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América Latina

Renuncia ministro de Justicia brasileño Sergio Moro

El juez Sergio Moro tras sostener una reunión este jueves con el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro.

El ministro de Justicia brasileño, Sergio Moro, conocido por sus cruzadas contra la corrupción, renunció el viernes.

Moro hizo el anuncio en una conferencia de prensa después que el presidente Jair Bolsonaro resolvió nombrar un nuevo jefe de la policía federal en medio de la pandemia de coronavirus.

El jefe de la policía federal Mauricio Valeixo colaboró estrechamente con Moro en la gran investigación Lava Jato hasta el fin de 2018. Ésta envió a la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el director general de la gran empresa de la construcción Odebrecht y decenas de políticos y empresarios en toda Latinoamérica.

Moro dijo a la prensa que le había advertido a Bolsonaro que destituir sin causa al jefe de la policía era un acto de injerencia política, pero el presidente decidió proceder, sin consultarlo.

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Álex Saab, testaferro de Maduro, contrata al ex juez Garzón para su defensa

En esta foto de archivo el juez español Baltasar Garzón junto a la vice presidenta de Argentina Cristina Fernández.

Álex Saab, empresario colombiano testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, contrató los servicios del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a Estados Unidos que afronta en Cabo Verde, confirmó este lunes a la agencia EFE el abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro.

Garzón integrará el equipo legal del empresario y lo defenderá en demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde, tanto ante organismos judiciales internacionales como de ese país insular de África occidental.

En concreto, el ex juez, que ahora ejerce como abogado, va a “liderar un proceso contra EEUU y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional (de Justicia) de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab en cuanto enviado especial de Venezuela”, explicó Pinto por teléfono en Praia, la capital de Cabo Verde.

En paralelo, Garzón también intentará abrir ante la Justicia del archipiélago “un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen” de Saab, detenido el pasado 12 de junio cuando el avión en el que se trasladaba hizo escala para repostar combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral, de la isla norteña de Sal.

Los casos de Garzón

El valor de la indemnización que la defensa del empresario colombiano planea solicitar se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.

Garzón dirige actualmente un bufete de abogados con sede en Madrid, y entre sus clientes se encuentra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien se encuentra preso en el Reino Unido a la espera de que se decida si debe ser extraditado a Estados Unidos.

En su carrera como juez, Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990), lo que le mantuvo detenido durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no fue extraditado a España.

Por otro lado, Saab, según la misma fuente, no está contento con las condiciones actuales de su detención en Sal, adonde fue trasladado el pasado día 3 desde la cárcel de Ribeirinha, en la septentrional isla de San Vicente, por motivos de seguridad.

El empresario ha exigido una celda con más espacio y comodidad, se ha quejado de las picaduras de los mosquitos y ha solicitado la visita periódica y reglamentada de un médico que supervise su estado de salud, además de considerar inadecuada su alimentación. “Bastante diferente de la dieta a la que está habituado”, precisó su representante.

Saab fue arrestado el 12 de junio en este país africano en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.

La Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EEUU, y tiene un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.

En estos casos, de cualquier modo, no es el Gobierno el que toma la decisión final, sino el Poder Judicial.

Tras la detención del testaferro, el régimen de Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se encontraba “en tránsito” en Cabo Verde y debía volver al país.

El empresario presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del archipiélago dos “habeas corpus” (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando su “encarcelamiento ilegal”, pero ambos fueron desestimados.

Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares” entre otras operaciones de blanqueo de capitales en Venezuela y Colombia.

Bill Richardson viajará a Venezuela para hablar sobre estadounidenses encarcelados

El ex gobernador de Nuevo Mexico Bill Richardson (Foto: The Richardson Center).

El veterano diplomático estadounidense, Bill Richardson, planea viajar a Caracas para reunirse con el presidente socialista venezolano, Nicolás Maduro, con el propósito de discutir el estado de varios ciudadanos estadounidenses presos allí, dijo el lunes su fundación.

En un mensaje en Twitter, el Centro Richardson dijo que el ex gobernador de Nuevo México y embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas llevaría a cabo lo que llamó una misión humanitaria privada a Venezuela "a pedido de varias familias de prisioneros estadounidenses". No identificó a los detenidos.

