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Cuba

Presentan denuncia de trato a médicos cubanos ante Corte Penal Internacional

Conferencia de prensa sobre crímenes contra la humanidad en Cuba. Foto Michelle Sagué

El caso del llamado modelo de “esclavitud moderna” de los médicos cubanos, considerado un crimen de lesa humanidad, fue presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) el martes 8 de mayo, anunció este martes Blas Jesús Imbroda, expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional.

El abogado es parte de un panel de expertos que ofreció una conferencia de prensa en la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que denunciaron que los médicos cubanos que trabajan fuera de su país bajo acuerdos del régimen cubano y terceros gobiernos, lo hacen privados de sus derechos básicos, de una justa remuneración y bajo estricta vigilancia.

Acusan a Raúl Castro y Díaz-Canel por "esclavitud" de médicos cubanos
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La conferencia estuvo centrada en un estudio de la organización Cuban Prisoners Defenders (CPD) a partir del testimonio de 46 médicos cubanos cuya identidad ha sido protegida, e información recopilada desde una página de Facebook con comentarios de 15 mil cubanos sobre el tema.

“La mayoría tienen hijos y familia en Cuba y saben que la represalia es tremenda”, explicó el abogado Javier Larrondo, fundador de CPD.

Larrondo aseguró que hay médicos cubanos trabajando en 100 países que son estados miembros de la Corte Penal Internacional, por lo que tienen esperanzas de que el caso sea escuchado.

El informe de CPD asegura que las violaciones ocurren y han ocurrido, al menos, en los siguientes países: Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Botsuana, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chad, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Cuba, El Congo, Djibouti, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Guinea Ecuatorial, El Salvador, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Italia, Kenia, Kuwait, Lesoto, Mali, Malta, Mauritania, México, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Qatar, Ruanda, Saint Kitts and Nevis, Santa Lucía, Saint Vincent y las Granadinas, Arabia Saudí, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, España, Suriname, Suiza, Tanzania, Timor-Leste, Trinidad y Tobago, Turquía, Uganda, Tanzania, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zambia y Zimbabwe.

Entre los presuntos autores de las violaciones de derechos humanos CPD señala a Raúl Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de la República de Cuba; Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente del Consejo de Ministros de la República de Cuba; José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de la República de Cuba; Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la República de Cuba; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba y Margarita González Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba.

CPD anunció además que el pasado jueves presentaron un procedimiento especial con estas denuncias en cinco comités de Naciones Unidas por considerar que los hechos "violan de forma alarmante y aterradora" varios convenios y pactos de este organismo como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la Convención de los Derechos del Niño.

También lo hicieron ante la Organización Mundial de la Salud, para pedir a este organismo internacional que investigue estas denuncias y contraste las estadísticas de salud ofrecidas por el gobierno comunista.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, denunció a La Habana por el trato que da a sus profesionales de la salud enviados al exterior “bajo una supuesta solidaridad revolucionaria”, que en el fondo tiene un fin político más allá del supremo objetivo de salvar vidas, dijo.

“Las misiones médicas cubanas son un pretexto para una verdadera intervención como ha sucedido en el caso de Venezuela”, expresó Almagro, y agregó que “son una máscara para la mayor fuente de ingresos en divisas del régimen cubano”.

El secretario general citó a un funcionario cubano que admitió que las ganancias de este servicio rondan los 8 mil millones de dólares anuales: Estas ganancias provienen "de la trata de decenas de miles de personas que son obligadas a salir al exterior, sin saber su destino, reteniéndoles sus pasaportes, controlados por agentes de inteligencia, donde la mayor parte de sus ingresos son confiscados por el gobierno cubano”.

“Es un sistema de esclavitud moderna que no puede quedar impune. Este modelo constituye otra sistemática violación de los derechos humanos por parte del régimen cubano”, concluyó Almagro.

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SIP condena acusación contra periodista cubana Claudia Montero

Claudia Montero y Fabio Corchado. (Foto: CubaNet)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció este miércoles acerca de la represión de la dictadura comunista de Cuba contra la comunicadora independiente Claudia Montero Lescaille.

Montero Lescaille ha sido acusada por un presunto delito de "desorden público".

La pareja de Montero, el activista Fabio Corchado Borroto, también fue acusado por el mismo "delito". Ambos están bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria y regulación migratoria que les impide salir del país.

La notificación les fue dada en la Unidad de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) de Zapata y C, en La Habana, adonde fue citada la pareja el pasado sábado.

“Me entero por otra acta que me presentó que se me imponía una medida cautelar de prisión domiciliar. Le pregunto ¿hasta cuándo esta medida cautelar? ‘Hasta que se acabe el proceso’, me respondió. Yo supongo que se refería al proceso de Camila en el que yo estoy implicada y él me dice que cuando termine el proceso, ellos decidirán si se me abre un expediente a mí y a Fabio, de acuerdo a lo que determine la investigación a Camila”, señaló la periodista.

