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Derechos Humanos

Ponen fecha a juicio contra Félix Navarro, su hija Sayli y otros 7 detenidos del 11J en Perico, Matanzas

Sayli Navarro (der.), junto a sus padres Sonia y Félix. (Foto: Archivo)

El juicio en contra del líder opositor Félix Navarro Rodríguez, su hija Saily Navarro y manifestantes del 11 de julio en Perico, Matanzas, ha sido programado para el 24 y 25 de enero, en el Tribunal Municipal Popular de Jovellanos.

Desde esa localidad, la activista Ania Zamora dijo a Radio Martí que Navarro acaba de ser sacado de la enfermería de la prisión de máxima seguridad de Agüica.

“Ya entregaron la fecha de los juicios de los nueve manifestantes en el municipio de Perico, entre ellos se encuentra nuestro líder, Félix Navarro Rodríguez, y su hija, la Dama de Blanco Sayli Navarro Rodríguez. Ese juicio será el 24 y 25 de enero en el Tribunal del Municipio de Jovellanos”, en la provincia de Matanzas, precisó la opositora.

24 y 25 de enero serán juzgados Félix Navarro, su hija Salily y otro 7 detenidos del 11J
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Las llamadas telefónicas de Navarro a su familia están programadas para los viernes, explicó Zamora, quien también indicó que el líder opositor “estuvo todos estos días atrás en la enfermería”, aquejado de diarreas, un brote de sarna, un forúnculo (o ‘nacido’) grande “en el pecho”, producido por la misma infección de la sarna.

En la llamada telefónica correspondiente al pasado viernes, Félix Navarro dijo sentirse afiebrado producto, al parecer, de una fuerte gripe, y que “todavía tenía ese ‘nacido", pero que ya no estaba en la enfermería.

El prisionero político y de conciencia, de 68 años, también encarcelado durante la Primavera Negra de Cuba, en 2003, y su hija, la Dama de Blanco y activista política Sayli Navarro, fueron detenidos días después de las protestas del 11 de julio, en la localidad de Perico, Matanzas, cuando acompañaban al familiar de uno de los detenidos a la unidad policial de la localidad.

Sayli Navarro fue liberada horas después, pero el líder opositor fue llevado hacia la prisión Combinado del Sur en esa provincia, donde enfermó de Covid-19 y llevó a cabo una huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

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Líder opositor celebra desde prisión los 20 años de su movimiento

José Díaz Silva del Movimiento Opositores por una Nueva República.

Familiares del preso político José Díaz Silva lo visitaron este miércoles en la cárcel Combinado del Este, en La Habana, el mismo día en que el movimiento Opositores por una Nueva República, organización que lidera, cumplió 20 años de creada.

Su esposa, la activista Lourdes Esquivel, dijo este jueves a Radio Martí que Silva "se mantiene firme exigiendo libertad para Cuba y los presos políticos y que durante la jornada fueron reprimidos varios activistas de su movimiento”.

Esquivel contó que les dieron dos horas de visita y que su esposo “se mantiene aislado en una celda, orgulloso de los miembros de su movimiento, con problemas de salud, gastritis y la columna, pero firme y fuerte a pesar de que se encuentra distante de su vivienda”.

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Díaz Silva fue juzgado en 2021 por un supuesto delito de amenaza, acusado por una vecina que irrumpió en las inmediaciones de su vivienda.

Tras el incidente fue sentenciado a dos años de trabajo correccional sin internamiento, sentencia que fue revocada en marzo por el Tribunal Provincial Popular de La Habana.

Días antes de ser detenido, el pasado 2 de marzo, agentes policiales lo habían amenazado con llevarlo a prisión, si continuaba apoyando a familiares de los manifestantes del 11 de julio, en el reparto La Güinera, en La Habana.

El Movimiento Opositores por una Nueva República, junto al Movimiento San Isidro y la Asociación Yorubas Libres de Cuba recibieron el jueves pasado el Premio Libertad Pedro Luis Boitel por su lucha por la libertad y la democracia en Cuba.

El Premio, creado en 2001 por una coalición de organizaciones no gubernamentales de Europa junto al Directorio Democrático Cubano, fue entregado en Miami por el opositor cubano Jorge Luis García Pérez "Antúnez".

