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Contra la censura

¿Qué mueve a los influencers cubanos? (VIDEO)

Ruhama Fernández. (Foto perfil de Facebook)

Influencers cubanos dentro y fuera de la isla analizaron el papel que juegan en la sociedad cubana en foro virtual organizado desde Colombia.

El Foro virtual “El rol de los influencers en la esfera pública cubana”, promovido por el Programa Cuba de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de Universidad Sergio Arboleda de Colombia, se celebró de manera exitosa este miércoles, a pesar de los intentos de sabotearlo por parte de la Seguridad del Estado.

A la reunión fueron invitados influencers cubanos asentados en el exterior como Alexander Otaola, KarlitoMadrid, Eliécer Avila y Manuel Milanés y residentes en la isla como Iliana Hernández, Maikel Castillo "El Osorbo" y Ruhama, entre otros.

Para entender las motivaciones, los retos, las concepciones de estos líderes de opinión cubanos se estructuraron una serie de preguntas relacionadas con el concepto que tienen sobre democracia y cuál es el cometido que creen desempeñar en función de pensar una Cuba democrática.

“Todos apelan a una visión donde el pueblo sea el Soberano, donde se conjuguen otro tipo de valores como la libertad, el pluralismo, la participación ciudadana, algo que no existe en Cuba”, comentó a Radio Televisión Martí el investigador Sergio Ángel, coordinador principal del proyecto.

La santiaguera Ruhama, alertó que no basta solamente con la Democracia sino que es menester incorporar otros valores como la Libertad porque no es suficiente que haya un gobierno del pueblo sino que también deben integrarse y garantizarse otros elementos, narró nuestro entrevistado.

Relativo a su tarea como figuras públicas, los panelistas fueron consistentes “desde el punto de vista de la apertura de Internet y de las redes sociales, como una vía para llegar a diferentes actores”.

En este sentido, ¿cuánto afectan su trabajo, dentro de la Isla, las limitaciones económicas y de acceso a internet para lograr efecto entre la población cubana?

La mayoría sostiene que tiene una alta incidencia en las redes sociales, tanto fuera como dentro, pero el énfasis fue en los residentes en Cuba.

“En el caso de Otaola reconocieron que tiene muchos seguidores entre la población cubana. Y, curiosamente, las ciberclarias, que estuvieron permanentemente en el evento, cuestionaron el hecho de que tuviéramos x número de visualizaciones o que, efectivamente, ellos tuvieran impacto dentro de la población cubana”, apuntó el organizador del encuentro.

A la interrogante acerca de la legitimidad de los que están dentro y los que están fuera, los expositores recalcaron que, contrario a lo que decían las ciberclarias, los influencers que viven en el extranjero sí tienen bastante seguidores en el territorio nacional porque la gente decide gastarse sus megas viéndolos e informándose con ellos.

Además puntualizaron que si bien los influencers que están adentro tienen que vivir en carne propia las detenciones, los bloqueos de datos, entre otras represalias, son dos lecturas distintas y resulta importante la colaboración.

“Ruhama contó que ella ´cursó una escuela de influencers que desarrolló Otaola para formar jóvenes y cree que es importante la construcción de redes y lazos entre los que están afuera y los que están adentro”.

Otro de los temas que se trajo a colación fue el de la disputa del periodismo con los influencers.

Fotografía de Maikel González Vivero tomada de su perfil de Facebook.
Fotografía de Maikel González Vivero tomada de su perfil de Facebook.

“Por ejemplo antes del evento Maykel González Vivero, fundador del medio digital Tremenda Nota, criticó las personas a las que se habían invitado. Eso muestra que también en ciertos círculos del periodismo independiente hay un cuestionamiento directo a los influencers que en muchas ocasiones también han asumido posiciones radicales y muchos terminan siendo canal y vía de comunicación directa con el cubano de a pie, pues eso también le pesa al periodismo”, expuso el investigador del Programa Cuba.

“Otro de los aspectos interesantes que se discutió, estimulado por el periodista independiente Boris González Arenas, fue la manera en que los influencers han logrado empezar a tejer redes, que es algo en que el gobierno de La Habana ha trabajado durante años para quebrantar entre los cubanos “.

Asimismo, continuó Sergio Angel, “surgieron cuestionamientos a la financiación”.

“Al respecto, yo subrayé que Mariela Castro puede recibir dinero de USAID [United States Agency for International Development], sin embargo, permanentemente, el régimen cuestiona si se reciben o no fondos de la NED (National Endowment for Democracy). Destaqué que si eso lo quisieran saber pueden entrar a la página de la NED y ver de dónde viene la financiación del mismo programa, algo que no sucede con Cuba, donde no hay manera de saber cómo financian muchas de sus organizaciones, dentro y fuera. Esto, hablando de prensa, pero también de otro tipo de organizaciones sociales”.