El oficial que interrogó a Montero Lescaille le dijo que la acusación se basa en el contenido contrarrevolucionario de los videos que envía a Cubanet en el exterior.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que el régimen “continúa utilizando la persecución judicial, legal y policial para hostigar e intimidar a los periodistas independientes. Lo venimos observando de forma acentuada desde las protestas del 11 de julio, cuando a muchos periodistas independientes se le aplicó esas mismas medidas y fueron acusados, con o sin sustento judicial, por algún delito".

Montero considera que el hostigamiento podría ser en represalia por acoger en su vivienda durante meses a la periodista Camila Acosta, luego de que esta fuese desalojada del lugar donde vivía.

En ese periodo "tuvimos vigilancia policial y de la SE", relató Montero, quien junto a su pareja son consideradas personas de interés en el proceso contra Acosta, acusada por "instigación a delinquir".

“¿Por qué Fabio y yo somos parte del proceso de Camila? Porque mi esposo y yo la acogimos en nuestra casa. Entonces a mi cuñado, Víctor Manuel González lo detuvieron el 26 de julio, lo tuvieron una semana en Villa Marista [Cuartel General de la Seguridad del Estado] y lo presionaron tanto que él reconoció que me editaba videos”, indicó Montero a Radio Martí, y agregó que su esposo Fabio Corchado se acogió a su derecho de no declarar ni firmar ningún documento.

Camila Acosta se encuentra bajo prisión domiciliaria a la espera de un juicio, acusada de “instigación a delinquir” después que fuera detenida durante cinco días por reportar las protestas del 11 de julio.

Montero refirió que incluso el agente de la policía política que la interrogó fue el teniente Ernesto, “el mismo que atiende a Camila”.

“Yo estaba preparada psicológicamente porque yo, desde que escogí ser periodista independiente, sabía lo que venía, que, en algún momento, iban a pasar las entrevistas, los interrogatorios y yo siempre mantuve un bajo perfil: no soy activista”, dijo.

Aumentan casos de COVID-19 en Holguín

Barrio en cuarentena en Holguín. (Captura de foto/ACN)

Aumentan los nuevos casos de COVID-19 en la provincia Holguín, según los últimos reportes del Ministerio de Salud Pública de Cuba.

Sobre los factores que pueden estar incidiendo en este repunte de la enfermedad, una residente de la provincia que se identificó como Alejandrina dijo a Radio Martí que la situación ha empeorado debido a la aglomeración de personas en las calles y en el transporte urbano.

“Los ómnibus van muy llenos de personal (…)”, aseguró la mujer, que recientemente se trasladó al hospital Vladimir Ilich Lenin en una guagua repleta, con “una persona encima de la otra, tres veces el personal que le cabe a un ómnibus”.

En su criterio, “la gente [actúa] como que ya se acabó, y el coronavirus no se ha acabado”.

Otros holguineros entrevistados señalaron la indisciplina social como una de las causas del aumento de casos de COVID19, así como las largas colas en establecimientos comerciales.

“En el uso del nasobuco, sobre todo, porque hay personas indisciplinadas, lo mismo en la parada que en el ómnibus. Andan con él en el cuello como si fuera un collarín. En las colas, en cualquier lado”, dijo una residente de la cabecera provincial.

Ramón Zamora, doctor opositor en Holguín
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En opinión del doctor y opositor holguinero Ramón Zamora, en este momento no se están cumpliendo las normas establecidas para evitar los contagios entre otras violaciones.

“Usted llega a un establecimiento y generalmente tienen un saco, ya seco, en el suelo y le echan hasta agua común, como para demostrar que se están cumpliendo las normas, pero la realidad es que no es así. Notas que, dentro, las personas que, incluso, están manipulando el dinero, pues no se lavan las manos”, detalló.

El galeno se refirió, además, a la gran cantidad de viajeros proveniente de Rusia que arriban a la provincia. Afirmó que “se ha demostrado que muchos de ellos” han sido fuente de contagio de coronavirus para la población local.

Según los últimos reportes oficiales de las autoridades de Salud de Cuba, Holguín encabeza la lista de provincias con el mayor número de nuevos casos, 30 el día 5 de diciembre, 22 el día 6 y al cierre de la jornada del martes, 20 personas detectadas con la enfermedad.

Manifestantes del 11J en Placetas serán enjuiciados entre el 15 y 17 de diciembre

Protestas en Villa Clara, el 11 de julio de 2021. (Captura de video/elToque/YouTube)

El juicio a un grupo de activistas que se encuentran encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio en Placetas, Villa Clara, se celebrará entre los días 15 y 17 de diciembre, según dijo desde Miami a Radio Martí el ex preso político y opositor Jorge Luis García Pérez "Antúnez".

Según informó Antúnez, los activistas que serán sometidos a juicio son Loretto Hernández García, Zenaida Pérez Paseiro, Ciro Alexis Casanova Pérez, Arianna López Roque, Misael Díaz Paseiro, las hermanas Rodríguez Isaac y Nidia Bienes Paseiro.

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Antúnez ha estado denunciando los abusos que sufren en prisión los detenidos del 11 J en esa localidad villaclareña. En octubre pasado, el opositor dijo desde Miami a Radio Martí que López Roque fue golpeada ante la población penal, según informó desde esa cárcel la también presa política Donaida Pérez Paseiro.

