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Derechos Humanos

Rechazan vista oral en apelación de periodista cubano Quiñones Haces

El periodista cubano Roberto Jesús Quiñones Haces. (Captura de video/Cubanet)

El Tribunal Provincial de Guantánamo rechazó el recurso de vista oral en el proceso de apelación de condena presentado por el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces.

El periodista dijo a Radio Martí que fue citado por el Tribunal Provincial de Guantánamo para notificarle “un auto de radicación de la apelación” con fecha del 15 de agosto de 2019 sin derecho a celebrar una vista oral.

El también abogado dijo que el tribunal no se pronunció con respecto a las pruebas que presentó en el tribunal municipal, donde señala las irregularidades cometidas durante el juicio por autoridades policiales y judiciales, lo que lo “perjudica como recurrente”, y lo deja “en una situación muy difícil”, señaló.

Rechazan vista oral en apelación de condena de Quiñones Haces
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Ahora solo queda esperar la sanción que impondrá el Tribunal Provincial. El periodista dijo que esa instancia judicial tiene la opción de mantener la sanción establecida o de disminuirla, “cosa que yo dudo mucho que haga”, afirmó.

Según la ley, las autoridades tienen hasta el próximo lunes para comunicarle la condena. Quiñones Haces fue sentenciado a un año de privación de libertad con trabajo correccional con internamiento por el Tribunal Municipal de Guantánamo por los delitos de "desobediencia" y "resistencia".

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Régimen comunista prohíbe a sacerdote golpeado y detenido en las protestas viajar fuera de Cuba

El padre Castor José Álvarez Devesa durante una visita al OCDH.

El régimen cubano prohíbe viajar fuera del país al sacerdote camagüeyano Castor José Álvarez Devesa, abiertamente crítico al régimen de La Habana y quien ha dado respaldo a la oposición cubana en numerosas ocasiones, por ser considerado de “interés público”, según dio a conocer el portal digital independiente La Hora de Cuba.

El Padre Castor, quien cumple con los estrictos cánones de su religión, no es indiferente a la situación que se vive en la isla y sus homilías se han convertido en referente público rebasando los muros de su iglesia y, aunque su lenguaje no es incendiario, es evidente que sus palabras son el eco de la mayoría descontenta.

Durante las jornadas de levantamiento popular ocurridas el pasado 11 de julio en toda la isla, el Padre Castor comentó en las redes sociales que “después de rezar y pedir consejo”, decidió salir a las calles de Camagüey, junto a los más necesitados, de lo cual, resultó brutalmente golpeado, terminando encerrado en un calabozo.

Poco antes de las celebraciones por el Día de la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba, el oficial de la Seguridad del Estado que atiende los “Asuntos Religiosos”, identificado como "Abel", comunicó “a Wilfredo del Pino Estévez, arzobispo de Camagüey, que el Padre Castor no podía oficiar misa ese día en la comunidad católica de Vertientes, dada la gravedad de la Covid en el territorio”, informó La Hora de Cuba.

“Lo que resultó polémico tratándose de la única misa suspendida en suelo agramontino y de un sacerdote que incomoda al régimen con su proyección contestataria”, agregó el diario digital independiente.

Castor es firmante de varias cartas que en los últimos meses han criticado abiertamente la difícil realidad de Cuba. En 2018 el religioso firmó, junto a los también curas José Conrado Rodríguez y Melvis Roque, una carta dirigida a Raúl Castro en la expusieron la necesidad urgente de celebrar elecciones libres y en julio de 2017 se atrevió a oficiar una misa a la sede de las Damas de Blanco.

“Ayer (14 de septiembre) fui al carnet de identidad (Oficina de Trámites) y pregunté […] me dijeron que no podía salir del país por “interés público”, declaró el sacerdote a La Hora de Cuba.

El término “interés público” no se recoge en el Código Penal cubano, tampoco en la Constitución.

Atendiendo a la ley de migración cubana, las prohibiciones de viajar fuera de la isla son impuestas a una persona “que esté pendiente al cumplimiento de una sanción penal o medida de seguridad”.

