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América Latina

Protestas en Caracas para mostrar a Bachelet falta de derechos en Venezuela

Trabajadores del sector petrolero protestan cerca de la cancillería en Caracas, Venezuela, ante la vista de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachet, el 20 de junio de 2019. (REUTERS).

Familiares de presos políticos, trabajadores del sector público y activistas de derechos humanos protestaron el jueves en diferentes puntos de Caracas para visibilizar las violaciones de que son vítimas y presentarlas ante la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela.

Frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la periodista Aimara Lorenzo realizó una trasmisión en vivo por la cuenta de Facebook de Radio Televisión Martí, en donde algunos de los participantes ofrecieron sus testimonios.

La señora Mónica Santamaría, hermana del preso político José Luis Santamaría, dijo que su hermano está detenido hace un año y dos meses, acusado “alta traición a la patria, instigación a la rebelión militar”, entre otros.

Sin embargo, explicó la mujer, “él es civil, y debe tener un juicio por los tribunales correspondientes”.

Santamaría es Técnico en economía y redes y tiene como fecha de detención el 16 de abril de 2018, según el cartel que llevó hoy su hermana con logotipo del Foro Penal, una organización de derechos humanos en Venezuela.

En medio de la multitud se podían escuchar gritos y consignas rogando la atención de la expresidenta chilena.

“¡Bachelet, el pueblo te pide una entrevista!”, es parte de las exigencias.

Otra de las mujeres, familiar del ingeniero de Sistemas, Otoniel Ramos, protestó porque “no hay pruebas que lo inculpen”.

Ramos permanece bajo custodia policial desde el 18 de abril pasado, y lo acusan de “destrucción del sistema eléctrico nacional, asociación para delinquir y terrorismo”, explicó.

La mujer agregó que cuatro de los implicados en el caso lograron salir del país y solo el señor Ramos fue detenido. Hasta hoy guarda prisión en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ubicadas en la Urbanización Boleíta Norte, Petare, Municipio Sucre.

Desde Colombia Dorias María Víctor Cortés se presentó a la manifestación por los 59 colombianos presos en La Yaguara, municipio Libertador de Caracas.

“Él no tenía cédula venezolana, está acusado de ser paramilitar, terrorismo (…) lleva 3 años preso en Ramo Verde”, acusó Cortés.

En la sede del PNUD se encontraba el abogado Alfredo Romero,Director Foro Penal.

"El lunes exigíamos que se liberaran, como condición, a los presos políticos y quiero decir que esa exigencia sigue pendiente, no ha habido un resultado concreto hasta ahora como es la liberación de todos los presos políticos", dijo Romero, citado por la agencia Efe.

Romero denunció que las cárceles del país "están siendo maquilladas" para que la alta comisionada no perciba la "realidad" de las condiciones de reclusión y las "torturas" a las que, aseguró, son sometidos los "presos políticos".

Dijo que desde el lunes hasta la fecha se han excarcelado a 28 personas, la mayoría ciudadanos que participaron en protestas este año.

Según las cuentas de la ONG, en el país aún hay 687 "presos políticos".

Para mañana viernes, la oposición ha convocado a una protesta frente a la sede del PNUD a fin de denunciar la "violación de los derechos humanos" por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, a quien responsabilizan de la crisis y del deterioro de todos los servicios básicos en el país.

La visita de la alta comisionada de derechos humanos se produce en uno de los momentos de mayor tensión política en el país y en medio de una aguda crisis económica que ha pulverizado el poder adquisitivo y ha provocado una crisis humanitaria.

Según la ONU, en Venezuela siete millones de personas necesitan asistencia humanitaria de manera urgente.

[Con información de Radio Televisión Martí, redes sociales y la agencia Efe]

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Expresidente peruano Alejandro Toledo arrestado en California

Alejandro Toledo en su campaña presidencial el 7 de abril de 2011. Foto Archivo AP/Martin Mejia.

El expresidente de Perú Alejandro Toledo fue arrestado el martes en su residencia de California y aguarda una decisión de la Justicia estadounidense para su posible extradición.

Toledo está acusado de haber recibido coimas de hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecerlo en sus negocios en Perú cuando estaba en a presidencia.

El actual presidente de Perú, Martín Vizcarra, había prometido que lo llevaría ante la Justicia antes de dejar su cargo de Presidente de la República.

"Alejandro Toledo estará aquí afrontando a la justicia. Es un compromiso que asumo", aseguró el mandatario en una entrevista a Radio Santa Rosa a finales de 2018.

