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América Latina

Protestas en Brasil se ajustan a una tendencia en América Latina

BRA59. SAO PAULO (BRASIL), 13/06/2013.- La policía militar brasileña dispersa a estudiantes hoy, jueves 13 de junio de 2013, cuando realizaban una protesta contra el aumento de la tarifa de autobús en la ciudad de Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastião Moreira

Las últimas protestas en Latinoamérica son reflejos de otras que se han visto en el continente en años anteriores.

En Chile comenzó con la exigencia de tener acceso a una educación gratuita de calidad. En México, los reclamos buscaban garantizar el derecho a la información en plena campaña presidencial y en Brasil, las protestas masivas hicieron erupción cuando se anunció el incremento de las tarifas del transporte público en medio de un evento deportivo de alcance global.

Las protestas que han remecido al llamado gigante sudamericano en los últimos días reflejan una tendencia similar a las movilizaciones que en los últimos meses y años se han producido en otros países de Latinoamérica, que si bien no tienen conexión directa, han tenido puntos coincidentes como el reclamo por una mejora en los servicios públicos, la lucha contra la corrupción y la frustración con las clases políticas dominantes.

"Es un producto del progreso económico y social y la expansión de la clase media en países como Brasil, México, Chile y Colombia", dijo Michael Shifter, presidente de la organización Diálogo Interamericano, con sede en Washington. "El descontento en Brasil que inesperadamente ha llegado a la superficie refleja una tendencia en toda la región".

Una tendencia marcada por el desencanto con el ejercicio tradicional de la política y que se resume en la falta de garantías para ejercer plenamente derechos y libertades y en donde las prioridades del gasto público para muchos son equivocadas, tras varias décadas de gobiernos elegidos popularmente.

"Las manifestaciones deberían ser una llamada de atención para los políticos no sólo en Brasil sino en otros países de América Latina en los cuales la clase media ha crecido, las expectativas han crecido y los servicios públicos siguen siendo extremadamente inadecuados", dijo Shifter. Muchos de los jóvenes de las clases medias en Latinoamérica "están desilusionados con la política tradicional, ya sea de derecha y de izquierda... exigen que los gobiernos, que ahora tienen más recursos, presenten servicios de mayor calidad (y) también están cansados de la corrupción y las prioridades equivocadas del gasto".

Las protestas en Brasil atrajeron mayor atención al coincidir con la celebración de la Copa Confederaciones de fútbol, en un anticipo de lo que tal vez podría repetirse durante la visita del papa Francisco a Río de Janeiro en unas semanas.

La semana pasada, un vídeo en YouTube se reprodujo como un virus cuando el ex jugador de la selección de Brasil, Romário De Souza Faria, Romario, dijo que con el dinero con el que se van a construir las instalaciones deportivas para el Mundial de 2014 se podrían edificar 8.000 escuelas nuevas o 30.000 autobuses.

Romario es ahora diputado federal por el Partido Socialista de Brasil.

Pero a diferencia de las protestas en Chile, Colombia y México, donde a la cabeza estuvieron jóvenes estudiantes, en Brasil no hay un grupo o sector específico que las lidere. Es un movimiento más difuso, masivo y amplio.

"Hay en Brasil una representatividad muy amplia, que no hay en México y Chile", dijo Iván Garzón Vallejo, director del programa de ciencias políticas de la Universidad de La Sabana en Bogotá.

Las protestas en otros países volcaron a varios miles de personas a la calle, pero en Brasil superó cualquier expectativa: la noche del jueves más de un millón de personas se movilizaron prácticamente de manera simultánea en, al menos, cien ciudades brasileñas.

Juan Carlos Skewes, director del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado en Chile, cree que una diferencia fundamental es que en Brasil parece haberse sumado a las protestas un nuevo sector social que proviene de los más de 40 millones de personas que salieron de la pobreza.

"Hay sectores que son más sensibles, que expresan en forma más radical su sensibilidad a través de la movilización política, y esas son las clases medias más tradicionales y los que están ascendiendo dentro de la estructura social desde las posiciones más bajas", dijo Skewes.

