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América Latina

Fraude académico obliga a renunciar a primo del presidente Correa

Fotografía de archivo expresidente del Directorio del Banco Central de Ecuador, Pedro Delgado

Pedro Delgado, presidente del Directorio del Banco Central de Ecuador presentó su renuncia irrevocable al cargo y llamó “inmadurez” y “error” de juventud el haber alterado el documento que lo acreditaba como economista

Pedro Delgado, presidente del Directorio del Banco Central de Ecuador y primo de presidente Rafael Correa, se vio obligado a dimitir ayer a su cargo, obligado por el escándalo desatado al conocerse que presentó un título falso en Costa Rica, para cursar una maestría allí.

En apenas 3 minutos y 15 segundos, Delgado presentó su renuncia irrevocable al cargo y llamó “inmadurez” y “error” de juventud el haber alterado el documento que lo acreditaba como economista en una universidad de su país.

El asunto fue denunciado por el parlamentario Enrique Herrería a quien le asombró que en ocasiones Delgado firmara documentos como economista y en otros, como ingeniero. Sus pesquisas lo llevaron a Costa Rica, en donde el ex funcionario había cursado una maestría en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), con un título falso de tercer nivel.

Herrería ha deplorado hoy que Delgado considere una “inmadurez” el acto cometido hace 22 años, y no un delito de falsedad en documentos públicos.

“Cometí un error. Tomé una decisión que fue una falta que hoy me cuesta muy caro. Entregué un documento sin valor de un título que no ostentaba. Esto lo mantuve en secreto”, dijo el ex funcionario Delgado, quien se ha visto envuelto en varios escándalos en el último año, entre ellos el crédito por $800.000 otorgado de forma irregular al argentino Gastón Duzac.

El más reciente de ellos se produjo por las relaciones de negocios entre Delgado y Juan Borja Charvet (del estudio Borja y Asociados), en un local comercial contiguo al Consulado de Ecuador en Miami, donde la esposa de Delgado es vice-cónsul.

Pedro Delgado había declarado en julio pasado que solo tenía una empresa en Miami (Integrare America Consulting Group, Corp.) y que no tenía negocios con Juan Borja, pero en realidad hacía negocios a través de la empresa Mediterránea Venture LLC, relacionada con Borja y con el local comercial en cuestión.

El sitio, que tiene el nombre de Unidad Comercial #1 (CU-1, por sus siglas en inglés), en los registros de propiedad de Miami, está ubicado en la planta baja del condominio Mediterránea, un edificio de más de 180 departamentos, oficinas y locales comerciales, en el 117 noroeste av. 42. Ahí funcionan Mediterránea Venture LLC y El Colibrí LLC, que tienen la representación de Juan Borja.

La relación de Delgado con las firmas Mediterránea Venture y El Colibrí data del 2009. El 24 de julio de ese año, Pedro Delgado, quien ya era asesor presidencial, actuaba simultáneamente como parte de Mediterránea Venture LLC para realizar con Austro Financial Services el acondicionamiento de las oficinas en ese local comercial, lo mismo que la cafetería El Colibrí.

Juan Borja y el Banco del Austro (entidad financiera ecuatoriana), en noviembre del 2011, le dieron las facilidades a Delgado para financiar la compra de una casa en Miami, por $ 365.000. Borja le entregó un préstamo de $200.000 a Delgado y el Banco del Austro Panamá otro, por $190.000.

Alianza País, el movimiento oficialista de Rafael Correa (mayoría en el Parlamento) se ha pronunciado ya sobre el escándalo. Paola Pabón, de ese movimiento, expresó: “Condenamos su silencio inescrupuloso. Rechazamos su falta de honestidad al haber mentido y traicionado no solo al Presidente de la República sino al proceso de transformación y a los ciudadanos.

Demandamos de las autoridades competentes seguir e investigar las responsabilidades penales y civiles y administrativas. Tenemos la noticia de que Delgado dejó el país, por lo que demandamos de las autoridades que las respuestas que tenga que dar, el funcionario las brinde en el país”.