No se anunció cuándo tendría lugar la visita.

El gobierno de Venezuela actualmente retiene a dos ex soldados de las fuerzas especiales de EEUU, Luke Denman y Airan Berry, arrestados en mayo por liderar un supuesto intento fallido de incursión armada destinada a capturar a Maduro.

El régimen de Maduro desde 2017 también ha encarcelado a ejecutivos de de Citgo Petroleum Corp, la unidad de refinación de Estados Unidos de la compañía petrolera estatal de Venezuela, por acusaciones de malversación de fondos.

La administración del presidente Donald Trump ha tratado de derrocar a Maduro imponiendo sanciones al sector petrolero de Venezuela y apoyando al líder de la oposición, Juan Guaidó.

Richardson tiene un historial de trabajo para liberar a los estadounidenses de gobiernos hostiles. Anteriormente estuvo involucrado en la liberación del misionero estadounidense Joshua Holt en Venezuela en 2018.

Estuvo en Cuba y Corea del Norte, buscando la liberación de estadounidenses detenidos.

(Con información de agencias y el Centro Richardson)

Duro pronóstico de hambre y pobreza para latinoamericanos y caribeños (VIDEO)

En las afueras de un matadero en San Cristóbal, Venezuela, un grupo de personas esperan porque les repartan sangre de vaca. REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez

América Latina registró en los últimos cinco años un aumento del hambre que podría afectar a un 9,5 por ciento de su población en 2030, un escenario severamente agravado por el COVID-19, dijo el lunes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés).

Pese a tener una capacidad más que suficiente para abastecer de alimentos a su población, el hambre afectó a cerca de 47,7 millones de personas en América Latina y el Caribe en 2019, o un 7,4 por ciento de habitantes, según un informe publicado el lunes por la FAO junto a otras agencias de Naciones Unidas.

"Estamos yendo desde hace cinco años en la dirección contraria. Esto se debe en primer lugar a un débil crecimiento económico (...) y al problema de desigualdad estructural de nuestra región", dijo en una entrevista con Reuters Julio Berdegué, representante regional de la FAO para América Latina, quien calificó las cifras de hambre como "escalofriantes".

La región -donde la inseguridad alimentaria ha registrado el aumento más rápido del mundo- no solamente llegará al 2030 lejos de cumplir su meta de hambre cero, sino que el número de personas incapaces de consumir las calorías necesarias para una vida saludable ascenderá a 67 millones, cerca de 20 millones más que en 2019.

El informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo 2020 (SOFI, por su sigla en inglés) se hizo antes que la pandemia de coronavirus golpeara con fuerza a la región, que ya venía con un débil desempeño en los cinco años previos, con un crecimiento de 0,4% en el periodo 2014-2019, el menor desde la década de 1950.

La CEPAL estima que el coronavirus -con 13 millones de infectados a nivel mundial según conteos de Reuters- provocará una caída histórica de la economía de América Latina y el Caribe en 2020, que llevará a la peor crisis social de la región en décadas, con millones de nuevos pobres y desempleados.

"Uno de cada tres latinoamericanos y caribeños este año van a vivir en condición de pobreza, según proyección de la CEPAL, todos ellos amenazados por el hambre (...) Nos preocupa mucho cómo esto va a agravar el riesgo de que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria", señaló Berdegué.

América Latina y el Caribe también es la región con el costo más alto para acceder a una dieta saludable, con un valor promedio de 3,98 dólares por día.

Este monto es 3,3 veces más caro que lo que una persona bajo la línea de pobreza puede gastar en alimentos, según el informe hecho por la FAO junto al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (WFP), y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

"Tenemos un mundo de gente que no tiene ingresos para comer siquiera las mínimas calorías para poder sostener su vida, su actividad física y tenemos otros 104 millones que tampoco le alcanza sus ingresos para alimentarse saludablemente", dijo Berdegué a Reuters.

UN ESFUERZO EXTRAORDINARIO

En relación a los países más afectados, Berdegué mencionó a Haití, un país con altos niveles de inseguridad alimentaria, Venezuela -donde el hambre ha aumentado en forma significativa en los últimos años- y Guatemala, El Salvador y Honduras, países pertenecientes al Corredor Seco en América Central.

