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América Latina

Unidad de Información Financiera pide procesar a Cristina Fernández

Cristina Fernández de Kirchner.

La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina pidió este jueves que se dicte el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández por presunto lavado de dinero, tras saberse que un empresario supuestamente confesó que su fortuna era en verdad del fallecido esposo de la senadora, Néstor Kirchner.

En un oficio enviado al juez federal Sebastián Casanello y facilitado a Efe, el presidente de la UIF, Mariano Federici, ahonda en la "presunta existencia" de una escucha al ya detenido empresario Lázaro Báez, excolaborador de Kirchner y contratista de obra pública durante los 12 años de Gobiernos kirchneristas.

En esa conversación, difundida por medios locales, Báez, en prisión preventiva desde 2016 en la causa conocida como "Ruta del dinero K", dirigida por Casanello, habría indicado que "todo" lo que tuvo era del expresidente Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010 de un paro cardiaco.

"Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás de la forma adecuada que él quiso que lo administrara", destaca la UFI de esa presunta declaración, que "de corroborarse", se sumaría a las pruebas que ya obran en la causa.


En noviembre de 2018, Casanello dictó la "falta de mérito" de la expresidenta Fernández (2007-2015) en la causa, por la que se investiga un supuesto lavado de dinero proveniente de la obra pública durante el kirchnerismo.

Se establece "falta de mérito" cuando el juez considera que no hay pruebas suficientes para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer al imputado. No es una medida definitiva, ya que en caso de que en el futuro surjan nuevas pruebas el imputado puede ser indagado otra vez y procesado.

Fernández -ya procesada en diversas causas, la mayoría por corrupción- tuvo que acudir a declarar por la "ruta del dinero k" en septiembre pasado -cuando negó por escrito todos los cargos-, después de que un tribunal superior instase a Casanello a citarla, ya que este siempre rechazó hacerlo.

"En efecto, esta nueva prueba (la escucha) permitirá a V.S. apartarse de la duda que lo llevó a dictar la falta de mérito de la imputada y en cambio optar por resolver su procesamiento", argumentó este jueves Federici.

Según añade el oficio, "se ha corroborado el vertiginoso proceso por el cual Lázaro Báez se convirtió en el titular de un enorme grupo empresario ligado a la obra pública, con el amparo y la protección de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner".

"Es en este contexto que debe valorarse aquella presunta declaración, ya que la misma demuestra no solo que Lázaro Báez administraba un patrimonio ajeno sino además que recibió directivas sobre la forma en la que aquella administración debía efectuarse y reproches cuando se apartaba del rumbo trazado por 'la persona que está arriba'", agrega.

La UIF pide a Casanello que libre un oficio al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora para que informe si se han interceptado comunicaciones telefónicas que tengan presuntamente como protagonista a Báez y remita la totalidad de las mismas.

También que "oportunamente, y teniendo en cuenta la nueva prueba producida en autos, dicte el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner".

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Legisladores de oposición venezolanos intentarán entrar a la Asamblea

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, trata de penetrar en el edificio de la Asamblea Nacional, en Caracas, el 5 de enero del 2020.

En los próximos días, legisladores de oposición venezolanos realizarán posiblemente su tercer intento de ingresar a la Asamblea Nacional, ubicada en el centro de Caracas, después de que grupos chavisas y miembros de la Guardia Nacional les impidieran el acceso en dos ocasiones en enero, reportó la agencia EFE.

Recientemente, los legisladores opositores debieron recurrir a un anfiteatro cubierto en El Hatillo, un barrio normalmente sereno en las afueras de la capital conocido por sus tiendas de souvenirs, restaurantes y la plaza colonial frecuentada por paseantes, para poder reunirse.

No está claro si la Asamblea Nacional presidida por el presidente encargado, Juan Guaidó, quien tiene el respaldo de unos 60 países, se verá obligada a sesionar nuevamente en El Hatillo o, incluso, en las oficinas del diario La Nación, donde se reunieron a principios de enero, o incluso buscar otro sitio.

