Enlaces de accesibilidad

América Latina

Régimen de Ortega "fabrica acusaciones contra opositores y críticos", señala Human Rights Watch

Daniel Ortega, Rosario Murillo y Carlos Fonseca Terán

La situación se vuelva cada vez más difícil para los opositores en Nicaragua a medida que se acercan la elecciones presidenciales, programadas para el próximo mes de noviembre, según el reciente informe publicado por Human Rights Watch (HRW) en el que se denuncian las arbitrariedades cometidas por el régimen Ortega-Murillo contra candidatos a la presidencia, periodistas, críticos del sistema y otros opositores.

Según HRW, desde finales de mayo del presente año, suman 36 los detenidos en el país centroamericano a quienes, en respuesta a las acusaciones de “desaparición forzosa”, el gobierno sandinista permitió contacto con sus familiares por primera vez desde su detención el pasado 31 de agosto.

En la mayoría de los cargos que se han presentado contra los detenidos las sanciones oscilan entre 15 y 25 y las acusaciones que pesan sobre ellos van desde “lavado de dinero” hasta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, explica el informe de HRW.

Al respecto, José Manuel Vivanco, director para las Américas de HRW, declaró que “La velocidad con la cual el gobierno de Ortega ha llevado a cabo esta ola de detenciones antes de las elecciones presidenciales de noviembre, sometiendo a sus críticos a condiciones horrorosas de detención y acusándolos de delitos sin ninguna base ni debido proceso, revela que Ortega no tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios”.

“El gobierno de Ortega”, agregó Vivanco, “debe liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos y la comunidad internacional debe redoblar la presión sobre el gobierno para aumentar el costo de sus prácticas abusivas”.

La orden de detención emitida contra el escritor Sergio Ramírez, quien fuera vicepresidente en el anterior gobierno de Daniel Ortega y quien debió acudir al exilio el pasado mes de junio por criticar fuertemente las acciones de quien fuera su compañero en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), así como las órdenes de detención emitidas contra periodistas y académicos que también han recurrido al exilio es otro de los puntos señalador por HRW.

En el apartado dedicado a los “cargos falsos”, la organización defensora de los derechos humanos en el mundo señala que se pudieron examinar “las acusaciones que enumeran las pruebas contra 14 opositores del gobierno, y halló que, en ninguno de los casos, la fiscalía señaló actos punibles como sustento de la acusación”.

“Según las acusaciones”, asegura el reporte, “la mayoría de los 14 opositores habría solicitado o apoyado ‘sanciones económicas, comerciales y de operaciones financieras en contra del Estado de Nicaragua’, ‘incita(do) a la injerencia extranjera en los asuntos internos’ y/o promovido acciones para ‘desestabilizar el país con financiamiento extranjero’ con el fin de ‘desacreditar al gobierno de Nicaragua”.

Vea todas las noticias de hoy

Un año de violencia letal contra la prensa

En Managua, venta del diario La Prensa. (AP/Ariel Leon).

Este 2022 ha sido el año más letal para la prensa en Latinoamérica en las últimas dos décadas, con 38 periodistas asesinados en la región.

Así lo señaló este lunes Paula Roko, coordinadora en la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una reunión con representantes de medios, Gobiernos y entes reguladores en Washington.

"La escalada de la violencia hacia los periodistas es uno de los temas más urgentes para atender a nivel regional", dijo Roko, quien se encarga de monitorear los ataques contra la libertad de prensa en los países latinoamericanos.

Los ataques contra la prensa se dan en un ambiente en que políticos y funcionarios de los propios Gobiernos hablan de manera "estigmatizante" sobre los profesionales de la comunicación, apuntó la experta.

Además de señalar a los medios, los Ejecutivos de la región no investigan de manera adecuada los asesinatos a periodistas: un 95% de los crímenes cometidos este año siguen impunes, explicó Fabián Cardozo, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc).

"Requerimos acciones", sentenció Cardozo, quien pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que reclame a las naciones que investiguen los crímenes y que enjuicien a los responsables.

El responsable de Fepalc citó "el clima de impunidad, el avance del crimen organizado y la permanente represión a quien investiga" como algunos de los factores de violencia contra los reporteros.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó este lunes los ataques a la prensa y rechazó "cualquier forma directa o indirecta de restricción" contra la libertad de expresión.

"El periodismo no mata, articula palabras, expone ideas y denuncia hechos", dijo Almagro en su intervención ante la reunión, organizada por el Centro de Estudios para el desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal).

Litigio territorial entre Colombia y Nicaragua: ¿qué esperar?

Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya. (REUTERS/Yves Herman//File)

BOGOTÁ — El lunes 5 de diciembre comienzan las audiencias orales del litigio entre Colombia y Nicaragua en La Haya, relacionadas con la “delimitación de la plataforma continental” entre ambos países, “más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense".

En el 2013, Nicaragua presentó dos nuevas demandas en contra de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La primera está relacionada precisamente con la plataforma y, la segunda, por “Presuntas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua contra Colombia)”.