"Estos países son los más expuestos, pero el agravamiento del hambre producto de la pandemia es algo que nos va a impactar a todos los países, no se salva nadie", apuntó.

El funcionario explicó que la FAO y la CEPAL recomiendan un plan de estrategia que involucra mantener el comercio mundial y la cadena que conforma el sistema de producción y distribución de alimentos, además de apoyar a quienes viven en situación de pobreza extrema o inseguridad alimentaria.

En ese sentido, Berdegué señaló la importancia de mantener abierta la alimentación escolar -detenida con el cierre de escuelas-, establecer programas de transferencias de ingresos o tarjetas alimentarias como lo ha hecho, por ejemplo, Argentina.

También mencionó la necesidad de que el esfuerzo sea liderado por los gobiernos pero que involucre a organizaciones sociales, empresas privadas, sectores vinculados con la ciencia y la tecnología, entre otros actores sociales.

"Es indispensable la acción de los gobiernos pero también de la sociedad civil, estamos llenos de ollas comunes, comedores populares, hay que apoyar toda esa red (...) Las medidas tradicionales no van a ser suficiente. Necesitamos un esfuerzo extraordinario", concluyó.

ONG Provea: El Estado venezolano incumple las recomendaciones de Michelle Bachelet

En esta foto de archivo tomada el 1 de abril de 2019, un miembro de las Fuerzas de Acción Especial de Venezuela (FAES) se encuentra en un puesto de control durante una operación de seguridad en el municipio de El Valle, en Caracas.

La ONG Provea advirtió en un informe que el Estado venezolano no acata la mayor parte de las recomendaciones hechas por Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.

Provea presentó un seguimiento a las recomendaciones realizadas Bachelet en su Informe Escrito presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el 41° periodo de sesiones en julio 2019.

"Dicho Informe marcó un hito en el análisis global de la situación de Venezuela ante la principal instancia de derechos humanos de la ONU. El informe incluyó 23 recomendaciones al Estado venezolano, 13 de ellas de cumplimiento inmediato".

Las apreciaciones de Provea son las siguientes:

  1. En el contexto de la emergencia humanitaria compleja hay un agravamiento de todos los Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) mencionados en las recomendaciones, deterioro ocurrido antes de la pandemia COVID-19 y agravado durante el llamado “estado de alarma”
  2. No hay políticas públicas coherentes con el Estado de derecho y la opacidad deliberada y generalizada de las instituciones del Estado impide el control social e institucional del gasto. De esta manera también se dificulta establecer las responsabilidades penales y administrativas por actos de corrupción.
  3. Las políticas públicas no se ajustan a los estándares de derechos humanos, especialmente al principio de no discriminación, y además son instrumentalizadas con fines políticos.
  4. La impunidad de las violaciones a los derechos humanos es casi absoluta y es agravada por la falta de independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.
  5. La inexistente independencia de los poderes públicos, agrava la contraloría desde el Estado, propicia la corrupción y hace más vulnerables a las personas ante los abusos de poder, las extorsiones y las amenazas cometidas por agentes del Estado.
  6. Las instituciones del Estado son instrumentalizadas para perseguir a la oposición política y social y para asegurar la permanencia en el poder de las élites gobernantes por encima del bienestar de la población.
  7. La persecución de los defensores de derechos humanos, en su acepción amplia, y de los trabajadores de los medios de comunicación, busca acallar la contraloría social y evitar la divulgación de información diferente a la oficial.
  8. Continúa la consolidación de mecanismos institucionales y para-institucionales de control social, que pasan por mecanismos de identificación hasta estructuras paramilitares que actúan en colusión con cuerpos policiales, de investigación criminal y militares.
  9. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos no son una prioridad para las autoridades del Estado, en especial para las instituciones encargadas de protegerlas.
  10. El gobierno de facto busca que la presencia de la ACNUDH en Venezuela se ajuste a la medida de sus intereses, restringiendo sus funciones e instrumentalizándola con fines propagandísticos.

¿Por qué se suicidan los cubanos, venezolanos y nicaragüenses?