Guaidó enfrenta a la policía militarizada que rodea el palacio legislativo. REUTERS/Fausto Torrealba
Guaidó enfrenta a la policía militarizada que rodea el palacio legislativo. REUTERS/Fausto Torrealba

Los residentes de El Hatillo, un baluarte de la oposición, consideran que el reciente ataque a la Asamblea Nacional es un asalto a la única institución democráticamente elegida de Venezuela que no está en poder del chavismo, amplió la agencia.

“Ellos fueron elegidos por el pueblo”, afirmó el jubilado Hernan Martínez, de 79 años, quien acusó al gobierno de enviar a los grupos de motociclistas armados conocidos como “colectivos” a intimidar a los legisladores. “Nosotros no tenemos las armas; tenemos la voz del pueblo. Mas nada”, indicó citado por EFE.

El 5 de enero, fuerzas de seguridad leales a Maduro impidieron el ingreso de Guaidó, quien intentó saltar una cerca. En días recientes, una caravana de legisladores en automóviles -Guaidó no estaba entre ellos- sufrió el ataque de civiles y hubo disparos.

Eric Farnsworth, vicepresidente de la Americas Society, con sede en Washington, señaló que, evidentemente, Maduro trata de intimidar a la oposición al obligarla a buscar un lugar de reunirse entre temores por su seguridad.

Farnsworth subrayó que esta táctica de maduro provocaba “indignación” en la comunidad internacional, reportó la agencia noticiosa.

“Trata de complicarle la vida a la oposición”, apuntó Farnsworth. “Cuanto más los intimidan, más espacio tiene Maduro para aplicar sus medidas”.

Guatemala rompe relaciones con régimen de Maduro (VIDEO)

Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala

El nuevo mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, rompió el jueves relaciones con el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro.

Nuevo presidente de Guatemala rompe relaciones con Venezuela
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Tras su reunión con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, donde se discutieron temas sobre la situación del país petrolero, el presidente anunció públicamente a la prensa el rompimiento “definitivo” de relaciones entre ambos países.

Según Giammattei, es de conocimiento del canciller venezolano, Pedro Brolo, “su retorno a Venezuela, debido al cierre definitivo de las relaciones con el gobierno de Venezuela” además advirtió del “cierre de la embajada en Guatemala”.

El mandatario asumió el poder de Guatemala el martes 14 de enero, su antecesor, Jimmy Morales, habría reconocido a Juan Guaidó en enero de 2019, sin embargo, la embajada habría continuado su normal funcionamiento en ese país.

Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, escribió en su cuenta de Twitter durante la toma de posesión de Alejandro Giammattei, que espera poder trabajar juntos en pro de la región.

"Se conoce que está en La Habana", Colombia pide extradición del jefe ELN (VIDEO)

Colombia solicita a Cuba extradición de jefe máximo del ELN
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Cuba admitió que el líder de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) se encuentra en la isla, según declaró este miércoles Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz en Colombia.

Colombia pidió formalmente a La Habana la extradición de Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", por el delito de secuestro agravado.

"La solicitud de (extradición) de “Gabino” la hace un juez de la república y se conoce que está en La Habana precisamente porque la misma isla de Cuba y su gobierno han reconocido que está allá"​, declaró a un grupo de periodistas el Alto Comisionado.

"El Gobierno colombiano acaba de radicar formalmente en La Habana la solicitud de extradición de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, por solicitud del Juez Segundo de Ejecución de Penas de Antioquia. Esto responde a un delito por el cual ya alias Gabino, quien es el jefe máximo del ELN, había sido condenado por un juez de la República", declaró el funcionario, quien anunció otras solicitudes de extradición contra alias de "Pablo Beltrán", "Aureliano Carbonel" y "Alirio Sepúlveda", también del ELN.

Cuba se ha negado a entregar a los cabecillas del ELN argumentando un respetuoso apego a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el ELN.

En enero de 2019 Colombia anunció la ruptura del diálogo iniciado por el anterior gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN luego que la guerrillera se atribuyera la autoría de un ataque con carro bomba a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá.