“Tales motivos no constan en la prohibición del sacerdote, sino el ambiguo “interés público”, que viola flagrantemente el derecho de toda persona a salir de su país”, denuncia la publicación.

El régimen cubano establece la política de "regulados" como castigo a los ciudadanos que se oponen o expresan opiniones contrarias a sus intereses.

"El Consejo de Derechos Humanos acaba de dar la espalda a los ciudadanos cubanos"

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Fabrice COFFRINI / AFP

Una declaración respaldada por decenas de firmantes asegura que el Consejo de Derechos Humanos acaba de dar la espalda a los ciudadanos cubanos, al no condenar la ofensiva de represión desatada contra el pueblo en general desde el pasado 11 de julio.

El texto titulado "Del lado de los ciudadanos, no de los Estados", fue divulgado este viernes por integrantes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general.

El pasado 16 de julio, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había hecho un llamado a la urgente liberación de todas las personas que han sido detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica o a la libertad de opinión y expresión y dijo estar "muy preocupada por el presunto uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes en Cuba y el arresto de un gran número de personas, entre ellas varios periodistas".

Sin embargo, la funcionaria no incluyó a Cuba en su informe global sobre los países que violan los derechos humanos, presentado esta semana, un hecho que de acuerdo a la declaración constituye una oportunidad perdida para entender las realidades sociales y políticas del país comunista.

El opositor Manuel Cuesta Morúa dijo a Radio Martí que muchos cubanos se quedaron "boquiabiertos con esa ausencia y con ese silencio".

Declaraciones de Manuel Cuesta Morúa
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"En un minuto en que todos pensamos que efectivamente el primer informe o el informe del Consejo de Derechos Humanos sobre el comportamiento de los derechos humanos en el mundo iría a incluir a Cuba, nos quedamos realmente estupefactos con la noticia totalmente absurda de lo que una amiga ha llamado "el elefante blanco" en el Consejo de Derechos Humanos. No apareciera mencionado ni una vez. No había ninguna justificación para no mirar hacia Cuba en uno de los momentos más importantes de su historia. Y cuando digo 'momento más importante de la historia' me refiero a la historia nacional. No había de ninguna manera justificación para que la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no se fijara en dos cosas fundamentales: la brutal represión, teniendo en cuenta la naturaleza estrictamente pacífica de las masas, desde el Estado, y que el mismo Estado llamara a la violencia civil. Eso debió haber llamado la atención poderosamente de el Consejo de Derechos Humanos y haber reflejado el caso de Cuba", explicó Cuesta Morúa.

A continuación reproducimos el texto íntegro de la declaración "Del lado de los ciudadanos, no de los Estados":

Las manifestaciones pacíficas de las jornadas de julio en Cuba, inéditas en nuestra historia nacional, merecieron la viva atención y el acompañamiento del mundo democrático. Su represión por un gobierno no electo solo mereció una débil declaración de parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, liderado por la Sra. Michelle Bachelet, su Alta Comisionada. Una declaración que fue presentada, además, como supuestos que contradecían hechos bien documentados en miles de imágenes; testimonios, al mismo tiempo, del clamor de los ciudadanos cubanos y del ataque brutal de las turbas paramilitares y de los cuerpos represivos en toda la isla.

Con un agravante que el Consejo de Derechos Humanos, en forma también inédita, pasaba por alto: la violencia civil generalizada y la escala nacional se inicia en Cuba, también por primera vez en nuestra historia, por mandato de un Estado que se reafirma y reafirma la violencia como modo de administrar las demandas pacíficas y colectivas de la sociedad, en contra de la ley y de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Un precedente que va contra los principios y el espíritu mismo de las Naciones Unidas. Los Estados que declaran la guerra a sus ciudadanos contribuyen a la inestabilidad mundial.

