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Derechos Humanos

Representante de la UE para los Derechos Humanos pide “liberación inmediata” de los detenidos en Cuba por el 11J

Agentes de civil arrestan violentamente a los manifestantes el 11 de julio en La Habana.

Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, pidió este martes la “liberación inmediata de todos los presos detenidos arbitrariamente” en Cuba, tras las protestas del 11 de julio.

En respuesta a una carta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el alto funcionario europeo afirma que “la detención arbitraria de activistas políticos, manifestantes y periodistas es inaceptable, y los informes sobre juicios sumarios son extremadamente preocupantes”.

“El Gobierno debe garantizar el debido proceso. Quisiera reiterar los llamamientos para la liberación inmediata de todos los presos detenidos arbitrariamente”, señaló Gilmore.

Con respecto a la muerte del ciudadano Diubis Laurencio Tejada, el funcionario aseguró que “la UE seguirá este camino de cerca y seguirá exigiendo que se haga justicia”, en el proceso supuestamente abierto por la Fiscalía Militar de Cuba contra el policía que disparó a matar.

La respuesta del representante especial de la UE para los Derechos Humanos también considera “importante que el Gobierno cubano entable un diálogo inclusivo con sus ciudadanos, para garantizar que se encuentren soluciones que beneficien a todos”.

“Profunda crisis, hambre… agravios legítimos”

“Las protestas surgieron como resultado de agravios legítimos”, indicó Gilmore, para luego afirmar que “la profunda crisis económica del país, agravada por factores externos, ha provocado hambre, colas para la comida y otros productos básicos, falta de agua y medicinas básicas, entre otras cosas”.

Sobre posibles castigos individuales contra los represores, Gilmore asegura que “corresponde a los Estados miembros y/o al Alto Representante [Josep Borrell] proponer las listas del Régimen de Sanciones Globales de Derechos Humanos de la UE que consideren más adecuadas”, para que “el Consejo decida sobre esas propuestas”.

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Menores presos por manifestarse el 11J permanecen en régimen "abusivo", denuncia madre de uno de ellos

Brandon David Becerra Curbelo, de 17 años, manifestante del 11J (Foto tomada de Facebook)

Brandon David Becerra, de 17 años, detenido por manifestarse el 11 de julio en La Habana, recibió el sábado, por primera vez tras más de tres meses de encarcelamiento, la visita de su madre, Yanaisy Curbelo, en la Prisión de Jóvenes de Occidente, en El Guatao.

Curbelo dijo en conversación con Radio Martí que el régimen impuesto en esa cárcel a los menores detenidos por la protestas del 11 de julio es abusivo.

“Ni tomar agua puede cuando estás hablando con él”, se quejó la madre de Brandon, agregando que a su hijo no llegaron a darle golpes pero, “a otros muchachitos sí dicen que los han golpeado, y a muchos los pusieron bajo el sol muchas horas”.

“Tienen un régimen, ahí, con esos niños, que es abusivo, muchas cosas no te las dejan pasar; él, con la mascarilla arriba (puesta), no puedes ni prácticamente abrazarlo, y ellos (los guardias) con la mascarilla abajo, fumando”, denunció Curbelo.

Becerra expresó a su madre que son muchos los jóvenes que permanecen detenidos por manifestarse el 11 de julio en la prisión de menores de El Guatao, en La Lisa, La Habana.

“Por ejemplo, en la compañía de mi hijo, que es la 15, todos están por la misma causa; hay como 77 muchachitos ahí, y él (Brandon) me dijo: ‘mamá, los que están aquí, no son todos los que tú ves, la mitad están allá adentro porque los padres no han venido a verlos”, explicó Curbelo.

Brandon David Becerra Curbelo fue arrestado en la tarde del 16 de julio, cuando se encontraba en un restaurante en la esquina de su casa, en 10 de octubre, La Habana. Lo esposaron, le quitaron el móvil y se lo llevaron, según contó su hermano, de 12 años, testigo de los hechos.

Con 17 años, manifestante del 11J puede ser condenado a 18 años de cárcel
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Según Yanaisy Curbelo, su hijo Brandon permanecía en prisión por los cargos de desorden público, propagación de epidemia y atentado, pero ahora le han entregado una petición fiscal en la cual le piden 18 años de cárcel por el delito de “sedición”.

“Sedición, 18 años”, afirmó la madre del manifestante detenido.

En ningún momento mi hijo Brandon David sale en ningún video cometiendo un acto vandálico, afirmó Yanaisy la mujer.

“Dice la policía que él tiró piedras a las patrullas, que él viró las patrullas y él no hizo eso porque, primeramente, él no sale en ningún video haciendo eso, él se ve en una esquina. Esos niños, la mayoría, ninguno tiene ese expediente”, argumentó.

Yanaisy Curbelo se refiere a su hijo Brandon como un muchacho que “estudiaba la licenciatura en Lengua Española, no tiene un antecedente, es bueno, nunca le habían puesto unas esposas”.

“Yo, sinceramente, tengo mucho miedo, y lo que pienso es que puede ser sancionado de verdad con esa sentencia, como sacrificio, para dar ejemplo a los otros que se quieran manifestar, que no lo hagan”, lamentó Curbelo.