Según informes recientes, Pedro Delgado salió este jueves desde Quito con destino a Miami. Lo hizo en un vuelo de American Airlines, a las 07:00. Delgado aparece en la lista de los pasajeros del vuelo AA932 que llegó a Miami a las 12:09. En su tiquete de viaje consta que tiene regreso para el 6 de enero.

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Urge ayuda humanitaria para Venezuela, alerta informe

En las afueras de un matadero en San Cristóbal, Venezuela, un grupo de personas esperan porque les repartan sangre de vaca. REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez

La organización Human Rights Watch y expertos del Centro de Salud Pública y Derechos Humanos (Center for Public Health and Human Rights) y el Centro de Salud Humanitaria (Center Humanitarian Health) de la Universidad Johns Hopkins presentaron este martes un informe en que piden a la comunidad internacional ayuda humanitaria urgente para Venezuela.

Las instituciones recomiendan que el secretario general de la ONU, António Guterres, y el coordinador del socorro de emergencia de la ONU (UN Emergency Relief Coordinator), Mark Lowcock, asuman el liderazgo frente a la situación venezolana y le exijan a las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro que adopten todas las medidas necesarias para lograr que la ayuda humanitaria llegue al pueblo venezolano

Las entidades alertan que el sistema de salud venezolano es particularmente precario y no tiene las condiciones para lidiar con la pandemia, siendo lo más preocupante la habitual la escasez de agua y la falta de saneamiento e higiene.

Además citan una reducción progresiva de la capacidad de proveer atención médica debida a la escasez de medicamentos e insumos médicos, la interrupción del suministro de servicios públicos básicos en centros de salud y la emigración de trabajadores sanitarios.

Los acontecimientos en el país en los últimos meses acentúan esta preocupación, indica el reporte.

“La crisis humanitaria en Venezuela y el colapso del sistema de salud han generado una peligrosa situación que favorece una rápida propagación del virus en la población en general, condiciones de trabajo inseguras para el personal de salud y un alto índice de mortalidad entre pacientes que necesitan tratamiento en hospitales”, afirmó la Dra. Kathleen Page, médica y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los Centros Johns Hopkins.

“La imposibilidad de Venezuela para hacer frente a la pandemia de COVID-19 podría provocar que más personas intenten irse del país. Esto desbordaría aún más los sistemas de salud de los países vecinos, poniendo en peligro más ampliamente la salud en la región”, agregó la experta.

El informe llama la atención sobre la negativa a publicar datos epidemiológicos por parte de las autoridades, un hecho que debilita significativamente la capacidad de respuesta ante la pandemia.

"También contribuye a la pobre respuesta estatal el hostigamiento y persecución de periodistas, profesionales de la salud y otros individuos que cuestionan y alertan sobre el deterioro de las condiciones en los hospitales, la escasez de petróleo y la propagación de la COVID-19. Además, las autoridades continúan sin asumir su responsabilidad por el colapso del sistema de salud, atribuyéndole absoluta responsabilidad a las sanciones estadounidenses cuando el desastre humanitario en Venezuela es previo a las sanciones", agrega el reporte.

“Para contribuir a una respuesta efectiva a la COVID-19 en Venezuela, los gobiernos preocupados por la situación venezolana deberían financiar las iniciativas humanitarias de la ONU que aseguren que la ayuda se distribuya de manera apolítica”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“Pero para que la ayuda llegue efectivamente al pueblo venezolano, la máxima responsabilidad recae en las autoridades que responden a Maduro, por ello hay que presionarlas para que le garanticen pleno acceso al Programa Mundial de Alimentos y permitan que los actores humanitarios y médicos puedan trabajar sin temor a represalias”, agregó el representante de HRW.

Colombianos varados en Cuba por la pandemia regresarán a Bogotá, incluido senador Petro

Gustavo Petro en un acto de campaña presidencial en 2018. AP Photo/Martin Mejia

La Cancillería de Colombia confirmó que un vuelo cancelado el viernes en el que retornarían más de un centenar de colombianos a Bogotá desde La Habana ha sido reprogramado para el lunes.

