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América Latina

Maduro y Correa activan "plan de desestabilización", denuncia presidente de Ecuador

Rafael Correa y Nicolás Maduro en Quito en septiembre de 2015. REUTERS/Byron Gallardo

El presidente Lenín Moreno afirmó el lunes que trasladó la sede del gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil y acusó a su colega venezolano Nicolás Maduro y al exmandatario Rafael Correa por lo que llamó un intento de golpe de Estado luego de anunciarse un alza a los precios de la gasolina.

En cadena nacional de radio y televisión, Moreno argumentó que el traslado de la sede gubernamental desde Quito a Guayaquil se cumplió de acuerdo con las atribuciones constitucionales.

“Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido”, y señaló que no es coincidencia que Correa y otros altos funcionarios de ese gobierno (2007-2017) se hayan reunido en Venezuela en las últimas semanas.

“El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia cercándolos para que respondan; ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando ... e instrumentalizando algunos sectores indígenas”, precisó.

Añadió que no dará marcha atrás en su decisión de subir los combustibles porque “lo correcto no tiene matices”.

Hizo su pronunciamiento al final de una jornada plagada de bloqueos en carreteras y ciudades de algunas provincias en medio de choques entre manifestantes y la policía, al continuar las protestas para rechazar el incremento en los precios del combustible anunciado por el mandatario hace una semana.

Indígenas se sumaron el fin de semana a las protestas _iniciadas por transportistas_, las cuales han paralizado diversas actividades. El gobierno ha sostenido que no dará marcha atrás a su decisión de quitar el subsidio a los combustibles, argumentando que ello ayudará a estabilizar la caja fiscal.

En el transcurso del lunes las protestas adquirieron tintes de gran violencia: algunos manifestantes esquivaron barricadas policiales y militares en las afueras de Quito, e incluso se apoderaron de una tanqueta policial, la incendiaron y la lanzaron por una pendiente, mientras que en otros lugares atacaron sin motivo propiedad y vehículos particulares.

El ministerio de Energía informó que debido a tomas de instalaciones petrolíferas se paralizó la operación en los pozos Sacha, Auca y Libertador, los que dejaron de producir unos 65.000 barriles de petróleo diarios.

Las protestas han traído a la memoria de algunos ecuatorianos lo ocurrido a principios del siglo XXI, cuando el entonces presidente Lucio Gutiérrez dejó el poder en abril del 2005 luego de varios días de protestas sociales en medio de críticas a su gestión, aunque hay quien aún ve una situación distinta.

En aquel momento, ciertos sectores de la población se opusieron a algunas de las medidas tomadas por Gutiérrez, un coronel retirado, como la destitución de los miembros de la Corte Nacional de Justicia.

“No creo que caiga Moreno, porque la oposición política no está unificada y porque hay otros sectores, como las cámaras, los empresarios (que) tampoco quieren la desestabilización, (y) finalmente porque los militares están cerca del presidente”, dijo a The Associated Press el analista político Santiago Basabe.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, señaló en entrevista con la red de televisión Teleamazonas que “tenemos en este momento un grupo de indígenas que está destruyendo el orden y quebrantando la paz social, afectando a la infraestructura pública y privada”. Por la tarde, el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, señaló en rueda de prensa que el país registra pérdidas por 70 millones de dólares diarios debido a la paralización de actividades y la imposibilidad de transporte entre provincias.

El jueves pasado, los transportistas declararon una huelga de actividades. Posteriormente se unieron grupos de estudiantes y finalmente los indígenas, a los que Moreno invitó el domingo a dialogar. El mandatario advirtió que no dará marcha atrás a las medidas decretadas, que buscan eliminar un subsidio de 1.300 millones de dólares a los combustibles.

Las autoridades confirmaron cerca de 480 detenidos por obstaculizar el tránsito, suspender servicios públicos y agredir a la policía.

Tras las primeras protestas, el gobierno decretó la semana pasada un estado de excepción, que tiene vigor de 60 días en todo el territorio nacional, lo que restringe derechos ciudadanos y faculta al Estado a efectuar requisiciones si lo considera necesario.

No es inusual que el gobierno ecuatoriano utilice el estado de excepción. La última vez que se decretó fue a mediados de año, después de que varios reclusos murieran en riñas y protestas en cárceles de todo el país.