Los abajo firmantes, integrantes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, de otras tantas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general, considerábamos que la construcción cívica de las mayorías, interrumpida por la violencia política de una minoría atrincherada en el Estado, contaría con el respaldo del Consejo de Derechos Humanos en lo que toca a los derechos y a la integridad ciudadana. Pero el Consejo de Derechos Humanos acaba de darle la espalda a los ciudadanos cubanos para colocarse al lado del Estado. Y de una manera que, en el contexto del Caribe, preocupa especialmente a la comunidad civil y prodemocrática cubana por el sesgo racista de la represión de las jornadas de julio que criminalizan y racializan la protesta civil.

Con el silencio sobre Cuba en el informe mundial sobre el comportamiento de los derechos humanos, este Consejo de las Naciones Unidas perdió la oportunidad de entender las realidades sociales y políticas de nuestro país. Un lujo que no deberían darse muchos de los organismos internacionales que van perdiendo relevancia y credibilidad ante las explosiones de la ciudadanía y la crisis de las instituciones estatales y supranacionales que dicen representarla.

La presidencia de este Consejo había despertado cierta sensibilidad para los derechos humanos en América Latina. Su presidenta es hija de Alberto Bachelet, general de brigada de la Fuerza Aérea de Chile y miembro del gobierno de la Unidad Popular liderado por Salvador Allende que, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, fue detenido y fallece en prisión. Junto a su madre, Michelle Bachelet pasa a la clandestinidad, y más tarde resultan detenidas y torturadas antes de partir al exilio político.

Como con Venezuela y Nicaragua, la analogía de esta dura experiencia con la situación cubana es manifiesta. Pero, contrario a los constructores de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, que sufrieron los horrores del nazismo y construyeron una mancomunidad fundada en los valores, la presidencia de este Consejo no ha tomado la experiencia como punto de partida para construir y fortalecer un mundo basado en esos valores que alimentaron un nuevo orden centrado en los derechos de la persona humana y en la ciudadanía. En tal sentido, solo ha debilitado los reflejos institucionales, el paradigma y la consistencia en la lucha por los derechos humanos en el mundo.

Los silencios del Consejo de Derechos Humanos han sido ruidosos en América Latina. Silencio prolongado frente a las violaciones flagrantes de un Estado fallido como el de Venezuela, hasta que las presiones y las realidades desbordaran la capacidad de indiferencia del Consejo. Silencio en Nicaragua, hasta que el retorno de las técnicas somocistas rebasase los usos de las frías burocracias de las Naciones Unidas ante el escándalo humanitario. Silencio en Cuba, probablemente hasta el momento en el que el crimen de Estado pase por la normalización de informes deshumanizados que nunca traducirán ni reflejarán la tragedia por la que están atravesando ahora mismo miles de jóvenes y de familias en Cuba.

A 20 años de su creación, el Consejo de Derechos Humanos, como acordó en su mandato inicial, merece una profunda reforma. A empezar por la composición de su liderazgo. Las virtudes de los estadistas no son transferibles a organizaciones que se basan en los valores. Las consideraciones geopolíticas, ideológicas, de simpatía, de intereses y electorales vician los fundamentos de organismos que nacen para promover, defender y proteger los derechos humanos a escala global.

Si los informes, las declaraciones y las acciones de instituciones concebidas para defender a los ciudadanos de los Estados dependen esencialmente de los cálculos basados en el voto ambicionado de esos Estados, los derechos humanos seguirán perdiendo terreno a escala global. Y a la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de sus propios países, se agregará la desconfianza hacia organismos que, alejados por su alcance, se desentienden de lo único que justifica su existencia: la primacía de los valores. Los derechos humanos lo son para todos. El privilegio de ciertas responsabilidades globales solo tiene la dimensión del coraje con el que se defienden los valores que la fundan.

Cabe recordar acá lo que una vez expresó Martin Luther King, “al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos sino los silencios de nuestros amigos”, es decir de aquellos con quienes supuestamente compartimos valores y principios.