Entre los colombianos varados en la isla por la pandemia se encuentra el senador Gustavo Petro, ex guerrillero del M-19.

El excandidato presidencial de la izquierda colombiana viajó a Cuba con su familia para realizarse exámenes médicos y posteriormente una cirugía a mediados de abril porque sufre de un carcinoma en el esófago.

"Este lunes, tal como se había previsto, todos los colombianos que estaban programados para regresar a Colombia desde Cuba, retornarán al país, luego de subsanado el inconveniente de la aerolínea que los traerá de vuelta", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

En un inicio el Consulado de Colombia en La Habana informó que Viva Air notificó a las autoridades que “les es imposible cumplir con la ruta Bogotá-La Habana-Bogotá, el día 25 de mayo, dado que la compañía de seguros Gallagher, con sede en Reino Unido, informó a última hora que no cubren la responsabilidad civil y extracontractual en Cuba”.

En los últimos días Colombia ha gestionado 11 vuelos humanitarios para traer al país a más de 900 colombianos desde países como Costa Rica, Estados Unidos, España, México, Perú, Argentina e Italia.

La cara local de los alardes militares de Maduro (VIDEO)

Autoridades chavistas como la alcaldesa del municipio de Díaz, en el estado de Nueva Esparta, difunden en Venezuela imágenes como esta para presentar la disposición combativa ante presuntos ataques contra ese país.

Mientras Nicolás Maduro anuncia que usará la armada y la aviación militar para custodiar los cinco buques iraníes cargados de gasolina que avanzan hacia Venezuela --el país con mayores reservas petroleras del mundo--, ejercicios y maniobras de “entrenamiento” a nivel local muestran la otra cara de las fuerzas del régimen chavista.

Marisel Velásquez, la alcaldesa del municipio de Díaz, en el estado de Nueva Esparta, compartió esta semana en su cuenta de Twitter una ceremonia en la que ella y varios oficiales del ejército bolivariano elogiaron la disposición combativa de los partidarios de Maduro en su localidad.

"Tenemos que estar listos, rodilla en tierra", dijo Marisel Velásquez, la alcaldesa del municipio de Díaz, en el estado de Nueva Esparta.
"Tenemos que estar listos, rodilla en tierra", dijo Marisel Velásquez, la alcaldesa del municipio de Díaz, en el estado de Nueva Esparta.

“Una vez más estamos listos con conciencia, con compromiso patrio para defender nuestra soberanía”, dijo la alcaldesa. Y con tiraflechas, tuberías y escudos de lata, le faltó decir, a juzgar por las imágenes del video compartido en su mensaje.

Cubiertos los rostros con nasobucos, mujeres armadas de tiraflechas y hombres que portan tuberías y escudos aparentemente hechos de recortes de tanques metálicos se presentan en formación ante los funcionarios y ensayan un despliegue táctico: los hombres de los escudos se agachan, y tras ellos se levantan las mujeres y disparan sus tiraflechas.

“Nuestra patria está en riesgo: nos amenazan, nos acechan, pero nosotros tenemos que estar listos, rodilla en tierra, las mujeres en la vanguardia; los hombres acompañando para combatir no solamente el COVID-19, sino [que] vamos a combatir con nuestra propia vida si es preciso, y seguir el ejemplo de las heroínas y los héroes independentistas de esta región insular”, dice la alcaldesa en su discurso.

Vamos a dar el todo por el todo, y ustedes, añade dirigiéndose a los “camaradas compatriotas”, deben sentirse orgullosos de ser revolucionarios y patriotas y chavistas y maduristas.

“Estamos listos para lo que sea y cuando sea”, aseguró Maduro el miércoles al anunciar en la televisión estatal que los cargueros con crudo iraní ya estaban en camino.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, advirtió que cuando los buques entren “a nuestra zona económica exclusiva”, serán escoltados por naves, buques y aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para darles la bienvenida”.

