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América Latina

Informe expone "abusos salvajes" cometidos por guardias de Maduro contra los venezolanos

En un reporte conjunto, Human Rights Watch, con sede en Nueva York, y la organización venezolana Foro Penal, con sede en Caracas, documentaron 88 casos entre abril y septiembre, desde uso excesivo de la fuerza durante las protestas a detenciones arbitrarias.

CARACAS- Venezuela abusó “sistemáticamente” de los manifestantes en las protestas de este año, dijeron el miércoles dos grupos de derechos humanos, incluyendo golpes, uso de gases lacrimógenos en áreas cerradas y obligar a los detenidos a comer alimentos contaminados con excrementos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, enfrentó cuatro meses de protestas casi diarias para exigir elecciones anticipadas, ayuda humanitaria para combatir la escasez de alimentos y medicinas, el reconocimiento del Congreso dominado por la oposición y libertad para los activistas encarcelados.

Los manifestantes dicen que funcionarios de la Guardia Nacional ejercieron mano dura al reprimir sus protestas, mientras que Maduro afirma que su Gobierno se enfrentó a una “insurgencia armada” con el apoyo de Estados Unidos.

Más de 120 personas murieron en las protestas, y entre las víctimas se incluyeron manifestantes, simpatizantes del Gobierno, funcionarios de seguridad y transeúntes.

En un reporte conjunto, Human Rights Watch, con sede en Nueva York, y la organización venezolana Foro Penal, con sede en Caracas, documentaron 88 casos entre abril y septiembre, desde uso excesivo de la fuerza durante las protestas a detenciones arbitrarias. Unas 5.400 personas fueron detenidas, y al menos 757 procesadas en tribunales militares, según el documento.

“Los salvajes abusos generalizados contra los opositores al Gobierno de Venezuela, incluidos los atroces casos de tortura y la absoluta impunidad de los atacantes sugieren la responsabilidad del Gobierno en los niveles más altos”, dijo el abogado chileno y director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivancos.

El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.

Descargas eléctricas y golpes

En uno de los casos mencionados, los funcionarios del servicio de inteligencia supuestamente colgaron de un techo a un crítico antigubernamental, de 34 años, y le aplicaron descargas eléctricas mientras lo interrogaban. El hombre, cuyo nombre no fue revelado, fue liberado finalmente y salió de Venezuela.

En otro caso, un hombre de 32 años detenido durante las protestas en el estado de Carabobo fue supuestamente golpeado durante horas por funcionarios de la Guardia Nacional que también amenazaron con violar a su hija. Dijo que las autoridades también dispararon gas lacrimógeno a su celda.

Otros entrevistados relataron que los esposaron a un banco de metal, los golpearon con palos y vieron a un hombre siendo violado con una escoba. Al menos 15 detenidos en Carabobo dijeron que las autoridades los obligaron a comer excrementos humanos mezclados con pasta sin cocinar.

El Gobierno no reconoció tales violaciones, según el reporte, y agregó que, en cambio, los funcionarios “a menudo minimizaban los abusos o emitían negaciones generales e inverosímiles”.

El Gobierno de Maduro dice que Human Rights Watch está involucrada en una conspiración financiada por Washington para sabotear el socialismo en América Latina.

Autoridades dicen que los activistas de derechos humanos están aliados con la oposición y medios extranjeros y han minimizado la violencia antigubernamental, incluyendo el incidente donde un hombre fue quemado durante una manifestación y ataques con explosivos contra la policía.

Los dos grupos de derechos humanos dijeron que hubo casos de manifestantes que lanzaron piedras y cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad, pero que los abusos cometidos por las autoridades fueron mucho más allá de los intentos de calmar los disturbios.

[Agencia Reuters]

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"En farsas no participamos" responde Guaidó a propuesta de Maduro de adelantar elecciones

Combinación de retratos de Juan Guaidó y Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro propuso el lunes adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional, previstas para diciembre del 2020, para según él solucionar la crisis política que atraviesa Venezuela, una propuesta rechazada de plano por el presidente interino Juan Guaidó.

Nicolás Maduro el 20 de Mayo de 2019 durante una concentración convovada en el Palacio de Miraflores
Nicolás Maduro el 20 de Mayo de 2019 durante una concentración convovada en el Palacio de Miraflores

"Yo quiero elecciones, elecciones ya (...) Vamos a elecciones de la Asamblea Nacional para ver quién tiene los votos. Asumimos el reto, vamos para buscar una solución pacífica, democrática y electoral", dijo Maduro en un acto con sus seguidores en la ciudad de Caracas, para conmemorar un año de su cotroversial victoria en las elecciones presidenciales.

Su propuesta fue rechazada inmediatamente por Juan Guaidó quien aseguró que no participaría en unas elecciones al menos que haya un cese de la usurpación.