Otero Alcántara envía un mensaje a todos los cubanos desde la cárcel: "La libertad llegará muy pronto"

Luis Manuel Otero Alcántara. Tomado del Facebook del artista Luis Manuel Otero Alcántara.

En momentos en que el juicio a Luis Manuel Otero Alcántara se hace inminente, se ha divulgado una importante declaración de principios que el artista ha hecho desde la penitenciaría de máxima seguridad de Guanajay, en la Provincia de Artemisa.

El creador de 34 años será juzgado el próximo 30 de mayo por ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos y permanece tras las rejas desde el pasado 11 de julio de 2021, día en que llamó desde sus redes sociales a sumarse a las protestas masivas que se dieron en decenas de ciudades del país contra el régimen comunista.

En su mensaje desde prisión, el activista que enfrenta una petición fiscal de siete años de cárcel, reitera el "Estamos Súperconectados", una frase que hizo célebre en cada una de sus acciones al frente del Movimiento San Isidro y que sirvió para aglutinar a diversos sectores de la sociedad civil cubana y, principalmente a los artistas, en el activismo por los derechos humanos en Cuba.

"Pronto se cumplirá un año de la última movilización pacífica e inédita del pueblo cubano en pos de su libertad. Durante el último año no he expresado lo orgulloso que estoy de ser cubano y lo orgulloso que estoy de nuestra gente dentro y fuera de la Isla. Estoy seguro de que la libertad llegará muy, muy pronto", afirmó LMOA, como se le conoce también por las iniciales de su nombre.

En sus palabras tuvo la oportunidad de agradecer todos los premios y reconocimientos recibidos por parte de numerosas instituciones como el de Freedom House, el de Oxi Day Foundation y la inclusión en la lista de las personas más influyentes de 2021 por la revista Time.

"Durante todos estos meses el régimen me ha ofrecido el exilio de Cuba como única salida de la cárcel. De lo contrario, tendré que cumplir siete años de prisión", señaló en el audio, compartido por su pareja, la curadora de arte Claudia Genlui, quien acaba de organizar en Miami una exposición individual con dibujos de Otero Alcántara.

"Durante tantos años, he soportado, como muchos de mis amigos, la persecución inhumana y la represión del régimen cubano. Me ha sido imposible pasar los cumpleaños con mi hijo. Nació el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, un día en que las autoridades intensifican los esfuerzos policiales para evitar las protestas públicas. Me ha sido imposible pasar cumpleaños con él porque las autoridades cubanas me han prohibido salir de mi casa ese día", recordó el artista.

"Murió mi madre y murió mi abuela sin que yo pudiera pasar el tiempo que deseaba con ellas. Mi familia y amigos han vivido aterrorizados, literalmente. Tantas personas que amo ahora viven en el exilio, sin posibilidad de regresar porque una dictadura se lo impide. El régimen ha destruido mi obra de arte y ha violado mis derechos y los derechos de mis amigos de muchas otras formas. Y hemos soportado todo esto y más en pos de un sueño. Lo soportamos por un sentido de responsabilidad hacia la Cuba de hoy y de mañana", afirmó.

En el mensaje de audio que logró hacer por teléfono desde la prisión, también expresó sus condolencias por las víctimas de la explosión del Hotel Saratoga y se disculpó por no haber hablado públicamente en mucho tiempo.

El artista reconocido como "preso de conciencia" por la prestigiosa organización Amnistía Internacional compartió su visión de una Cuba futura: "Hoy sueño que todos los cubanos del mundo, de cualquier tendencia política, nos reunamos en el Malecón para trabajar juntos por una salida a la dictadura, de modo que ningún cubano que piense diferente o tenga posiciones políticas diferentes tenga que sufrir maltrato, persecución o encarcelamiento".

"En el país que sueño, los niños de Cuba no tendrán que emigrar y podrán cumplir sus metas en la isla o regresar cuando lo deseen. Sueño con un evento gratuito en la Plaza Cívica. Un evento cultural donde cantamos "Patria y Vida" y tantos otros cantos prohibidos en la Cuba de hoy. Sueño que ningún cubano será enemigo de ningún otro cubano", agregó.

"Hoy por estos sueños estoy dispuesto a sacrificar la carne de artista, mi carne de artista y mi espíritu amante de la libertad. Hoy nuestro arte y nosotros mismos nos hemos convertido en la voz y el ejemplo de muchos cuyas voces han sido silenciadas, cuyas esperanzas y sueños de libertad han sido destruidos por la dictadura", sentenció.

Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez "El Osorbo", serán juzgados la semana que viene.

El rapero El Osorbo, que lleva en prisión desde mayo de 2021, es responsable, según la Fiscalía, de los presuntos delitos de desacato, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentado y desórdenes públicos.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha exigido la liberación inmediata de Castillo, pues considera que el proceso en su contra es ilegal. Este juicio no está ligado a las protestas antigubernamentales del 11J. Se les juzga por unos hechos acaecidos el 4 de abril de 2021, por los que se acusa también a Félix Roque Delgado (petición de cinco años de cárcel por atentado), Juslid Justiz Lazo (cinco años de trabajo correccional con internamiento por atentado) y Reina Sierra Duvergel (tres años de trabajo correccional sin internamiento por atentado).

Denuncian que seguridad del Estado en Pinar del Río confiscó donación de medicamentos para opositores enfermos

Julio César Góngora

El miércoles en la tarde, la Seguridad del Estado interceptó en la ciudad de Pinar del Río al activista José Rolando Cásares cuando éste se dirigía a realizar la entrega de un paquete con medicamentos, enviado desde Miami a través de una agencia, y destinado a dos periodistas independientes en delicado estado de salud.

La policía política del régimen condujo al activista hasta la sede provincial del Ministerio del Interior, donde le confiscaron los paquetes de medicinas y se negaron a entregarle un acta firmada de los fármacos ocupados. Cásares declaró a Radio Martí que también presentará una queja formal ante la Fiscalía Militar Provincial.

“Llegando a la jefatura provincial, inmediatamente procedieron a quitarme los medicamentos de Julio Cesar Góngora y de Roberto Blanco Gil, otro periodista independiente que padece de diabetes y al que también le habían mandado algunas medicinas, entre estas Insulina. Fueron confiscados, además, frascos de Ibuprofeno, Azitromicina, parches y cremas para los dolores musculares, gasa antiséptica, y otros materiales de cura, cosas que están en falta en el país y que ni el mismo sistema de salud pública (MINSAP) tiene disponible para los enfermos en la isla”, denunció el activista.

“Eso es una forma arbitraria por parte del departamento de la Seguridad del Estado, a la que estoy denunciando e incluso, estoy preparando una queja para entregarla en la Fiscalía Militar Provincial, es una falta de respeto para una persona que ante todo es un ser humano, que es lo principal”, afirmó.

Poicía política "confisca" medicamentos enviados a enfermos
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Mientras tanto, Góngora alertó que lleva muchos meses siendo hostigado por parte de la policía política y responsabilizó a las autoridades cubanas por su integridad física.

“Primero que nada, mi vida depende de los medicamentos, yo soy parapléjico, sufro de una herida abierta, soy cardiópata, tengo además una afección pulmonar, y padezco la enfermedad celíaca de la piel, son padecimientos crónicos que traen muchas complicaciones, ellos simplemente están cometiendo arbitrariedades, violando todos los derechos de una persona discapacitada, confinado en una silla de ruedas", declaró.

"En mi caso, me tienen sitiado, cercado, con vigilancia constante y no dejan que nadie se acerque a mí, recientemente, incluso utilizaron el hospital provincial Abel Santamaría y el personal médico para hacerme un interrogatorio dentro de la institución médica", agregó.

"En el caso de Roberto Blanco Gil, si no le llegan los medicamentos puede sufrir un coma diabético y morirse también. La dictadura cubana y la Seguridad del Estado nos están sentenciado a muerte en nuestras casas estando enfermos”, alertó el comunicador.

A la cárcel, padre de prisionero del 11J que exigió la libertad de su hijo

Ángel Rolando Castillo Sánchez, padre del preso político Rowland Castillo Castro.

Rolando Castillo Sánchez, padre de Rowland Castillo, manifestante del 11 de julio en La Güinera, fue sentenciado el miércoles a dos años de privación de libertad.

Se le condenó por el delito de coacción a un menor de edad, en un juicio sumario celebrado en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo en La Habana.

Yudinela Castro, su expareja y madre de su hijo Rowland, estuvo presente en la vista según dijo a Radio Martí.