Los cinco buques cisterna iraníes transportan un millón y medio de barriles de gasolina, indican medios de prensa. La noche del jueves, Maduro alardeó en una comparecencia televisada de la “máxima precisión” de los misiles rusos Buk, que según dijo fueron puestos a prueba en la isla de La Orchila durante los ejercicios militares “Escudo Bolivariano”.

El Presidente Donald Trump dijo recientemente que las fuerzas navales estadounidenses, desplegadas en una operación antidrogas en el Caribe, tienen rodeada a Venezuela a niveles sin precedentes, y que esta esperando a ver qué pasa.

Maduro acusó también al presidente colombiano Iván Duque de enviar de regreso a Venezuela a venezolanos contagiados deliberadamente con el nuevo coronavirus para usarlos como armas biológicas. Bogotá rechazó tajantemente los infundios.

Al video del ejercicio militar compartido por la alcaldesa Marisel Velásquez en Twitter le sobraron comentarios. Usuarios como @lramirezdiaz no pudieron contenerse: “Dios mío qué pena con los gringos que vean esos escudos de latón... A menos que el ataque de risa mate a los marines”.

La CIDH exige al gobierno venezolano investigar muerte de 47 detenidos en centro penitenciario

Miembros de la Guardia Nacional custodian la entrada a la cárcel de Los Llanos, en el estado de Portuguesa, Venezuela, el 2 de mayo del 2020.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su llamado al Estado de Venezuela para que realice una investigación exhaustiva por la muerte de 47 personas detenidas en el Centro Penitenciario de los Llanos "Cepello", ubicado en el estado de Portuguesa.

El 1ro. de mayo tuvo lugar un enfrentamiento entre los detenidos y las autoridades penitenciarias, que aparentemente terminó con protestas en el recinto.

Fuentes citadas por una nota de prensa indicaron que el origen de las protestas fue la negativa de las autoridades a que los familiares trajeran alimentos a los encarcelados. Otras aseguraron que fue el resultado de una disputa un grupo en el centro penitenciario y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.

Tras el enfrentamiento, se indicó, además de las 47 muertes, 75 personas habrían resultado heridas, incluyendo a dos funcionarios del penal.

La CIDH reiteró su y recordó que el Estado debe iniciar “sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva por aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Dicha investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y al enjuiciamiento y eventual sanción de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”.

Familiares de los detenidos en la prisión de Los Llanos, en Venezuela, protestan el 2 de mayo del 2020, después de una revuelta en ese centro penitenciario.
Familiares de los detenidos en la prisión de Los Llanos, en Venezuela, protestan el 2 de mayo del 2020, después de una revuelta en ese centro penitenciario.

La nota de prensa precisó que a través de sus diferentes mecanismos y en reiteradas ocasiones, la Comisión ha dado seguimiento especial a la situación que enfrentan los detenidos en Venezuela, y ha llamado al Estado a garantizar los derechos de esta población.

La CIDH destacó el reciente envío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del caso de Orlando Edgardo Olivares Muñoz y otros (muertes en la cárcel de Vista Hermosa vs. Venezuela), vinculado a ejecuciones extrajudiciales de detenidos.

“Ante la gravedad de los hechos ocurridos en el del Centro Penitenciario de los Llanos, y considerando que los mismos forman parte de un contexto recurrente, la Comisión recuerda al Estado de Venezuela que de conformidad con los Principios y Buenas Prácticas de la CIDH sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, tiene el deber ineludible de adoptar medidas concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad”, señaló el texto.

También subrayó que, como parte de esa obligación, “el Estado debe adoptar aquellas medidas orientadas a prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en los centros de detención, tales como desarmar a las personas detenidas, imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros objetos ilícitos, investigar y sancionar los actos de violencia en instalaciones penitenciarias, y prevenir el accionar de organizaciones delictivas con presencia en las cárceles sin incurrir en el uso excesivo de la fuerza”.