Unos 180 manifestantes forzaron el lunes la seguridad de las bodegas de una empresa láctea en la población de Lasso, unos 60 kilómetros al sur de la capital, y robaron producto tras agredir a los empleados, sin que aún se cuantifiquen las pérdidas. En el norte del país, en la zona de Cayambe, unas 31 granjas de producción de flores de exportación fueron atacadas, y manifestantes indígenas causaron destrozos y agredieron a los empleados.

Los obstáculos _principalmente árboles derribados, neumáticos quemados y montículos de tierra_ comenzaron a acumularse en cuatro provincias: Chimborazo y Tungurahua, en el centro andino, y Pichincha e Imbabura, hacia el norte, y se extendieron a otras durante la jornada. También se ha dado cuenta de enfrentamientos con piedras con la policía y hostigamiento a la prensa.

La situación ocasionó que los colegios de la región andina suspendieran las clases, pero en el resto del país la actividad era relativamente normal.

En la capital los supermercados lucían con algunos estantes vacíos o con pocos alimentos.

Los indígenas exigen la derogatoria del decreto que permite la elevación sustancial del precio de los combustibles, que pasaron de 1,85 dólares el galón de extra, la más consumida, a 2,39 dólares, mientras que el diésel pasó de 1,03 el galón, a 2,30 dólares.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la mayor de su tipo, afirmó que las protestas se llevarán a cabo por tiempo indefinido.

El gobierno autorizó la elevación del precio del pasaje urbano entre 5 y 10 centavos, lo cual no impidió que los autobuses dejaran nuevamente sin servicio a miles de ciudadanos, los cuales se vieron obligados a caminar o a utilizar precarias formas de transporte.

Moreno, que asumió la presidencia en mayo de 2017 y debe gobernar hasta 2021, anunció además un paquete de reformas tributarias que crea nuevas contribuciones para grandes empresas y elimina o reduce otros impuestos, además de reformas laborales como contratos de empleo para quienes emprendan un negocio o contratos a plazo para estimular la economía.

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México valora contratar a cubanos para combatir la pandemia

López Obrador y Díaz-Canel posan para los periodistas (Foto: AFP/Presidencia de Cuba).

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que está en conversaciones con Cuba por un eventual apoyo médico para enfrentar la pandemia por el coronavirus, en momentos en los que su gobierno busca contratar a miles de especialistas de la salud.

"Sí hay pláticas para, si es necesario, pedirles que puedan ayudarnos precisamente con especialistas de terapia intensiva", dijo el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina.

"Ellos tienen enfermeras especializadas y médicos especializados en terapia intensiva", agregó.

López Obrador reconoció también que ha habido apoyo de China, que donó mascarillas y kits de pruebas la semana pasada, y que también hay buena cooperación con Estados Unidos.

El anuncio viene luego de que el gobierno mexicano reconociera que tiene un déficit de especialistas para enfrentar la epidemia, que ha dejado hasta el momento 2.143 casos confirmados y 94 defunciones.

El pasado 4 de abril, el gobierno lanzó un plan para contratar a 6.600 médicos y 12.300 enfermeras para hacer frente a la pandemia.

Los servicios médicos cubanos, duramente criticados por Estados Unidos y Brasil, reaparecieron para combatir la pandemia de COVID-19, incluso en Europa, dando impulso a un programa vital para el desarrollo de la isla.

Italia, con más de 11.000 fallecidos por el nuevo coronavirus, es una de las 14 naciones que recientemente solicitó la intervención del contingente Henry Reeve de médicos cubanos, especializado en desastres naturales y epidemias.

También los convocó Andorra, mientras que Francia aprobó el ingreso de médicos cubanos a sus territorios de ultramar, necesitados de doctores, un plan que data del año pasado pero que llega en un momento oportuno.

Sin embargo Estados Unidos y Brasil acusan a Cuba de retener el grueso de los ingresos que pagan esos países por los médicos, y de someter a los profesionales a un régimen laboral parecido a una "esclavitud moderna".

Estudio: Asesinato de diplomáticos cubanos en Argentina no impidió alianza Castro-Videla

Fidel Castro y Jorge Rafael Videla (Fotos: Archivo).