El suicidio se conceptualiza como 'una agresión a sí mismo con la intención de quitarse la vida'. ¿Cuál es la razón? Existen factores individuales, comunitarios y sociales que interactúan entre sí. Hay condiciones sociales soportables para algunos e insoportables para otros por lo que el suicidio varía según los individuos y su capacidad de manejar las dificultades de la vida.

Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en septiembre de 2019, anualmente, cerca de 800 mil personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo en el mundo. Para hacer la cifra mas comprensible, esto significa que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. 11.4 suicidios por cada 100 mil personas es la cifra promedio global.

El suicidio es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, en 2016, más del 79% de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos.

La OMS expresa que si bien el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales (en particular los trastornos relacionados con la depresión y el consumo de alcohol) está bien documentado en los países de altos ingresos, muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis que menoscaban la capacidad para afrontar las tensiones de la vida, tales como los problemas financieros, las experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, represión, escasez alimentos y medicinas, abusos, pérdidas y sensación de aislamiento.

Las tasas de suicidio también son elevadas entre los grupos vulnerables objeto de discriminación, por ejemplo, los refugiados y migrantes; las comunidades indígenas; las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales; y los reclusos.

Se estima que alrededor de un 20% de todos los suicidios se cometen por autointoxicación con plaguicidas, y la mayoría de ellos tiene lugar en zonas rurales agrícolas de países de ingresos bajos y medianos. Otros métodos comunes de suicidio son el ahorcamiento y las armas de fuego.

La OMS también explica que en todo el mundo es insuficiente la disponibilidad y calidad de los datos sobre el suicidio y los intentos de suicidio. Solo 80 Estados Miembros disponen de datos de registro civil de buena calidad que se pueden utilizar directamente para estimar tasas de suicidio. La calidad insuficiente de los datos sobre mortalidad no es un problema exclusivo del suicidio, pero dada la sensibilidad de este fenómeno y la ilegalidad de las conductas suicidas en algunos países es probable que la subnotificación y la clasificación errónea de casos sea un problema más significativo en lo que respecta al suicidio que a otras causas de defunción.

La instancia internacional reconoce que el suicidio es una prioridad de salud pública. El primer informe mundial de la OMS sobre el suicidio, «Prevención del suicidio: un imperativo global», publicado en 2014, procura aumentar la sensibilización respecto de la importancia del suicidio y los intentos de suicidio para la salud pública, y otorgar a la prevención del suicidio alta prioridad en la agenda mundial de salud pública. También procura alentar y apoyar a los países para que desarrollen o fortalezcan estrategias integrales de prevención del suicidio en el marco de un enfoque multisectorial de la salud pública.

El suicidio en Cuba

Un trabajo de investigación publicado por la Universidad de la Habana en julio de 2012 titulado 'Diferenciación territorial del suicidio en Cuba' y enfocado en encontrar la distribución geográfica del suicidio, expresa que este fenómeno se encuentra entre las diez principales causas de muerte en Cuba y es un problema de salud importante.

Como consecuencia de las numerosas investigaciones realizadas sobre el suicidio en el país y el aumento de las tasas del mismo, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) creó en 1986 el Programa de Prevención de la Conducta Suicida. Así se mantuvieron las perspectivas del MINSAP por atenuar las tasas de suicidios en el país. Aunque en los años 1993 y 1994 se reportaron picos dramáticos en el comportamiento de este fenómeno.

El suicidio en Cuba se encuentra entre las diez primeras causas de muerte, y aunque durante años el país llegó a alcanzar las tasas más elevadas de la región de las Américas, a partir del 2002 ha experimentado un descenso. Las diferencias de las tasas brutas por provincias en el período analizado (2004-2008) varían de 9.2 por 100 mil habitantes en Ciudad de La Habana, a 19.1 por 100 mil habitantes en la provincia de Holguín. Las diferencias intermunicipales en la provincia Ciudad de La Habana destacan a Regla y Centro Habana con las tasas más elevadas del período con 50 y 24 fallecidos por 100 mil habitantes respectivamente, mientras que en el municipio Guanabacoa se registran 2.6 fallecidos por 100 mil habitantes según la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Salud Pública y de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI).