Garzón, de la universidad bogotana de La Sabana, cree que las protestas de Brasil muestran las paradojas del gigante sudamericano, al que se le ha reconocido su modelo económico y sus grandes obras de infraestructura, pero que al mismo tiempo padece "insuficiencias estructurales en temas públicos, en salud, en educación y en cuestiones sociales".

De manera coincidente con lo ocurrido en otros países de la región, donde las protestas iniciaron con demandas específicas, en Brasil el pedido inicial era revertir el aumento a las tarifas en los autobuses y el metro y ahora se ha ampliado a solicitar, por ejemplo, mejoras en los servicios públicos y a combatir la corrupción e ineficiencia gubernamental.

Pero ello entraña un peligro. "En tanto las protestas pierdan su enfoque, los manifestantes podría perder su impulso y unidad", dijo Carl Meacham, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington.

A excepción de Chile, el empuje inicial de las movilizaciones en México y Colombia se diluyó con el paso del tiempo porque algunas o todas sus demandas comenzaron a ser incorporadas por los actores institucionales de sus países.

"Es poco probable que las protestas terminen hasta que el gobierno tome pasos concretos para resolver sus demandas", dijo Meacham en una reflexión que escribió para el Centro de Estudios Estratégicos.

El 2011 marcó el inicio de importantes movimientos estudiantiles en Chile y Colombia.

En Chile, un país donde la mayoría de su población se declara de clase media, el movimiento estudiantil apareció de nuevo en 2011, tras sus últimas actuaciones con el impulso al referendo que sacó al dictador Augusto Pinochet del poder en 1990 y luego al protestar durante el gobierno de Michel Bachelet en 2006, para reclamar una enseñanza pública, gratuita y de calidad.

Los estudiantes también ampliaron su protesta en 2011 al criticar el sistema económico de libre mercado y los altos intereses a los créditos educativos que aún agobian a muchos.

El movimiento estudiantil chileno no ha logrado que sus demandas se traduzcan en cambios profundos, pero sí se anotó algunos triunfos como conseguir que los créditos universitarios no sean otorgados por los bancos a un interés del 6,5% al año para ser reemplazados por préstamos que entrega un organismo estatal a un interés del 2%.

De hecho, la ex presidente y candidata presidencial centroizquierdista, Michelle Bachelet, ha prometido impulsar la educación gratuita.

Hasta ahora, ese movimiento se mantiene fuerte y algunos de los líderes de la llamada Confederación de Estudiantes de Chile buscan un lugar en el Congreso.

Colombia, por su parte, presenció a finales de 2011 la aparición de un movimiento estudiantil que vio en una propuesta oficial de reforma educativa como un intento de privatización de las universidades. Por más de un mes realizaron un paro nacional, que fue suspendido luego de que el gobierno de Juan Manuel Santos retirara su proyecto.

Hoy se mantiene activa la llamada Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que agrupa representantes de distintas universidades, y espera realizar movilizaciones en lo que queda de 2013. Uno de sus integrantes, Juan Sebastián López, dijo que trabajan en un proyecto propio de reforma universitaria.

A finales de los ochenta y principios de los noventa, otro grupo de estudiantes colombianos impulsaron la creación de una Asamblea Nacional Constituyente con un movimiento denominado la 'Séptima Papeleta' y que impulsó un cambio en la constitución colombiana en 1991, que ha sido una de las reformas institucionales más importantes de las últimas décadas.

En 2012, México fue escenario del surgimiento de un movimiento universitario se congregó en torno al nombre de #YoSoy132 en medio del proceso electoral a la presidencia.

Inició como una protesta contra lo que veían como un sesgo de los medios televisivos a favor del entonces candidato y hoy presidente Enrique Peña Nieto, y demandaron el derecho a estar informados y a la libre expresión, pasaron a criticar al sistema político y económico por considerar que no respondían a las necesidades de los mexicanos.

En medio de las movilizaciones, Peña Nieto anunció un decálogo de propuestas en las que incorporó varias demandas de los jóvenes e, incluso, como presidente promovió el llamado Pacto por México, que incluyó los reclamos que había escuchado de los estudiantes.