Declaraciones de Yudinela Castro
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Días antes de su arresto, el jueves 5 de mayo Rolando Castillo compartió en sus redes sociales un video donde el menor Giuseppe Belaunzaran Guada, acusado de sedición y hurto tras las protestas del 11 de julio en Cuba, expresaba a través de una directa que era nieto de un teniente coronel del Ministerio del Interior.

En el video pedía libertad para sus amigos presos durante las manifestaciones.

Ahora el menor, vecino y amigo de Rowland y otros jóvenes presos por los sucesos del 11J en La Güinera acusa Castillo de haberlo presionado para grabar el video.

Según Yudinela Castro, Castillo continúa plantado desde el día de su detención y, según afirmó al finalizar la vista, no abandonará su protesta hasta la liberación su hijo sancionado a 18 años de cárcel por el delito de sedición.

Los padres de Rowland han llevado a cabo una fuerte campaña por su liberación y la de los demás presos del 11J. Ambos han sido detenidos, interrogados y amenazados en varias ocasiones por las denuncias sobre la situación de su hijo en las redes sociales y espacios públicos.

Comité Contra la Tortura exige a Cuba respuestas y cifras sobre detenciones, interrogatorios y hostigamiento

Agentes de civil arrestan violentamente a los manifestantes el 11 de julio en La Habana.

El Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT por sus siglas en inglés), solicitó a Cuba “investigar, juzgar y, en su caso, sancionar" a los responsables del uso excesivo de la fuerza del 11 de julio de 2021.

A través de un informe, emitido este viernes, el Comité expresó su preocupación por las denuncias que documentan que durante las protestas ocurrieron actos violentos y que violan los derechos humanos como "golpizas, insultos, amenazas de carácter sexual, registros corporales integrales, aislamiento en celdas oscuras, uso de gas pimienta, exposición a altas temperaturas dentro de vehículos policiales, y abandono de personas retenidas en zonas remotas".

Mitin de repudio frente a la casa de Yunior García el 14N
Mitin de repudio frente a la casa de Yunior García el 14N

El CAT pide a La Habana adoptar las medidas necesarias para prevenir y cesar las detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento, intimidación, amenazas y descalificación de defensores de derechos humanos, periodistas, artistas y sus familiares; garantizar que los actos de hostigamiento, represión e intimidación sean debidamente investigados y los responsables sancionados; asegurar que todas las personas estén protegidas frente a la intimidación y la violencia a las que podrían exponerlas sus actividades o el ejercicio de sus libertades de opinión, expresión y circulación, así como sus derechos de asociación y reunión pacífica y establecer un mecanismo nacional independiente de protección de defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil.

Un manifestante detenido en La Habana el 11 de julio, en las protestas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel.
Un manifestante detenido en La Habana el 11 de julio, en las protestas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel.

La Comisión solicitó “investigar cualquier posible responsabilidad de funcionarios públicos en la muerte de personas en custodia, y cuando corresponda, castigar debidamente a los culpables y proporcionar una indemnización justa y adecuada a los familiares” y lamentó que el régimen cubano no haya presentado "información estadística completa respecto de las personas privadas de libertad fallecidas durante el periodo de examen del Comité, que fueron en un promedio de 100 al año y cuya causa principal serían las enfermedades cardiovasculares, de acuerdo con la información facilitada por Cuba".

Los expertos en derechos humanos que componen el Comité, expresaron su preocupación por la cantidad de juicios sumarios sin garantías al debido proceso y los de civiles que han sido juzgados por los tribunales militares, que "no ofrecen las garantías de independencia e imparcialidad requeridas por la Convención".

Los expertos piden a Cuba que modifique las disposiciones del Código Penal con el propósito de poner fin a la detención con base en figuras penales subjetivas, vagas e imprecisas como la peligrosidad social predelictiva y la sedición.

El CAT recomienda al régimen de La Habana garantizar que "todas las personas detenidas cuenten, en la ley y en la práctica, con todas las salvaguardias fundamentales contra la tortura desde el momento mismo de su privación de libertad, incluidos los derechos a ser asistidas por un abogado sin demora, en particular durante las etapas de la investigación y los interrogatorios; a solicitar y tener un reconocimiento médico independiente; a ser informadas de sus derechos, los motivos de la detención y los cargos formulados en su contra; a ser inscritas en el registro del lugar de detención; a notificar inmediatamente su detención y el lugar de la misma a un familiar o a cualquier otra persona de su elección; a comparecer ante un juez sin demora; y a contar con recursos efectivos para impugnar la legalidad de su detención. El Estado parte deberá velar también por que se sancione a los funcionarios que no permitan a las personas privadas de libertad el goce de dichas salvaguardias fundamentales".