En las tasas brutas de suicidio en Cuba desde 1970 hasta el 2008 hay una parábola que tiene su máximo entre los años 1982 y 1993, con valores alarmantes de 23.2 fallecidos por 100 mil habitantes, de forma convexa sobre los años 1970 y 2007. La línea de tendencia expresa una directriz hacia una disminución en las tasas, independientemente de que el valor del último año (2008), es superior al del año que lo antecede, con una tasa de 14.3 fallecidos cada 100 mil habitantes.

El comportamiento general del fenómeno se manifiesta de forma tal que en el sexo masculino el suicidio tiene una influencia más marcada, independientemente de que la literatura internacional expresa que los intentos son más frecuentes en el sexo femenino que en masculino, cuestión que se justifica con la efectividad o letalidad de los intentos del sexo masculino.

Por su parte, el Anuario Estadístico de Salud de 2018 hizo notar que el principal grupo etareo que intenta suicidio en Cuba es el de jóvenes de entre 15 y 21 años, seguido del grupo de personas de la tercera edad.

El estrés es una de las principales causas que empujan a una persona a intentar privarse la vida mediante heridas auto infligidas.

Cuando se trata de personas de la tercera edad, una de las causas que pueden llevar a intentarlo es la falta de medicamentos para asegurar una vida digna y saludable.

La especialista de la Comisión Técnica Asesora Provincial de la Conducta Suicida, Danis Rodríguez Ceballos, indica que en los jóvenes las causas son diferentes. Problemas escolares, peleas familiares, familias disfuncionales, crisis de identidad sexual y la poca experiencia para lidiar con situaciones complejas pueden hacer que un joven intente suicidarse.

La situación de pobreza extrema vivida por muchos habitantes de la Isla, así como la escasez de alimentos y la dificultad para obtener medicamentos pueden explicar la recurrencia de por qué algunas personas cometen suicidio o intento de suicidio.

Cuba ocupa el puesto número 38 en la lista de países con mayor incidencia de suicidios en el mundo, solo superado por Uruguay y Argentina en América Latina.

El suicidio en Venezuela

En el foro virtual 'El suicidio en Venezuela; Crisis humanitaria y violencia autoinfligida' realizado en Caracas el pasado 30 de junio y organizado por la ONG 'Observatorio Venezolano de Violencia' (OVV), el sociólogo Roberto Briceño León, estudioso de temas de violencia y delincuencia, investigador y profesor universitario, explicó que durante los últimos años el OVV se dedicó al estudio de la violencia y la delincuencia en Venezuela, pero en el 2017 decidieron emprender un estudio sobre el suicidio y hacerle seguimiento a ese fenómeno debido a la pronunciada alza de su tasa desde ese año en Venezuela.

Por su parte, Gustavo Páez, investigador colaborador de OVV, se avocó a explicar dicho estudio, observando con atención particular las cifras de 2015 en adelante, pero también desde años atrás (1936), para una idea clara en términos históricos del fenómeno. Sus fuentes de información fueron diversas: estadísticas del Ministerio de Salud y Asistencia Social, del Instituto Nacional Estadísticas, Corposalud, entre otras.

Según ese estudio, la Tasa Histórica de Suicidios (THS) pasó de 3.8 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 8.3 en 2017 y 9.7 en 2018.

En 2015 se contabilizaron 1.143 suicidios y en 2018 fueron 2.900. Páez explicó que Venezuela, entre 1936 y 2014, se caracterizaba por tener tasas de suicidios relativamente bajas, menores al promedio mundial. Pero a partir de 2015 y hasta 2018 (último año del estudio), se notó una tendencia al incremento que puso a Venezuela en cifras que incluso superan al promedio mundial de suicidios, pues la tasa se duplicó en ese último lapso y explica el investigador que como máximo pudiera triplicarse.

Otros datos que arrojó Gustavo Páez en su ponencia es que los suicidios por sexo son en un 80% cometidos por hombres y 20% por mujeres. Los métodos utilizados son por orden de incidencia ahorcamiento, envenenamiento y uso de arma de fuego.

En cuanto a la distribución geográfica donde mas suicidios o intentos de suicido ocurren en Venezuela, los estados del país con mayor incidencia en 2018 fueron los estados de la zona andina del país: Mérida con 8.9 por cada 100 mil habitantes; Trujillo con 6.3; Zulia 6.2 y Táchira 5.4 por cada 100 mil habitantes.