El asesinato de dos jóvenes diplomáticos cubanos en Argentina no le impidió al régimen de Fidel Castro apoyar la dictadura militar que gobernó ese país entre 1976 y 1983, escribe el periodista y escritor Gabriel Salvia en su estudio “Memoria cerrada: La complicidad de la revolución cubana con la dictadura militar argentina”.

Salvia, director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), con sede en Buenos Aires, dijo al corresponsal de Radio Martí Carlos Cabana Cal que La Habana tuvo con la dictadura militar argentina un comportamiento muy diferente al que caracterizó sus relaciones con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

Jesús Cejas Arias, de 22 años, y Crescencio Galañena Hernández, de 27, cubanos asesinados en 1976 en Argentina (Foto: Juventud Rebelde).
Jesús Cejas Arias, de 22 años, y Crescencio Galañena Hernández, de 27, cubanos asesinados en 1976 en Argentina (Foto: Juventud Rebelde).

“Lo paradójico es que en Argentina desaparecieron dos diplomáticos cubanos que fueron asesinados, a diferencia de Chile, donde la Embajada de Cuba pasó a funcionar bajo la bandera de la de Suecia” sin que le hubiera pasado lo mismo a ningún diplomático de la isla, declaró Salvia.

Se trataba de los jóvenes Jesús Cejas Arias, de 22 años, y Crescencio Galañena Hernández, de 27, asesinados en 1976. La investigación de Salvia se basa parcialmente en la desclasificación de archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina durante la dictadura militar.

De acuerdo con el propio sitio oficial cubano EcuRed, Cejas Arias y Galañena Hernández prestaban servicios en la Embajada de Cuba en Argentina y fueron “secuestrados ambos por la dictadura militar el 9 de agosto de 1976 en plena calle de Buenos Aires, sus restos fueron desaparecidos y encontrados en el 2012, transcurridos 35 años desde su vil asesinato”.

Entre 1976 y 1983, la entonces activista de derechos humanos y ahora presidenta del grupo Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, nunca recibió muestras de simpatía del gobierno de Fidel Castro, observa Salvia.

La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carloto (izq) participa el viernes 17 de mayo de 2013 en una rueda de prensa con motivo de la muerte del ex dictador argentino Jorge Rafael Videla en Buenos Aires (Foto: Archivo).
La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carloto (izq) participa el viernes 17 de mayo de 2013 en una rueda de prensa con motivo de la muerte del ex dictador argentino Jorge Rafael Videla en Buenos Aires (Foto: Archivo).

Pero poco después que retornara la democracia al país bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, Carlotto fue invitada a visitar La Habana en 1984, según contara ella misma en un artículo a raíz de la muerte del dictador cubano.

“¿Por qué no se pregunta Carlotto el motivo por el cual no recibió la <<solidaridad>> de la revolución invitándola a Cuba durante la dictadura militar?”, escribe Salvia.

Estos son solo dos de los argumentos que le sirven al autor para explorar las mutuamente ventajosas relaciones de una dictadura militar de izquierda con una dictadura militar de derecha.

“Cuba tuvo un papel importante en la génesis de la violencia política en la Argentina, pero esto no impidió que ambos países mantuvieran una alianza de mutua conveniencia entre 1976 y 1983”, indica Salvia. “Esta alianza se vio facilitada por el rol que tuvieron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el Partido Comunista Argentino (PCA) y la participación de ambos regímenes no democráticos en el Movimiento de No Alineados (NOAL)”.

"Sólo puede entenderse por la ceguera ideológica"
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Entre dictaduras no hay escrúpulos políticos, deja claro el autor, cuando se trata de conseguir legitimidad internacional y asegurar la supervivencia: la alianza incluyó el intercambio de favores mediante apoyos a candidaturas en organismos de Naciones Unidas y, principalmente, permitió que la dictadura militar argentina no fuera condenada en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

No es una conjetura del investigador. El quid pro quo es más que evidente en uno de los documentos que reproduce. Se trata de una carta remitida a La Habana por la cancillería de la dictadura militar argentina el 14 de abril de 1977.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto presenta sus atentos saludos a la Embajada de Cuba y tiene el agrado de referirse a la nota verbal de esa Representación No. 7, así como a la No. 608 de este Ministerio, relacionadas con la solicitud de apoyo en favor de la candidatura cubana al Consejo Ejecutivo de la O.M.S.”, la Organización Mundial de la Salud, dice el texto.

