América Latina
Vasta purga petrolera en Venezuela consolida control de Maduro
La persecución ha llevado a la incertidumbre, el pánico y la paranoia en el sector, con hasta 65 exejecutivos arrestados en los últimos cuatro meses. Los fiscales, dicen los críticos, han proporcionado escasa evidencia de los cargos.
CARACAS - Días antes de que agentes enmascarados lo arrestaran, familiares y amigos le suplicaron al exministro de Petróleo Eulogio Del Pino que huyera de Venezuela, advirtiéndole que podría ser el próximo ejecutivo detenido o perseguido de una purga cada vez mayor que sacude al sector petrolero venezolano.
Pero al exfuncionario, detenido por la policía antes del amanecer del 30 de noviembre, le costaba creer que pronto podría estar entre quienes han sido blanco de lo que el presidente Nicolás Maduro ha calificado como una limpieza.
“Le dije que se fuera. Pero él me dijo ‘no he hecho nada malo. Yo confió que a mí no me van a hacer nada malo’”, dijo una fuente cercana que describió los prolegómenos de la detención.
Esa confianza, producto de tres años en los que Del Pino ocupó los dos puestos principales de la industria petrolera de Venezuela, ahora parece alarmantemente fuera de lugar. Maduro acusa a Del Pino y a muchos otros exejecutivos petroleros de corrupción y los culpa por los problemas económicos que sufre el país.
“Yo no voy a taparear (encubrir) a nadie”, dijo Maduro en un discurso el 28 de noviembre, mientras tomaba juramento al mayor general que reemplazó a Del Pino como ministro de Petróleo. “El que se metió a corrupto, tiene que pagar en la cárcel y devolver los recursos que se robó del país”.
La persecución ha llevado a la incertidumbre, el pánico y la paranoia en el sector, con hasta 65 exejecutivos arrestados en los últimos cuatro meses. Los fiscales, dicen los críticos, han proporcionado escasa evidencia de los cargos.
La corrupción ha plagado durante mucho tiempo a la industria petrolera del país miembro de la OPEP y gran parte del gobierno de Maduro, una administración izquierdista que lucha con una economía en caída, un aumento vertiginoso del crimen y servicios públicos debilitados.
Pero los críticos, y muchos dentro de la propia industria petrolera, ven la purga como nada más que un esfuerzo para eliminar a los rivales y consolidar el control antes de las elecciones presidenciales del próximo año.
“(Maduro) También quiere control de PDVSA y control de su flujo de caja”, dijo el diputado opositor Ángel Alvarado sobre la petrolera estatal venezolana.
El Ministerio de Comunicación e Información no respondió a una solicitud de comentarios. PDVSA y el Ministerio de Petróleo tampoco contestaron las solicitudes.
No quedó claro si algunos de los cargos que se le imputan a Del Pino tienen sustento. Los fiscales, sin presentar evidencia, lo acusaron de pertenecer a un “cártel” que operaba una trama de corrupción de unos 500 millones de dólares en el occidental estado Zulia.
Pero, el ingeniero educado en Stanford, que dirigió el Ministerio de Petróleo hasta el 26 de noviembre y antes PDVSA durante casi tres años, era conocido como un leal al Gobierno, comprometido con la visión de Maduro del “socialismo del siglo XXI”.
Sólo después de que fue destituido del ministerio, Del Pino comenzó a pensar que podría caer, dijeron tres personas familiarizadas con su arresto. Sus últimos días como hombre libre ilustran como rápidamente puede cambiar el destino, incluso de altos funcionarios del Gobierno.
Justo después de su despido, Del Pino dijo a Reuters en un mensaje por WhatsApp: “Sí, necesito descansar”.
El 29 de noviembre, tres días después de su reemplazo, un agotado Del Pino subió el Ávila, la montaña que se eleva sobre Caracas, dijo una de las fuentes.
Del Pino encontró un lugar tranquilo debajo de un árbol y grabó un video con su teléfono celular. Dijo que se convertiría en una “víctima” de un “ataque injustificado”.
Antes del amanecer del jueves, agentes de inteligencia militar, armados con rifles de asalto y capuchas, tocaron a la puerta de su casa y detuvieron a Del Pino, que vestía una camiseta vinotinto de la selección de fútbol venezolana, según imágenes de la televisión estatal.