En esta última, la Corte aceptó tener una zona contigua integral que uniera a todas las islas en el archipiélago, y rechazó la petición que obligaba a Colombia a reconocer los nuevos límites sin un tratado conjunto; sin embargo, hizo énfasis en que la nación suramericana no podía emitir permisos de pesca en áreas adjudicadas a Nicaragua.

Argumentos de parte y parte

Los nicaragüenses buscan que la Corte les reconozca derechos sobre una supuesta plataforma continental, más allá de las 200 millas náuticas medidas a partir de su costa; es decir, el derecho a más espacio marítimo.

En este sentido, que se establezca el curso preciso o los límites de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en las áreas de plataforma continental, que le corresponden a cada uno, más allá de las fronteras fijadas por la Corte, en su fallo del 19 de noviembre de 2012.

Según un explicativo de la Cancillería colombiana, el país “ha esgrimido ante la Corte argumentos científicos, jurídicos e institucionales indicando las razones por las cuales la reclamación nicaragüense por una supuesta plataforma continental extendida no tiene ningún fundamento y, como tal, al no darse los presupuestos necesarios, no procede una delimitación de plataformas continentales como lo busca Nicaragua”.

Colombia, agrega el texto, demostró que tiene “plena titularidad sobre el área marítima reclamada por Nicaragua”. En este último caso, Nicaragua había presentado una pretensión en el sentido de que la Corte fijara un régimen provisional de derechos y obligaciones en el área, pero esta pretensión fue descartada por el tribunal, en la sentencia del 17 de marzo de 2016, al acoger la excepción preliminar presentada por Colombia sobre este punto.

De esta manera, tanto Colombia como Nicaragua responderán ante el tribunal por dos temas claves: los criterios definidos por el derecho internacional para determinar la delimitación del mar territorial ,más allá de las 200 millas náuticas de un país, y la determinación de las líneas base, a partir de las que se mide el mar territorial, más allá de las 200 millas que reclama Nicaragua.

Excepciones preliminares

En este caso, Colombia presentó excepciones preliminares el 14 de agosto de 2014. Entre el 5 y 9 de octubre de 2015, se realizaron las audiencias públicas orales, en La Haya, sobre dichas excepciones preliminares.

En marzo de 2016, La Corte falló sobre excepciones preliminares, le dio la razón a Colombia, pero asumió competencia para conocer el fondo de la demanda sobre las pretensiones restantes.

Sobre la pretensión nicaragüense para que se le reconozcan derechos sobre el suelo y el subsuelo marino más allá de las 200 millas náuticas desde su costa, la mitad de los jueces de la Corte le dio la razón a Colombia de que Nicaragua ya lo había solicitado y se había rechazado, lo que evitaba una nueva discusión. Pero el empate requirió el voto dirimente del presidente de la CIJ (situación que hasta entonces sólo había ocurrido dos veces en la historia), decidiendo que el tribunal sí tenía competencia para estudiar la demanda de Nicaragua.

¿Qué viene?

Durante una semana, Nicaragua y Colombia presentará oralmente los principales argumentos en los que fundamenta sus pretensiones, y lo propio hará Colombia, quien presentará sus argumentos contra las demandas del país centroamericano. Las audiencias serán públicas y serán transmitidas en vivo y en tiempo real, a través de la página de la ONU.

Según la cancillería Colombia, hasta que no finalicen las audiencias orales, los Estados permanecen en total reserva para no afectar la estrategia jurídica de cada parte.

El equipo jurídico de Colombia estará liderado por el agente Eduardo Valencia-Ospina, agente; los coagentes Carolina Olarte Bácares y Elizabeth Taylor; el asesor Gabriel Cifuentes, asesor y Andrés Villegas Jaramillo, Coordinador de asuntos ante la CIJ, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se espera que la Corte anuncie los pasos a seguir en el desarrollo del proceso, de acuerdo con su calendario y procedimiento. El fallo de la Corte podría tomar varios meses.

Cuba, entre regímenes autoritarios de las Américas, según informe global (VIDEO)

Agentes de civil, armados con palos, se dirigen a reprimir una protesta pacífica en La Habana, durante un apagón el 30 de septiembre de 2022.

Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití aparecen en la lista de “regímenes autoritarios” de las Américas, según el Estado Global de la Democracia 2022, que detalla un clima generalizado de retrocesos en todo el mundo.

En el caso de Cuba, se observó en 2022 “un grado interesante de abstencionismo electoral como forma de protesta”, explicó María Ángeles Morales, analista del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés).

“Hemos visto, desde hace algunos meses, cómo se intensifica el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes. También se intensifica la voz de quienes se manifiestan no solo contra la pobreza, sino contra la falta de atención adecuada ante fenómenos naturales”, añadió Morales en entrevista con Radio Televisión Martí.