Venezuela en el Informe 2020 de Human Rights Watch

Kenneth Roth, director ejecutivo HRW durante presentación del Informe 2019

El Informe 2020 de Human Rights Watch, presentado por el director ejecutivo d la organización, Kenneth Roth, se hace una exhaustivo análisis sobre la realidad de Venezuela y se califica como “impasse político” la situación que atraviesa el país sudamericano desde el inicio del año, a pesar de que más de cincuenta países han reconocido y apoyado al presidente interino Juan Guaidó.

Sin instituciones gubernamentales independientes que puedan enfrentar al poder ejecutivo y con una Asamblea Nacional despojada de todos sus poderes, Venezuela atraviesa una crisis institucional que se hace patente en la total sumisión de los encargados de administrar justicia.

Represión contra todo elemento crítico,encarcelamientos, vejaciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales, unidos a la falta de medicinas, alimentos y productos de primera necesidad, además del éxodo masivo de los venezolanos, son realidades alarmantes que nos enfrentan a un panorama desolador.

La crisis de los refugiados

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de una población de aproximadamente 32 millones, se calcula que 4, 5 millones han huido del país desde 2014 hasta noviembre de 2019, sin contar con los que no han podido ser cuantificados por la falta de informes por parte de las autoridades.

Las crisis simultáneas en los terrenos político, económico, humanitario y de derechos humanos, son las causas de este éxodo masivo y a ésto, se suma la situación de muchos venezolanos que no han logrado estabilizarse en otros países y acceder a trabajos, escuelas para los hijos y atención médica, lo cual los hace vulnerables al abuso y la explotación.

Persecución de opositores políticos

El Foro Penal, red venezolana de abogados defensores penalistas que trabajan “ad honorem”, han informado a HRW que, en el mes de noviembre, se encontraban en las cárceles e instituciones de los servicios de inteligencia de Venezuela alrededor de 400 presos políticos.

El gobierno de Maduro ha encarcelado e inhabilitado para ejercer cargos públicos a numerosos líderes opositores, como es el caso de Leopoldo López y Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Trece legisladores de la oposición han debido exiliarse y cuatro se encuentran refugiados en embajadas extranjeras en la ciudad de Caracas.

Las fuerzas de seguridad madurista y sus servicios de inteligencia han detenido y torturado a militares acusados de, presuntamente, conspirar contra el gobierno. La represión también ha alcanzado a los familiares de los sospechosos, que también han sido torturados con el fin de obligarles a delatar supuestas conspiraciones.

Represión de protestas

Los grupos armados conocidos como “colectivos”, junto a las fuerzas de seguridad venezolanas, sistemáticamente durante las oleadas represivas de 2014 y 2017, atacaron protestas, incluso en las que han participado decenas de miles de manifestantes. Han disparado municiones antidisturbios a “quemarropa”, golpeado brutalmente a personas que no mostraban resistencia, allanado viviendas de manera violenta y cometido múltiples iniquidades contra detenidos, tales como torturas, golpizas brutales, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales.

En las manifestaciones de apoyo a Juan Guaidó en 2019, cientos de personas fueron detenidas y varias decenas murieron en los eventos ocurridos en enero y mayo.

En el informe del Foro Penal se contabilizan más de 15.000 personas detenidas desde 2014 en relación con las manifestaciones populares, incluyendo manifestantes, transeúntes y ciudadanos que fueron sacados violentamente de sus hogares si mediar orden judicial. Hasta el mes de noviembre, 8.900 se hallaban en libertad condicional pendientes de juicio y los tribunales militares habían procesado a más de 840 civiles, lo cual es una violación de las disposiciones del derecho internacional.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales

Según los informes, desde 2016, efectivos de la policía y de las fuerzas de seguridad han asesinado en Venezuela alrededor de 18.000 personas en supuestos incidentes de “resistencia a la autoridad”. En diciembre de 2017, el ministro del interior, Néstor Reverol, informó que en 2016 ocurrieron 5.995 de estos casos y 4,998 en 2017.

Durante 2018 y los primeros meses de 2019, la cifra de muertes por “resistencia a la autoridad” ascendió a 7.000 de acuerdo a las cifras oficiales dadas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y, aunque aún no se ha recopilado la información precisa, la ACNUDH concluye que muchas de estas muertes pueden deberse a ejecuciones extrajudiciales. Human Rights Watch logró, en 2019, documentar algunas de estas ejecuciones.