“El foro logró hacer coincidir los intereses de medios independientes, de influencers, de la Academia, desde el Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda. Todos por un fin común y una perspectiva diversa, plural y democrática de esa Cuba que anhelan muchos y esa Cuba del futuro”, concluyó Sergio Angel.

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Resolución de la SIP exige al régimen cubano fin de la "persecución policial y judicial" contra periodistas

Agentes de la policía política detienen a un manifestante, el 11 de julio, en La Habana. ((AP/Ramón Espinosa)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió al régimen cubano, en una resolución dada a conocer este lunes, el cese de la persecución policial y judicial contra periodistas independientes en la isla, así como de su práctica de obligarlos al destierro.

La organización regional también pidió el fin de la represión en las redes sociales contra los ciudadanos que ejercen su derecho a la crítica y el disenso.

En su resolución, adoptada al término de la 77 Asamblea General de la organización, la SIP condenó, además, el encarcelamiento -y solicitó a as autoridades cubanas la inmediata liberación- de los reporteros Lázaro Yuri Valle Roca y Esteban Rodríguez, y del youtuber Yoandi Montiel, y que deje sin efecto los procesos judiciales contra Mary Karla Ares y Camila Acosta.

También demandó "la remoción de leyes que criminalizan la actividad periodística y de los ciudadanos por ejercer su derecho a la libertad de prensa y de expresión", como el Decreto Ley 35, que criminaliza la publicación de contenidos en Interner contrarios a los intereses e ideales del régimen comunista.

Como parte de la medida, la SIP alertó a la prensa hemisférica y a los organismos internacionales sobre la nueva ola de represión que el gobierno cubano ha desatado contra los organizadores de la Marcha Cívica por el Cambio convocada para el 15 de noviembre.

A continuación, el texto completo de la resolución:

CONSIDERANDO que el régimen cubano mantiene en prisión a dos periodistas independientes, un youtuber y un ciudadano que filmó una protesta

CONSIDERANDO que la represión a las protestas pacíficas del 11 de julio por parte de los ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas dejó un saldo de más 300 nuevos presos políticos

CONSIDERANDO que a muchos periodistas independientes se le aplicó régimen de reclusión domiciliaria por periodos de meses, con o sin pretexto judicial, y que tres de ellos permanecen bajo ese régimen

CONSIDERANDO que el gobierno sigue sin reconocer a los medios de prensa y periodistas independientes, tratando de asfixiarlos policial y económicamente y obligarlos a variar su línea editorial y a que sus reporteros emigren

CONSIDERANDO que el Ministerio de las Comunicaciones y ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.), son los organismos que efectúan bloqueos de sitios web independientes y producen cortes totales o parciales de los servicios de Internet y telefonía a todo el país o a determinados periodistas independientes

CONSIDERANDO que el Partido Comunista, a través de sus medios de prensa, articula las campañas de difamación contra medios y periodistas independientes y que el Ministerio de Justicia avala las violaciones de derechos humanos, además de condenar a periodistas, youtubers y usuarios de Facebook

CONSIDERANDO que la Constitución de la República de Cuba, el Código Penal, la Ley 88 y los decretos-leyes 370 y 35, son usados para frenar las libertades de prensa, información y expresión

CONSIDERANDO que el gobierno ha comenzado a hostigar e intimidar a quienes están convocando una nueva marcha de protesta para el 15 de noviembre

CONSIDERANDO que el régimen viola todos los preceptos establecidos en la Declaración de Chapultepec y de Salta desde hace más de 60 años.

LA 77ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

Condenar el encarcelamiento y solicitar al gobierno de Cuba la inmediata liberación de los reporteros Lázaro Yuri Valle y Esteban Rodríguez, y del youtuber Yoandi Montiel, y que deje sin efecto los procesos judiciales contra Mary Karla Ares y Camila Acosta

Exigir al gobierno que cese la persecución policial y judicial contra periodistas independientes y su práctica de obligarlos al destierro y que cese la represión en las redes sociales contra aquellos que ejercen su derecho a la crítica y el disenso

Demandar la remoción de leyes que criminalizan la actividad periodística y de los ciudadanos por ejercer su derecho a la libertad de prensa y de expresión

Alertar a la prensa hemisférica y a los organismos internacionales sobre la nueva ola de represión que el gobierno cubano ya desató contra los organizadores de una protesta social convocada para el 15 de noviembre.

Relatores de ONU recomiendan modificación de "Ley Mordaza" en Cuba

Una mujer chequea las opciones para conectarse a Internet en Cuba. (YAMIL LAGE / AFP)

Relatores de Naciones Unidas manifestaron su preocupación de que decretos que regulan las telecomunicaciones y el contenido en internet en Cuba puedan socavar la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica y asociación de los ciudadanos y recomendaron al régimen su modificación en apego al respeto de estos derechos.

Una carta de los relatores publicada este lunes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), estos recomiendan a las autoridades cubanas que las disposiciones del "Decreto de Ley No. 35 sobre las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico" sean modificadas "con el fin de definir de forma estricta y limitada los contenidos que pueden ser restringidos, en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos".

