Derechos Humanos
Reporte de Human Rights Watch resalta violaciones a los DDHH en Cuba
“El gobierno cubano continúa la represión y castigos contra los disidentes y las críticas públicas (al gobierno)”, afirmó Human Rights Watch durante la presentación de su reporte anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
El informe fue presentado por Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, en la sede la de ONU, en Nueva York el martes. El informe recoge la situación de los derechos humanos en más de 90 países.
En el caso particular de Cuba, el documento subrayó que los arrestos breves y arbitrarios de defensores de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil fueron más bajos en el 2019 que en los 12 meses anteriores, pero aun así continúan altos, con unas 1,800 detenciones reportadas hasta agosto.
“El gobierno continúa usando tácticas represivas contra sus críticos, incluyendo golpizas, escarnios públicos, restricciones de viaje y despidos de empleos. En febrero, una nueva Constitución de la República de Cuba fue aprobada en referendo, que entró en vigor en abril. Antes de la consulta popular, las autoridades reprimieron a los activistas que se oponían a su adopción, incluyendo allanamientos, detenciones cortas y bloqueos de varias páginas web que eran consideradas críticas del régimen”, precisó el documento.
Las detenciones
Las detenciones arbitrarias son para presionar e intimidar a sus críticos, activistas independientes, opositores políticos y otros.
Según el informe, el número de detenciones cortas y arbitrarias, que se habían incrementado dramáticamente entre el 2010 y el 2016 –desde unas 172 como promedio por mes a 827-, comenzaron a disminuir en el 2017, de acuerdo con la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Según la misma fuente, el número de detenciones arbitrarias reportadas continuó bajando en el 2019, con 1,818 de enero a agosto, una disminución del 10 por ciento en comparación con las 2,024 reportadas durante el mismo período en el 2018.
“Los oficiales de la seguridad raramente presentan órdenes de arresto para justificar las detenciones de sus críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados después de recibir advertencias, que los fiscales pueden usar en subsiguientes juicios para mostrar un patrón de comportamiento delictivo”, explicó el reporte.
“Las detenciones son usadas con frecuencia para impedir que las personas participen en marchas pacíficas o reuniones con fines políticos. Los detenidos son con frecuencia golpeados, amenazados e incomunicados por horas o días”, dice el informe de Human Rights Watch.
El documento señaló que los agentes de la seguridad presionan, maltratan y detienen de manera rutinaria a las Damas de Blanco antes o después de la misa del domingo.
Sin libertad de expresión
De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, Cuba tiene el “clima más restrictivo para la prensa en Las Américas”.
“Un pequeño número de periodistas independientes y blogueros se las arreglan para escribir artículos para portales y blogs o publican tuit. El gobierno rutinariamente bloquea el acceso dentro de cuba a esos portales. En febrero, antes del referendo sobre la nueva Constitución, bloqueó varias páginas de internet que considera críticas del régimen, incluyendo 14ymedio, Tremenda Nota, Cibercuba, Diario de Cuba y Cubanet. Desde entonces, ha continuado bloqueando otras páginas”.
El texto subrayó que “solo una fracción de cubanos” pueden leer páginas de internet y blogs independientes debido al alto costo y limitado acceso a la internet.
“Los periodistas independientes que publican informaciones consideradas críticas del gobierno son rutinariamente sujetos a acosos, violencia, campañas de descrédito, restricciones de viaje, allanamientos en sus casas y oficinas, confiscación de sus materiales y arrestos arbitrarios. A los periodistas se les mantiene detenidos sin comunicación, al igual que a los artistas y académicos que demandan mayores libertades”, precisó el reporte.
Como parte de esos esfuerzos del régimen, el decreto 370/2018 sobre la “informatización de la sociedad” entró en vigor y convirtió en ilegal para los cubanos tener una página web con servidores en un país extranjero. La nueva ley –apuntó el reporte- puede afectar directamente a la mayoría de las páginas de internet independientes y blogs críticos del gobierno. El decreto oficial también prohíbe la diseminación de información “contraria a los intereses sociales, la moral, las buenas maneras y la integridad de las personas”.
El informe también puntualizó que, en abril, el decreto 349 estableció restricciones amplias y vagas sobre las expresiones artísticas, al prohibir actuaciones o cualquier otra expresión artística en lugares públicos o privados sin la expresa autorización del Ministerio de Cultura.
“Aquellos que contraten o hagan pagos a personas por servicios artísticos sin autorización, están sujetos sanciones, como también los artistas. Entre las sanciones están multas, confiscaciones de materiales, cancelación de eventos artísticos y revocación de licencias”, indicó el reporte.