"El #20M de 2018 demostramos que en farsas no participamos. El mundo está claro: #UsurpaciónEsDestrucción y rechazamos el robo de la soberanía popular. Una nueva farsa solo agravaría más nuestra crisis. Solo cesando la usurpación y con árbitro transparente habrá elección libre", escribió en su cuenta en Twitter el presidente interino, reconocido por decenas de países.

La Asamblea Nacional es el único poder controlado por la oposición en Venezuela desde 2016 cuando el oficialismo perdió la mayoría de los escaños.

Sin embargo, el Tribunal Supremo declaró a la Asamblea Nacional en desacato por lo que sus decisiones son considerados nulas y chocan con las de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

En su discurso, el presidente en disputa también llamó a sus seguidores a apoyar la gestión de ANC , la cual el día de ayer extendió su funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2020.

[Redactado con información de EFE y redes sociales]

Arrestan a cuatro personas en España en caso de lavado de dinero de PDVSA

El logo de PDVSA en una estación de gasolina en Caracas.

La policía española arrestó a cuatro personas como parte de una investigación de lavado de dinero relacionada con unos 4 millones de euros (4,47 millones de dólares) provenientes de la compañía estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA, informaron el lunes las autoridades.

La policía confirmó a The Associated Press los reportes de la prensa española de que los cuatro detenidos también enfrentan cargos por corrupción en transacciones monetarias internacionales y la falsificación de documentos, además del blanqueo de dinero.

Los arrestos se llevaron a cabo el lunes cuando la policía española registró varias propiedades vinculadas al exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, dijo una fuente a Reuters.

El hijo de Morodo, Alejo Morodo, fue uno de los arrestados, dijo la fuente, que pidió no ser identificada debido a la sensibilidad del asuntos. Morodo, de 84 años, no fue arrestado por razones de salud, según reportes en medios de comunicación españoles.

Reuters no pudo comunicarse de inmediato con ningún representante de Morodo o su hijo, quienes tampoco fueron citados en los reportes de los medios de comunicación españoles.

La investigación, que está bajo secreto por una orden judicial, se centra en el período entre 2008 y 2013, poco después de que Morodo finalizó su período de tres años como embajador en Venezuela, informaron medios españoles.

El diario El País dijo que los detenidos eran sospechosos de facturar por un trabajo que nunca se completó y de lavado de dinero a través de cuentas en Panamá y otros países latinoamericanos.

(Con información de AP y Reuters)

Los negocios sucios de Tareck El Alssaimi y su familia con Hezbolá (parte 3)

El presidente Palestino Mahmud Abbas (L) camina junto a el ex Ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Tareck El Aissami (R), luego de depositar una ofrenda floral en la tumba del Libertador Simón Bolívar en Caracas el 27 de noviembre de 2009.

El ex vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, y su familia han sido objetos de amplias investigaciones por supuestamente vender pasaportes a miembros del grupo terrorista Hezbolá.

Según un archivo secreto recopilado por ex agentes venezolanos y entregado al diario New York Times, El Aissami y sus familiares son los responsables de la infiltración de militantes de Hezbolá en Venezuela, pero ¿con qué propósito son vendidos estos pasaportes? ¿hay algo más allá que una venta ilegal de un documento para viajar para el enriquecimiento propio?

Es conocido que los terroristas compran pasaportes de diferentes naciones para poder trasladarse de una manera ¨encubierta¨, pero según explicó Joseph Humire, experto en anti terrorismo y director de Secure Free Society , a RadioTelevisiónMartí lo que diferencia a Venezuela en el negocio de la venta de pasaportes venezolanos es que este país "construye identidades" para que los terroristas puedan operar en una red financiera.

"Para construir una identidad falsa es necesario varios documentos como cuentas propietarias, certificado de nacimiento, cédula de identidad, pasaportes, y más" aseguró Humire.

Según el experto en anti terrorismo estas personas nacidas en Siria, Líbano e Irán dicen ser venezolanos, y en algunos casos nunca han pisado Venezuela. En el campo de la inteligencia esto se llama Trade Craft, en español técnicas de espionaje, donde se le otorga una identidad a un agente para que trabaje encubierto con un objetivo en específico.

En esta investigación en la que trabajó Humire, se encontró que algunas de las personas que recibieron estos pasaportes eran más que simples miembros de Hezbolá. Algunas personas que recibieron documentación venezolana tenían apellidos de familias que pertenecían a Dinastías en el Medio Oriente que existieron por siglos.

Humire asegura que este esquema es más complejo que simplemente mover terroristas y existe una "red oscura clandestina" entre Venezuela y Siria de la cual todavía se desconoce su verdadero propósito. Sin embargo, Humire considera que el esquema de documentación tiene el propósito de construir una red internacional con un propósito bélico.

Debido a la evidente corrupción y escándalos relacionados al narcotráfico en los que se han visto involucrados allegados al gobierno de Chávez y Maduro, diferentes medios de comunicación se refieren a Venezuela como un "narco estado". Sin embargo, Humire considera que el término más adecuado el cual define al país petrolero es el de "estado paralelo" y ahí es donde resalta el apellido El Aissami.