Los relatores recuerdan, además, que el Consejo de Derechos Humanos de ONU ha condenado "inequívocamente las medidas, cuyo objetivo deliberado es impedir u obstaculizar el acceso o la divulgación de información en línea, vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos".

Los mandatos de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos abordan, además, el reglamento establecido en el Decreto No. 42 y la Resolución 105/2021, publicados en la Gaceta Oficial el 17 de agosto de 2021, tras las protestas multitudinarias que sacudieron la isla el 11 de julio.

"Esta carta basa su análisis en las obligaciones de Cuba de respetar y garantizar el derecho internacional de los derechos humanos establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), y otros instrumentos internacionales. Recordamos en este respecto que Cuba firmó el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP) el 28 de febrero de 2008, lo cual implica un deber, en virtud del derecho internacional, de no frustrar el objeto y propósito del Pacto", señala la misiva.

El documento también realiza observaciones sobre las facultades atribuidas a los Ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior sobre las telecomunicaciones del país, quienes pueden disponer la implementación de medidas especiales para el manejo del espectro radioeléctrico, cuando estas sean de un alcance regional, provincial o municipal.

"Nos preocupa que el Decreto no define de manera precisa a qué se refiere con “medidas especiales”, tampoco establece a qué se refiere con “situaciones excepcionales, maniobras militares y otras circunstancias vinculadas a la seguridad y la defensa nacionales, así como con el Orden Interior”. Con respecto al procedimiento, también nos preocupa que el único requisito es informar al Ministerio de Comunicaciones, sin la intervención de un juez", dijeron los relatores.

Sobre las disposiciones que facultan a los operadores de servicio a suspender los servicios de telecomunicación cuando sean utilizados para afectar o transmitir “información falsa, ofensiva o lesiva a la dignidad humana” o “la moralidad pública y el respeto al orden público”, los relatores manifestaron su preocupación por la vaguedad con la que esta legislación ha sido formulada.

"El hecho que estos términos sean establecidos como un deber para los usuarios sin aclarar el alcance de estas categorías, genera una situación donde le resulta imposible al titular de derecho adecuar su actuar para cumplir con las disposiciones de la legislación. Si estas disposiciones no se definen con más detalle, podrían suponer una restricción indebida de la libertad de opinión y expresión, así como de la libertad de reunión pacífica", subraya la carta.

Los relatores señalan, además, que resulta preocupante que "una limitación tan considerable sea establecida mediante decreto gubernamental", sin concordancia con los estándares internacionales y la participación necesaria de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil o expertos relevantes.

El régimen cubano respondió a las manifestaciones del 11 de julio con un apagón masivo de internet y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, mientras los manifestantes utilizaban estos canales de comunicación para dar a conocer al mundo lo que sucedía en la isla. Días después, decenas de personas fueron detenidas por subir contenido de las protestas a la red, o por aparecer en videos y fotografías de las mismas.

En opinión del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, “los Estados deberían abstenerse de adoptar medidas como la supresión del acceso a los servicios de Internet y de telecomunicaciones, y deberían poner fin a esas medidas. El acceso a los servicios de Internet y de telefonía móvil se deberían mantener siempre, incluso en épocas de desórdenes públicos”, indica el documento.

"Los supuestos que se establecen en las normas que facultan a la interrupción no constituyen un motivo legítimo para restringir la expresión según el Artículo 19 de la DUDH y del PIDCP, tampoco para determinar incidentes de alta peligrosidad que faculten a las autoridades estatales a establecer medidas de monitoreo constante sobre los usuarios, que además podrían ser sancionados con hasta 4 años de prisión con la legislación actual", subraya.

Ruhama Fernández, otra cubana en exilio forzado por el "delito" de expresarse en una dictadura (VIDEO)

Ruhama Fernández. (Foto perfil de Facebook)

La youtuber cubana Ruhama Fernández llegó a Miami este sábado, 23 de octubre, en el hecho más reciente de una ola de activistas de la isla forzados al exilio.

"Para los que se molestan por mi partida: No dejé mi tierra, me obligaron a salir y fui escoltada hasta el mismo avión", declaró Fernández en su cuenta de Twitter tras arribar al sur de Florida.

La joven santiaguera criticó a los que la señalan "desde un perfil protegido por el anonimato", y aclaró que no ha abandonado "ni mi país, ni mi lucha, aunque lo último que haya recibido del lugar donde nací sea una amenaza de tres hombres luego de acosarme por todo el aeropuerto".

En otro tuit, Fernández muestra una foto que prueba se participación en las manifestaciones del 11 de julio en Santiago de Cuba. "Hoy por fin puedo mostrar que SI estuve el 11J al frente pidiendo LIBERTAD. Al de la seguridad que no me vio, pues Mala suerte", escribió.