Atrás quedaron las manifestaciones callejeras, pero el movimiento se dice aún vivo y de hecho convocaron a un acto de solidaridad con las protestas de Brasil. Su repercusión e influencia, que nunca se extendió a otros sectores, aún está por verse.

El gran referente de los movimientos estudiantiles en México fue el de 1968, cuando miles de jóvenes se manifestaron contra la represión del gobierno, que se preparaba para realizar los primeros juegos Olímpicos que organizaba el país. En algunas de las protestas se lanzaban consignas en las que decían que no querían Olimpiadas, sino revolución.

El 2 de octubre de ese año un mitin terminó en tragedia cuando decenas de estudiantes y civiles murieron por las balas de soldados y policías, algunos vestidos de civil. En 1980 y principios de 2000, los estudiantes mexicanos protestaron y lograron mantener la gratuidad de la colegiatura de la UNAM, antes intentos de establecer un pago.

"Son movimientos que expresan un malestar muy profundo a la forma en que está organizada la sociedad contemporánea", dijo Skewes de la Universidad Alberto Hurtado en Chile.

Para el experto, si bien esos movimientos han creado una conciencia en torno a sus problemas, consideró que "no estamos frente todavía a una revolución social o a una transformación cualitativa a una nueva modernidad, estamos a medio camino, en una situación de relativa incertidumbre".

Organismos internacionales han reconocido los progresos sociales de Latinoamérica, pero también han advertido que mantiene retos importantes, como la desigualdad que es de las mayores en el mundo.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha señalado, por ejemplo, que el 10% más rico de la población en la región recibe un 32% del ingreso total, mientras que el 40% más pobre sólo el 15%.

Refuerzan reclamos las principales centrales sindicales de Brasil
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Informe revela "compleja operación" de lavado de dinero en Venezuela

En la operación intervienen entidades del estado, empresas ilícitas y grupos del crimen organizado, señala el informe.

Un informe presentado este jueves por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en Washington, revela que en Venezuela existe una "compleja operación criminal" de lavado de dinero que tiene como centro a la estatal petrolera PDVSA.

Realizado por la firma IBI Consultants, el informe señala que en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro ha desarrollado una estructura de lavado de dinero como parte de una compleja operación criminal en la que intervienen entidades del estado, empresas ilícitas y grupos del crimen organizado.

Revelan "compleja operación" de lavado de dinero en Venezuela
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Este informe, resultado de cinco años de investigación, explica que dicha operación criminal es una estructura única basada en la participación directa del estado en el comportamiento criminal, operando en múltiples esferas económicas y jurisdicciones.

Esta situación, subraya el documento, socava el Estado de Derecho, la democracia y las alianzas de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental.

En total fueron identificados 181 individuos y 176 empresas operando en 26 países

El informe fue presentado por Douglas Farah, presidente de IBI Consultants e investigador principal en la Universidad de Defensa Nacional.

"Tenemos esa idea de que Venezuela es un problema aislado, y que si se resuelve el problema de Venezuela y se saca a Maduro del poder todo volverá a la normalidad", pero esencialmente no será así, es "una empresa criminal transnacional y multinacional", dijo Farah.

El informe indica que esta empresa criminal conjunta no solo ha tomado miles de millones de dólares de las arcas estatales venezolanas, sino que también ha utilizado a la empresa petrolera estatal PDVSA como la estructura central para el lavado de dinero y la corrupción en toda la región.

La cartera criminal utilizada por quienes impulsan este movimiento ha continuado diversificándose a medida que los precios del petróleo cayeron y la producción de PDVSA se detuvo, concluye el informe.

(Reporte de Michelle Sagué para Radio Martí)

Paro nacional en Nicaragua busca liberación de presos políticos

La policía custodia las calles de Managua durante el paro nacional convocado por la oposición.

Las calles y avenidas de las principales ciudades de Nicaragua lucían parcialmente vacías el jueves, aunque con relativo movimiento comercial en Managua, en el inicio de una huelga de 24 horas convocada por la oposición en reclamo de que el gobierno de Daniel Ortega libere a cientos de manifestantes presos.