Los prisioneros políticos
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, hasta octubre, precisó que el régimen mantiene en cárceles a 109 prisioneros políticos.
El informe de Human Rights Watch subrayó que el gobierno le niega el acceso a las prisiones al grupo. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional sospecha –según el reporte- que existen más prisioneros políticos cuyos casos no ha podido documentar.
Human Rights Watch enfatizó que quienes critican al gobierno enfrentan la amenaza de enjuiciamientos y no cuentan con garantías procesales porque las cortes están subordinadas a las ramas ejecutiva y legislativa.
Entre los casos más conocidos de arrestos arbitrarios está el de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien fue detenido en su casa por agentes de la policía. Hasta el momento –precisó el informe-, no se le ha informado sobre cuáles son las acusaciones formales contra él y no ha sido presentado ante un juez.
Las restriciones a los viajes
Human Rights Watch subrayó que desde el 2003, muchas personas a las que anteriormente se les había negado el permiso para viajar pudieron hacerlo, incluyendo defensores de los derechos humanos y blogueros independientes, pero las reformas, sin embargo, “dieron al gobierno poderes discrecionales amplios para restringir los viajes sobre la base de ´defensa de la seguridad nacional´ y ´otras razones de interés público´. Las autoridades han continuado negando la salida a personas que expresan opiniones disidentes”.
Las cárceles
Las prisiones están saturadas y los prisioneros son obligados a trabajar 12 horas diarias y castigados si no cumplen las cuotas diarias, según un exprisionero político citado en el informe.
“Los prisioneros no tienen un mecanismo efectivo para quejarse por abusos. Aquellos que critican al gobierno o llevan a cabo huelgas de hambre u otras formas de protesta, con frecuencia terminan en aislamiento solitario, son golpeados, ven restringidas las visitas familiares o se les niega asistencia médica”.
Sin derechos laborales
En otra parte del reporte, Human Rights Watch apuntó que, aunque el gobierno actualizó su Código de Trabajo en 2014, La Habana continúa violando las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado, en el tema de la libertad de asociación. “Aunque la ley cubana técnicamente permite la formación sindicatos independientes, en la práctica Cuba solo permite los sindicatos controlados por el gobierno: la Central de Trabajadores de Cuba”.
Los defensores de los derechos humanos
En el acápite dedicado al monitoreo de los derechos humanos, el texto advirtió que el régimen se niega a reconocer esa práctica como una actividad legítima y les niega reconocimiento a los grupos de derechos humanos locales.
“Las autoridades gubernamentales han acosado, asaltado y encarcelado a los defensores de los derechos humanos que han tratado de documentar estos abusos”.
El reporte citó el caso de Ricardo Fernández Izaguirre, un defensor de los derechos humanos y periodista, quien fue arrestado después de salir de las oficinas centrales de las Damas de Blanco en La Habana, donde había estado documentando violaciones a los derechos de libertad religiosa. Fue liberado tras nueve días en prisión”.
La comunidad LGBT
El documento de Human Rights Watch precisó que el gobierno cubano decidió retirar del borrador de la nueva Constitución, aprobada en febrero del 2018, lenguaje que hubiera redefinido el concepto de matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo.
En mayo –señaló el informe-, las fuerzas de seguridad arremetieron contra una protesta en La Habana que promovía los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Como parte de la arremetida, varios activistas fueron detenidos.
“La protesta, que no estaba autorizada, fue organizada después de que el gobierno anunciara que había cancelado la Marcha del Orgullo Gay del 2019 en Cuba”, afirmó el documento.
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Informe revela secretismo en las elecciones municipales en Cuba
A lo largo de los primeros meses de 2024, tuvieron lugar en Cuba numerosas elecciones para cubrir vacantes en las Asambleas Municipales del Poder Popular, en un proceso electoral poco transparente, revela un informe de Transparencia Electoral publicado por DemoAmLat.
Entre enero y febrero de 2024 se reportó la realización de numerosas elecciones para cubrir escaños municipales, sin poner a disposición del público los reportes de las asambleas de nominación que especifiquen lugar, fecha y hora; nombres y apellidos de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción que actuaron en la asamblea; número de electores del área y número de los asistentes; candidatos que fueron propuestos, con expresión de sus nombres y apellidos, así como de cada uno de ellos, su edad, sexo, estado civil, último grado de escolaridad vencido, estudios que realiza, calificación profesional, ocupación actual, organizaciones a las que pertenece, lugar de su residencia y número de votos obtenidos; nombres y apellidos del candidato nominado y constancia de que aceptó la nominación; y firmas de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción y del candidato nominado.
