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América Latina

¿Qué opciones quedan a los legisladores de la oposición venezolana para enfrentar a Maduro?

Los legisladores de la opsoición se reunieron en un parque de Caracas en 15 de diciembre. REUTERS/Manaure Quintero

El silencio en el parlamento venezolano al comienzo de una sesión se rompió con un ruido constante de fondo que duraría toda la plenaria: el sonido de una cuadrilla de construcción que remodelaba el parque donde se había reunido la legislatura.

El parque es uno de los pocos lugares en los que los diputados de la oposición pueden reunirse sin ser hostigados por el gobierno de Nicolás Maduro, que no sólo les prohibió el acceso a la sede del Congreso, sino que también empujó a decenas al exilio.

Los mandatos de los diputados vencen el 5 de enero, fecha en la que se convocará un nuevo congreso después que los aliados de Maduro barrieran en la votación legislativa del 6 de diciembre, en la cual la oposición no participó y llamó a la abstención por considerarla fraudulenta.

Maduro rechaza la idea de que la elección fue injusta y ha celebrado la votación como un punto de inflexión que pondrá a la Asamblea bajo el control del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a pesar de las sanciones de Estados Unidos sobre la industria petrolera de la nación de la OPEP que han buscado sacarlo de poder.

Los legisladores opositores están discutiendo ahora cómo mantener una versión simplificada del parlamento incluso después de que terminen sus mandatos, una estrategia que podría ponerlos en riesgo de detención, mientras no brindan formas claras de acelerar la expulsión de Maduro.

Sin embargo, muchos insisten en que el plan ayudará a mantener el reconocimiento internacional al jefe del Congreso, Juan Guaidó, a quien 50 naciones ven como el líder legítimo de Venezuela, al tiempo que garantizaría que la oposición no desaparezca por completo.

Washington ha dicho que mantendrá su apoyo a Guaidó luego de la votación parlamentaria del 6 de diciembre, que rechazó, mientras que otras naciones occidentales podrían seguir su ejemplo.

"Es nuestro deber continuar y mantenernos en la Asamblea Nacional hasta que haya unas nuevas elecciones y hasta que se restituya el hilo constitucional en nuestro país", dio la diputada Nora Bracho, del noroccidental estado de Zulia.

Bracho fue una, de poco más de una docena de legisladores, que se sentó en sillas blancas de plástico bajo un toldo para la sesión del 15 de diciembre en el Parque Morichal, ubicado en la barriada de clase media Prados del Este, en Caracas.

Otras seis diputados hablaron presencialmente en la sesión, pero otros lo hicieron a través de una videoconferencia que se mostró en un televisor ubicado en el lugar.

A unos 12 metros de distancia, los trabajadores estaban construyendo barras de refuerzo y muros de retención de madera mientras una retroexcavadora abría lo que parecía ser un nuevo camino. El martilleo siguió incluso cuando el congreso guardó un minuto de silencio en honor a un grupo de migrantes venezolanos muertos intentando llegar en bote a Trinidad a comienzos de mes.

Bracho y otros legisladores que hablaron con Reuters dijeron que esperan que el parlamento quede en manos de un grupo de 33 parlamentarios, y los 90 restantes que fueron elegidos en 2015 por la alianza de la oposición tendrían un perfil más bajo.

AJUSTES

El grupo de opositores se está preparando para reducir el número de embajadores que representan a Guaidó en el extranjero y del personal asociado al gobierno interino de la oposición, dijeron legisladores a Reuters este mes.

No obstante, no parecen haber llegado a un consenso sobre cómo crear oficialmente reglas para el mantenimiento del parlamento, lo que requiere reformar un llamado "estatuto de transición" aprobado en 2019 en medio de la euforia de que Maduro podría estar al borde de abandonar el poder.

En la última semana, los legisladores suspendieron dos veces las sesiones convocadas para finalizar la modificación del estatuto de transición y aún no han convocado una nueva.

En 2015, la oposición ganó el parlamento en un rechazo aplastante al PSUV, pero el Tribunal Supremo de Justicia, visto por críticos como pro Maduro, la declaró en "desacato" y rechazó casi todas las medidas que aprobó. A la par, el gobierno aprobó decretos para limitar funciones de los diputados.

Maduro, que mantiene el apoyo de los militares, acusa a los legisladores de la oposición de apoyar las sanciones de Estados Unidos, y se ha burlado de la idea de que extenderían su mandato más allá del 5 de enero.

