el IPI y que cuenta con la dirección del español Javier Luque. Este documental narra las experiencias de periodistas de España, Reino Unido, Estados Unidos, Turquía, Rusia Finlandia y Serbia.

(Con información de la agencia de prensa Efe)

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