El martes tras conocer la detención del expresidente Toledo, Vizcarra declaró: “Tenemos que ser conscientes que la justicia puede tardar, pero llega. Hoy también, hemos tomado conocimiento de la detención del expresidente Alejandro Toledo en Estados Unidos, iniciando un proceso de extradición que esperemos que se cumpla en el menor plazo posible”.

“Todas las personas y principalmente las autoridades deben dar cara a la justicia. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y tienen que tener la valentía de enfrentar a la justicia aquí en el país, donde debe ser”, dijo el actual presidente.

La situación de Toledo, que gobernó Perú entre 2001 y 2006, quedó en manos de jueces de California, que debatirán ahora si debe ser enviado a su país para afrontar las

Toledo ha denunciado que está siendo víctima de una persecución política.

La constructora brasileña Odebrecht ha causado el mayor escándalo por sobornos de la historia de Brasil y en el caso de Perú ha reconocido haber ofrecido pagos multimillonarios para emprender grandes proyectos de obras públicas durante los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

[Con información de agencias, redes sociales, periódico Gestión y Canal N]

Human Rights Watch pide a EEUU más presión sobre Daniel Ortega

Testimonio gráfico del sentimiento popular en Nicaragüa

Human Rights Watch presentó este martes un amplio informe sobre la represión del régimen Daniel Ortega-Rosario Murillo contra la población nicaragüense desde abril del pasado año.

En este documento, la organización defensora de los derechos humanos subraya la necesidad de que el Gobierno de Donald Trump tome medidas, aplicando sanciones tanto a Ortega como a la cúpula del poder que lo secunda.

“Ortega y otros altos funcionarios nicaragüenses" –advierte José Manuel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch- "creen que pueden cometer impunemente abusos aberrantes sin enfrentar ninguna consecuencia".

"La imposición de nuevas sanciones por el gobierno de Estados Unidos es clave para redoblar la presión sobre las autoridades nicaragüenses para que pongan fin a los abusos y restablezcan las garantías básicas de derechos humanos en Nicaragüa”, recalcó Vivanco.

En ese contexto, Human Rights Watch dio su respaldo a los esfuerzos de los senadores Bob Menéndez y Ted Cruz, quienes enviaron una carta a Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, en la que manifiestan su preocupación por las constantes violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

En dicha carta, ambos senadores resaltan el ensañamiento en las torturas y vejaciones a los manifestantes detenidos por parte de la Policía Nacional y los grupos paramilitares, y piden sanciones para Daniel Ortega y otros ocho funcionarios.

Unión Europea prepara más sanciones contra oficiales de Maduro

Maduro reunido con el alto mando militar en Miraflores el 30 de abril.

La Unión Europea está preparando nuevas sanciones contra oficiales de las fuerzas de seguridad venezolanas involucrados en violaciones de derechos humanos, dijo el martes la jefa de política exterior del bloque, luego de la muerte de un capitán de la marina en medio de denuncias de tortura.

Federica Mogherini sostuvo que la muerte de Rafael Acosta mientras estaba bajo custodia por presunta participación en un complot para un golpe de Estado fue un "claro ejemplo" del deterioro de la situación en el país bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"La UE está decidida a comenzar a aplicar medidas específicas a los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en la tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos", dijo Mogherini en un comunicado.

El 11 de julio, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la agencia de contrainteligencia militar de Venezuela luego de la muerte de Acosta.

Mogherini también advirtió que si no hubiera progreso en las conversaciones entre la oposición y el gobierno de Maduro para resolver la crisis política de la nación sudamericana, la UE aumentaría las sanciones.

"En caso de que no haya resultados concretos de las negociaciones en curso, la UE ampliará aún más sus medidas específicas", dijo Mogherini.

"También se recuerda que estas medidas se pueden revertir en caso de que se logren avances sustanciales hacia el restablecimiento de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela", añadió.

Situación en Venezuela a discusión en el Consejo Permanente OEA

Sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para analizar la situación en Venezuela.

El Consejo Permanente de la OEA abordará la situación de los derechos humanos en Venezuela.

En el encuentro, que tendrá lugar este miércoles 17 de julio a las 10:00 (hora del Este), participarán la abogada Tamara Suju, directora del Instituto Casla y Esmeralda Troitiño, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El coloquio sesionará en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, DC para “para considerar la situación de los derechos humanos en Venezuela, entre otros temas”, según nota de prensa del organismo regional.

