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Venezuela

Representante de Guaidó denuncia ante la OEA injerencia de Cuba y Rusia

El representante de Juan Guaidó durante su primera intervención ante el Consejo Permanente de la OEA.

El representante del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre, denunció este martes la "injerencia permanente de Cuba y Rusia" en su país.

"El gobierno usurpador no defiende la soberanía nacional vulnerada por la injerencia permanente de Cuba, de Rusia, del narcotráfico, de grupos terroristas y de guerrilleros extranjeros", señaló.

El representante de Guaidó criticó al gobierno de Nicolás Maduro por no hacer "respetar la integridad del territorio", y por no prestar "los servicios esenciales de electricidad, suministro de agua, transporte, abastecimiento y seguridad".

Tarre denuncia "injerencia permanente de Cuba y Rusia" en Venezuela
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Tarre denunció que mientras los sistemas de educación y salud en Venezuela están "destruidos", y los servicios básicos no funcionan, "la única función estatal que ejerce Nicolás Maduro es la represión y el uso de la fuerza para sembrar la muerte y el desasosiego" en el país.

Argumentó, además, que Nicolás Maduro no puede seguir siendo reconocido como presidente de Venezuela porque no cumple con la obligación de proteger a su pueblo.

Tarre pronunció su primer discurso ante el organismo durante una sesión celebrada por el Consejo Permanente, al cumplirse exactamente tres meses desde que Guaidó asumió la presidencia de Venezuela.

El diplomático planea seguir asistiendo a las sesiones de la organización en representación a su país, pese a que el gobierno de Nicolás Maduro anunció planes de celebrar la salida de la OEA el próximo sábado 27.

Reconocido como embajador con el voto a favor de 18 países, Tarre dijo que planea gestionar el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos y buscará apoyo técnico para la celebración de elecciones presidenciales en su país.

(Con reporte de Michelle Sagué e información de AP)

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Inhabilitan a Guaidó, no podrá ejercer cargos públicos en Venezuela

Juan Guaidó habla durante una conferencia de prensa. AP/ Ariana Cubillos

La medida se extiende también a otros 27 diputados en el exilio. Los señalados recuerdan que no reconocen la legitimidad del Contralor General del país, pero opinan que estas sanciones lastrarán el eventual regreso de la oposición a la vía electoral.

MARACAIBO, VENEZUELA. - El Contralor General de Venezuela inhabilitó para ejercer cargos públicos a 28 diputados, entre los que sobresale el líder opositor Juan Guaidó, considerado presidente interino del país por medio centenar de gobiernos del mundo.

Elvis Amoroso, un exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela -y al que Estados Unidos sancionó en 2017- reveló que las medidas obedecen a que los parlamentarios no presentaron su declaración jurada de bienes.

Detalló que la decisión abarca “el período máximo previsto en el decreto contra la corrupción”, es decir, 15 años, hasta el año 2036. Según el funcionario, los legisladores “se negaron a declarar porque ocultan algo o se enriquecieron ilícitamente” y prometió revelar precisiones sobre ello en días próximos.

Además de Guaidó, la lista de políticos venezolanos inhabilitados incluye a Julio Borges, máximo representante internacional del líder opositor, y a otros diputados que se encuentran en el exilio, como Tomás Guanipa, Ismael García, Armando Armas, José Manuel Olivares y Mariela Magallanes.

También, están incluidos los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia, que acompañaron a Guaidó en la última directiva parlamentaria, y Germán Ferrer, esposo de la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.

Américo De Grazia, otro de los inhabilitados, que reside en Italia, considera que la sanción es “una raya más para un tigre”, luego que el madurismo lo obligara al exilio, le despojara de su emisora radial y su pasaporte, le dictara auto de detención e, incluso, le golpeara -cuenta- en no menos de cuatro oportunidades.

“Que me inhabiliten por 15 años más es una raya más para un tigre”, afirmó a la Voz de América. El legislador dijo comprender a sus colegas que, al residir en Venezuela, deban rendir cuentas o entregar reportes de sus finanzas personales a instituciones como Amoroso, a quien llama “usurpador”.

Las inhabilitaciones se conocen en momentos cuando no pocos partidos de la oposición venezolana contemplan la posibilidad de participar en las elecciones regionales de este año, en contra de la opinión de Guaidó.

Ocurren, asimismo, días luego de que la Unión Europea aprobara nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que tuvieron roles protagónicos en las elecciones legislativas de diciembre pasado, que los países del bloque no reconocen por no haber cumplido con las mínimas garantías de una votación limpia, justa y transparente.