Los abajo firmantes, integrantes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, otros y otras de distintas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general,

1. Pedro Acosta. Periodista Independiente

2. Ileana Alvarez. Directora de Alas Tensas.

3. Elías Amor Bravo. Presidente Unión Liberal Cubana

4. Alina Brouwer Guerra. The Education Project Corp.

5. MarthadelaTamayo González. Comité Ciudadanos Integración Racial. RFC. ACI

6. María Mercedes Benítez Rodríguez. Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales.

7. Enix Berrio Sardá. Vicepresidente PDC

8. Lic. Amado Calixto Gammalame. Asociación Jurídica Cubana

9. Asunción Carrillo Hdez. Mujeres Democristianas. Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel

10. Armando Chaguaceda. Politólogo e Investigador

11. José Casares Soto. Mesa Diálogo de la Juventud.

12. Juan A. Madrazo. Coordinador del Comité Ciudadanos por la Integración Racial.

13. Iris Ruiz. Actriz y Activista. Movimiento San Isidro.

14. Amaury Pacheco, Poeta y Activista. Movimiento San Isidro

15. Michel Matos, Filósofo y Activista, Movimiento San Isidro

16. Yanelis Nuñez, Historiadora del Arte y Activista. Movimiento San Isidro

17. Carolina Barrero. Historiadora del Arte, Curadora y Activista

18. Mario Félix, Pastor

19. Alain Toledano, Pastor

20. Ángel Santiesteban, Escritor

21. Rafael Vilches, Poeta y Escritor

22. Boris González, Periodista Independiente, Vocero de la Mesa de Unidad de Acción Democrática

23. Dariem Columbié. Plataforma #Otro18.

24. Sara Cuba Delgado. Alianza Cubana por la Inclusión.

25. Manuel Cuesta Morúa. Arco Progresista/Cuba en Plural.

26. Yeris Curbelo Aguilera. Alianza Democrática Oriental.

27. Hildebrando Chaviano. Abogado y periodista. Centro para el Análisis de Políticas Públicas

28. Lázaro Javier Chirino Díaz. Periodista CiberCuba.

29. Eduardo Díaz Fleitas. Comité Coordinador UNPACU

30. José Díaz Silva. Presidente Movimiento Opositores por una Nueva República.

31. Victor Manuel Dueñas Otero. Presidente de la @NGFoundationNL

32. Lic Raydel Fernández. Vicepresidente financiero P&F. Activista de Derechos Humanos

33. Ileana de la Guardia. PsicoNeuróloga. Activista por los Derechos Humanos.

34. Rodolfo González González. Vicepresidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos.

35. Ernesto Gutiérrez Tamargo. Doctor en Derecho

36. Iván Hernández Carrillo. Secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.

37. Esteban R. Hernández González. Centro Estudios para la Transición Democrática en Cuba.

38. Yanisey Hernández Medina. Embajada Cívica Cubana.

39. Nelva Ismarys Ortega Tamayo. Dra. En Medicina MGI. Unión Patriótica de Cuba

40. Dra. Eva Kubàtová. Post Bellum. República Checa

41. María Cristina Labrada Varona. Dama de Blanco.

42. Elena Larrinaga de Luis. OCDH. PDC. RFC.

43. Antonio José Ledezma Díaz. Abogado, ex Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas Diputado del extinto Congreso Nacional de Venezuela y ex Senador de la República y Vicepresidente de la Cámara, Gobernador del Distrito Federal.