Como explicación a este fenómeno de incidencia geográfica, Páez planteó una serie de razones, como el carácter del andino, sobre todo el habitante del páramo (serranía andina): introvertido, callado y poco dado a comunicar sus emociones y problemas.

También el investigador hizo mención de las últimas cifras registradas del periodo; desde el 1ro. de enero a junio de 2020, correspondiente a la cuarentena por COVID-19, y la describió como una etapa particularmente estresante debido a la poca o nula posibilidad de los ciudadanos a salir, trabajar, inter relacionarse, cubrir sus necesidades; y el sometimiento a encierro prolongado. Se reportaron 94 suicidios en ese periodo en el país, de los cuales 81 eran hombres y 13 mujeres.

La edad de mayor frecuencia, hombres adultos y adultos mayores entre 30 y 65 anos

Los factores que incrementaron la cifras de suicidio e intento de suicidio en los últimos dos a tres años, según Páez, son la severa crisis humanitaria por la que pasan millones de venezolanos, producto de la masiva emigración forzada, la pobreza, la gran inseguridad alimentaria, una tenaz hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, y las severas cuarentenas impuestas por las autoridades sanitarias del régimen venezolano, algo que describen como particularmente difícil de sobrellevar para la sociedad civil de ese país, siempre acostumbrada a una gran actividad social, en todos los estratos socioeconómicos.

La depresión y la ansiedad en muchos casos son trastornos detonados por la crisis. Hay que recordar que no toda persona deprimida se suicida y no todo suicida está deprimido, aseguró Gustavo Páez.

La profesora Iris Terán fue la encargada de hacer el estudio cualitativo del suicidio. Su ponencia “El suicidio en Venezuela: aproximación hermenéutica” plantea que el suicidio involucra emociones, sentimientos, pensamientos negativos; pero también relaciones disfuncionales con familiares, amigos, colegas de trabajo, parejas; y un entorno social, económico y político difícil que impide progresar o desarrollar el propio proyecto de vida.

El suicida, explica la profesora Terán, inicialmente lanza llamadas de atención que muchas veces no son atendidas por su entorno familiar o amigos. Los hombres se suicidan más, pero las mujeres lo intentan más. El suicida carece en muchos casos de herramientas psicológicas y espirituales que lo ayuden a manejar situaciones de fracaso, o éxito incluso.

Del año 2015 al 2018, se incrementó el suicidio en Venezuela, especialmente entre jóvenes de 20 a 25 años. El Estado Mérida en Los Andes y la ciudad llamada Colonia Tovar, un asentamiento de inmigrantes alemanes llegados al estado Aragua a finales del siglo XIX, son las dos entidades agrarias que presentan las mas altas tasas de suicidio por 2 factores: práctica de la endogamia (matrimonio entre familiares) lo que implica transmisión de genes de patologías mentales; y el uso de agroquímicos en los cultivos, lo que genera un tipo de envenenamiento que afecta las conductas y predispone al suicidio.

La profesora Terán orientó su ponencia especialmente en destacar al suicidio como fenómeno multidimensional y destacó factores de todo tipo que determinan el suicidio:

- Factores individuales, como predisposiciones a pensamientos negativos, emociones como la tristeza, sicopatologías como depresión y esquizofrenia.
- Factores relacionales; malas relaciones con padres, hermanos, amigos, parejas, etc.
- Factores comunitarios, donde mencionó ejemplos como viviendas inadecuadas, entornos físicos y humanos inmediatos inadecuados o estresantes.
- Factores sistémicos: Contextos económicos sociales y políticos (pobreza, hiperinflación, desempleo, escasez de bienes, etc.) que dificultan o imposibilitan la realización óptima de la propia vida.

La sicóloga Yorelis Acosta, por su parte, centró su exposición en las emociones y factores sicosociales que inciden en el suicidio en Venezuela y explicó que esto pasó de ser una decisión individual relacionada con diferentes factores de riesgo, a convertirse en un fenómeno de carácter social, profundamente relacionado con la crisis económica social y política; la pobreza, la inseguridad, la hiperinflación, la enorme dificultad en conseguir alimentos y medicinas, sea por que escasean o porque sus altos precios impiden su compra.