La influencer recibió el apoyo masivo de sus seguidores en redes sociales. "Ruhana, no des ninguna explicación ,supongamos que saliste por tu propia voluntad, el que tenga la moral de decirte algo que se pare en la plaza y grite abajo la dictadura, total posiblemente sean de ellos mismos disfrazados, para ponernos a chocar", escribió uno de ellos.

Los padres de Ruhama la esperaban en el aeropuerto. Un video posteado por la activista muestra el emotivo encuentro. "Después de 4 años nos vemos. Ahora a la misión por la que estoy acá. Buscar LIBERTAD PARA MI PUEBLO", afirmó.

Fernández declaró a 14ymedio que en Cuba cometió el más grave delito bajo una dictadura: expresarse libremente. La activista describió al diario independiente cómo fue su detención, el pasado 10 de agosto, en su hogar, en Santiago de Cuba, cómo entraron las autoridades policiales para revisar cada centímetro de su casa porque se estaba expresando con libertad, como si ella fuera “el más vil de los delincuentes”.

Fernández tuvo la astucia de llamar a un amigo en Alemania cuando ocurrió el allanamiento y toda esa operación quedó grabada, lo que sirvió para la campaña en medios sociales bajo la etiqueta #FreeRuhama.

La joven comentó que en los interrogatorios le preguntaron: "¿Quién te paga por hacer lo qué haces?" y "¿Quién te influencia? Eres una joven manipulada", como si su intelecto “no fuera suficiente para descifrar la realidad de Cuba”.

“Según mis represores, quien salió el 11J fue por embullo. Cualquiera diría eso frente a un Mayor, y con tal de salir de los lugares donde los encierran”, dijo Fernández.

Acerca de las situaciones difíciles que le ha tocado enfrentar dijo que “nada se compara con el estrés al que te puede someter una dictadura que no mata tu cuerpo, pero destruye tu alma”.

También habló de la libertad y de la lucha de alcanzarla.

“Lo reconozco, tengo miedo, soy humana, predicar la libertad siempre ha sido mal visto por los que ostentan poder y superioridad, ya que hace temblar la hegemonía de su privilegio, pero la búsqueda de ella no ha muerto”, concluyó Fernández en sus declaraciones a 14ymedio.

Recientemente, la policía política impuso al artista Hamlet Lavastida y a su pareja sentimental, la escritora Katherine Bisquet, el exilio forzado. De acuerdo con las declaraciones de Bisquet en su Facebook, esta operación del gobierno cubano fue llamada "racionalidad política".

El hecho fue condenado por Amnistía Internacional, así como la organización Human Rights Watch y activistas y artistas cubanos dentro y fuera de la isla.

Yunior García Aguilera: "Estamos decididos a hacer esto... es lo que nos toca como generación"

Yunior García habla con la prensa tras citación en la Fiscalía Provincial de La Habana. (AP/Ramón Espinosa)

El dramaturgo y activista Yunior García Aguilera, promotor de la plataforma cívica Archipiélago dijo este jueves a Radio Martí que el régimen cubano está actuando "desesperadamente", y de forma "descarada" con la amenaza de encausar a los promotores de la Marcha Cívica del 15 de noviembre si salen a manifestarse, y afirmó que está decidido a seguir adelante.

Lo que sucedió en horas de la mañana de este jueves, durante el encuentro con las autoridades de la Fiscalía Provincial de La Habana, "fue una amenaza abierta", afirmó el joven, a quien no se le permitió formular preguntas sobre las serias acusaciones de que fue objeto. Tampoco aceptaron preguntas de la prensa.

"Ya no les importa lo que la comunidad internacional pueda pensar sobre el supuesto Estado de derecho que intentaban vender hace un tiempo. Están actuando desesperadamente porque temen el apoyo popular. Temen que la gente ese día salga a la calle y están haciendo lo imposible para impedirlo", dijo García Aguilera.

En su opinión, el "apercibimiento" que hizo público la Fiscalía es "un guion que ya estaba escrito", y en el que solo cambiaron el nombre de cada uno de los promotores de Archipiélago que fueron citados, justo como sucedió con la nota oficial con la que las autoridades les comunicaron sobre la prohibición de la marcha del 15N.

"A ellos les han bajado un documento y en las fiscalías, donde nos han citado, han leído exactamente lo mismo. Eso indica de manera obvia, sin lugar a ninguna duda, que es un falso mito, que nadie más podrá defender, el tema del Estado de Derecho. En Cuba no existe separación de poder, hay una dictadura, pero de las más descaradamente... No sé ni qué palabra usar, porque no me gustaría ser ofensivo, pero es que no encuentro otra manera de verlo", dijo García Aguilera.

El activista, entrevistado por los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos en el programa Las noticias como son, de Radio Martí, reiteró que lo de este jueves ha sido "una amenaza directa" contra su persona y la de los otros promotores de la manifestación.