"Llegó la hora del cambio, llegó la hora de que se recupere la Asamblea Nacional (...) Que Guaidó continuará diciendo que es presidente, ya será una comiquita terrible que producirá más lástima que risa", dijo Maduro en una entrevista con la televisión estatal.

Los legisladores fueron acusados durante sus mandatos de delitos que van desde la traición a la patria a la instigación a la violencia. Algunos fueron detenidos o pasaron meses, sino años, viviendo en embajadas, docenas están ahora en el exilio y casi todos tienen sombrías historias de las fuerzas de seguridad que los persiguen a ellos y sus familiares.

Bracho recuerda que "me arrastraron por el cabello, me bañaron de orina y excremento, me lanzaron botellazos", además de recibir llamadas telefónicas de familiares molestos que le decían que su trabajo como legisladora amenazaba la seguridad de toda la familia.

Alfonso Marquina, quien representa al estado occidental de Lara, dijo que reconoció que los legisladores enfrentarán problemas de seguridad en el futuro, pero que la mayoría ya se había enfrentado a tales preocupaciones durante todo el periodo.

"El pueblo de Venezuela fue consultado y (...) desconoció mayoritariamente el fraude del 6 de diciembre", dijo Marquina poco antes del comienzo de la sesión en el parque, en referencia a la elección de este mes. "Hoy me veo más legitimado"

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EEUU mantiene su política de sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela

Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel en La Habana en diciembre del 2019 (Yamil Lage / AFP).

El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró este domingo en Twitter que la política de sanciones sigue siendo una herramienta “vigente y aplicable” para castigar a quienes socavan la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

Esta herramienta sigue siendo vigente y aplicable para algunos oficiales que socavan la democracia y los derechos humanos en Venezuela“, aseguró el subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Jon E. Piechowski, en una conferencia de prensa telefónica.

El diplomático saludó las recientes sanciones adoptadas por la Unión Europea en contra de 19 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, y destacó que varios de ellos ya estaban sancionados por los Estados Unidos.

Piechowski, además, ratificó que para la administración Biden es una prioridad “combatir contra la corrupción e impedir que los oficiales no puedan comprar casas en Florida, no puedan ir de viajes de lujo a Disney World o a Nueva York, y que todo lo que ellos ganen sea honestamente”.

Se inicia registro de personas bajo MPP en Matamoros

El asentamiento informal en Matamoros, en la frontera norte de México. © OIM/Alberto Cabezas

Comunicado de ACNUR, OIM, CICR y UNICEF

Atendiendo a la situación humanitaria de las personas en el campamento informal de Matamoros, Tamaulipas, las agencias de Naciones Unidas, ACNUR, OIM y UNICEF, preparan el ingreso esta semana del primer grupo de personas de este asentamiento a Estados Unidos, como apoyo a un plan del gobierno estadounidense para poner fin al programa MPP.

Este miércoles, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, comenzará con el registro presencial de las personas del campamento, como complemento al registro virtual que se ha implementado desde el 19 de febrero. Se estima que actualmente unas 750 personas permanecen en el campamento, algunas desde hace dos años.

El primer grupo del campamento, conformado por 25 personas, estaría cruzando la frontera esta semana, luego de que sus datos sean verificados y se realicen las pruebas COVID correspondientes para evitar riesgos de salud pública. También se estará dando seguimiento a la situación de las personas fuera del campamento que tienen casos activos MPP y que están registradas en el sitio web CONECTA o a través de la línea de apoyo telefónico.

Esta respuesta de las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales viene a petición de los gobiernos de Estados Unidos y de México para que las 25,000 personas estimadas que tienen casos activos en Estados Unidos pero que fueron retornadas a México bajo la política conocida como MPP o “Remain in Mexico”, puedan esperar que se resuelvan sus casos en suelo estadounidense.

Los gobiernos de México y de Estados Unidos han considerado que en línea con ese proceso para dar fin al Programa MPP, se debe priorizar a las personas en el campamento de Matamoros. ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Fondo para la Infancia de Naciones Unidas, UNICEF, además del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) estamos coordinando para materializar esa petición.

Las primeras personas ingresaron bajo este proceso a Estados Unidos el 19 de febrero por el puerto de San Ysidro, California, como parte del operativo para desmantelar el MPP.

