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Venezuela

Venezuela niega cambios en financiación de Petrocaribe

El presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, habla durante una reuda de prensa hoy, viernes 14 de febrero de 2014.

El Gobierno de Honduras dijo recientemente que la iniciativa Petrocaribe ha dejado de ser atractiva para el país y se sumó a los reparos a Guatemala, que el año pasado retiró su interés de incorporarse como miembro pleno a Petrocaribe.

El ministro de Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, negó hoy que su país haya cambiado las condiciones de financiación de la alianza Petrocaribe, en respuesta a los reclamos de algunos países sobre una supuesta modificación en las reglas del juego. "No hubo ninguna modificación, lo que hay es que estamos migrando hacia un esquema de crear un fondo que sostenga la deuda a largo plazo", aseguró Ramírez a periodistas.

Según el ministro, que preside además la estatal Petróleos de Venezuela, con el nuevo esquema se busca evitar que los países miembros de Petrocaribe "se endeuden a un nivel que no puedan cumplir sus pagos". A su vez, denunció la existencia de una "campañita absurda contra Petrocaribe" por parte de sectores que no identificó y defendió al esquema, que suministra combustibles en condiciones favorables a países del Caribe y Centroamérica, como un "modelo de lo que debe ser la cooperación".

El ministro estimó la deuda de Petrocaribe en 1.000 millones de dólares y dijo que parte de esa cifra ha sido cancelada con alimentos.

Reparos de Honduras y Guatemala

El Gobierno de Honduras dijo recientemente que la iniciativa Petrocaribe ha dejado de ser atractiva para el país porque "se cambiaron la reglas del juego por parte del Gobierno de Venezuela", pues "se redujeron los plazos y aumentaron la tasa de interés" sobre los combustibles.

Honduras se sumó en sus reparos a Guatemala, que el año pasado retiró su interés de incorporarse como miembro pleno a Petrocaribe, debido a que las condiciones impuestas por Venezuela no le convenían al país.

Petrocaribe surgió como un mecanismo de integración energética en 2005 y prevé la entrega de petróleo y derivados por parte de Venezuela en condiciones financieras ventajosas a los socios integrantes del organismo.
Sus miembros son Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Venezuela.

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Alertan que petrolero de Venezuela podría causar desastre ecológico por derrame (VIDEO)

Petrolero de Venezuela enciende alarmas por riesgo de "desastre ambiental"
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Daños en un buque de almacenamiento de crudo de Venezuela en el Caribe podrían provocar "un desastre ambiental" si no son descargados los 1,3 millones de barriles que guarda, denuncian dirigentes opositores y sindicalistas petroleros.

Fotos del barco Nabarima inclinado, con varios metros de su línea de flotación hundidos en el mar, despertaron preocupación después de haber sido difundidas la semana pasada por una organización ambientalista en redes sociales, aunque la estatal PDVSA haya negado previamente que el estado del barco pueda representar "una amenaza para el ecosistema de la zona".

La embarcación de 264 metros de largo, una unidad de almacenamiento en el mar para carga de buques petroleros, está ubicada en el golfo de Paria (estado Sucre, oeste), en aguas de Venezuela próximas a Trinidad y Tobago.

La instalación petrolera flotante no muestra signos de hundirse dijo el ministro de Energía de Trinidad y Tobago.

Un equipo de expertos de Trinidad inspeccionó la instalación Nabarima el martes y encontró que "no había absolutamente ninguna inclinación" y que la embarcación estaba "totalmente horizontal", dijo a la prensa el ministro de Energía, Franklyn Khan.

"No hay riesgo inminente de vuelco o hundimiento", señaló Khan quien agregó que el equipo había pasado más de tres horas recorriendo el barco y había pedido a las autoridades venezolanas que lo visitaran nuevamente en un mes.

Riesgo ambiental

"Si no es trasegado el petróleo, aunque pudiesen estabilizar al Nabarima, va a existir permanentemente el riesgo de un desastre ambiental", declaró este miércoles a la AFP el parlamentario opositor Robert Alcalá, quien denuncia que el mantenimiento del barco fue abandonado en 2014.

El Nabarima pertenece a Petrosucre, empresa mixta con 74% de acciones de PDVSA y 26% de la compañía italiana Eni S.p.A.
Dos embarcaciones, Ícaro e Inmaculada, habrían sido enviadas al área por PDVSA presuntamente para descargar el crudo almacenado, comentó a la AFP otro legislador que adversa al gobierno de Nicolás Maduro, Luis Stefanelli. Ello no ha sido confirmado por la estatal.
Desde hace tiempo, la situación del Nabarima ha sido objeto de denuncias.