AUDIO COMPLETO de la entrevista a Yunior García
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"En cualquier momento puedo ser detenido. Es algo que ya sabía, ya estaba preparado, y la decisión que tomamos es la misma de siempre. Nosotros continuamos defendiendo nuestro derecho a manifestarnos, a defender ese derecho, no sólo para nosotros, sino para todos los cubanos. Conquistar esos espacios que nos han sido negados. Ir ganando terreno en la participación de la gente, que es lo que significa, al final, la democracia", expresó.

En el caso de ser llevado a juicio, García Aguilera señaló que ha decidido públicamente renunciar a cualquier tipo de defensa.

"El juicio que me harán, que ya seguramente han, incluso, ensayado, es una farsa. Yo no voy a prestarme para esa farsa, no voy a otorgarles la oportunidad de que rellenen esa mala obra de teatro con personaje ficticio", aseveró.

La Fiscalía también amenazó al activista con la responsabilidad de cualquier delito que se cometa el 15 de noviembre, durante la marcha convocada por Archipiélago.

"Cualquier tipo de delito que ocurra ese día, no importa cuál sea el ciudadano que lo cometa, nos acusarían a nosotros, a mí, particularmente, de esos delitos (...). La esencia de lo que me dijeron es que si cayera un meteorito sería mi culpa. Por lo tanto, están tratando de amedrentar; están tratando de usar cualquier vía para atemorizarnos, para que renunciemos a la marcha, algo que no va a ocurrir", señaló.

Según García Aguilera, con estas amenazas las autoridades podrían crear el efecto contrario a lo que persiguen. "Lo que están provocando es que la gente se desespere, que la gente pierda ya la paciencia, y que, cualquier día, ya no el 15, cualquier día, la gente es capaz de reventar, porque es una situación desesperante la que estamos viviendo".

El activista dijo que intentará no ser detenido, porque su objetivo es salir a la calle el 15 de noviembre, y unirse a la marcha. "Mi objetivo es estar ahí. Haré todo lo que pueda por estar ahí. No quiero que ocurra nada que me impida estar en el lugar que me corresponde ese día, que es al lado de los manifestantes", afirmó.

García Aguilera explicó que el 15N, en La Habana, pretenden marchar por Prado y Malecón. "Comenzando desde ahí, depositando las flores a Martí y terminando frente al Capitolio. Hay que ver si no bloquean totalmente la calle. En ese caso, tomaremos medidas que ya, por supuesto, hemos conversado, y que, en el caso de que alguno de nosotros no esté, otros miembros de Archipiélago que han formado parte del comité organizador de esta marcha, sabrán qué hacer ese día".

A la pregunta de si cree que las anunciadas festividades por el aniversario 502 de la fundación de La Habana, que el gobierno de la capital ha extendido hasta el 19 de noviembre, han sido organizadas con el propósito de entorpecer la marcha cívica, García Aguilera contestó que sí.

"Ellos primero respondieron con la amenaza militar, y ahora quieren responder con toda hipocresía de usar la fiesta popular -pan y circo-, y también de usar a los niños, de una manera muy baja, para contrarrestarnos. Nos amenazan, desde los niños que se inician el curso escolar, que es algo muy, muy bajo, realmente, que usen a los niños, hasta la amenaza de los militares. Han usado ya todos los recursos, no les quedan cartas en la mano para jugar contra nosotros", dijo.

Estas fiestas serían una manera de justificar la presencia de paramilitares en los parques, en las esquinas, armados y listos "para cumplir esa orden que sigue en pie, que dio el señor Díaz-Canel, de salir al combate contra todo aquel que no piense exactamente igual que ellos", añadió.

El promotor de Archipiélago dijo que su generación mira la realidad de Cuba como una especie de "Matrix", en referencia al filme del mismo nombre, en la que quienes ostentan el poder han construido una mentira "para usarte, para manipularte, para que tú seas un ciudadano pasivo". Pero de pronto "hay gente que está desconectándose de las máquinas; de pronto hay gente que está descubriendo que esta realidad tiene fallos, y esta generación es como una especie de error del sistema, como una especie de anomalía", explicó.

El régimen, dijo, García Aguilera, tiene mucho miedo, y la manera en que ha respondido a la convocatoria de esta manifestación pacífica indica que las autoridades ya "no saben qué hacer, que se encuentran ante algo que los desborda".

"Tienen mucho miedo, no a nosotros, sino a ese pueblo que ya despertó, que se está desconectando de las máquinas, y saben que, de alguna manera, no podrán continuar gobernando de la forma en que lo han hecho. Y el problema es que no saben hacerlo de otra manera porque, si cambian algo, aunque sea mínimo, pierden absolutamente ese poder que los ha mantenido ahí", indicó el activista.

Sobre el rol que las redes sociales han desempeñado en ese despertar del cubano, el dramaturgo señaló que cree que están jugando un papel definitivo, y que cada vez se usarán con más madurez.

