Enlaces de accesibilidad

América Latina

Acusación de narcotráfico de EEUU contra Maduro provoca reacciones

Cartel de la DEA anunciando recompensa por información que conduzca a la captura y enjuiciamiento del gobernante venezolano Nicolás Maduro.

Después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusara formalmente al gobernante venezolano Nicolás Maduro de narcotráfico, y que el Departamento de Estado pusiera una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, figuras prominentes de la política expresaron su parecer sobre el paso tomado por Washington.

Bob Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey, comentó en su cuenta de Twitter que "aunque la criminalidad de maduro sea indiscutible, los cargos del Departamento de Justicia no regresarán la democracia ni abordarán la crisis humanitaria que ha forzado a millones a huir de Venezuela".

El senador amplió que la administración Trump debe dar TPS a venezolanos en EEUU y expandir esfuerzos internacionales".

Por su parte, el senador republicano de la Florida Marco Rubio afirmó en una declaración escrita que “por demasiado tiempo, la empresa criminal de Maduro se ha enriquecido ilegalmente a través de la corrupción, el tráfico de drogas y el terrorismo. La acusación de hoy contra Nicolás Maduro y los miembros de su régimen es un paso sin precedentes para responsabilizar a muchos secuaces que han convertido un país democrático en un narcoestado”.

En el documento, Rubio aseguró que “los ciudadanos venezolanos acusados por el Departamento de Justicia han promovido el narcotráfico y el tráfico ilícito de drogas en nuestro hemisferio, amenazando la seguridad de los Estados Unidos y de nuestros aliados en la región. Estados Unidos no se detendrá hasta que prevalezca la justicia por estos crímenes".

El representante republicano por la Florida Mario Díaz-Balart comentó en un mensaje de Twitter que "los cargos revelados por el Departamento de Justicia identifican una amplia corrupción y criminalidad en los niveles más altos del régimen de Maduro".

Díaz-Balart enfatizó que "estos criminales que han saqueado los recursos de Venezuela y se han involucrado en tráfico de drogas deben ser llevados ante la justicia".

En su cuenta de Twitter, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su nombre en inglés) publicó un mensaje con las recompensas que el gobierno de EEUU está ofreciendo por información que lleve a la captura y enjuiciamiento de Maduro y otras altas figuras ligadas a su régimen.

Entretanto, Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que es "el régimen de Nicolás Maduro es igual a narcotráfico y crimen organizado. Las FAN (Fuerzas Armadas) deben oír con mucha claridad las acusaciones de hoy contra la dictadura".

Vea todas las noticias de hoy

Consternación en el Consejo de Derechos Humanos por la situación en Venezuela

Primer discurso de Michelle Bachelet en la ONU, tras asumir el cargo de alta comisionada de los derechos. (Fabrice Coffrini/AFP).

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas abordó este miércoles en Ginebra la situación en Venezuela, país azotado por una crisis humanitaria, social, política y económica desde hace años.

Las naciones miembros están analizando los informes sobre Venezuela presentados por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Brasil denunció que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela traicionó la confianza de la alta comisionada y del pueblo venezolano para usurpar funciones y perpetuar a Nicolás Maduro en el poder.

La delegación colombiana recordó que la crisis en Venezuela generó un éxodo sin precedentes, y que millones de ciudadanos han tenido que buscar refugio en otros países. Subrayó que lo importante ahora es permitir elecciones libres y fomentar la independencia de la Justicia.

El problema de la falta de independencia en materia jurídica también fue destacado por la delegación de España.

Mientras, la delegación argentina instó al régimen de Maduro a cumplir las recomendaciones hechas por Bachelet, y los representantes de Croacia lamentaron que la pandemia de coronavirus ha complicado aún mas la situación en el país petrolero.

Para la República Checa es fundamental exigir a Venezuela que permita la entrada de una misión de observación del Consejo de Derechos Humanos. Japón también dio su apoyo a una misión de investigación.

Dinamarca, por su parte, dijo que en Venezuela hay tortura y persecución de opositores, y violaciones constantes de los derechos de las comunidades indígenas.

UN Watch, una organización no gubernamental que observa las acciones de la ONU, también criticó la represión en Venezuela, aunque la intervención de su representante fue interferida en varias ocasiones por la delegación cubana.