Informe: Cuba y Venezuela ni siquiera tienen leyes de acceso a información pública

Jóvenes cubanos se conectan a internet desde su teléfono móvil en La Habana (Foto: Archivo).

Cuba y Venezuela son, entre 15 naciones del hemisferio occidental consultadas para un estudio de acceso a la información pública, los únicos dos países donde ni siquiera hay una ley para garantizar ese derecho, según los resultados de la investigación, en la que intervino el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

“El informe señala al gobierno cubano en varios aspectos, todos ellos relacionados con la falta de transparencia y la falta de libertad de expresión​”, le dijo el martes a la periodista de Radio Televisión Martí Ivette Pacheco el asesor legal y vocero de OCDH, Yaxys Cires Dib.

Una gráfica del informe de Alianza Regional con el desglose de los resultados de la investigación en 15 países, entre ellos Cuba.
Una gráfica del informe de Alianza Regional con el desglose de los resultados de la investigación en 15 países, entre ellos Cuba.

La falta de acceso a la información pública es un tema que trasciende la actual crisis por la pandemia del COVID-19, declaró Cires Dib.

“En Cuba no existe una ley que garantice el derecho de los ciudadanos a acceder libremente, de manera transparente, a la información pública”, dijo el abogado. “Y por ejemplo, en tiempos como estos, es muy importante saber dónde compra el Estado, a qué precio compra los bienes y servicios, a quién se los compra, cuáles son los procedimientos para esas adquisiciones”.

Cires Dib: En Cuba no existe una ley que garantice el acceso a la información pública
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Al existir un hueco negro en ese sentido, los contribuyentes carecen de las herramientas necesarias para ejercer la fiscalización pública a la que debe someterse cualquier estado, indica Cires Dib.

“Resulta particularmente preocupante la situación de Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde las organizaciones informan la ausencia absoluta de información vinculada a las compras y contrataciones”, reza el documento Acceso a la Información en Contexto de Emergencia Sanitaria, elaborado por el grupo Alianza Regional.

Menos de la mitad de los 15 países consultados “registra políticas nacionales vigentes para mejorar el acceso al agua durante la emergencia: Bolivia, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Uruguay y Brasil, y sólo en Uruguay y Costa Rica consideran que la información disponible para acceder a esas políticas es sencilla y clara”, explica el informe.

Los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua niegan el acceso de los medios independientes a las conferencias de prensa donde las autoridades actualizan la situación de la pandemia localmente, denuncia el estudio.

Otra gráfica del estudio de Alianza Regional.
Otra gráfica del estudio de Alianza Regional.

“Tampoco hay información sobre cuestiones sociales como la violencia de género”, dice el experto legal de OCDH. “Uno escucha que mataron a una mujer en tal pueblo, o que golpearon a otra, pero no hay una cifra publica y transparente en ese y en otros aspectos”.

Además de los casos de Cuba y Venezuela, donde no hay legislación al respecto, en más de la cuarta parte de los países investigados (Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua) la norma existe formalmente, pero según los grupos independientes que participaron en la consulta, “es incumplida de manera sistemática”.

En otro 27 por ciento de las naciones sometidas al estudio (Paraguay, República Dominicana, Brasil y Uruguay) los ciudadanos no cuentan con un órgano que garantice el cumplimiento de los estándares internacionales en la materia, indica el documento.

El estudio de Alianza Regional denuncia también la aplicación del Decreto-Ley 370 para silenciar a los cubanos.

“También genera un alerta el Decreto-Ley 370 de Cuba, que permitió al gobierno extremar la censura a periodistas y comunicadores sociales independientes por medio de citaciones a estaciones policiales, en las que les amenazan para que no hagan más publicaciones en las redes sociales o medios independientes que contengan información contraria a la línea oficial en la crisis del COVID-19”, destaca el informe.

Es la aplicación arbitraria de una ley a aquellas personas que, subraya Cires Dib, todo lo que piden es que exista una información transparente.

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