La organización no gubernamental Acceso a la Justicia registró hasta 2017 al menos 1.400 inhabilitaciones políticas en Venezuela, entre 2002 y 2017. Entre los dirigentes que han sido afectados por esas medidas están Henrique Capriles Radonski y Manuel Rosales, excandidatos presidenciales, y Leopoldo López, mentor de Guaidó y que abandonó Venezuela rumbo a España en octubre de 2020.

Autoridad "Usurpada"

Guaidó valoró el anuncio del contralor general de Venezuela como “acciones de la dictadura que cierran la puerta a unas elecciones libres” y reiteró su compromiso en procurar activamente el regreso de la democracia al país.

“Amenacen todo lo que quieran que nosotros seguimos aquí trabajando”, escribió en su cuenta de Twitter. Un comunicado de su despacho resaltó posteriormente que las “supuestas inhabilitaciones” a Guaidó suman más de 60 años de sentencias “sin valor práctico”.

La contraloría general ya había sancionado a Guaidó en marzo de 2019 y lo había inhabilitado por 15 años por presuntas “inconsistencias” entre su nivel de ingresos y su nivel de gastos, en referencia a sus viajes al exterior desde 2015.

“Esta nueva acción contra el Presidente Guaidó y contra nuestros diputados es una muestra de la ausencia absoluta de condiciones para ejercer la política en Venezuela”, rezó el texto divulgado por sus colaboradores.

Ismael García, uno de los inhabilitados, recordó que la oposición y la comunidad internacional no reconocen a Amoroso como funcionario legítimo debido a su designación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria en 2018 no se consultó en referendo popular.

Maduro siempre buscará todos los caminos que permitan desmotivar la participación y el voto”
Ismael García, diputado inhabilitado

“El artículo 138 de la Constitución establece que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos, nulos”, declaró a la VOA desde su exilio en Costa Rica.

García consideró que las sanciones nacen del “chantaje, la intimidación y la persecución” del madurismo, y advirtió que hacen flaco favor a las eventuales negociaciones de alto nivel que pudiera haber para zanjar la crisis venezolana.

“Maduro siempre buscará todos los caminos que permitan desmotivar la participación y el voto. En la práctica, no ganaría ninguna elección con alguna condición o garantía”, remarca.

Tras reprochar la “conducta moral” y el pasado político de Amoroso, García estimó que la inhabilitación más notoria en Venezuela es la crisis en sí misma, marcada por la hiperinflación, la escasez y las complicaciones sanitarias durante la pandemia del COVID-19. “Tenemos a un pueblo inhabilitado”, dijo.

Amoroso, en su conferencia de prensa, pidió a la comunidad internacional “respeto y consideración” a sus decisiones. “Estos ciudadanos no se han ajustado a derecho”, justificó el funcionario madurista.

Guanipa, primer vicepresidente de la directiva parlamentaria de 2020, dijo en Twitter que le tenía “sin cuidado” lo que Maduro y “sus cómplices” hicieran para sancionarle. “Que el usurpador de la Contraloría haga un anuncio de inhabilitaciones es algo que simplemente desconocemos”, indicó.

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y dirigente de la oposición asilado en España, llamó a Amoroso “sicario de un régimen ilegítimo” y estimó que una inhabilitación de su parte no debe considerarse como un castigo, sino un honor.

Embajador de EEUU en Venezuela informa de reunión con líderes de la oposición y la sociedad civil

El embajador de EEUU en Venezuela, James Story.

El embajador de Estados Unidos en Venezuela James “Jimmy” Story elogió en Twitter la iniciativa del gobierno interino de Juan Guaidó y su delegación presidencial de realizar reuniones de líderes políticos, actores de la sociedad civil y del sector privado para dar a conocer una visión unitaria de sus soluciones a altos funcionarios de EEUU.

El diputado del partido gobernante Jorge Rodríguez reaccionó diciendo que “tenemos a alguien escuchando todo. Seguiremos informando. Y nosotros, el pueblo de Venezuela, quienes estamos del lado correcto de la historia, el de la libertad, la independencia y la soberanía, Venceremos!!”.

“Jimmy” Story, también por medio de Twitter, invitó a Rodríguez a su programa del jueves, Aló Embajador, para conversar. Dijo además que “le complace ver que el régimen finalmente estará escuchando a actores políticos, el sector privado y la sociedad civil que opinan diferente; nos gustaría ver una conferencia similar en Venezuela, donde los participantes no terminen encarcelados por expresar su opinión y la verdad”.

Agregó el funcionario de la administración Biden que mientras “el régimen intenta dividir al pueblo venezolano, representantes del gobierno interino se mantienen firmes en el trabajo conjunto para devolver la democracia y el respeto por los derechos humanos a Venezuela. El pueblo venezolano se mantiene fuerte”.