"La organización de las votaciones fue aún más opaca: no hubo prácticamente aviso previo, no se reportó una campaña para pedir el voto en los medios de comunicación, ni tampoco la legalmente obligatoria publicación de las biografías de los candidatos (confeccionadas por las Comisiones de Candidaturas) para su distribución a la vista del público. En última instancia, el único reporte de que estos procesos tuvieron lugar se vio en las publicaciones en redes sociales por parte del ente electoral durante la realización de la votación misma y después, sin que siquiera se reportaran los resultados", denuncia la investigación.
El Consejo Electoral Nacional (CEN) en Cuba incurrió en "graves deficiencias en cuanto a la transparencia, la independencia y la legitimidad de los procesos electorales".
Entre los múltiples errores en este proceso el informe destaca la llamada "influencia vertical del régimen sobre la gestión electoral", por la falta de separación entre el Estado, el Partido Comunista de Cuba y las autoridades electorales. También la falta de observación electoral independiente, de libertades políticas durante los procesos electorales y de transparencia en la comunicación sobre las vacantes producidas y los procesos electorales subsiguientes.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia aumento de la represión tras protestas del 17M
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció un aumento de las acciones represivas en el mes de marzo contra intelectuales y periodistas independientes en la isla y miembros de la sociedad civil en general.
“Nos preocupa, tremendamente, el aumento de la represión que se está viendo en las últimas semanas, incluso con el empleo de violencia en contra de académicos, activistas, prisioneros políticos y periodistas independientes”, indicó a Martí Noticias Yaxis Cires, director de Estrategias de la entidad con sede en Madrid, España.
“Nos unimos a la preocupación que manifiesta la iglesia en cuanto a la gravedad de la situación socioeconómica del país. En ningún caso la respuesta está en la represión y la violación a los derechos humanos", dijo Cires e hizo referencia a la importancia de que se produzcan "cambios políticos, económicos y sociales" que garanticen al pueblo "desarrollar su vida en libertad y con prosperidad”.
A finales de marzo, la Seguridad del Estado citó y amenazó con encarcelar al secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), el preso político en licencia extrapenal Iván Hernández Carrillo, por “poner en peligro el orden constitucional y mercenarismo”.
Asimismo, sucedió con el ex preso político Luis Darién Reyes Romero, intimidado con una pistola en plena calle de La Habana Vieja por un agente vestido de civil.
El Observatorio también resaltó los casos de los periodistas independientes José Luis Tan Estrada, multado con 3,000 pesos por “violar el Decreto Ley 370” y de Camila Acosta detenida el domingo en Cárdenas, provincia de Matanzas, cuando se dirigía a visitar a familiares de presos políticos.
“No hablaron conmigo, no me dieron explicación, simplemente me montaron en la patrulla en Cárdenas y me dijeron que me mandaban para La Habana”, señaló Acosta tras ser liberada.
Otro de los casos recientes fue el arresto arbitrario de la académica Alina Bárbara López Hernández, a quien le diagnosticaron una “luxación humeral derecha (esguince del hombro derecho)” y una “subluxación en el pulgar de la mano izquierda”.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó, recientemente, que la represión en Cuba repuntó durante el mes de marzo, principalmente luego de las protestas del día 17.
La organización detalló que, en el transcurso del mes, se registraron un total de 374 hechos represivos, casi cien más que las ocurridas durante febrero.
Denuncian humillante registro a preso político Félix Navarro en Agüica
Mandos de la prisión matancera Agüica practicaron un registro corporal “humillante” al preso político Félix Navarro, denunció su esposa Sonia Álvarez Campillo a Martí Noticias.
Antes de salir a encontrarse con su familia en la visita reglamentaria que le correspondió este martes, el Segundo Jefe de Orden Interior, Noslén Pedroso Sotolongo, requisó de forma degradante al preso político de 70 años:
“Le quitó dos pomos plásticos, y lo peor y más humillante, fue que lo hizo desnudarse. Le mandó a quitarse la prótesis dental, a abrir la boca, levantar los brazos para revisarle las axilas y quitarse los zapatos para revisarle la planta de los pies”.