En este contexto la Dra. Acosta a través de encuestas aplicadas a muestras, pudo identificar emociones negativas a lo largo de estos últimos años como son: tristeza, miedo, rabia, la incertidumbre y la desesperanza. Estas últimas al no percibirse una salida a la crisis económica y política en el corto y mediano plazo. Todo esto ahora agravado por la cuarentena que ya alcanza 4 meses y que no le ha permitido a muchos ciudadanos resolver el 'día a día' que busca producir y obtener recursos económicos para la compra de alimentos y otros elementos de su vida cotidiana.

La sicóloga agregó que el encierro tan prolongado ha generado además hastío, aburrimiento y angustia. Los hogares se han convertido en lo que describió como 'verdaderas ollas de presión', con frecuentes manifestaciones de violencia intrafamiliar. Acosta dijo que han aumentado considerablemente las consultas médicas por ataques de pánico y depresión, lo que se asocia directamente con la ocurrencia de suicidios.

Según los especialistas que ofrecieron el foro, el carácter tradicionalmente alegre y optimista del venezolano, como este se autopercibe, quedó prácticamente en el recuerdo.

El suicidio en Nicaragua

Para comprender la realidad del suicidio en Nicaragua, es mas eficiente usar un ejemplo de la vida real.

Carlos Fornos tenía 22 años. Fue uno de los miles de jóvenes que en abril de 2018 salieron a las calles a protestar contra el gobierno de Daniel Ortega, y también fue de quienes en algún momento pensaron estaba a punto de "caer", a lo que desde entonces se comenzó a llamar “dictadura”. Hubo marchas callejeras que reunieron a por lo menos medio millón de personas y unas 180 barricadas o tranques en calles y carreteras paralizaron el país.

La respuesta de Ortega fue brutal. Armó un ejército de paramilitares que junto con policías dispararon a matar contra las personas que estaban en las barricadas y carecían de medios para defenderse, hasta desmontarlas una por una. El saldo fue de al menos 327 muertos, según las cuentas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unos mil presos políticos y cerca de 100 mil nicaragüenses que marcharon al exilio en busca de seguridad para sus vidas.

Fornos fue uno de miles de jóvenes que se fueron al exilio a vivir en condiciones marginales, principalmente en Costa Rica, país vecino al sur de Nicaragua. Recientemente regresó a Nicaragua a buscar cómo reanudar su vida. Sus compañeros de lucha del Movimiento 19 de abril (M19) reportaron que el joven habría “estado en depresión en los últimos días” y se suicidó la madrugada del miércoles 15 de enero pasado.

“Nos dolemos por ti Carlos, así como por Valentina, así como otros que tomaron tal fatal decisión, apenas tenías 22 años, en mayo 18 cumplías 23 años, eras estudiante, eras un hijo predilecto, nos duele a tu familia y al pueblo azul y blanco este acto”, escribió el M19 en su página de Facebook el día que anunció su muerte. Como este hay muchos otros casos con el mismo desenlace.

La respuesta de Ortega a la demanda ciudadana que exigía un cambio de gobierno no se quedó en el desmantelamiento de los tranques ni en el apresamiento de centenares de opositores. Desde julio de 2018, Nicaragua vive un estado de sitio de facto, donde está prohibida cualquier manifestación de protesta, existe un constante asedio contra los hogares de los opositores más conocidos, y la policía patrulla las calles y mantiene presencia en algunos puntos de las ciudades.

Una reciente encuesta sobre “afectaciones socioemocionales” de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) reveló que el 62.5 por ciento de los encuestados dicen sentirse más angustiados ahora que hace dos años. Las afectaciones más marcadas son, según el estudio, trastornos de sueño, ansiedad, desesperanza, depresión, falta de apetito, crisis nerviosa y ataques de pánico, entre otras.

“A partir de abril 2018 hubo un cambio radical, del que nadie se escapa, ni los que están fuera”, afirma la sicóloga Auxiliadora Marenco. “Y cuando hablo de los que están fuera me refiero a los que se fueron hace mucho, no por la crisis, y tienen como un deja vu, donde emocionalmente hay un golpe profundo que afecta a nivel de depresión, insomnio, ansiedad, preocupación, de incerteza, que tiene que ver no solo con los muertos o los encarcelados sino también con el futuro”.