La constancia del quid pro quo: “un intercambio de votos que permitiría afianzar las posibilidades de las respectivas postulaciones”.
La constancia del quid pro quo: “un intercambio de votos que permitiría afianzar las posibilidades de las respectivas postulaciones”.

“Sobre el particular, lleva a su conocimiento que el Gobierno argentino ve con beneplácito la citada aspiración, y en razón que la República [Argentina] también se ha postulado para su reelección al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), sugiere, dadas las cordiales relaciones existentes entre ambos países, un intercambio de votos que permitiría afianzar las posibilidades de las respectivas postulaciones”, continúa el documento.

Pero ojo: la dictadura cubana hizo lo necesario para guardar las apariencias. En febrero de 1979, después de haberse reunido con el director de América Latina de la cancillería de Cuba para recibir documentos sobre la conferencia de la Cumbre de los No Alineados en La Habana, el diplomático argentino Molina Salas escribió lo siguiente:

“Al finalizar la [reunión] y a manera de comentario casual y en forma amistosa me expresó que altas esferas habían decidido no invitar gobierno argentino festejos XX aniversario revolución en el deseo de evitarle situaciones que eventualmente podrían resultar incómodas dado carácter festejos”.

Uno de los documentos desclasificados que sirvieron al autor para su investigación sobre los vínculos de la dictadura militar argentina con el régimen de Fidel Castro.
Uno de los documentos desclasificados que sirvieron al autor para su investigación sobre los vínculos de la dictadura militar argentina con el régimen de Fidel Castro.

Y agregaba: “Queda patentizado así que Cuba no incluye al gobierno argentino entre los calificados de ‘amigos'”.

Aun así, el asesinato de sus diplomáticos no le impidió a La Habana apoyar la candidatura del régimen de Jorge Rafael Videla a ECOSOC, refiere Salvia citando otro intercambio de las cancillerías.

Salvia llama la atención sobre “el desparpajo del presidente de Cuba designado por Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel”, quien al visitar Buenos Aires para asistir a la toma de posesión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner “depositó flores al pie de la placa” de los dos jóvenes diplomáticos cubanos.

“Nadie le reprochó a Díaz-Canel que, a pesar de la desaparición de sus diplomáticos, Cuba no rompió relaciones con la Argentina –como lo hizo con Chile-- y, sobre todo, que mantuvo una relación más que amistosa con la dictadura militar”, escribe Salvia.

Otro documento desclasificado, en el cual se menciona al representante personal de Fidel Castro para invitar a Videla a la sexta cumbre del Movimiento de Países No Alineados, menciona “operaciones que superan monto cien millones de dólares”.

“Operaciones que superan monto cien millones de dólares”, dice otro documento desclasificado.
“Operaciones que superan monto cien millones de dólares”, dice otro documento desclasificado.

Lo que más parece molestarle al autor, y con él a quien lea detenidamente su investigación, es que personas tan críticas con las violaciones de los derechos humanos en Argentina --como la propia presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto-- no hayan condenado ni condenen al régimen castrista.

“Sólo por la «ceguera ideológica» puede entenderse que los familiares de víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina sigan apoyando a la dictadura cubana, que fue cómplice de los verdugos de sus seres queridos, y que decidan ignorar o justificar las actuales graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que se producen en la isla, conforme numerosísimos informes tanto del sistema interamericano como del sistema universal de protección de Derechos Humanos”, concluye Salvia.

Guayaquil en shock por el manejo de los muertos en plena pandemia

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OEA apoya plan para democracia en Venezuela y exige salida de agentes cubanos

Elliott Abrams (izq.), representante especial de Estados Unidos para venezuela, junto a Luis Almagro, secretario general de la OEA.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) indicó el martes en un comunicado que la vuelta a la democracia en Venezuela pasa inexorablemente por la recuperación de la institucionalidad de la Asamblea Nacional y la salida de los miles de agentes de la inteligencia cubana en esa nación.