Amnistía Internacional denuncia intolerancia del régimen cubano y les advierte: "Estaremos vigilando"

Díaz-Canel y sus acompañantes en San Antonio de los Baños, el pueblo que inició la chispa del estallido nacional contra el régimen comunista.

La organización Amnistía Internacional afirmó este viernes que la respuesta negativa del gobierno cubano a las peticiones de la sociedad civil para llevar a cabo la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre, es otro ejemplo más de intolerancia a la libertad de expresión.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, explicó en un comunicado que “grupos de personas de varias provincias del país han estado entregando, en las últimas semanas, solicitudes a los diferentes gobiernos locales para pedir autorización de llevar a cabo marchas pacíficas, organizadas de forma clara y definida en un ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión".

"En lugar de garantizar estos derechos, el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel ha declarado que estas marchas cívicas son ‘ilícitas’ y ‘anticonstitucionales’, violando nuevamente el derecho a la protesta pacífica en Cuba”, dijo la representante.

La prestigiosa organización afirmó que la comunidad internacional no debe olvidar los cientos de personas que fueron detenidas durante las históricas protestas del 11 de julio pasado.

“Amnistía Internacional ha recibido reportes de detenciones arbitrarias de activistas, hostigamiento, acoso y vigilancia, de parte de agentes de seguridad, hacia quienes se han sumado a la convocatoria organizada por el grupo Archipiélago. Esta respuesta de las autoridades es consistente con la política de represión aplicada durante décadas en Cuba, que criminaliza la protesta pacífica y encarcela y maltrata a personas cubanas de toda condición sólo por expresar sus opiniones. Estaremos vigilando la actuación de las autoridades, para denunciar cualquier acto de represión contra quienes se manifiestan”, agregó el comunicado.

“La comunidad internacional no debe olvidar los cientos de personas que fueron detenidas durante las históricas protestas del 11 de julio pasado, simplemente por ejercer pacíficamente su derecho, así como las seis personas presas de conciencia que Amnistía Internacional nombró poco después de los hechos, como un gesto simbólico hacia los muchos cientos más que seguramente merecen esta designación, que deben ser liberados inmediata e incondicionalmente", concluyó.

Piden a Bachelet acciones urgentes para garantizar derecho de los cubanos a manifestarse sin ser reprimidos

Michelle Bachelet en la sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada el 13 de septiembre en Ginebra.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) solicitó este viernes a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que promueva una iniciativa internacional en favor del derecho de los cubanos a manifestarse libremente sin ser reprimidos y exija al gobierno cubano la liberación de todos los prisioneros políticos.

El organismo, por medio de una carta suscrita por Alejandro Gonzalez Raga, su director ejecutivo, ha lanzado un mensaje urgente de alerta, dada la prohibición decretada por las autoridades, la voluntad de los convocantes de mantener la marcha y el peligro de que se repitan acciones violentas contra los manifestantes, como los vividos en julio pasado.

“La respuesta del gobierno ha sido la expulsión de sus centros de trabajo de algunos organizadores y la amenaza de la Fiscalía General de la República de que deberán enfrentar las consecuencias si deciden marchar”, dice el texto.

La carta recuerda la represión desatada en el marco de las protestas de julio, expresando que Bachelet “no debe permanecer en silencio cuando son violados gravemente los derechos de cientos de cubanos, en su gran mayoría jóvenes y entre ellos al menos 27 menores de edad”, en referencia a quienes se mantienen detenidos, y apela a su condición de víctima de la represión bajo la dictadura de Pinochet para pedirle empatía con los “cubanos que sufren por querer ejercer sus derechos”.

Junto a la carta, el OCDH envió un informe jurídico que reafirma la legitimidad de la marcha del 15 de noviembre, basándose en las propias leyes cubanas y en los compromisos internacionales que el gobierno de Cuba está obligado a cumplir, en materia de derechos humanos.

Las respuestas gubernamentales sobre la prohibición, calcadas unas de otras, fueron informadas a los convocantes por las autoridades de cada municipio.

En este sentido, según el informe, queda claro que el intendente municipal (alcalde) «no tiene reconocido ni declarado, dentro del ordenamiento jurídico nacional, facultades legales para la interpretación del alcance y limitación de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución».

Además, «la protesta social es una conjugación de varios derechos humanos, mediante el uso de los espacios públicos. Incluye el ejercicio de las libertades de opinión y expresión, el derecho de reunión, manifestación y asociación».

Para el OCDH, «las opiniones o condiciones políticas de los promotores de la marcha, no los sustrae de su condición humana, ni de sus derechos fundamentales universales. Argumentar la negativa de derechos en tales razones, constituye discriminación».

Documentos adjuntos

Carta a Bachelet
Postura del OCDH acerca de la legitimidad del 15N

CIDH analiza la situación de derechos humanos en el contexto de la protestas en Cuba (VIDEO)

Multitudinaria protesta en San Antonio de los Baños, Cuba.

Activistas cubanos en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaron sobre la respuesta del gobierno cubano a las protestas del pasado 11 de julio.