"También creo que una buena parte de la juventud entiende que la realidad no existe solo en las redes sociales, y está empezando a trasladar esa honestidad que hemos visto desde los perfiles de Facebook, de WhatsApp, hacia la realidad, hacia las calles, hacia los espacios concretos de la vida cotidiana. Y esa transición es importante, porque si esto se quedara solo en las redes, entonces podría ser infértil. Pero si esa honestidad que hemos visto en las redes se traslada a la vida real, entonces el cambio sí se convierte en algo real", argumentó.

La juventud cubana, ante la imposibilidad de emigrar, que en otros momentos constituyó una válvula de escape ante la crisis nacional, entiende "que tiene que cambiar su realidad, que no puede resignarse a que otros decidan por ella", dijo García Aguilera.

"Yo creo que ahí es donde está la razón fundamental de lo que está ocurriendo ahora. Es una juventud que sabe que tiene que permanecer en este país y que, por lo tanto, tiene que convertir este país en lo que desea, en lo que sueña, porque no está la solución para sus problemas en una geografía cercana, en una frontera cercana", subrayó.

A la interrogante de cuál es la meta de Archipiélago más allá de la Marcha Cívica por el Cambio del 15N, el activista respondió que la plataforma se está preparando, incluso, para sobrevivir a sus promotores.

"Algo que ha fallado muchas veces en el tema de la oposición en Cuba es el tema de los caudillismos, los liderazgos demasiado visibles y, entonces, el régimen descabeza esos movimientos y todo se desvanece, todo se acaba. Archipiélago se está preparando para seguir trabajando de forma transversal, de forma horizontal, aunque se pierdan algunas voces, aunque algunos vayamos a la cárcel, aunque intenten silenciarnos", afirmó.

Si va a prisión, Yunior García Aguilera planea continuar la labor cívica que ha venido desempeñando en los últimos meses.

"Seguiré haciendo lo que hago, es decir, tratando de comunicarme con otros cubanos, tratando de hablar sobre civismo, tratando de hablar sobre democracia, tratando de hablar sobre transformar a Cuba también dentro de la cárcel. Y esos compañeros de prisión que tenga serán mis nuevos compañeros, y habrá un archipiélago dentro de esa prisión. No nos van a detener. No hay nada que puedan hacer para detenernos. Estamos decididos a hacer esto. Creemos que es lo que nos toca como generación. Creemos que es la mejor muestra de dignidad que puede asumir un cubano ahora mismo con respecto a su futuro, con respecto a su país, a su patria. Y esto es lo que hemos decidido hacer con nuestras vidas", concluyó.

(A partir de una entrevista con Amado Gil y José Luis Ramos en "Las noticias como son", de Radio Martí)

Informe de Cuba ante la 77ª Asamblea General de la SIP

Cubanos captaron en sus teléfonos los sucesos del 11 de julio. (AP/Eliana Aponte, file)

La dictadura pierde la batalla en internet y lucha para no perder también la calle. Este ha sido el semestre más difícil para los cubanos y la dictadura en los últimos 25 años. El 11 de julio, las dos fuerzas, el poder y el pueblo, terminaron mirándose las caras en unas protestas masivas –mayormente pacíficas, hasta que el gobierno ordenó reprimirlas- con una dimensión que no se había visto antes en el país.

El 11 de julio, los gritos de las multitudes corroboraron varias certezas anunciadas por años en la prensa independiente: los cubanos la están pasando mal por la falta de medicinas, comida, dinero, esperanzas y libertad.

La mayoría del pueblo quiere un cambio de gobierno, pero la dictadura reprime con violencia indiscriminada y manipulando el sistema de justicia. Las redes sociales y el acceso a internet son determinantes en la movilización de la ciudadanía a nivel nacional. Pese a la represión, un grupo de activistas está convocando a una nueva jornada de protesta para el 15 de noviembre.

Tres hechos sobresalen en este período: el encarcelamiento de los periodistas independientes Lázaro Yuri Valle Roca y Esteban Rodríguez, la represión de las protestas del 11 de julio y la entrada en vigor del Decreto-Ley 35, que restringe aún más las libertades en internet.

El 30 de abril se produjo una protesta de seis personas en la calle Obispo, en La Habana Vieja, a la que se sumaron transeúntes. Fueron arrestados y llevados a distintas prisiones. Entre los detenidos estaban Mary Karla Ares, reportera del boletín Amanecer Habanero, que trasmitió en vivo la protesta, y Esteban Rodríguez, activista y reportero de ADN Cuba, quien en noviembre había participado en la huelga de hambre en la casa del artista Luis Manuel Otero, en el barrio San Isidro, de La Habana.

Mary Karla Ares fue excarcelada el 29 de mayo, pero a cambio se le impuso reclusión domiciliaria, que aún afronta. Esteban Rodríguez continúa en prisión, donde contrajo dos veces Covid-19. Ambos están siendo acusados por "desorden público" y "resistencia", delitos que, sumados, acarrean varios años de cárcel.