Pequeños negocios, algunos supermercados, colegios de secundaria y universidades privadas de Managua cerraron sus puertas en apoyo al paro promovido por las coaliciones opositoras Alianza Cívica (AC) y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la empresa privada, organizaciones universitarias y el Comité de Familiares de Presos Políticos.

Se observaba muy poco tráfico de vehículos privados sobre la carretera a Masaya y la carretera panamericana, que comunica a Nicaragua con el resto de Centroamérica. Las cooperativas de autobuses y taxis operaban con cierta normalidad en la capital aunque con escasa demanda.

“Paramos y vaciamos las calles no por resignación sino por indignación. Paramos por la libertad de los inocentes en las cárceles. Paramos para no consumir y no aportar a nuestra propia represión”, declaró Haydeé Castillo, activista de derechos humanos y dirigente de la UNAB.

El gobierno emitió un comunicado en el que ofreció liberar a todos los presos políticos a más tardar el 18 de junio, seguir promoviendo una reforma electoral "para las elecciones de 2021" y fomentar la reconciliación y el retorno voluntario de los exiliados.

Las farmacias y las gasolineras abrieron sus puertas, pero con pocos clientes. “Si yo no trabajo no como, a mí la política no me mantiene”, dijo a The Associated Press Evelia Herrera, dueña de una pequeña tienda de abarrotes en una zona residencial de las afueras de Managua.

También lucían casi desiertos los habitualmente concurridos mercados Mayoreo y Oriental, en el sector norte de la capital. En la ciudad de León, en el occidente, comerciantes de los cuatro mercados municipales se sumaron al paro pese a que la alcaldía había amenazado con retirarles sus permisos de venta, informaron medios locales.

Tanto en León como en las ciudades de Chinandega, Camoapa, Masaya y Diriamba las radioemisoras locales reportaron un ambiente desolado y poco movimiento comercial.

Las escuelas y universidades públicas del país laboraron con normalidad tras recibir advertencias del gobierno. La dirigente estudiantil Valeska Valle, miembro de la Alianza Cívica, denunció que los rectores de las universidades públicas y algunas privadas "amenazaron con sancionar a los alumnos que no asistieran".

No obstante, los principales centros educativos privados suspendieron las clases, incluido el Colegio Alemán Nicaragüense ubicado en Managua y donde estudian varios nietos del presidente Ortega.

La dirección del colegio informó que no trabajaría el jueves “por razones de seguridad para nuestra comunidad educativa”. Hace semanas el centro fue el foco de una polémica cuando los nietos de Ortega realizaron manifestaciones políticas a favor del gobierno.

El miércoles el gobierno advirtió que aplicaría sanciones a los bancos privados que apoyaran el paro nacional. La actividad bancaria nicaragüense es regulada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, que puede imponer multas por incumplimiento de desempeño laboral según una resolución vigente desde 2006.

De acuerdo con estimaciones del sector privado el paro nacional podría dejar pérdidas económicas de hasta 20 millones de dólares por día.

Mientras tanto, el portal oficial El 19 Digital divulgó los resultados de una encuesta de la consultora local SISMO LIX según la cual 57,7% de la población aprueba el desempeño del presidente Ortega. El sondeo, realizado del 5 al 16 de mayo, indicó que 96,9% de la población quiere un país en paz y 97,6% desea estabilidad social y económica. Asimismo, un 96,7% desea seguridad ciudadana, agregó el informe de la encuestadora vinculada al gobierno.

SIP condena estigmatización contra la prensa y los periodistas

Nicholas Casey, corresponsal en Colombia del The New York Times en Colombia. (Facebook).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un llamado de preocupación ante lo que considera “campañas de estigmatización contra periodistas en Colombia y Estados Unidos que limitan la libertad de prensa, debilitan la discusión pública en democracia y aumentan los riesgos de vida de los periodistas”.