El sindicalista petrolero Eudis Girot comentó a la AFP el miércoles que los problemas de mantenimiento en el Nabarima empezaron en 2014, pero "fueron ignorados" por PDVSA. El pasado 12 de agosto, un grupo de trabajadores denunció que el barco tenía una inclinación de 8%, con su sala de máquinas inundada y sus bombas de achique quemadas.

Sin embargo, en septiembre, un comunicado de PDVSA calificaba las alarmas de "fake news". "Este buquetanque posee todas las condiciones operativas y de seguridad y no constituye en forma alguna amenaza al ecosistema", indicó.

Según Girot, PDVSA y Eni alegan que las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a Venezuela y su petrolera han obstaculizado las posibilidades de trasladar el crudo.

"No hay excusas para que ese petróleo permanezca en el Nabarima, las sanciones no pueden ser excusas, el petróleo tiene que ser sacado de allí para evitar una tragedia", manifestó el dirigente sindical.
Las denuncias de daños ambientales por falta de mantenimiento de instalaciones son frecuentes en medio del colapso de la industria petrolera de Venezuela.

Costas del occidente del país se han visto afectadas en agosto, septiembre y octubre por derrames de hidrocarburos en dos de sus principales centros de refinación de combustibles, Paraguaná (estado Falcón) y El Palito (Carabobo), que el gobierno socialista intenta reactivar ante una severa escasez de gasolina.
La producción de crudo de Venezuela pasó de 3,2 millones de barriles por día hace 12 años a unos 400.000 barriles en la actualidad.

Almagro: resoluciones buscan avance en transición democrática en Venezuela y Nicaragua

Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos. (AP Photo/Jacquelyn Martin, File)

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles, durante su 50 Asamblea General, resoluciones que buscan ejercer presión sobre los regímenes de Venezuela y Nicaragua para acelerar la transición democrática en ambos países.

La resolución sobre Venezuela pide a los países del organismo que no reconozcan como legítimos los resultados de las elecciones parlamentarias que el régimen de Nicolas Maduro celebrará en diciembre, y en las que la mayoría de la oposición ha dicho no participará.

La resolución, que también pide convocar a comicios presidenciales, se aprobó con el voto a favor de 21 de los 34 miembros activos de la OEA, mientras que 9 se abstuvieron y cuatro votaron en contra: San Vicente y las Granadinas, Nicaragua, Antigua y Barbuda y Dominica.

En una conferencia de prensa este jueves para hablar de los resultados de la asamblea, el Secretario General de La OEA, Luis Almagro, dijo que con la medida los países de la región buscan que el proceso de transición hacia la democracia en Venezuela avance.

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La rmedida "reconoce la situación de violación sistemática" en ese país de los derechos humanos, y los "crímenes de lesa humanidad" cometidos por el régimen en el poder, pero también las "dinámicas institucionales" internas y las condiciones que necesita Venezuela para tener un proceso electoral libre, transparente y justo, señaló Almagro.

Según el texto, el reconocimiento de los comicios "dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía". La OEA también exige la liberación de los presos políticos y una "observación electoral internacional independiente y creíble".

Nicaragua

Otra resolución adoptada durante la 50 Asamblea General pide el restablecimiento del orden constitucional, el respeto a los derechos humanos y la celebración de elecciones libres en Nicaragua, con la previa reestructuración del Consejo Supremo Electoral y reformas técnicas para que se puedan realizar elecciones libres en el país centroamericano.

El régimen de Daniel Ortega anunció en julio pasado que las próximas elecciones generales se celebrarán el 7 de noviembre de 2021.

Carlos Trujillo, embajador de EEUU ante la OEA, dijo que la resolución es un fuerte mensaje para que Nicaragua celebre elecciones de forma democrática, y acusó a Ortega de silenciar a la prensa y encarcelar a sus opositores.

Ecuador, Colombia, Chile, Perú y Uruguay votaron a favor del texto.

Nicaragua expresó su rechazo a la resolución, que calificó de “ injerencista y violatoria” de los principios de la carta de Naciones Unidas, de la carta de la OEA y los principios del derecho internacional.

Bolivia

Durante la conferencia de prensa, Almagro respondió a las palabras del subsecretario para América Latina y el Caribe del gobierno de México, Maximiliano Reyes, quien dijo en su discurso que las elecciones del domingo en Bolivia ratificaron la tendencia electoral de 2019, al elegir como nuevo presidente a Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, el partido que dirige el expresidente Evo Morales.

"No hay un paralelismo", señaló Almagro. Si Evo Morales hubiera tenido los votos de Luis Arce, su referendo para la reelección hubiera salido".