Participarán además Valentina Ballesta, representante de Amnistía Internacional y Tamara Taraciuk Broner, representante de Human Rights Watch.

La semana pasada el secretario general de la OEA, Luis Almagro, fustigó fuertemente la presencia cubana en Venezuela.

En la conferencia “Crímenes Internacionales en Venezuela” Alamagro denunció que es impensable el regreso a la democracia en esa nación mientras continúe la injerencia cubana.

Almagro declaró que incluso podrá haber “un lavado de cara semi-institucional, pero no retorno a la democracia, a las garantías públicas. Porque yo no conozco ningún país en el mundo, y menos en este continente, en el cual Cuba haya jugado un papel para restaurar la democracia en ese país; nunca ocurrió y no va ocurrir esta vez, lo siento mucho”, lamentó.

Gobierno y oposición de Venezuela retoman diálogo en Barbados

Una mujer con el rostro pintado con los colores de la bandera venezolana participa en una protesta en Caracas. (Archivo)

En medio de las fricciones generadas tras la detención de dos integrantes del equipo de seguridad del líder opositor Juan Guaidó, el gobierno y la oposición se disponían este lunes a retomar las negociaciones en la isla caribeña de Barbados, promovidas por Noruega, para abrir el camino a un diálogo que permita una salida pacífica a la crisis venezolana.

La delegación opositora anunció en Twitter la noche del domingo el regreso a Barbados para proseguir las negociaciones que se reiniciaron el 8 de julio luego de varias semanas de suspensión. Ambas partes decidieron a mediados de la semana pasada viajar a Caracas para consultas y luego regresar a la isla caribeña.

“¡Seguimos trabajando hasta alcanzar nuestra meta!”, afirmó la noche del domingo en su cuenta de Twitter el jefe de la delegación opositora y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, quien indicó que el objetivo que se han trazado es “poner fin al sufrimiento de los venezolanos”.

Por su parte, los representantes del gobierno dijeron que esperan que las conversaciones "desactiven las agresiones" contra Venezuela, según un video publicado en Twitter por el ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez, acompañado del canciller Jorge Arreaza y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, todos miembros de la delegación oficialista.

La detención de dos miembros del equipo de seguridad de Guaidó por parte de las autoridades quienes los señalaron el sábado de intentar vender armas que presuntamente fueron usadas durante la fallida rebelión militar del 30 de abril, desataron nuevas fricciones entre las partes que se temían podrían afectar el proceso de negociaciones.

Rodríguez, aprovechó el incidente para acusar a la oposición de incurrir en el engaño en medio de las conversaciones.

La oposición rechazó las alegaciones de las autoridades y señaló al gobierno de seguir “inventando ollas”. “El desespero los lleva a reaccionar pero ya es inevitable: vamos rumbo a la transición”, dijo Guaidó en su cuenta de Twitter al rechazar la detención de dos miembros de su equipo de seguridad.

En las negociaciones la semana pasada las partes acordaron la instalación de una mesa permanente que tendrá como fin llegar a una “solución acordada y el marco de las posibilidades que ofrece la constitución”, indicó el gobierno noruego en un comunicado.

Durante la ronda las partes decidieron dejar el tema de las elecciones, que ha generado posiciones encontradas, hasta el final de las conversaciones, precisó una fuente.

Al celebrar el reinicio del proceso el presidente Nicolás Maduro dijo la semana pasada que la mesa de diálogo esta "funcionando" y que en el marco de las conversaciones hay una agenda de seis puntos que incluye temas políticos, sociales y económicos, sin ofrecer mayores detalles.

Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, ha planteado que independientemente del mecanismo al que se llegue la oposición seguirá trabajando en los objetivos que se propuso a inicios de año del cese del mandato de Maduro, el establecimiento de un gobierno de transición y nuevas elecciones presidenciales.

La oposición sostiene que Maduro está “usurpando” el cargo desde enero tras ser reelecto el año pasado en unos comicios en los que asegura que hubo un “fraude”. Estados Unidos y varios gobiernos de la región y Europa también objetaron la reelección del mandatario.

Las partes viajaron entre mayo y junio en dos oportunidades a Noruega para tratar de avanzar hacia una negociación que permita el inicio de un diálogo que abra una salida pacífica a la crisis venezolana.

Entre 2016 y 2018 el gobierno y la oposición participaron en varias iniciativas de diálogo, con el apoyo de varios países y el Vaticano, que no llegaron a ningún acuerdo y terminaron por profundizar los enfrentamientos entre las partes.

(Con información de Associated Press y redes sociales)

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