En artículo publicado en el sitio oficial de la SIP este miércoles, la entidad citó el ejemplo del periodista Nicholas Casey, corresponsal en Colombia del The New York Times, que se vio obligado a abandonar el país por "acusaciones falsas", argumentando que “atentan contra su seguridad, luego que la senadora colombiana María Fernanda Cabal, del partido de gobierno, tuiteó dos fotos del reportero y un texto que cuestionaba cuánto le habrían pagado las Farc por publicar un reportaje favorable y otro contra el Ejército”, enumera la SIP.

Sin embargo, explica la entidad regional, “La foto donde aparece el reportero en una moto resultó no ser el periodista Casey sino del reportero gráfico Federico Ríos, que también abandonó el país”.

El tuit de la legisladora, acompañado por la etiqueta #CaseyEsFakeNews y replicado por otros políticos, fue en respuesta al artículo de Casey titulado "Las órdenes de matar del Ejército ponen en riesgo a civiles", que fue publicado el 18 de mayo en el New York Times.

El periodista se refirió, indica la SIP, a la supuesta orden del jefe del Ejército colombiano de duplicar el número de criminales y guerrilleros muertos o capturados.

María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP y directora del diario colombiano El País de Cali, manifestó su rechazo al uso cada vez más frecuente de la estigmatización a periodistas como mecanismo de censura.

Domínguez expresó la gravedad que para el ejercicio del periodismo significa que los funcionarios públicos y políticos no midan las consecuencias que puedan tener sus palabras cuando sus críticas y estigmatizaciones están dirigidas contra los reporteros y su labor profesional. Agregó que "la estigmatización e insultos a la prensa, generados por funcionarios públicos y difundidos en redes sociales, crean un ambiente hostil para la prensa e instigan violencia contra periodistas y medios".

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del portal mexicano La Silla Rota, dijo que "la estigmatización se ha intensificado con el internet, las redes sociales y con funcionarios y gobernantes que desacreditan a los mensajeros cuando investigan y denuncian corrupción". Destacó que el discurso de odio y la intolerancia ante las críticas fundadas en investigaciones y denuncias "debilitan no solo la libertad de prensa sino la discusión pública que es una garantía inherente a la vida democrática".

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

[Con información de la Sociedad Interamericana de Prensa]

Cristina Fernández afronta su primer juicio en plena campaña electoral

Senadora Cristina Fernández de Kirchner junto a su abogado Carlos Beraldi el 21 de mayo en Buenos Aires.

BUENOS AIRES (AP) - La expresidenta argentina Cristina Fernández se sentó el martes en el banquillo en un juicio inédito en el que la principal acusada de presunta corrupción se encuentra al mismo tiempo en campaña para volver al poder, esta vez como vicepresidenta.

El juicio, el primero de una serie de procesos que enfrentará la exmandataria (2007-2015) y actual senadora, comenzó tres días después de que Fernández anunciara que su exjefe de gabinete Alberto Fernández será precandidato presidencial y que ella lo acompañará como aspirante a la segunda magistratura.

Otros exmandatarios argentinos han sido juzgados pero Fernández, de 66 años, es la primera que se someterá a proceso al mismo tiempo que tiene posibilidades ciertas de volver a la casa de gobierno.

Fernández escuchó la acusación sentada junto a su abogado en el fondo de la sala mientras varias filas más adelante se situaron varios exfuncionarios de su gobierno. Detrás de un vidrio a espaldas de la acusada, se ubicaron políticos, sindicalistas y dirigentes de derechos humanos que sostienen su inocencia.

En las inmediaciones de la sede del tribunal simpatizantes de Fernández que vestían camisetas con la imagen de la expresidenta entonaron cánticos en su apoyo y ondearon banderas argentinas.

Alberto Fernández aseguró a periodistas que "Cristina va a poder probar que la imputación es falsa” y que es "un disparate que esté involucrada en esta causa".

Horas antes del inicio del juicio, la dirigente peronista afirmó en su cuenta de Twitter que el proceso es un “nuevo acto de persecución” que tiene como objetivo “colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.

Fernández se considera una perseguida en todas las causas que, a su entender, son instruidas por jueces sujetos a las órdenes del presidente Mauricio Macri. La senadora afirma que su sucesor promueve causas en su contra para desviar la atención de los argentinos de la actual crisis económica.