ACNUR, OIM, UNICEF y CICR respaldan el fin del Programa MPP para terminar la difícil situación humanitaria de miles de personas que han estado esperando en la frontera México-Estados Unidos desde 2019.

En coordinación con el gobierno de Estados Unidos, el ACNUR estableció el sitio web CONECTA para registrar a todos los casos activos bajo MPP. En los tres primeros días de funcionamiento se registraron más de 8,000 casos, equivalente a unas 12,000 personas.

La página web CONECTA fue lanzada el pasado viernes 19 de febrero, pero por la alta demanda, experimentó retos técnicos. El equipo de ACNUR ya realizó los cambios necesarios y se han habilitado canales adicionales, como un correo electrónico, una línea telefónica de registro e información y números de WhatsApp. Por la alta demanda siempre puede darse congestión en las líneas, pero el ritmo de registro y procesamiento está avanzando. En este sentido es importante reiterar que no hay relación alguna entre la fecha de registro en CONECTA y la fecha de ingreso en los EEUU.

En tanto, la OIM ha realizado los traslados de personas hacia Estados Unidos bajo medidas para proteger su integridad además de aplicar las pruebas COVID-19. Hasta el momento no se han detectado casos de COVID-19. UNICEF apoya en los casos de protección de la infancia más delicados, velando por la unidad familiar y brindando orientación a familias y niñas, niños y adolescentes. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Mexicana prestan servicios de llamadas gratuitas en el campamento, para permitir a las personas mantener el contacto con sus familiares antes de ingresar a los Estados Unidos.

Las agencias de Naciones Unidas recuerdan que según la nueva política del gobierno de Estados Unidos todas las personas con casos activos bajo MPP podrán ingresar al país para seguir sus casos. Las fechas y puertos de entrada de acceso a Estados Unidos de las personas que ya han completado el registro son determinadas por el Gobierno de Estados Unidos. El programa no tiene fecha establecida para ser completado del momento que todas las personas eligibles van a poder ingresar a los Estados Unidos, sin embargo, las agencias involucradas, piden paciencia del momento que el proceso puede durar varios meses.

Para más información:

España y Colombia firman acuerdo que incluye atención a inmigrantes venezolanos

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, y la canciller colombiana, Claudia Blum

España destinará 120 millones de euros (cerca de 525.000 millones de pesos) de cooperación no reembolsable para Colombia hasta el 2024.

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, y su homóloga colombiana, Claudia Blum, firmaron el viernes el nuevo 'Marco de Asociación País – (MAP) 2020-2024’, en el cual se consolidan estrategias binacionales y que incluye la atención a inmigrantes venezolanos que viven en el país suramericano.

González Laya manifestó que uno de los intereses de su visita a Colombia es la crisis migratoria y reconoció el esfuerzo "grande, generoso" de Colombia para la atención a los inmigrantes. "En momentos en los que otros países cierran las puertas, que erigen muros, Colombia ha optado por acoger, protegiendo de manera temporal a los miles de venezolanos que se encuentran en sus territorios", sostuvo.

De ahí, enfatizó, su interés en viajar a Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, para conocer la situación de cerca.

Así mismo tiempo, dijo que España seguirá acompañando a Colombia, incluso financieramente, y anunció que la nueva conferencia internacional de donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos será liderada por Canadá y se realizará en la segunda mitad de este año.

España también anunció que destinará 120 millones de euros (cerca de 525.000 millones de pesos) de cooperación no reembolsable para Colombia hasta el año 2024.

Por su parte, la ministra Blum resaltó la firma de la estrategia de cooperación colombo-española que se enfocará en "programas de estabilización de los territorios, la migración como factor de desarrollo y el fortalecimiento del desarrollo rural, sostenible, con enfoque de género".

Otros objetivos

Otros de los objetivos de la visita de González Laya es apoyar los esfuerzos de Colombia en la implementación del proceso de paz.

"Todos sabemos ya todos nos duele que sigan habiendo personas asesinadas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, excombatientes. Por eso, redoblamos con nuestra presencia aquí nuestro apoyo a Colombia y a sus instituciones para poder avanzar en este proceso de paz", manifestó la canciller española.

También, resaltó el trabajo que harán conjuntamente en la recuperación economía del país, tras la pandemia generada por al propagación del COVID- 19 en el mundo.

Arancha González llegó el jueves al país y visitará la frontera colombo-venezolana, el sábado.

Marco de Asociación País | (MAP) 2020-2024
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Militares retirados confirman presencia cubana en gobierno venezolano

Nicolás Maduro en una reunión con militares en junio 2020.