44. Rafael León Rodríguez. Proyecto Demócrata Cubano (PRODECU)

45. Michael Lima Cuadra. Democratic Spaces. @ngotransations

46. Agustín Valentín López Canino. Bloguero y Activista

47. Félix Llerena. Embajador para Cuba de la organización Juventud y Democracia en las Américas.

48. Gabriel Mato Adrove. Diputado el Parlamento Europeo.

49. Carlos Millares Falcón. Presidente de la Fundación Sucesores.

50. Maria Elena Mir Marrero. CONIC. Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba.

51. Osvaldo Navarro Veloz. Comité Ciudadano por la Integración Racial y Proyecto D.Verso

52. Juan Alberto de la Nuez. Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación.

53. Lázara Sánchez Fiallo. Secretaria Ejecutiva de la Red de Apoyo en Camagüey del OCDH.

54. Gabriela Torres. Lda. En Marketing y Comunicación (desarrollo digital)

55. Jorge Luis Valdés Villazan. Coordinador de UNPACU.

56. Dra. Rita Martín. Narradora y ensayista.

57. Dawi Morejón. Activista de Derechos Humanos.

58. Abraham Rivera. Escritor y articulista sionista: desde Israel por Cuba

59. Dunia Medina Moreno. RFC. Democristianas Cuba. MUAD

60. Orlando Luis Pardo Lazo. Escritor

61. Zuleidys Pérez. Plataforma Femenina. Red de Líderes y Lideresas Comunitarias.

62. Roxilene Sotolongo Cruz. Mujeres Democristianas. Red Femenina de Cuba.

63. Omar Vento. Presidente Fundación Panamericana para la Libertad.

64. Humberto Viel Marín. Movimiento Opositores por una Nueva República

65. Anai Penalba. Movimiento Opositores por una Nueva República

66. Yanelis Cutiño. Movimiento Opositores por una Nueva República

67. Mario Hernández. Movimiento Opositores por una Nueva República

68. Jhonis Guevara. Movimiento Opositores por una Nueva República

69. José Hernández. Movimiento Opositores por una Nueva República

70. David Doubouchet. Movimiento Opositores por una Nueva República

71. Rolando Díaz. Movimiento Opositores por una Nueva República

72. Lázaro Mendoza. Movimiento Opositores por una Nueva República

73. Juan Lamas. Movimiento Opositores por una Nueva República

74. Juan A. Lamas. Movimiento Opositores por una Nueva República

75. Caridad Sánchez. Movimiento Opositores por una Nueva República

76. Francisco Díaz. Movimiento Opositores por una Nueva República

77. Maylen González. Movimiento Opositores por una Nueva República

15 menores de edad siguen presos en Cuba tras el estallido social; abogados explican cómo el Estado viola sus derechos

Arresto de un menor durante las protestas del 11 de julio en Cuba. (Captura de video/Amnistía Internacional)

Un número significativo de adolescentes continúan presos en Cuba tras el estallido social del 11 de julio: quince, según el Centro de Asesoramiento Legal CUBALEX.

“La edad penal, según el Código Penal Cubano comienza a los 16 años: a alguien que haya cumplido 16 le es aplicable todo lo que está establecido en el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal. ¿Qué ocurre? El artículo 17 establece un cierto tratamiento diferenciado mucho más benévolo en los que cometen delito que están comprendidos en la edad de 16, 18, 20 años”, explicó desde La Habana a Radio Televisión Martí el abogado independiente Julio Ferrer.

“Por regla general, lo que orientan las normas penales es que no se lleven a cárceles, que se busque una medida que asegure su asistencia al juicio sin evadir la acción de la justicia, pero sin que estén sujetos a prisión provisional", apuntó.

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El fenómeno de tratar como adultos a infantes en el Código Penal denota falta de protección de sus derechos, esencialmente, debido a la ausencia del concepto “niño” ante la ley.

“En Cuba, la minoría de edad es hasta los 18 años. Lo que sucede es que la responsabilidad penal se adquiere a los 16. Pero, las personas entre 16 y 18 años siguen siendo menores. Por ejemplo, para contraer matrimonio sólo puedes hacerlo con 18 años. Si lo hacen con menos edad, necesitan autorización de sus padres. Quiere decir que los menores de dieciocho años siguen siendo niños”, insistió, en conversación con nuestra redacción la jurista Laritza Diversent, directora del Centro de Asesoramiento Legal CUBALEX, con sede en Estados Unidos y filiales en diversas ciudades de la Isla.

La Convención sobre los Derechos del Niño en su Artículo 1 entiende por niño a todo aquél menor de 18 años, aunque reconoce la existencia de un sistema especial para tratar el caso de muchachos y muchachas en conflicto con la ley penal que debe ser diferenciado y autónomo al sistema de justicia aplicado a los mayores.

“Cuba es parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Comité, que es el encargado de interpretar esta Convención, ha establecido que en los países donde la edad mínima para la responsabilidad penal es menos de 18, los Estados tienen que tener en cuenta que aun los menores en ese rango están bajo la protección de la Convención y por tanto hay que aplicar con el caso de ellos la Justicia en menores que se establecen en los estándares internacionales, no pueden ser tratados como adultos, como está haciendo el Estado cubano”, indicó Diversent.