Lázaro Yuri Valle Roca, periodista y activista, director del blog digital Delibera y de su canal de YouTube homónimo, fue detenido el 15 de junio tras acudir a una citación policial en La Habana. La Seguridad del Estado lo investigaba por haber organizado, filmado y publicado el video del lanzamiento de unos panfletos anticastristas en una esquina en Centro Habana.

Además de permanecer incomunicado y sin asistencia legal, el periodista hizo una huelga de hambre que empeoró su estado de salud. El régimen lo acusa de "propaganda enemiga" y "desacato". Podría enfrentar una pena de diez años por estos delitos.

Otro encarcelamiento notorio fue el del artista Hamlet Lavastida, novio de la escritora y periodista Katherine Bisquet, quien había sido una de las acuarteladas en casa de Luis Manuel Otero en noviembre, y quien grabó el violento desalojo de los manifestantes. Lavastida fue encarcelado al terminar la cuarentena obligatoria tras su regreso del extranjero.

Su novia fue sometida a reclusión domiciliaria y presionada por la Seguridad del Estado a abandonar el país, como única alternativa para obtener la libertad de Lavastida, quien en septiembre también se fue del país.

Continúa preso el youtuber Yoandi Montiel, conocido como El Gato de Cuba, tras hacer una sátira contra el presidente Miguel Díaz-Canel.

El 11 de julio, un joven vendedor de tarjetas telefónicas, Yoan de la Cruz, trasmitió en vivo e hizo viral un video sobre la protesta pacífica y espontánea de cientos de personas caminando hacia el gobierno municipal de San Antonio de los Baños, para reclamar contra el gobierno, los apagones, los problemas económicos y la falta de vacunación adecuada.

En menos de dos horas, nuevos videos y trasmisiones en vivo llegaron a las redes sociales, con protestas de cientos de personas en ciudades como Palma Soriano, Güines y Morón. Mientras tanto, por Whatsapp, Telegram y Facebook se convocó a manifestaciones en otras ciudades y se viralizaron videos y mensajes en todas las redes sociales.

La primera detención de un periodista se registró cerca de las 3 de la tarde. Fue Iris Mariño, de La Hora de Cuba, arrastrada violentamente y sin previo aviso fuera de la protesta pacífica en el casco histórico de Camagüey por agentes de civil de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria.

Diez minutos después fueron arrestados Henry Constantín y Neife Rigau, en el mismo lugar. Orelvis Cabrera y Alberto Corzo fueron detenidos en Matanzas; Maykel González Vivero, en La Habana; Rolando Rodríguez Lobaina y Niober García Fournier, en Guantánamo. A las 4 de la tarde el presidente Díaz-Canel declaró por televisión que "la orden de combate está dada; a la calle los revolucionarios". Abrió así una represión profunda contra las protestas pacíficas.

Ese día no pudieron salir a la calle, por vigilancia policial afuera de sus casas, los reporteros Luz Escobar, Héctor Luis Valdés, Frank Abel García, Mary Karla Ares, Danilo Carrasco, Juan Manuel Moreno, Iliana Hernández, Mabel Páez, Reisel Acosta, Yhosan Torres, Onelsys Díaz, Jorge Luis Romero, Yusleidy Romero, Yanaisy Quesada, Flora Quiñones, Roilán López, Héctor Sierra, Ariorny Ramos, Yaima Cabrera, Wilfredo Fajardo, Ever Fonseca, Martha Liset Sánchez, Raúl Pérez, Aliena Palmero, Maikel Jiménez, Deisy Martínez, Vivian Feo, Manuel Martínez, Yanela Reyes, Orlidia Barceló, Carlos Cárdenas, Pedro Luis Hernández y María Matienzo. Esa restricción duró días y hasta semanas para algunos periodistas.

El fotógrafo Ramón Espinosa, de la AP, fue golpeado. El fotógrafo Iván Alcaraz, de la televisión estatal, fue arrestado. En los días siguientes fueron detenidos los reporteros Camila Acosta, Yosvani Sepúlveda y Pedro Luis Hernández.

El 11 de julio las autoridades cortaron el uso de todos los servicios de internet y telefonía móvil y bloquearon las principales redes sociales y servicios de mensajería. El apagón de internet duró tres días.

Desde entonces, muchos ciudadanos son perseguidos por publicar en sus redes sociales contenido molesto al régimen. Algunos recibieron "advertencias" de defensores del gobierno y citaciones policiales, solo por tener contenido de las protestas en las redes. La amenaza policial ordenaba borrar materiales o que dieran información sobre líderes de las protestas.

El 17 de agosto entró en vigor la más explícita mordaza legal a la libertad de expresión en Internet: Decreto-Ley 35 "De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrica". También entraron en vigencia dos decretos del Consejo de Ministros y tres resoluciones del Ministerio de las Comunicaciones.