UE impone sanciones a 19 venezolanos por comicios de diciembre

Parlamento de la Unión Europea en plena sesión, diciembre 2020

La Unión Europea impuso el lunes sanciones a 19 altos funcionarios venezolanos, legisladores y miembros de las fuerzas de seguridad en respuesta a las elecciones legislativas de diciembre que, según el bloque, estaban amañadas a favor del presidente Nicolás Maduro.

Los aliados de Maduro ganaron casi todos los escaños de la legislatura en una votación que también fue desautorizada por Estados Unidos y vista en Occidente como una forma para que el presidente tomara el control de la única instancia de poder que aún no estaba en sus manos.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE aprobaron las sanciones el lunes, elevando a 55 el número total de venezolanos incluidos en la lista negra del bloque.

En Caracas, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, rechazó las nuevas sanciones.

"Señalar con falsos argumentos a ciudadanas y ciudadanos honorables, como reacción ante la frustración de un grupo de estados miembros de la Unión Europea por la manifiesta ineficacia de sus acciones para forzar un cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela, no es más que otra torpe decisión", agregó Arreaza en el comunicado divulgado en su cuenta de Twitter.

Al igual que Estados Unidos, la UE ha intensificado las sanciones contra Maduro en los últimos dos años, argumentando que la reelección de Maduro en 2018 fue una farsa, aunque las medidas aún no han logrado su objetivo declarado de provocar nuevas elecciones presidenciales.

"Las personas agregadas a la lista son responsables (...) de socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales", dijo la UE en un comunicado.

Entre los sancionados se encuentran dos legisladores de lo que la UE llamó la Asamblea Nacional elegida no democráticamente: Bernabé Gutiérrez y José Brito, que fueran de partidos de la oposición y son vistos como cercanos al gobierno.

La UE también sancionó a Omar Prieto, gobernador del petrolero estado Zulia; a Remigio Ceballos Ichaso, jefe del comando operativo de las Fuerzas Armadas, y a tres funcionarios del Consejo Nacional Electoral, entre ellos su presidenta, Indira Alfonzo.

Las nuevas prohibiciones de viaje y congelación de activos también se dirigieron a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y marcaron un endurecimiento de su enfoque de sanciones al apuntar a líderes políticos que se describen a sí mismos como miembros de la oposición, pero que se consideran aliados de Maduro.

Una gran parte de países occidentales acusa a Maduro de abusos contra los derechos humanos, socavar la democracia y avivar la hiperinflación que ha arrastrado a la nación andina productora de petróleo hacia el colapso económico.

Maduro dice que la situación económica de Venezuela es el resultado de las sanciones de Estados Unidos, que han paralizado las exportaciones de petróleo y le han impedido importar combustible.

“Falta mucho por decir”: activistas venezolanos sobre informe de relatora de la ONU

Alena Douhan, Relatora Especial de ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos (Foto Reuters).

Con la etiqueta #Lacrisisfueprimero, diversas organizaciones no gubernamentales se pronunciaron en redes sociales tras la presentación del informe preliminar de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan.

Al cierre de su visita a Venezuela, la relatora concluyó que las sanciones impuestas contra Venezuela han tenido un “efecto devastador” e instó a Estados Unidos y la Unión Europea a levantar dichas sanciones.

Consultada por la Voz de América, Katherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, una organización que brinda apoyo a madres cuidadoras y niños con enfermedades crónicas, manifestó que es importante que se evidencie “claramente la situación preexistente” de la emergencia humanitaria compleja que ha colapsado el sistema de salud.

“La inseguridad alimentaria que sufre la población, en especial la que nosotros atendemos que es la más vulnerable, que son los que están hospitalizados, los niños que tienen patologías crónicas, que están a la espera de un trasplante, las mujeres cuidadoras que están al pie de la cama, que realmente sufren en carne propia el impacto de esta emergencia que desde el 2014 de una manera multidimensional afecta su vida”, dice Martínez.

A su juicio, aunque la relatora especifica la “grave situación” que vive el país, el informe no establece las causas reales y considera que “falta mucho por decir”.

“Nos preocupa este informe que le da un peso más fuerte al tema de las sanciones para explicar lo que ocurre en Venezuela. Nosotros seguimos esgrimiendo que esta situación es preexistente a la imposición de sanciones y esperamos el informe definitivo que va a presentar en septiembre en el Consejo de Derechos Humanos”, afirmó la directora de Prepara Familia.

Además, subrayó que los defensores de derechos humanos siguen a la espera de la visita de otras instancias que deben visitar Venezuela, según el compromiso del Estado y que además fue ratificado por una resolución en el Consejo de Derechos Humanos.