El especialista en anti terrorismo asegura que un estado paralelo es una estructura cívico paramilitar criminal parecida a un estado que crece dentro del Estado y tiene más poder que el estado formal. En otras palabras, el especialista dice que Venezuela ya no está dividida entre funciones, si no dentro de territorios y así como existen alcaldes y concejales, existen narcotraficantes, lavadores de dinero y fuerzas irregulares como terroristas y milicias.

"Ahí tienen un comando y control mediante una mafia que existe entre algunos funcionarios que mayormente no siempre son los más conocidos, pero poseen descendencia árabe" , aseguró Humire y señala que Tarek El Aissami es una excepción porque une a los dos mundos.

Humire explica que la situación en Venezuela no se puede subestimar y va más allá de que Maduro salga del poder o no puesto que el país esta frente a la presencia de agentes extra regionales que buscan más allá de dinero, control y poder.

"Sin embargo, lo que hemos aprendido es que Venezuela es un estado paralelo con una ocupación y control de actores extra regionales que también controlan a Cuba" señaló Humire .

Por último Humire concluye asegurando que Maduro es negociable, pero hay figuras de la revolución bolivariana que no son negociables como Tareck El Aissami por razones mencionadas anteriormente.

"Frenar o cambiar el régimen no es tan importante como frenar la revolución bolivariana que tiene como fin cambiar el mapa geopolítico de Latinoamérica y por lo visto es que lo están logrando poco a poco" aseguró Humire .

EEUU y Estados del Caribe firman acuerdos de Seguridad

Participantes en el Diálogo de Cooperación en Seguridad efectuado en Washington DC el pasado 16 de mayo de 2019.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el pasado jueves una declaración conjunta entre el gobierno de EE.UU. y los Estados del Caribe, luego del Diálogo de Cooperación en Seguridad efectuado en Washington DC.

La reunión tuvo lugar en el marco del Aniversario de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI, por sus siglas en inglés).

Los temas tratados, enfatiza el documento, buscan “reducir el tráfico ilegal, mejorar la seguridad y prevenir la delincuencia y la violencia juveniles”.

Los mecanismos establecidos por las partes trabajan por combatir el terrorismo y la delincuencia organizada en la región.

Entre los objetivos de la iniciativa aparece el referido a “Adoptar en forma sistemática las recomendaciones sobre acciones prioritarias en el Caribe para abordar el tráfico ilegal de armas de fuego, formuladas por nuestras autoridades nacionales de armas de fuego en el marco del Grupo de Trabajo Técnico sobre Lucha contra el Tráfico de Armas Pequeñas y Armas Ligeras en el Caribe”.

En otro aparte el organismo anunció que intentan promover una estrategia regional donde se vinculen las prácticas en “áreas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”, para un mejor intercambio en la esfera de información e inteligencia.

Diálogo de Cooperación acordó convocar una reunión del Grupo de Trabajo Técnico que contemple acciones “acciones contra el lavado de dinero, los delitos financieros y el uso delictivo de la tecnología, y para el uso de la confiscación de activos como instrumento de aplicación de la ley”.

Con el objetivo de incrementar la seguridad la reunión acordó que entre los países deben de buscar mejores prácticas sobre seguridad en las telecomunicaciones, seguridad internacional en el ciberespacio y lucha sobre la ciberdelincuencia.

[Con información del Departamento de Estado de Estados Unidos]

Manifestantes detenidos por ocupar embajada Venezuela EEUU se presentan ante corte

Dos manifestantes de Code Pink ocupan la embajada de Venezuela en Washington DC. Luego fueron arrestadas por la policía. (AFP).

Cuatro manifestantes arrestados el jueves por ocupar la embajada de Venezuela en Washington se presentaron el viernes ante una corte federal, donde fueron acusados de invasión e interferencia con las funciones de protección del Departamento de Estado, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La aparición de los manifestantes ante la corte se dio un día después de que agentes de Estados Unidos allanaron la embajada de Venezuela para expulsar a un pequeño grupo que protestaba contra la política de Washington con el país sudamericano. El operativo ayudó a que la sede sea entregada al equipo diplomático del líder opositor Juan Guaidó.

Esta tarde la periodista Alina Duarte, del Canal tele Sur, publicó en su cuenta de Twitter un video con la liberación de los activistas.

Desde mediados de abril, miembros de tres grupos activistas ocuparon la embajada, un edificio de ladrillos rojos en la zona de Georgetown en Washington, quienes decían que estaban "invitados" por el gobierno venezolano.

Los activistas se oponen a la intervención estadounidense en Venezuela para la salida del presidente Nicolás Maduro, en respaldo del jefe del Congreso, Guaidó, que en enero invocó artículos de la Constitución para proclamarse presidente encargado.

[Con información de la agencia Reuters y redes sociales]

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