El texto hace referencia al plan presentado el martes por el secretario de Estado Mike Pompeo, titulado Marco para la Transición Democrática en Venezuela, que propone levantar las sanciones a Venezuela a cambio de un acuerdo para compartir el poder entre miembros de la oposición y del partido del gobernante Nicolás Maduro, en un gobierno de transición antes de las elecciones.

Pompeo anunció formalmente el plan, que ofrece una "ruta de salida" de las duras sanciones, incluyendo las que pesan sobre la industria petrolera, si Maduro y sus aliados se muestran receptivos.

"El régimen está ahora bajo una presión más fuerte que nunca", afirmó el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, citado por Reuters. "Quizás esta presión conduzca a una discusión seria dentro del régimen".

La propuesta, que Abrams confirmó que fue aprobada por el presidente Donald Trump, pide que Maduro "se haga a un lado" y que la Asamblea Nacional controlada por la oposición "elija un gobierno de transición inclusivo aceptable para las principales facciones". Según el plan, el presidente encargado Guaidó también renunciaría durante la transición.

Al pronunciarse, la OEA reiteró que "resulta imprescindible la liberación inmediata de los presos políticos, así como recuperar la institucionalidad representada por la Asamblea Nacional y sus integrantes democráticamente electos, así como la institucionalidad del Tribunal Superior de Justicia".

La declaración del organismo hemisférico subrayó que "la vía posible para recuperar la democracia en Venezuela pasa inexorablemente por la salida del país de los miles de agentes de seguridad e inteligencia extranjeros".

La Secretaría General de la OEA considera "que el plan presentado constituye una propuesta válida de solución para salir de la dictadura usurpadora y recobrar la democracia en el país".

Y amplió: "El camino propuesto en el plan del Departamento de Estado en el día de hoy merece el apoyo de todos aquellos que bregamos por elecciones libres y transparentes en Venezuela, de acuerdo a los estándares de la Carta Democrática Interamericana, y con observación internacional, incluyendo la OEA".

Propuesta de EEUU para transición democrática en Venezuela incluye a chavistas

A Venezuelan holds a national flag during a protest against the government of President Nicolas Maduro at Santander square in Cucuta, Colombia, border with Venezuela, on February 12, 2019. - The tug of war between the Venezuelan government and opposition

Estado Unidos pidió el martes un gobierno de transición para compartir el poder en Venezuela compuesto por la oposición y algunos miembros del Partido Socialista del presidente Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado indicó que también se podrían levantar las sanciones de Estados Unidos que han presionado al régimen de Maduro, a Petróleos de Venezuela, S.A. y al sector petrolero.

A continuación publicamos el "Marco para la transición democrática de Venezuela" divulgada hoy por el Departamento de Estado:

Pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional (AN); el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retira la orden de desacato y restaura todos los poderes de la AN, incluyendo las inmunidades de los diputados; se disuelve la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los Estados Unidos retiran las sanciones aplicadas a miembros de la ANC por su pertenencia a la ANC.

Se liberan de inmediato todos los presos políticos.

Todas las fuerzas de seguridad extranjeras salen de inmediato a menos que se les autorice su permanencia a través de ¾ de los votos de la AN.

La AN elige a nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del TSJ que sean aceptables para todos los partidos o coaliciones de partidos que representen el 25% o más de los miembros de la AN. (Esto otorgaría poder de veto tanto al PSUV como a la coalición multipartidista de Guaidó respecto a personal para cualquiera de estos cargos.) Una vez se elija un nuevo CNE y TSJ, los Estados Unidos retiran las sanciones impuestas a exmiembros del CNE y del TSJ por su pertenencia a esos organismos.

La AN aprueba una ley de un “Consejo de Estado”, que crea un Consejo de Estado que se convierte en el poder ejecutivo. Cada partido o coalición de partidos con un 25% de miembros de la AN escoge a dos miembros del Consejo de Estado, siendo uno de ellos forzosamente gobernador de un estado. A continuación, los cuatro miembros del Consejo de Estado escogen a un quinto miembro que será el secretario general y que se desempeñará como Presidente Interino hasta que haya elecciones y a quien no se le permite presentarse como candidato a la elección a la presidencia. Los miembros del Consejo no podrán ser miembros de la AN ni del TSJ. Las decisiones que el Consejo de Estado tome serán por mayoría de votos. Un miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desempeñará como asesor militar del Consejo de Estado.