Los datos de los detenidos en relación con las demostraciones del 11 de julio, compilados por CUBALEX, arrojan que, al menos, dos, todavía encarcelados, tienen 15 años.

“Estos menores no son presentados a los tribunales, sino que son procesados a través de un procedimiento administrativo que está a cargo del Ministerio del Interior. Por supuesto, que los funcionarios que se relacionan con estos menores no tienen la capacitación para tratar con ellos”, señaló la especialista.

“Es un sistema totalmente extrajudicial en el que no se respetan las garantías del debido proceso. Se les ubica en centros, específicamente, para menores de 16 años, pero están custodiados por oficiales del Ministerio del Interior y están privados de libertad, quiere decir que la situación de estos menores, incluso puede ser peor, que la de los que están entre 16 y 18 años porque no tienen derecho a contratar un abogado, no existe la presunción de inocencia, los padres no pueden, en base a la Patria Potestad, ejercer ningún recurso para defender a sus hijos o cuando se les esté imputando algún delito que, ciertamente no son juzgados, pero son sometidos a un sistema de reeducación que como dije antes está a cargo de los militares”, recalcó.

Aún bajo arresto se encuentran 13 jóvenes de entre 16 y 18 años, informa CUBALEX.

“Respecto a éstos, si ya se presentan ante el tribunal, pueden ser privados de la libertad, con la medida cautelar de prisión provisional, que es lo que está pasando ahora con algunos menores que fueron detenidos a raíz de las protestas del 11 de julio”, subrayó la abogada y añadió:

“Son tratados como mismo son tratados los adultos. No hay personal capacitado para relacionarse con ellos y, en ese caso, se violan los estándares internacionales que requieren que, si los privan de la libertad provisionalmente, tengan comunicación constante con sus padres, que los padres deberían participar en el proceso acompañando a sus hijos, amén de que puedan tener un abogado. Se recomienda que sean interrogados en presencia de sus padres si ellos lo solicitan, entre otras medidas que deben adoptar con este grupo poblacional, algo que no ha pasado en el contexto cubano”.

“Los menores son más susceptibles de ser coaccionados o intimidados para forzarlos a declarar en contra de sí mismos. Y recordemos que, en este año, en la televisión cubana se presentó a un menor de 16 años autoinculpándose e, incluso, vestido de recluso”, dijo la abogada.

Diversent se refiere a un reportaje publicado, a principios de febrero de 2021 en el Noticiero de la Televisión cubana, que mostró imágenes de interrogatorios realizados a dos menores de edad que dijeron haber recibido 1,000 pesos cubanos por lanzar piedras a diferentes comercios y centros estatales de la provincia de Guantánamo.

“Las presiones que pueden sufrir los menores entre 16 y 18 años pueden ser mayores por temor a lo que les pueda pasar en el futuro, el riesgo de estigmatización en sus propias comunidades. Por tanto, desde el Sistema Internacional de Derechos Humanos se solicita a los Estados que den protección especial a este grupo poblacional”, concluyó Diversent.

No existen cifras públicas oficiales de cuantos menores de 18 años han sido juzgados por la ley o recluidos en penales por la comisión de delitos en Cuba, pero es evidente que el objetivo de castigar en lugar de rehabilitar, se ha impuesto en los manifestantes del 11 de julio, comprendidos en estas edades, pues permanecen tras las rejas 15 de un total de 49 arrestos documentados.

EEUU cuestiona al régimen cubano encarcelamiento de joven activista Thais Mailén Franco

Thais Mailén Franco Benítez, una de las detenidas en la protesta pacífica de la Calle Obispo, junto a la periodista Iliana Hernández. (Facebook)

Estados Unidos llamó la atención este jueves sobre el caso de la joven activista en prisión Thais Mailén Franco Benítez, como parte de la campaña #JailedForWhat? (#PresosPorQué?), con la que denuncia la situación de los presos políticos en la isla.