Según la sicóloga, el nicaragüense en general se pregunta: “¿Y cómo es que yo no vi que esto estaba tan mal? ¿Cómo es que estábamos en manos de un gobierno asesino? ¿Qué va a suceder ahora si no tenemos control, certeza, de nada de lo que va a pasar?”

Yessenia Paz Aragón es sicóloga de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y atiende casos persecución política, detención ilegal, tortura, secuestros y violencia intrafamiliar entre otros. Dice que en 2019 atendió entre 100 y 150 de estos casos.

“La mayoría de los pacientes presentan trastornos mentales como ansiedad, depresión, estrés postraumático, sensación persecutoria, trastorno de sueño y descontrol alimenticio”, dice. “Estas personas tienen vivencias mediante imágenes, recuerdos, el famoso flash back. Tienen diferentes estados emocionales y sucumben a la depresión”.

Dice la sicóloga que algunos de los pacientes que estuvieron presos, intentaron suicidarse en la cárcel, y si bien la mayoría ya no tiene esas ideas, alguno sí “porque probablemente no tienen el apoyo de la familia, tienen problemas de pareja, tienen que mudarse a otro lugar o a otro país, la mayoría no trabaja y vive del apoyo de la familia o amistades”.

En tres de los casos que ha atendido esta profesional, los pacientes se lesionaban los brazos y cuellos en la cárcel y en otro, un joven tomó muchas pastillas pero “solo lo dejaron sedado”. “Probablemente hay muchos casos pero no les gusta expresarlo y pedir ayuda”, comenta.

“La población en general sufre de alguna manera”, considera Paz Aragón. “Desde el temor de salir a la calle, la inseguridad en todos los sentidos, saber que probablemente sus derechos no valen nada, y muchos de ellos están tomando su propio control. Muchos de estos jóvenes han perdido sus estudios, se ven sin futuro, sin metas”.

En 2018, el año que inició la crisis sociopolítica de Nicaragua, se registró un incremento del 12 por ciento en los suicidios, con respecto al 2017, según los datos de la Policía Nacional.

“Algo muy importante es que probablemente ellos tenían algún trauma desde la infancia, y ahora más este otro, esto viene a desencadenar diferentes traumas y es ahí donde la persona sucumbe a realizar suicidio o intento de suicidio”, concluye Yessenia Paz Aragón, sicóloga de la CPDH.

Marenco coincide con ella. “Cada uno de nosotros somos sensibles según la historia de la que venimos, según como nos ha tratado la vida antes de los sucesos”, dice. “Por ejemplo, si antes de la crisis yo tenía una depresión porque me divorcié o porque vengo de un padre alcohólico o violento, estos sucesos lo que hacen es exacerbar mi patología, mi malestar, y puede que esta ola de suicidios sea la respuesta. Pero ya existía una predisposición. La crisis fue un detonante para coger valor y exacerbar el estímulo”.


En Nicaragua, entre los principales factores de riesgo para cometer suicidio, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), están las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia social y las sensaciones de pérdida.

Cuba, Venezuela y Nicaragua comparten en nuestra región un sistema político que todo el mundo libre ha terminado por reconocer como dictatorial, antidemocrático y que mantiene a esos tres países en crisis. El socialismo que han aplicado los regímenes de estos tres países ha ahogado en privaciones materiales y espirituales a los ciudadanos, muchos de los cuales han llegado al extremo del atentado contra sus propias vidas. La cifras de suicidios o intentos de cometerlo de los tres países están sobre el promedio mundial, concluyen los expertos.

¿Las causas? Muchas de ellas totalmente coincidentes; escasez de alimentos y medicinas, inseguridad social, futuro incierto para los jóvenes, crisis política, stress, miedo, represión, presidio político, desaparición forzada, exilio o refugio; en conclusión, factores que afectan la salud mental de los ciudadanos y que junto a la falta de esperanzas por un cambio a corto o mediano plazo, genera modelos de toma de decisiones distorsionados que suelen empujar a las personas a buscar salidas extremas, una de ellas, cometer suicidio.

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