Además indica que el régimen de Cuba debe adoptar medidas inmediatas para poner término a las prácticas coercitivas en los interrogatorios, incluyendo agresiones, incomunicación prolongada, aislamiento, exposición a cambios bruscos de temperatura y amenazas y que asegure en la práctica la inadmisibilidad de cualquier declaración obtenida mediante tortura.

Cuba dijo al Comité que los establecimientos penitenciarios se encuentran al 81 % de su capacidad, sin embargo no ofrece datos estadísticos oficiales y actualizados relativos a la población reclusa.

Por lo que el CAT muestra preocupación por las informaciones recibidas en las que se denuncian condiciones de detención inadecuadas, hacinamiento, insalubridad y falta de ventilación, atención médica deficiente, malnutrición, provisión insuficiente de agua potable y medicamentos, así como las informaciones que indican un elevado número de huelgas de hambre, y las denuncias sobre patrones de maltratos y tortura hacia los reclusos, que incluirían agresiones físicas y verbales, restricciones injustificadas del régimen de visitas, traslados a centros penitenciarios alejados de su entorno familiar y el uso prolongado de celdas de aislamiento.

Por lo que recomienda "velar por que se abra una investigación siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura o se han infligido malos tratos, e investigar restricciones arbitrarias o injustificadas de los derechos de las personas detenidas".

ElComité lamenta no contar con datos estadísticos desglosados sobre el número de personas privadas de libertad, entre ellas aquellas sujetas a prisión provisional, y la poca transparencia del sistema penitenciario y pide a Cuba garantizar que la prisión provisional se utilice solo de manera excepcional y durante el menor tiempo posible, y sin exceder el período previsto por la ley. El Estado también debe contar con un registro actualizado de personas privadas de libertad, desglosado por nombre, sexo, edad, origen étnico o nacionalidad, condición de discapacidad, su situación procesal y el lugar de detención.

El informe menciona "las restricciones al ejercicio independiente de la abogacía puesto que únicamente los miembros de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos pueden ejercer la profesión en el Estado parte, salvo excepciones como la representación y dirección de determinados asuntos propios o de sus familiares por parte de juristas que no sean miembros de esa organización" y recomienda al Estado "velar por la plena independencia, imparcialidad y eficacia de la fiscalía general y del poder judicial, en particular asegurándose de que el nombramiento de los jueces se ajuste a las normas internacionales pertinentes".

El CAT considera que Cuba debe asegurar también el respeto del derecho a la libre asociación y al ejercicio independiente de la abogacía, conforme a los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados.

El Comité observó con preocupación la persistencia de la violencia de género, las debilidades en el mecanismo de denuncia, y el insuficiente número de centros de acogida para víctimas.

"Al Comité también le preocupa la falta de legislación específica sobre violencia de género y las sanciones poco severas de las agresiones sexuales en el Código Penal. Sin embargo, se toma nota de que el proyecto de Código Penal incluiría como agravantes, cometer el delito como consecuencia de la violencia de género. Por otra parte, el Comité muestra su preocupación por la ausencia de datos estadísticos desglosados sobre la violencia de género en todas sus formas", indica el informe.

Por otra parte, recomienda al régimen cubano establecer protocolos que regulen la actuación de las autoridades en una protesta social.

La entidad lamenta que todavía en Cuba no se haya establecido en el país una institución nacional de derechos humanos independiente, de conformidad con los Principios de París, cuyo mandato incluya la promoción y la protección de los derechos consagrados en la Convención.

El CAT pide la declaración de una moratoria formal de la pena de muerte en Cuba, con miras a su abolición futura.

El Comité dio un plazo hasta el 13 de mayo de 2023, para que Cuba ofrezca información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité concernientes a la inspección independiente de los lugares de detención; los defensores de derechos humanos, periodistas y artistas; y los sucesos del 11 de julio.

Por otra parte, instruye a las autoridades cubanas a dar amplia difusión al informe y las recomendaciones a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las organizaciones no gubernamentales.

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