La directora de Cubalex, Laritza Diversent, dijo que más de mil personas fueron detenidas durante las protestas, de las cuales más de 500 siguen encarceladas y otras muchas se encuentran bajo arresto domiciliario.

También quiso alertar sobre los esfuerzos del gobierno para limitar la libertad de expresión, señalando que, después de las protestas del 11 de julio, se puso en vigor el Decreto Ley número 35 que legaliza los cortes masivos de acceso a Internet e impone a los operadores o proveedores del servicio público de telecomunicaciones la obligación de monitorear los contenidos en Internet.

“Bajo esta normativa, la transmisión en vivo de una manifestación o la convocatoria online de protesta fue calificada como difusión dañina ciberterrorismo, ciberguerra y subvención social”, señaló Diversent.

Michel Matos, del Movimiento San Isidro, habló de la represión y censura contra los artistas señalando que la detención es un recurso utilizado para callar el disenso de los artistas.

Osvaldo Navarro Veloz, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, declaró que varias fueron las crisis que encendieron el motor de la inconformidad popular reflejada en las calles el pasado 11 de julio, entre ellas, “la crisis de confianza política hacia el Estado y sus instituciones, la de los ingresos que se conecta con la reconfiguración de la pobreza y las desigualdades, la crisis sanitaria, la económica y la de derechos civiles y politicos”.

Marthadela Tamayo, también del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, presentó algunas de las peticiones de los activistas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas, “hacer un pronunciamiento público sobre la respuesta negativa que dio el gobierno cubano a la solicitud popular de realizar otra manifestación pacífica el 15 de noviembre”.

También pidieron a la Comisión seguir de cerca el desarrollo de esa situación y exhortar al gobierno cubano a la apertura de una mesa de diálogo con los manifestantes.

Por su parte, el relator de la CIDH para Cuba, Stuardo Ralón, declaró que una de las cosas que le preocupa a la comisión es una serie de violaciones al debido proceso y de penas desproporcionadas.

“Este tipo de procesos sumarios donde no hay garantías, donde vemos penas de prisión de 18 años de cárcel o de varios años de cárcel en otros casos, simplemente por ejercer un derecho a manifestar que debería estar protegido y garantizado y que, lejos de ello, se pretende poner sanciones con el fin de estigmatizar, de desalentar la voz que exige precisamente esos cambios y esas libertades”, opinó Ralón.

Ralón dijo que son de importancia los movimientos de manifestaciones y de protesta pacífica que se están realizando en forma espontánea por la ciudadanía y que “las voces de las organizaciones de la sociedad civil evidencian y visibilizan que hay necesidad de un cambio de régimen a una apertura democrática para que se pueda hablar de derechos humanos en la isla”.

Naciones Unidas declara “arbitraria” la privación de libertad de Denis Solís y Luis Robles

Luis Robles protestó en diciembre de 2020 con un cartel en La Habana en apoyo a Denis Solís. (Captura de video/Facebook)

Naciones Unidas ha declarado “arbitraria” la privación de libertad de los activistas cubanos Denis Solís González y Luis Robles Elizástegui.

“Es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, indica el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, dado a conocer este miércoles por Cuban Prisoners Defender (CPD), la organización que denunció los hechos.

En este sentido, Naciones Unidas “urge” al gobierno de Cuba a adoptar “las medidas necesarias para remediar la situación” de Solís y Robles, “sin dilación”. Asimismo, exhorta al régimen cubano a “adherirse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

“El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a Denis Solís y Luis Robles inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización”, añade el dictamen.

Para Javier Larrondo, presidente de CPD, la decisión “es de la máxima importancia, pues ambos casos son la raíz de las reivindicaciones del Movimiento San Isidro y el Movimiento 27N”.

ONU se pronuncia sobre violación de derechos fundamnetales a Denis Solís y Luis Robles
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“Todo lo que ha acontecido desde entonces, como las manifestaciones del 11 de julio, ha sido, de una manera u otra, marcado por estos dos casos”, apuntó el activista en declaraciones a Radio Televisión Martí.

En su opinión, “Naciones Unidas da así un espaldarazo a la inminente manifestación del 15N en Cuba, que las autoridades han prohibido”.

El dictamen del Grupo de Trabajo insta además al gobierno de Cuba a llevar a cabo “una investigación exhaustiva e independiente” sobre el caso y a adoptar “las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”.

Asimismo, remite el caso a los relatores especiales de la ONU que investigan la independencia de jueces y abogados, la tortura y los derechos culturales, para que tomen las medidas correspondientes.

Según el organismo, la decisión será mencionada en su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos.

Esta misma semana, el Tribunal Popular de La Habana denegó una cuarta solicitud para un cambio de medida cautelar a favor de Robles Elizástegui, por lo que permanecerá en prisión provisional hasta el día del juicio.

Robles fue detenido cuando protestaba pacíficamente en el boulevard de San Rafael, en La Habana, pidiendo la libertad del rapero Denis Solís. La Fiscalía le pide seis años de privación de libertad por los supuestos delitos de "propaganda enemiga y desobediencia".

Solís fue liberado el pasado 11 de julio, tras ocho meses de prisión.

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