"Fue arrastrada hasta el patio de la prisión y allí la esperaba toda una guarnición armada con tonfas, mangueras … y patadas, piñazos, ofensas morales, la arrastraban, la escupían, la pateaban en presencia de toda la población penal y lo hicieron con el objetivo de tratar de aterrorizar a la población penal. De ahí la condujeron a la celda de castigo donde actualmente se encuentra", afirmó entonces Antúnez.

López Roque fue detenida junto a su esposo, el también opositor Mitzael Díaz Paseiro. La Fiscalía Provincial de Villa Clara pidió ocho años de privación de libertad para este matrimonio, así como para los otros detenidos de Placetas.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

ONU confirma que recibió denuncias de detenciones arbitrarias en Cuba el 11J

Miembros de las fuerzas especiales detienen a un manifestante en La Habana, Cuba, el 11 de julio. (YAMIL LAGE / AFP)

Naciones Unidas acusó recibo de varias alegaciones enviadas al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de ese organismo por el abogado independiente cubano Sergio Osmín Fernández Palacios.

La notificación en que se certifica haber recibido los argumentos legales ocurrió este lunes, tras una reclamación, por correo electrónico, interpuesta por el abogado independiente el 5 de diciembre, ante Tom Haeck, encargado de la sección América, de la oficina de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“La queja en cuestión aborda la falta de notificación automática de acuse de recibo por parte del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias adscrito a Naciones Unidas, en relación a las denuncias que le fueron presentadas en el mes de noviembre en el Procedimiento de Investigación de Casos Individuales, dijo a Radio Televisión Martí, Fernández Palacios.

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El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias gestiona dos procedimientos: el de Investigación de Casos Individuales, que investiga supuestos incidentes de detención arbitraria enviando comunicaciones y llamamientos urgentes a los gobiernos interesados y el de Comunicaciones Urgentes que da lugar a la adopción de opiniones en lo que concierne a la arbitrariedad de la detención.

“Felizmente, a raíz de la queja formulada, fueron restablecidas las notificaciones automáticas, asegurando la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza sobre la tramitación de dichas denuncias”, indicó Fernández Palacios.

Esposados de manos y pies "¡como si fueran asesinos!"

Los arrestos informados a la ONU corresponden a ciudadanos cubanos que están en prisión tras ser aprehendidos en relación con el estallido social del 11 de julio o la convocatoria a marchar del 15 de noviembre.

Entre los defendidos por Fernández Palacios está el adolescente de 18 años Brandon Becerra Curbelo, cuya madre, Yanaisy Curbelo, afirmó a nuestra redacción que agradece “profundamente” la labor del abogado independiente para fundamentar el injusto cautiverio de su hijo.

“No tengo fuerza para defenderlo porque no hay aquí potestad ninguna. Me tienen tan acosada, que lo mismo me citan que se me tiran a mi casa a cualquier hora, pero todo lo que sea para defender a mi hijo ahí estoy y lo que hizo Sergio, lo que está haciendo, está muy bien hecho porque es demasiado lo que está pasando aquí con los juicios. Yo no quiero imaginar el día que llegue el de mi niño. Y dicen que los bajan esposados de manos y pies ¡como si fueran asesinos!”

“No están dejando entrar a los familiares, si acaso a uno; no están llamando a los testigos, no está bajando mucho de la petición a la condena. Quieren ejemplarizar, se lo digo yo”, recalcó la madre.

El jurista cubano ha registrado alrededor de 40 argumentos en el Procedimiento de Investigación de Casos Individuales del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y al Procedimiento de Solicitud de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos).

Postergan juicio a joven estudiante de música que protestó el 11 de julio en Bejucal

Abel González Lescay. (Facebook)

Queda pospuesto hasta el próximo año el juicio al joven músico cubano Abel González Lescay, quien enfrenta una petición fiscal de 7 años de cárcel tras manifestarse de forma pacífica en las protestas populares del 11 de julio en Bejucal, provincia Mayabeque.

Su madre, Giselle González, dijo a Radio Martí que así se lo comunicó este lunes la abogada encargada de la defensa.

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La razón para postergar el juicio es "para que entren en vigor nuevas disposiciones jurídicas que, hasta donde sabemos, son más benévolas", explicó.

González dijo que su hijo "está bien, esperanzado de que haya una medida nacional que los beneficie a todos los que están implicados en esto, y de continuar estudiando".

Abel González Lescay de 23 años y graduado de piano en la Escuela Nacional de Arte (ENA), estudiaba en la Universidad de las Artes, Instituto Superior de Arte (ISA), en el momento de su detención, y está acusado de los cargos de desórdenes públicos y desacato.

La Comisión Justicia 11J, que lleva un registro de los detenidos, encarcelados y condenados en el levantamiento popular de julio pasado en la isla, denunció que al músico "lo sacaron de su casa desnudo, lo humillaron y lo golpearon por improvisar una musicalización de la protesta".

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

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