Hillel Neuer, representante de UN Watch, recordó que el Consejo de Derechos Humanos expulsó a Libia de la organización en el 2011. Con Venezuela hay que hacer lo mismo, dijo Neuer.

También lamentó que países como Cuba, China y Rusia estén apoyando a Venezuela y ayudando a Maduro a permanecer en el poder.

La ONG Cepaz dijo en su intervención que el gobierno está criminalizando a los venezolanos que regresan al país tras haber tomado la decisión de huir de la crisis. Para Cepaz, la declaratoria del estado de alarma en Venezuela es utilizada para profundizar la política de persecución.

La ONG Provea, con sede en Caracas, advirtió hace un par de días de que Maduro ha incumplido la gran mayoría de las recomendaciones hechas por Bachelet.

(Fuentes: Provea, Cepaz, ONU, UN Watch, agencias de prensa)

Poder Electoral de Nicaragua extiende plazo para comicios de 2021

Ciudadanos nicaragüenses se buscan en la lista del padrón electoral antes de la apertura de las juntas receptoras de votos en Managua.

El Poder Electoral de Nicaragua extendió el plazo para que los partidos políticos soliciten su personalidad jurídica para participar en las elecciones generales previstas en noviembre de 2021, informó este martes el diario oficial La Gaceta.

En una resolución, los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, decidieron ampliar el plazo para la obtención de personalidad jurídica en un máximo de cinco meses antes del día en que se celebren las próximas elecciones de autoridades nacionales el 7 de noviembre del 2021.

La Ley Electoral señala que para que los partidos políticos participen en un proceso electoral, deben haber obtenido la personalidad jurídica doce meses antes de los comicios electorales.

En su resolución, el CSE explicó que amplían el plazo debido a que la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 "ha venido a limitar algunas actividades organizacionales y sociales, incluyendo las que conllevan a la certificación de la personalidad jurídica, requisito establecido en la Ley para participar en los próximos comicios electorales".

Dos organizaciones y un movimiento político, sin personalidad jurídica, rechazaron, por separado, esas medidas del CSE, las cuales catalogan como una "trampa" para mostrar apertura, sin tocar el tema fondo del sistema electoral, que es el control absoluto que ejerce el oficialismo sobre ese poder del Estado.

"La extensión de un período de solicitud de nuevas personerías jurídicas no constituye ni resuelve las reformas de fondo al sistema electoral de Nicaragua", señaló la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en una declaración.

5 finalistas en vacante del Relator Especial para la Libertad de Expresión

RELE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, da a conocer la lista de las cinco personas que serán entrevistadas los días 14 y 15 de septiembre de 2020 como parte del proceso de selección para el cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión, RELE.

En el marco de su 176 Período de Sesiones, la Comisión Interamericana seleccionó de la lista de finalistas anunciada el día 30 de abril de 2020, a las cinco personas que pasan a la fase de entrevistas.

Estas personas son, por orden alfabético: Ana Cristina Ruelas Serna, de México; Carlos Martín Lauría, de Estados Unidos; Damián Miguel Loreti, de Argentina; Paula Ligia Martins, de Brasil; y Pedro Vaca Villarreal, de Colombia.

La CIDH agradece la participación en el proceso de selección, así como el envío de videos y la aceptación a participar en el seminario realizado el pasado 29 de junio de 2020.

La CIDH expresa una vez más su enorme satisfacción con el interés en este concurso de personas altamente calificadas y con amplia experiencia y conocimiento en materia de libertad de expresión.

Asimismo, la Comisión agradeció a las más de 380 cartas y observaciones recibidas por parte de los paísas miembros de la OEA y de la sociedad civil en el marco de la consulta pública realizada entre el 30 de abril y el 15 de junio de 2020.

El proceso por el cual la CIDH selecciona a la persona titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión está regido por las normas reglamentarias pertinentes.

De acuerdo a lo establecido, el 15 de septiembre de 2020 la Comisión anunciará el nuevo titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que comenzará sus labores a partir del 6 de octubre de 2020.

Autorizan extradición a EEUU de Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Maduro

Nicolás Maduro toca una barra de oro mientras se dirige a los ministros responsables del sector económico en el Palacio de Miraflores.

El gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, aunque la decisión final la tomará un tribunal caboverdiano, confirmó este martes a Efe su abogado, José Manuel Pinto Monteiro.

El Ejecutivo avaló la extradición sobre la base de la opinión judicial favorable de la Procuraduría General de la República, enviada el pasado 8 de julio, para su revisión, al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente, que asumirá la deliberación final, afirmó Pinto.

Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal, el más importante de este país insular de África occidental, en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.

La PGR recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos y tenía un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.

Ahora, la defensa tiene de plazo hasta el jueves para interponer, ante la citada corte, un recurso contra la decisión del gobierno.

Si no lograse una orden favorable a sus reclamos, Saab podría aún apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia y, en última instancia, presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

“Nuestro equipo está trabajando con optimismo para obtener los resultados definidos, es decir, la liberación inmediata de nuestro cliente”, aseguró a Efe Pinto en conversación telefónica en Praia, la capital caboverdiana.

Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela indicó que Saab es un ciudadano venezolano y un agente del régimen, que se hallaba en tránsito en Cabo Verde para regresar al país.

La defensa de Saab argumenta que el empresario tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde.

El empresario colombiano contrató los servicios del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa.

En ese argumento se basarán los procedimientos del exjuez español Baltasar Garzón para defender a Saab ante instancias judiciales internacionales y caboverdianas, tras haberse incorporado al equipo legal del empresario, señaló Pinto.

El exjuez, que ejerce como abogado, va a liderar un proceso contra Estados Unidos y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Saab, explicó Pinto a Efe este lunes.

Álex Saab, testaferro de Maduro, contrata al ex juez Garzón para su defensa

En esta foto de archivo el juez español Baltasar Garzón junto a la vice presidenta de Argentina Cristina Fernández.

Álex Saab, empresario colombiano testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, contrató los servicios del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a Estados Unidos que afronta en Cabo Verde, confirmó este lunes a la agencia EFE el abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro.

Garzón integrará el equipo legal del empresario y lo defenderá en demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde, tanto ante organismos judiciales internacionales como de ese país insular de África occidental.

En concreto, el ex juez, que ahora ejerce como abogado, va a “liderar un proceso contra EEUU y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional (de Justicia) de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab en cuanto enviado especial de Venezuela”, explicó Pinto por teléfono en Praia, la capital de Cabo Verde.

En paralelo, Garzón también intentará abrir ante la Justicia del archipiélago “un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen” de Saab, detenido el pasado 12 de junio cuando el avión en el que se trasladaba hizo escala para repostar combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral, de la isla norteña de Sal.

Los casos de Garzón

El valor de la indemnización que la defensa del empresario colombiano planea solicitar se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.

Garzón dirige actualmente un bufete de abogados con sede en Madrid, y entre sus clientes se encuentra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien se encuentra preso en el Reino Unido a la espera de que se decida si debe ser extraditado a Estados Unidos.

En su carrera como juez, Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990), lo que le mantuvo detenido durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no fue extraditado a España.

Por otro lado, Saab, según la misma fuente, no está contento con las condiciones actuales de su detención en Sal, adonde fue trasladado el pasado día 3 desde la cárcel de Ribeirinha, en la septentrional isla de San Vicente, por motivos de seguridad.

El empresario ha exigido una celda con más espacio y comodidad, se ha quejado de las picaduras de los mosquitos y ha solicitado la visita periódica y reglamentada de un médico que supervise su estado de salud, además de considerar inadecuada su alimentación. “Bastante diferente de la dieta a la que está habituado”, precisó su representante.

Saab fue arrestado el 12 de junio en este país africano en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.

La Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EEUU, y tiene un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.

En estos casos, de cualquier modo, no es el Gobierno el que toma la decisión final, sino el Poder Judicial.

Tras la detención del testaferro, el régimen de Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se encontraba “en tránsito” en Cabo Verde y debía volver al país.

El empresario presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del archipiélago dos “habeas corpus” (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando su “encarcelamiento ilegal”, pero ambos fueron desestimados.

Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares” entre otras operaciones de blanqueo de capitales en Venezuela y Colombia.

Cargar más

XS
SM
MD
LG