Naciones Unidas ha convocado a los Estados Partes a que se aseguren de que, en sus territorios, las personas privadas de libertad, que son especialmente vulnerables, no sean sometidas a la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El centro de asesoramiento legal Cubalex ha alertado que el Reglamento del Sistema Penitenciario de Cuba, no tiene una prohibición expresa de la tortura por lo que los reclusos están sujetos al fuero militar y al uso excesivo de la fuerza y la violencia física y verbal.
“Al regresar al interior del penal, este mismo militar le quitó a Félix un pedazo de papel sanitario que llevaba en el bolsillo”, lamentó Álvarez Campillo.
Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado tras las protestas del 11 de julio de 2021, a 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público.
Álvarez Campillo ha entregado varias quejas a los órganos responsables sobre el tratamiento que dan las autoridades de la cárcel a su esposo, pero el propio Navarro ha denunciado, en numerosas ocasiones, los procedimientos denigrantes del personal penitenciario con los reclusos, así como los abusos ejecutados con la complicidad de la Fiscalía Militar.
“Este militar es un abusador, golpea a los presos, hace todo lo que le da su antojo y en cualquier momento puede matar a cualquiera, pero está apadrinado por el teniente coronel Emilio Cruz, Jefe de la prisión”, indicó la esposa.
De igual modo, la familia ha reclamado ante la Fiscalía, una atención médica adecuada para Navarro, enfermo de diabetes y ha responsabilizado del riesgo que corre el preso político “a la Seguridad del Estado, al régimen y al jefe de la prisión de Agüica, Emilio Cruz”.
No obstante, los responsables del establecimiento penitenciario no han garantizado la asistencia de salud que requiere el prisionero: “sigue muy delgado con sus problemas de la diabetes”, afirmó Álvarez.
En los meses de octubre y noviembre pasados, Navarro sufrió pérdidas de conocimiento, presuntamente, producidas por hipoglicemias.
Junto a Félix fue presa su hija Saily Navarro, sancionada a ocho años de prisión tras las marchas del 11 de julio de 2021.
Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.
La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.
“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".
"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.
Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.
De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.
También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.
Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.
En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.
"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.
Denuncian "práctica represiva amplia y diversificada" en Cuba en marzo
Cuba registró en marzo pasado 388 incidentes de hostigamiento por parte de las autoridades, reportó la asesoría jurídica Cubalex, la cifra más alta desde agosto de 2022, cuando la organización comenzó a documentar cada mes las violaciones de derechos humanos en la isla.
"Durante el mes de marzo, Cuba fue testigo de las primeras protestas masivas del año 2024. A pesar de que el régimen cubano negó la represión, los hechos demuestran una práctica represiva amplia y diversificada", señaló la ONG en un informe publicado el martes.
El grupo con sede en Estados Unidos afirmó que algunos de los 388 incidentes de hostigamiento que registró su equipo de monitoreo estuvieron directamente relacionados con la represión de las protestas populares.
Según Cubalex, los incidentes se distribuyeron por todas las provincias y 59 municipios, incluyendo la Isla de la Juventud. En La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas se registró el mayor número de actos represivos.
En el informe, Cubalex identificó los patrones de represión en relación con las protestas de marzo y cómo estas prácticas represivas "constituyen violaciones flagrantes de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución nacional, como la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación para fines lícitos y pacíficos", señala una nota de la organización.
La ONG precisó que para la elaboración del reporte se analizaron 719 registros que incluyen 331 noticias sobre el contexto y 388 eventos de represión ocurridos del 1 al 31 de marzo de 2024, y que los datos se obtuvieron principalmente de publicaciones en Facebook (333), sitios web de noticias (178), la red social X (135) y aportes directos a Cubalex (44).
La organización explicó que la represión en marzo se produjo en un contexto de crisis generalizada, en el que la población cubana volvió a sufrir apagones de más de 15 horas, el deterioro de los servicios públicos como el abasto de agua, el sistema de salud, la recogida de basura y la distribución normada de alimentos "que aparecen cuando las personas se lanzan a la calle a protestar". Mientras, señaló, el régimen invirtió "cuantiosos recursos para organizar eventos de propaganda internacionales, como el Coloquio Patria".
A principios de abril, Cubalex dijo en un comunicado que varios cubanos han sido detenidos, interrogados y amenazados por sus publicaciones en redes sociales tras las protestas de marzo en varias provincias del país.
"Registramos acciones represivas contra ciudadanos y activistas por sus publicaciones en redes sociales. Tales acciones contra la libertad de expresión representan una violación flagrante de los derechos humanos, evidenciando una alarmante tendencia de intimidación por parte del régimen, con el objetivo de silenciar las voces disidentes", señaló la ONG.
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