Reyes dijo el miércoles que durante las elecciones presidenciales de Bolivia del 2019, la Secretaría General de la organización utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió.

(Incluye reporte de Michelle Sagué para Radio Martí)

Senadores cubanoamericanos presentan resolución sobre fraude electoral de Maduro

Senadores Marco Rubio, (R-FL) y Bob Menéndez, (D-NJ)

Una resolución bipartidista presentada ante el Senado de los Estados Unidos por los cubanoamericanos Marco Rubio (R-FL) y Bob Menéndez (D-NJ) condena “los esfuerzos en curso por parte del régimen de Nicolás Maduro de convocar a unas elecciones legislativas para este diciembre”.

Maduro tiene planeado desarrollar la votación el próximo 6 de diciembre donde los votantes elegirán a los delegados a la Asamblea Nacional.

La resolución, que está patrocinada por los Senadores Ted Cruz (R-TX), Dick Durbin (D-IL), Rick Scott (R-FL), Ben Cardin (D-MD) y Tim Kaine (D-VA), alega que “las próximas elecciones fraudulentas no cumplirán con los mínimos estándares democráticos y son un ataque directo contra la Asamblea Nacional, la única institución democráticamente electa que queda en Venezuela”.

Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional es el presidente interino de acuerdo con la Constitución vigente en Venezuela, y este reconocimiento es ratificado en la resolución bipartidista, que lo califica como “el líder legítimo del país en ausencia de un presidente electo democráticamente”.

Por otra parte, la resolución menciona que la “política de los EEUU hacia Venezuela se basa en promover un proceso electoral democrático donde el pueblo venezolano pueda elegir libremente a sus líderes”.

“Nadie debe ser engañado: el objetivo de Maduro, a través de estas llamadas elecciones legislativas es silenciar las voces de los integrantes de la Asamblea Nacional electa democráticamente”, alertó Rubio.

"Tras la selección por parte de Maduro de una Asamblea Constituyente ilegítima, y su historial de convocar a elecciones fraudulentas, la comunidad internacional debe unirse para condenar este proceso falso y apoyar al pueblo venezolano", dijo el senador cubanoamericano.

Venezuela, cada vez más un peligro para sí misma y para el continente, advierte Michael Kozak

Barricada en Cúcuta, frontera de Venezuela y Colombia

“Hasta que el régimen ilegítimo de Maduro deje de tener el dominio del poder, la democracia continuará erosionando en Venezuela y amenazando a los países cercanos”, advierte el secretario adjunto del Departamento de Estado Norteamericano Michael Kozak, según informa un artículo publicado por ShareAmérica.

Refiriéndose a la ausencia de todas las libertades imprescindibles que padece Venezuela, Mike Kozak ha dicho que “Este es un país en el que Maduro no sólo se ha apoderado de la mayoría de los grandes partidos de la oposición y ha tratado de reemplazar su liderazgo con sus títeres”.

Además, señala Kozak, Maduro “Se ha apoderado ilegalmente del Consejo Nacional Electoral para manejar completamente las elecciones. Todavía no hay libertad de prensa. No hay libertad de expresión. No hay libertad de reunión”.

El impacto que tiene la situación de Venezuela sobre los países vecinos, con la “instigación del régimen ilegítimo de Maduro al tráfico ilegal de oro y drogas, operaciones criminales que destruyen las comunidades locales venezolanas y las naciones fronterizas, lo que lleva al aumento de la delincuencia”, es uno de los aspectos de la situación subrayados por el secretario de Estado adjunto.

De acuerdo con lo expresado por Kozak, “Maduro también proporciona un refugio seguro para que organizaciones terroristas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se extiendan por toda Venezuela” lo que conduce al hecho de que “Su actividad terrorista se extienda en países como Colombia, sembrando más inquietud y caos”.

El constante flujo de venezolanos que se ven obligados a escapar de la dramática situación aumenta las posibilidades de extender la crisis provocada por el COVID-19 y también, según Kozak, “socava las economías de otros países de la región y pone a prueba los recursos de los países que acogen a los refugiados”.

“Hasta que el régimen ilegítimo de Maduro deje de tener el dominio del poder”, asegura Kozak, “la democracia continuará erosionando en Venezuela y amenazando a los países cercanos”.

Refiriéndose a la sesión especial del Consejo Permanente, convocada por la OEA el pasado 29 de septiembre para debatir sobre la “desintegración de la democracia en Venezuela y los resultados de la Misión Independiente de Investigación de la ONU del 16 de septiembre, ShareAmérica dice que se “encontró motivos razonables para creer que las fuerzas controladas por el régimen cometieron violaciones generalizadas de los derechos humanos”.