“Estamos a la espera de las relatorías con la cuales se comprometió el Estado en invitar con la señora Bachelet en junio de 2019 y que después fueron ratificadas en septiembre de 2019, como son el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, la Relatoría sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, el Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria, la Relatora sobre el derecho a la alimentación, el relator sobre el derecho a toda persona al disfrute al mas alto nivel posible de salud física y mental, el relator de torturas y la relatora sobre Pueblos Indígenas”, puntualizó.

La defensora de derechos humanos destacó que “la mayoría de los 44 mecanismos temáticos del Consejo de Derechos Humanos que están compuestos por relatores, expertos independientes y grupos de trabajo pueden asesorar, investigar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela”.

En tanto, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) también expresó “preocupación” por lo que calificó de lenguaje “poco contundente” utilizado por la relatora y, aunque admiten que las sanciones afectan a la población, consideran necesario que en un próximo informe se aborde la situación desde “el verdadero origen” de la emergencia humanitaria compleja, pues subraya que es consecuencia de “políticas de desmantelamiento institucional y del Estado de Derecho”, así como de “montos de corrupción únicos en el mundo”.

“Reconocemos el efecto de sanciones sectoriales en la crisis que vive Venezuela y apoyamos la solicitud de @ONU_es y @CIDH, que se alivien esas sanciones con el fin de disponer de todos los recursos posibles en respuesta a las necesidades de la población”, señala la organización en un mensaje en Twitter.

Luego, agrega: “el gobierno de Maduro ha invertido mucho esfuerzo en un discurso hacia afuera y hacia adentro del país, señalando a las sanciones como la principal causa de la grave situación humanitaria, con el fin de excusarse a sí mismo de sus propias responsabilidades”.

El presidente Nicolás Maduro afirmó que su gobierno ha actuado para “mitigar el impacto brutal” de las sanciones.

Falta de transparencia ante llegada de vacuna rusa a Venezuela

Imagen de la vacuna rusa. (AP Photo/Pavel Golovkin).

Las primeras 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V llegaron el sábado a Venezuela; sin embargo, aunque el gobierno de Nicolás Maduro anunció que la prioridad serán los sectores más vulnerables, entre ellos el personal sanitario, aún se desconocen detalles sobre cómo será el proceso de vacunación.

Consultada por la Voz de América, Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermería subrayó la “falta de transparencia” con la que se ha manejado la información relacionada con el COVID-19 en el país y los aspectos relacionados con la vacunación, no son la excepción.

“No tenemos una información importante sobre cuál es la composición, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, cuáles son las metas, cómo se va a medir la medida de desempeño en este proceso de vacunación. No sabemos cuáles van a ser los parámetros establecidos para este plan de vacunación como se está haciendo en otros países”, apuntó Rosario.

De acuerdo a un boletín de la Academia Nacional de Medicina, que manifiesta disposición a brindar asesoría técnica, el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 exige inmunizar al menos al 70% de la población, lo cual define como una “actividad muy compleja” que requiere, no solo contar con un abanico de vacunas seguras y efectivas sino con personal capacitado, lineamientos y protocolos, equipos e insumos.

“Para su distribución se debe contar con transporte refrigerado, transportistas, obreros de carga y descarga, viáticos, hospedajes, combustible, vehículos con mantenimiento preventivo y correctivo, guías y permisos de traslado y control estricto de inventario”, agrega la publicación divulgada el sábado.

El texto reitera además que es necesario garantizar la cadena de frío de las vacunas y recordó que en Venezuela existen serias limitaciones debido a la escasez de refrigeradores y las constantes fallas del sistema eléctrico.

“Venezuela requiere una inversión importante para una logística segura y eficiente en la distribución y almacenaje de las vacunas, capacitación del personal y gestión del producto biológico”, expone el boletín.

Un reto enorme

Recientemente al ser consultado por VOA, el médico y exministro de Salud, José Félix Oletta, destacó que ejecutar la logística para llevar adelante un proceso de vacunación masiva es “uno de los retos más formidables” y resaltó que las fallas en el programa ampliado de inmunizaciones de Venezuela, permitieron la reaparición de enfermedades como difteria y sarampión.

“Eso está reflejando una debilidad importante en el sistema de salud, específicamente para proveer todos los mecanismos necesarios para que la inmunización sea efectiva. Si fue una dificultad para poner un par de millones de vacunas para difteria o sarampión, imagínese lo que significa vacunar a toda la población”, manifestó el exministro.

Al recibir las vacunas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, aseguró que las sanciones internacionales han afectado las posibilidades de acceder a las mismas.

“Se pretende chantajear y extorsionar al pueblo venezolano por razones criminales porque no hay una razón valida para bloquear el acceso de Venezuela a la vacuna”, manifestó en una transmisión del canal del Estado desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

En diciembre, Venezuela firmó un acuerdo con Rusia para adquirir 10 millones de vacunas.

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