Más tarde ese día, el video que Del Pino grabó fue publicado en su cuenta en Twitter. “Espero que la revolución me dé el derecho a la legítima defensa”, dijo, refiriéndose al Gobierno en el lenguaje partidista empleado por Maduro.
Del Pino no ha respondido a las solicitudes de comentarios hechas a través de Whatsapp, donde recientemente cambió su foto de perfil, de una donde usaba una gorra de PDVSA en una marcha con trabajadores petroleros a una de sus hijos.
Después de la detención de Del Pino, los aturdidos trabajadores de la central de PDVSA en Caracas -donde en general estaba bien considerado- vieron las imágenes de su arresto en las pantallas de los ascensores de la compañía, según una de las fuentes.
El temor ha afectado a los empleados de la empresa y el ministerio, según una media docena de trabajadores actuales y pasados de PDVSA. Los gerentes temen firmar documentos de rutina por miedo a que sean usados en su contra.
En desgracia
Maduro promovió a Del Pino, nacido en las Islas Canarias y que tiene pasaporte español, desde la vicepresidencia de exploración y producción de PDVSA a la presidencia de la estatal en 2014.
En ese momento, los ejecutivos extranjeros y analistas petroleros le dieron la bienvenida al cálido tecnócrata y de bajo perfil que reemplazó a Rafael Ramírez, el poderoso zar petrolero del fallecido Hugo Chávez, el predecesor de Maduro.
En un discurso, Ramírez juró que PDVSA sería “roja rojita”, exhortando a sus trabajadores a asistir y apoyar los actos del Gobierno y a vestir el color característico del movimiento fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez.
En un cambio simbólico, Del Pino relajó las normas de vestimenta “revolucionaria” y la asistencia a los mítines progubernamentales. También buscó relaciones más cercanas con los socios extranjeros de la petrolera; frustrados por los controles de divisas y la engorrosa burocracia de la estatal.
Pero muchos ejecutivos de PDVSA terminaron decepcionados con la gestión de Del Pino, que no logró implementar cambios radicales y terminó con una baja de la producción de crudo a un mínimo de casi 30 años.
Del Pino, finalmente, se encontró con las manos atadas en una compañía donde la intervención del Gobierno es común. En enero pasado, Maduro reemplazó a muchos de los altos ejecutivos por políticos y militares.
Ya sea que Del Pino y otros ejecutivos sean finalmente declarados culpables o no, muchos en Venezuela ven el oportunismo como la fuerza detrás de la actual purga, y no un esfuerzo para terminar con la corrupción.
El sector, después de todo, ha estado bajo un estricto control del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desde el inicio del mandato de Chávez hace casi 20 años.
Si bien el Gobierno ridiculizó un informe del año pasado del Congreso, dominado por la oposición, que halló que unos 11.000 millones de dólares desaparecieron de PDVSA en una década, ahora reconoce que muchos votantes apoyan las posturas anticorrupción de sus rivales.
“La lucha contra la corrupción la ha liderado la oposición (...) ahora Maduro quiere adueñarse de esa bandera por la campaña”, dijo Alvarado, el legislador opositor.
Después de sobrevivir a grandes protestas este año y de impulsar una asamblea constituyente plenipotenciaria, Maduro se siente con poder, dijeron funcionarios del Gobierno. El mandatario busca fortalecer su posición para la reelección el próximo año.
También se espera que continúe buscando las formas de atacar las amenazas a su poder político. Algunos en Venezuela ven el arresto de Del Pino como una forma de acabar con un viejo rival: Rafael Ramírez, el exjefe de PDVSA.
Muchos en el gobierno creen que Ramírez, hasta hace poco embajador en Naciones Unidas, tiene ambiciones presidenciales.
El fiscal venezolano no ha mencionado a Ramírez en sus alocuciones, pero altos funcionarios han empezado a repetir en sus discursos que durante su gestión se iniciaron las “mafias” y ascendieron ejecutivos como Del Pino.
Esta semana, luego de que Ramírez criticó al presidente en artículos de opinión en la web, Maduro lo despidió y lo convocó a Caracas, dijeron a Reuters personas familiarizadas con la disputa.
La noche del viernes, la policía arrestó a Diego Salazar, un familiar de Ramírez, en lo que el Fiscal dijo era otra investigación por corrupción.
Ramírez no ha respondido a las solicitudes de información.
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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito
Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".
Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.
La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.
También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.
En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.
La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.
En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.
Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.
Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.
Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
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