El desafío de Fernández es que lo que se diga en las audiencias no merme sus aspiraciones electorales ni las de su candidato en los comicios en los que Macri buscará reelegirse y la expresidenta se presenta como su principal rival, según varios sondeos.

Según la legislación, mientras no haya condena firme una persona procesada no está impedida para ejercer cargos públicos.

Junto a la exmandataria están procesadas otras 12 personas, entre ellas el allegado empresario de la construcción Lázaro Báez y exfuncionarios.

La senadora está acusada de haber encabezado una "asociación ilícita" que otorgó de forma discrecional obras públicas a Báez en la provincia sureña de Santa Cruz.

Esa "organización criminal" -que también funcionó durante el gobierno de su antecesor y marido Néstor Kirchner (2003-2007)- sustrajo fondos del Estado y "valiéndose de la legitimidad de los cargos" que ocupaban sus integrantes puso en funcionamiento una "maquinaria eficaz para sustraer y direccionar" esos fondos a Báez, sostuvo el secretario del tribunal durante la lectura de la acusación.

Alberto Fernández, que también fue jefe de gabinete de Kirchner, es uno de los más de 150 testigos que desfilarán durante el juicio.

El analista Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), dijo a The Associated Press que Macri aprovechará el desarrollo del proceso para “antagonizar” con la exmandataria y “eso no va a ser tan fácil” para ella.

El analista agregó, sin embargo, que con el sorpresivo anuncio de la fórmula presidencial Fernández consiguió amortiguar el impacto de su imagen frente a los jueces. “No es lo mismo la foto sentada en el banquillo siendo una candidata a presidenta que la foto de Alberto Fernández viajando para hacer un acto” de campaña, dijo.

La primera audiencia del juicio consistió en la lectura de la acusación fiscal.

De ser hallada culpable la exmandataria podría ser condenada a una pena de hasta 15 años de prisión.

La acusación de los fiscales está centrada en los 51 contratos de obras públicas que recibieron las empresas de Báez que supuestamente fueron amañados a favor del empresario pese a que sus firmas no tenían capacidad para hacer las obras. Muchas de ellas quedaron inconclusas o tuvieron un costo mucho mayor al valor de mercado.

Fernández sostuvo que “jamás” intervino como presidenta “en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras” y que los fondos para esos contratos fueron votados por el Congreso en el presupuesto. También cuestionó que la justicia le impidiera aportar suficientes pruebas para su defensa.

Carvajal denuncia manipulación de resultados electorales por parte de coronel venezolano

Autoridades venezolanas reciben al exjfe de inteligencia militar Hugo Carvajal

El exdirector de la Inteligencia Militar venezolana, Hugo Carvajal, solicitó en una carta publicada en su cuenta de Twitter la investigación a Carlos Quintero Cuevas por supuesta participación en la manipulación de los resultados de las elecciones presidenciales 2019-2025.

En la misiva dirigida tanto a la Asamblea Nacional, como al pueblo venezolano y la comunidad internacional Carvajal rectificó su intención colaborar para lograr el cese a la usurpación y de juntar todos los esfuerzos posibles para “para apoyar la causa de devolver la democracia a Venezuela".

Carvajal explica que desde el año 2002 hasta el 2004 Quintero formó parte del Departamento de Informática de la Dirección de Inteligencia Militar y después ocupó el cargo de Director de Informática en el que supervisaba “la data de los componentes del sistema e instrumentos electorales de votación.”

En su declaración, Carvajal asegura que Quintero forma parte de la Junta Nacional Electoral y su trabajo consistió en dirigir, supervisar y controlar los procesos electorales.

La carta finaliza sentenciando “yo lo podría asegurar a partir de las mismísimas palabras de Carlos Quintero en 2017: ‘me basta una llamada de Cilia o Diosdado para alterar los resultados a nuestra conveniencia”.

Hugo Carvajal, general retirado del Ejército venezolano, fue detenido en España en el mes de abril del presente año en respuesta a una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por un supuesto delito de narcotráfico.

[Redactado por Carolina Morales con información de redes sociales]

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