IDEA observa “grado interesante de abstencionismo electoral como forma de protesta” en Cuba
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:15 0:00

IDEA, con sede en Estocolmo, advierte de problemas graves en El Salvador, que “podría convertirse en el futuro en un régimen híbrido o autoritario”, y llama la atención sobre retrocesos en Brasil, Bolivia y Guatemala. Afirma que “tres de cada siete” países en retroceso se encuentran en las Américas, “lo que apunta a instituciones debilitadas”.


En cuanto a Estados Unidos, el estudio habla de “declive desde 2016”, especialmente en cuestiones como la “independencia judicial”.

Morales también mencionó “las acciones del 6 de enero de 2021” y el “retroceso evidente en derechos ya adquiridos por la población, como se evidenció cuando la Corte Suprema revocó un precedente sobre derechos reproductivos”.

El informe asegura que “la mitad de los gobiernos democráticos del mundo retroceden, socavados por problemas que van desde las restricciones a la libertad de expresión hasta la desconfianza en las elecciones”.

Incluso en Europa, “casi la mitad de todos los países han sufrido erosión en los últimos cinco años”. En Asia-Pacífico, “el autoritarismo se solidifica” y “solo el 54% de la población vive en una democracia”. Mientras tanto, en África, países como Gambia, Níger y Zambia “están mejorando su calidad democrática”.

“Globalmente, vemos un estancamiento en países democráticos, pero también un deterioro que, en muchos casos, tiene que ver con el descontento y cómo este ha sido atendido por los gobiernos y las instituciones”, concluyó Morales.

De nuevo, régimen de Nicaragua cancela más de 100 ONGs

El presidente nicaragüense Daniel Ortega, en una foto de archivo. (AP Foto/Ismael Francisco).

El Gobierno de Nicaragua canceló este jueves las personalidades jurídicas de otras 100 ONGs, con lo que suman 3.126 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares de abril de 2018.

La ilegalización de esas 100 Organizaciones No Gubernamentales, 86 nicaragüenses y 14 extranjeras, fue aprobada por la titular de Gobernación de ese país, María Amelia Coronel.

Supuestamente, las 86 ONGs nicaragüenses están en abandono o incumplieron sus obligaciones, entre ellas que no reportaron por períodos de entre 2 y 24 años sus juntas directivas y estados financieros, así como información de identidad y origen de todos sus miembros y donantes.

A través de una declaración pública, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en San José, dijo que fue una cancelación arbitraria.

Según ese organismo humanitario, el propósito del Gobierno de Daniel Ortega "es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad, perseguir a quienes opinan diferente, y establecer un pensamiento único violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense".

"Continúan atentando contra la libertad y el derecho de asociación de la población nicaragüense. Expresamos nuestra solidaridad con las personas víctimas y beneficiarias de las organizaciones canceladas. Exigimos el cese de la represión", añadió ese Colectivo.

Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.

Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas de las más de 6.000 registradas estaban operando.

Costa Rica creará en 2023 categoría especial para migrantes de Cuba

Rodrigo Chávez Robles, presidente de Costa Rica

Costa Rica emitió medidas que restringirán el acceso al refugio, anunció el miércoles Rodrigo Chaves, presidente del país centroamericano, en un intento por reducir las crecientes solicitudes de ese estatus, principalmente de nicaragüenses y venezolanos.

La nueva política contempla prohibir la salida del país a cualquier solicitante de refugio, rechazo a peticiones cuando migrantes tengan más de un mes en Costa Rica y la obligación de cotizar en sanidad social para tener derecho a renovar el permiso de trabajo.

"A veces la gente abusa de la generosidad. Teníamos un portillo abierto en que migrantes económicos se hacían pasar por ese tipo de personas que merecen refugio de tipo político, para poder trabajar en el país", dijo Chaves en conferencia de prensa.


El decreto, firmado por Chaves y su ministro de Seguridad, Jorge Torres, también contempla negar el estatus de refugio a quienes previo a llegar a Costa Rica hayan cruzado por países considerados seguros.

Autoridades costarricenses han dicho que intentan reducir el volumen de peticiones de refugio, las cuales superaron las 222,000 desde 2018, una por cada 23 habitantes.

Desde ese año han aumentado las solicitudes, principalmente debido a la represión en Nicaragua contra protestas sociales.

Recientemente también aumentaron las peticiones de migrantes venezolanos. En octubre alcanzaron los 407 registros, el doble del mes anterior, según cifras oficiales. El mandatario advirtió que entre el 80% y 90% de los solicitantes de refugio no cumplen los requisitos para esa categoría migratoria.

En otro decreto, Chaves anunció que a partir de marzo de 2023 se creará una categoría especial para migrantes de Nicaragua, Venezuela y Cuba, que en suma acreditan el 96% de solicitudes de refugio. El proyecto tendrá vigencia de un año.

El nuevo acuerdo también aplicará para quienes tengan pendiente una solicitud de refugio planteada entre enero de 2010 y el 30 de septiembre de 2022 o a quienes se les haya denegado, a fin de que desistan de la protección de tipo político y puedan regularizar su permanencia en el país mediante estatus laboral.

Cargar más

XS
SM
MD
LG