Dos generales retirados de las Fuerzas Armadas de Venezuela reafirman la presencia de funcionarios cubanos en la estructura del gobieno de Nicolás Maduro.

En declaraciones a Radio Televisión Martí, los militares aseguraron que la presencia isleña está en muchos organismos del país.

Confirman presencia de cubanos en la estructura del gobierno de Maduro
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Además de las Fuerza Armadas, "hay ingerencia en organizaciones donde se lleva el control de las comunicaciones, los registros públicos, y las notarías", aseguró el general retirado Juan Antonio Herrera Betancourt.

Todo eso es "grave y se hace muy difícil la vida en un país que cada día enfrenta una realidad mucho más compleja por la problemática socio económica en que se está viviendo", agregó.

El general Miguel Aparicio, también retirado, señaló que "el control de Venezuela por parte del castrismo es un legado de Hugo Chávez".

Aparicio recordó que el difunto "Chávez puso el país completo, como si fuera un país esclavo, bajo las órdenes del castrocomunismo".

"Ahora ellos (en referencia a Cuba) son los que dirigen la política militar, la parte estratégica, la parte táctica", subrayó.

"Maduro es un títere del régimen cubano que ya se apoderó de todo el control de la sociedad civil", concluyó el general retirado.

(Con reporte de Pedro Corzo para Radio Martí)

Amnistía Internacional elogia la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en acción.

El continente americano sin la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sería una región más injusta, declaró Amnistía Internacional.

"Muchos de los grandes avances en materia de derechos humanos a lo largo de nuestra historia se dieron debido a las intervenciones de este mecanismo de protección", dijo Amnistía en un comunicado que detalla la importancia de la entidad adscrita a la OEA:

Desde sus visitas históricas en tiempos de los regímenes militares y conflictos armados en la región, que permitieron la consolidación de estándares interamericanos que aún son utilizados hoy en día, hasta la presentación de casos emblemáticos para avanzar en temas tan relevantes como la protección de personas defensoras de derechos humanos, y los derechos de las mujeres, personas LGBTI y pueblos indígenas, la CIDH ha sido la promotora de una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos.

Ser parte del mecanismo hemisférico que establece límites al poder estatal en derechos humanos, trae aparejado grandes desafíos. Pero ahora la CIDH se enfrenta a un nuevo reto: elegir a alguien para dirigir su secretaría ejecutiva.

Esta es la tercera vez que la CIDH llama a un concurso público para elegir a quien la dirigirá. Desde que empezó el proceso el septiembre pasado, la CIDH ha cumplido con una amplia representación geográfica, así como la equidad e igualdad de género en la selección, y ha permitido a la sociedad civil del continente hacer llegar sus observaciones sobre las diez personas semifinalistas.

La Comisión hizo pública la lista de cinco personas finalistas el 3 de febrero de 2021 y después de realizar entrevistas presenciales en mayo, la persona seleccionada ocupará el cargo a partir del 1° de junio próximo.

A diferencia de las anteriores elecciones para el puesto, en esta oportunidad la CIDH se enfrenta a un complejo ambiente interno y externo. En los últimos años, se ha instaurado en el continente un discurso contrario a los derechos humanos, incluso en algunos países, por sus máximas autoridades. Además, ante la pandemia, se ha visto cómo muchos Estados hicieron uso desproporcionado de la fuerza y adoptaron medidas represivas bajo el pretexto de prevenir y combatir al COVID-19.

Por otra parte, si bien el mal llamado proceso de fortalecimiento dejó huellas en la CIDH, en años recientes hemos vuelto a observar cómo diversos Estados de la región han tratado de maniatar a la Comisión en su actuar desconociendo su independencia y autonomía.

El tema financiero tampoco es alentador, a pesar de que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se comprometieron a duplicar en un periodo de tres años el financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras promulgar “los acuerdos de Cancún” durante la Asamblea General del 2017.

Lamentablemente, en su Asamblea General el año pasado, los Estados miembros de la OEA decidieron que el presupuesto para estos órganos se otorgará teniendo en consideración los recursos disponibles con los que cuenta la OEA.

Esto quiere decir que no necesariamente se cumplirá la promesa de doblar el presupuesto a partir del 2021, lo cual pone en riesgo el trabajo que desarrollan estos órganos.

(Comunicado de Amnistía Internacional)

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