“Mientras se silencien las voces disidentes y el pueblo venezolano sufra, coincidieron ambas comisiones, no habrá ninguna situación en la que se puedan celebrar elecciones parlamentarias o presidenciales libres y justas”, advierte ShareAmérica, que concluye el artículo citando una frase del discurso pronunciado por Julio Borges, líder de la oposición venezolana, en la sesión de la OEA:

“Al final, el sufrimiento no tiene colores políticos, no hay dictadores buenos o dictadores malos, hay dictadores y por esos las torturas y las persecuciones son las mismas”.

(Redactado con información de ShareAmérica)

Denuncian abusos contra "retornados" a Venezuela

Retornados venezolanos en uno de los campamentos para la cuarentena.

Los más de 130.000 ciudadanos venezolanos que se han visto obligados a retornar a Venezuela debido a la pandemia de COVID-19 sobreviven en condiciones deplorables en los Puntos de Atención Social o Integral (PASI), centros de confinamiento por cuarentena a donde son enviados una vez retornan a su país natal, de acuerdo con el informe conjunto elaborado por Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins.

En el informe, dirigido a los ministros de Relaciones Exteriores de América Latina que integran el llamado Proceso de Quito, quienes sostendrán su próximo encuentro “en línea” el próximo 19 de octubre y a los cuales, los miembros de la comisión conjunta piden “abordar con urgencia la situación de los retornados”.

Expresar su compromiso con proteger los derechos de los venezolanos en sus territorios y considerar la adopción de un régimen de protección temporal de alcance regional,

Los miles de venezolanos que se han visto obligados a regresar a su país natal por el impacto económico causado por el coronavirus en las economías de la región, lo cual les impidió pagar alquileres y alimentos, se encuentran, explican HRW y CSH Johns Hopkins “en condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde se les obliga a cumplir la cuarentena, con escasos alimentos, agua o atención médica”, y muchas veces deben permanecer semanas adicionales en dichos centros a causa de la demora de los resultados de las pruebas de COVID-19, “y a un protocolo de testeo innecesariamente complejo”, añade el artículo de HRW.

“Enviar retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar el COVID-19”, aseguró la Dra. Kathleen Page, medico y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los CSH de Johns Hopkins. “Exigirles quedarse allí por más del plazo establecido de 14 días, no hace más que agravar el riesgo de que se contagien y no contribuye a ningún propósito razonable de salud pública”, agregó la Dra. Page.

El Proceso de Quito fue creado por los gobiernos latinoamericanos en 2018 con el propósito de buscar una respuesta conjunta al masivo éxodo de venezolanos que, desde 2014, había ascendido a más de 5 millones de personas desplazadas a causa de las crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos que afronta el país por lo cual, HRW sugiere a los ministros de Relaciones Exteriores:

El Proceso de Quito es una oportunidad para que los gobiernos brinden apoyo a los retornados y mejoren el modo en que ellos mismos tratan a los venezolanos en el contexto del COVID-19. No deben desaprovecharla

“Expresar su compromiso con proteger los derechos de los venezolanos en sus territorios y considerar la adopción de un régimen de protección temporal de alcance regional, que les otorgue a todos los venezolanos estatus legal por un período determinado de tiempo en sus territorios” Y, además, sugiere HRW, “Los representantes también deben cooperar para proteger los derechos de los retornados y exigir a las autoridades venezolanas que pongan fin a las condiciones abusivas de cuarentena y consideren alternativas, como la cuarentena domiciliaria, cuando sea viable”.

De acuerdo con lo expresado en el artículo, el trato degradante e inhumano proporcionado a los que regresa a su país, el gobierno de Venezuela viola el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos jurídicos vinculantes”.

Refiriéndose a la “hostilidad oficial hacia los retornados y las condiciones precarias en las cuales son recibidos”, HRW señala que solicitó información al gobierno, del cual, hasta el momento de presentado el reporte, no había recibido respuesta.

Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo, refiriéndose a la situación “Los retornados venezolanos están expuestos a un riesgo mayor de contagiarse con COVID-19 en ambos lados de la frontera. El Proceso de Quito es una oportunidad para que los gobiernos brinden apoyo a los retornados y mejoren el modo en que ellos mismos tratan a los venezolanos en el contexto del COVID-19. No deben desaprovecharla”.

(Redactado con información de Human Rights Watch.) (Interesados en leer Declaración de Estados miembros del Proceso de Quito, hacer click aquí.)

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