Todas las facultades conferidas al presidente por la constitución serán conferidas exclusivamente al Consejo de Estado. Los Estados Unidos y la Unión Europea retirarán las sanciones a quienes se habían atribuido facultades presidenciales, y que les fueron impuestas debido a los cargos que habían ocupado, una vez el Consejo de Estado esté operativo y esas personas renuncien a cualquier otra pretensión de ocupar cargos ejecutivos y acepten al Consejo de Estado como poder ejecutivo único.

Una vez se establezca el Consejo de Estado y las fuerzas de seguridad hayan partido (a menos que se aprueben con ¾ de los votos de la AN), quedarán suspendidas las sanciones que los Estados Unidos aplicaron al Gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela, S.A. y al sector petrolero.

El Consejo de Estado nombra un nuevo gabinete. Los Estados Unidos retiran las sanciones a exmiembros del gabinete que les fueron impuestas por desempeñar sus cargos anteriores. Los

Estados Unidos también retiran las sanciones a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que les fueron impuestas por el cargo que desempeñan en el organismo.

La comunidad internacional brinda apoyo humanitario, electoral, económico y de gobernanza, desarrollo y seguridad, con un enfoque inicial especial en el sistema de atención médica y en el suministro de agua y electricidad. Todos los ciudadanos venezolanos deben tener el mismo acceso a los programas de bienestar social actuales, que ahora recibirán apoyo complementario internacional. Se inician negociaciones con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo respecto a los principales programas de apoyo.

Se establece una Comisión de la Verdad y la Reconciliación con el objetivo de investigar actos de violencia graves ocurridos desde 1999, y esta informa a la nación sobre las responsabilidades de los autores y la rehabilitación de las víctimas y sus familias. La Comisión cuenta con cinco miembros que el Secretario General de las Naciones Unidas nombra con el consentimiento del Consejo de Estado. La AN adopta una ley de amnistía de conformidad con las obligaciones internacionales de Venezuela, que cubre todos los delitos de carácter político desde 1999, excepto los crímenes de lesa humanidad. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retiran su apoyo a la remisión a la Corte Penal Internacional.

El Consejo de Estado establece una fecha para celebrar las elecciones simultáneas a la presidencia y a la AN en un plazo de 6 a 12 meses. Cualquier ciudadano venezolano apto conforme a la Constitución de 1999 puede presentarse a las elecciones.

Se celebran las elecciones a la presidencia y a la AN. Se retiran todas las sanciones de los Estados Unidos restantes con el consenso de los observadores internacionales de que las elecciones fueron libres e imparciales.

Se establece una comisión bipartidista en la AN para formular soluciones a largo plazo con el fin de rehabilitar la economía y refinanciar la deuda.

Garantías

El alto mando militar (Ministro del Poder Popular para la Defensa, el viceministro de la Defensa, el Comandante del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB) y los otros comandantes) se mantiene durante la vigencia del gobierno de transición.

Las autoridades estatales o locales se mantienen durante el periodo de transición.

El senador cubanoamericano Marco Rubio advirtió que el plan puede fracasar "si deja de lado a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional legítimamente elegida que dirige. O si incluye a Nicolás Maduro y ciertos miembros de la mafia que él controla ”.

El presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer enfatizó en que "la crisis actual en Venezuela no es un conflicto entre dos facciones políticas legítimas" sino una lucha "entre una red de delincuencia organizada dirigida por Nicolás Maduro y una Asamblea Nacional legítima y electa democráticamente".

El presidente encargado Juan Guaidó agradeció la iniciativa de Pompeo y el respaldo de EE.UU. a la conformación de un Gobierno de Emergencia y Consejo de Estado para resolver la crisis.

El ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, dijo que la soberanía de Venezuela no está en negociación.

"Ellos pueden decir lo que quieran, cuando quieran, como quieran pero las decisiones en Venezuela, se toman en Venezuela, con sus instituciones y su constitución. Nosotros no estamos tutelados por EEUU", afirmó Arreaza en entrevista con la emisora colombiana BluRadio.

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