En las redadas organizadas entre 2015 y 2017 en los barrios de bajos ingresos, durante la llamada “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) en la cual participaron las fuerzas de seguridad en conjunto con la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Hubo denuncias generalizadas de ejecuciones extrajudiciales, masivas detenciones arbitrarias, desalojos forzados, destrucción de viviendas, maltrato a detenidos y deportaciones arbitrarias durante las redadas practicadas por las fuerzas del gobierno.

La Oficina de la ACNUDH ha informado que “las autoridades [podrían] haber utilizado a FAES (una fuerza de policía especial creada en 2017 para combatir a organizaciones delictivas y narcotráfico) como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.

Impunidad por abusos

El informe de HRW destaca que, a pesar de las declaraciones del gobierno venezolano sobre detenciones a los supuestos autores de asesinatos cometidos en manifestaciones de 2017 y 2019, la mayoría de las violaciones de derechos humanos continúan impunes. La Oficina de la ACNUDH señaló en julio de 2019 que, entre los factores que favorecen la impunidad, se encuentran la “falta de cooperación de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas con las investigaciones”, la “manipulación de la escena del crimen” por miembros de la fuerza de seguridad y la inmunidad “de facto” de oficiales superiores, y también la falta de independencia judicial.

El amplio informe de Human Rights Watch destaca también, la situación de Emergencia humanitaria que se vive en Venezuela, con los aumentos de los índices de mortalidad materna en un 65% y la mortalidad infantil en un 30%. La crisis en el sistema de salud, que califica como “absolutamente colapsado”, con el aumento de enfermedades que se pueden prevenir, tales como el sarampión y la difteria y el resurgimiento de enfermedades infecciosas como la malaria y la tuberculosos, unido a los altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil entre los venezolanos.

Human Right Watch señala también los graves problemas en cuanto a la libertad de expresión, los riesgos que corren los miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos, la discriminación política, que priva a los ciudadanos de sus empleos, llegando incluso a marginarles en las reparticiones de alimentos, tomando en cuenta sus manifestaciones de simpatías o rechazos hacia el gobierno.

Asamblea Nacional designa nueva directiva para restructuración de Telesur

Asamblea Nacional aprueba comisión para la restructuración del canal de televisión Telesur

La Asamblea Nacional creó una comisión para la restructuración de Telesur y designó a Leopoldo Castillo como presidente del canal y a Larissa Patiño como coordinadora de la comisión.

"Les deseamos al ciudadano Leopoldo Castillo y a Larissa Patiño el mejor de los éxitos en coordinar y dirigir lo que en algún momento fue un aparato de propaganda incluso para desestabilizar la región", dijo Guaidó al hacerse oficiales las designaciones.

Guaidó añadió en sus declaraciones que "Telesur debe ser un canal al servicio de la democracia, el pueblo venezolano, los derechos humanos y de la construcción de la verdad".

Leopoldo Castillo por muchos años fue presentador del programa ‘’Aló Buenas Noches’’ y ha sido un periodista crítico de los mandatos presidenciales de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Por el momento, Castillo no se ha pronunciado en respuesta a su designación.

Por su parte, Larissa Patiño, coordinadora de la comisión y ex gerente de contenidos de opinión de la cadena RCTV, respondió en su cuenta de Twitter que asumirá "con toda responsabilidad" su designación.

La medida fue acordada por unanimidad de los 92 diputados que conformaron el quórum en el anfiteatro del Hatillo, localizado en Caracas, después de que civiles armados, conocidos como colectivos, agredieran un carro donde se trasladaban diputados opositores que intentaban entrar al Palacio Legislativo el cual amaneció militarizado por la Guardia Nacional.

Por su parte, el presidente designado de Cuba, Miguel Díaz Canel, rechazó el anuncio del presidente encargado Juan Guaidó sobre la restructuración del canal y catalogó la medida como ‘’amenaza contra la voz y la imagen de los pueblos que luchan y resisten la embestida imperial’’.

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