La resolución más nociva, la 108, recoge una lista de "incidentes de ciberseguridad" según diferentes niveles de peligrosidad. Califica de "muy alto" la "subversión social", descrita como "pretender alterar el orden público, alterar la indisciplina social"; justamente esta fue la medida esgrimida por policías, fiscales y jueces del régimen para detener, multar o encarcelar a cientos de los manifestantes del 11 de julio.

El ciberterrorismo se define como cualquier acción "mediante el uso de las TIC cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Además, considera de peligro "alto", la divulgación "de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país" y la difusión "a través de las infraestructuras, plataformas o servicios de telecomunicaciones/TIC de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público; difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas".

El artículo 3 del Decreto-Ley 35 declara como primer objetivo: "Coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un ins­trumento para la defensa de la Revolución", lo cual indica el ánimo represivo y monopólico de las telecomunicaciones.

Se teme que la actualización del Código Penal incluya estas sanciones.

A raíz de la convocatoria de un grupo activista a la protesta del 15 de noviembre, empezó la represión contra los firmantes del documento. Sus casas fueron sitiadas y los cortes de las comunicaciones han vuelto a hacerse frecuentes para activistas y periodistas independientes.

El país sigue en manos de un régimen que gobierna con un manojo de leyes, cuya raíz está en la constitución impuesta en 2018 y que limita todos los derechos humanos y consagra la primacía de la voluntad de la cúpula gobernante.

Los periodistas y trabajadores de medios de prensa independientes que han sufrido cárcel o detenciones en el periodo son –además de los ya mencionados como detenidos a raíz del 11 de julio y de los que recibieron medidas de prisión o reclusión domiciliaria: Héctor Luis Valdés, Osmel Almaguer, Yoe Suárez, Leonel Rodríguez, Waldo Fernández, Mauricio Mendoza, la youtuber Ruhama Fernández, Jorge Enrique Rodríguez, Yoel Acosta y Enrique Díaz.

La totalidad de los encarcelamientos y detenciones incluye también interrogatorios, amenazas, incomunicación con familiares y abogados, suministro de agua y alimentación deficientes, entre otras violaciones de los derechos humanos del reportero.

Prohibiciones de salir a la calle, hechas a través de agentes apostados en las puertas de sus viviendas, medidas cautelares de reclusión domiciliaria o de llamadas telefónicas, han sufrido Camila Acosta, Luz Escobar, Roberto Rodríguez, José Antonio Fornaris, Amarilis Cortina, María Matienzo, Mary Karla Ares, Neife Rigau, Iris Mariño, Héctor Luis Valdés, Henry Constantín y Orelvys Cabrera.

Citados a "entrevistas", para ser interrogados o amenazados en dependencias policiales, fueron Vladimir Turró, Yadisley Rodríguez, Yusleidy Romero, Ariel Maceo, Yoe Suárez, Yadiris Luis, Mario Ramírez y Héctor Luis Valdés.

La youtuber Ruhama Fernández fue víctima de un allanamiento en su casa, en el que la despojaron de su equipo de trabajo.

El 13 de julio, la sede del medio independiente La Hora de Cuba, vivienda de Neife Rigau y Henry Constantín, sufrió un registro con más de 21 efectivos del Ministerio del Interior, mientras los periodistas estaban presos por tratar de cubrir las protestas del 11 de julio. Los agentes sustrajeron decenas de artículos de trabajo y ocio y les fotografiaron documentos y enseres privados. Les devolvieron los bienes tras ser liberados, pero algunos en mal estado.

En Santiago de Cuba sufrió registro y decomiso de bienes de trabajo el reportero José Antonio López.

Fueron multados o recibieron actas de advertencia por su trabajo los reporteros Yoe Suárez, Niober García, Iris Mariño, Rolando Rodríguez, Orelvys Cabrera, Neife Rigau, Henry Constantín y Yoel Acosta.

Cortes prolongados de sus servicios de internet y telefonía experimetaron Luz Escobar, Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Neife Rigau, María Matienzo, Abu Dujanah Tamayo.

Amenazas a sus familiares o amistades sufrieron Augusto César San Martín y Neife Rigau.

Recibieron diferentes tipos de amenazas, además de todos los que fueron citados o detenidos y que se mencionan arriba: Jorge Enrique Rodríguez, Yoe Suárez, Yaima Pardo y Nachely Rivero.

Siguen con prohibición de viajar fuera de Cuba los reporteros y trabajadores de medios: Camila Acosta, Iliana Hernández, Luz Escobar, Reinaldo Escobar, Yoe Suárez, Anais Remón, Henry Constantin, Iris Mariño, Inalkis Rodríguez, Mario Ramírez, Sol García, Yunier Gutiérrez, Julio Aliaga, Víctor Manuel Domínguez, Niober García, Boris González, Odalina Guerrero, Leydis Tabares, Roberto de Jesús Quiñones y Rosalia Viñas.

Fueron arrestadas, citadas o interrogadas fuentes periodísticas y personas entrevistadas por Camila Acosta, Nachely Rivero y Henry Constantín.

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