Franco Benítez fue detenida por manifestarse pacíficamente, el pasado 30 de abril, en la populosa calle Obispo de La Habana, junto a otros activistas.

"En lugar de respetar las voces de sus ciudadanos, el gobierno cubano las silencia", dijo la Embajada estadounidense en Cuba en su cuenta de Twitter, junto a una foto de la joven.

La activista lleva más de cuatro meses recluida en la cárcel de mujeres El Guatao, en La Habana, donde sufrió una caída que ha complicado sus problemas de salud.

Tras reiteradas quejas de su familia ante entidades gubernamentales por la falta de atención médica a la joven, Franco Benítez fue trasladada al hospital de esa penitenciaría.

Aún sin fecha de juicio y acusada de los presuntos delitos de "desorden público y resistencia", la madre tres menores de edad permanece en prisión, pese a su estado de salud.

"Instamos al gobierno cubano a que deje de silenciar a los artistas y a sus partidarios, y a que respete las demandas de su pueblo", concluyó en Twitter la sede diplomática estadounidense.

La campaña ha destacado, hasta ahora, los casos de José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Luis Manuel Otero Alcántara, Yoandris Gutiérrez, Luis Robles, Hamlet Lavastida y el periodista independiente Esteban Rodríguez, otro detenido en la protesta del 30 de abril.

Régimen no da tregua a opositores y civiles detenidos por sublevación popular del 11J

Tensión en una Cuba que sobrepasó los límites de superviviencia (Foto tomada de Facebook)

Continúa el acoso y hostigamiento en contra de miembros de la sociedad civil independiente cubana por su participación en las protestas populares del 11 de julio.

Este jueves, la periodista Camila Acosta cumple dos meses en reclusión domiciliaria y en espera de juicio por los delitos de Desorden Público e Instigación a Delinquir, comenta la comunicadora.

“Dos delitos por los que yo pudiera cumplir una sanción de privación de libertad de tres meses a un año, tengo vigilancia permanente de la Seguridad del Estado, son varios efectivos, casi todos los días son cinco, una patrulla policial que está frente a mi vivienda, desde bien temprano en la mañana hasta las 9 de la noche, que es cuando comienza el toque de queda en La Habana. Y las veces que me han permitido salir, ha sido solamente para visitar a mi abogado, en esos casos siempre me sigue la patrulla policial a todas partes que voy”, contó Camila.

Acoso y presiones contra miembros de la sociedad civil y manifestantes del 11J
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En Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, Daniel Lorenzo Rosales Carballo, un joven evangélico de 17 años de edad que fuera multado por haber participado en las protestas del 11J, permanece aún en una situación complicada, informó la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Martha Beatriz Roque Cabello.

“Además de la multa, lo obligan a ir mensualmente, durante seis meses, a escuchar una charla revolucionaria, bajo la amenaza de que, de no asistir, entonces se procedería a llevarlo a prisión, sancionado por el delito de peligrosidad predelictiva”, explicó la opositora.

Leylandis Puentes Vargas, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue trasladado el martes para la prisión de mayor rigor de Agüica, en el municipio de Colón, Matanzas, al igual que días antes ocurrió con Francisco Rangel Manzano, ambos estaban en unión de Félix Navarro, en la cárcel Combinado Sur, según informó su esposa, Tania Echeverría.

“Me llamó Leylandis y me dijo que los trasladaron a ellos para que no sepan nada de Félix y no puedan informarnos nada a nosotros los familiares, es decir, para evitar que se filtre la información. Nosotros tememos por la vida de ellos, esa es una prisión de máxima seguridad, allí están presos con condenas de cadena perpetua”, enfatizó Tania.

Y desde la Isla de la Juventud, Dayanis Salazar Pérez, alertó sobre la situación del opositor Juan Luis Sánchez González, preso desde el 11 de julio.

“En estos momentos Juan Luis se encuentra en la prisión El Guayabo aquí en la isla, hace ya 59 días, lo acusan de atentado, pero no tenemos ninguna prueba física que demuestre que él cometió este delito”, concluyó Dayanis.

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