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Cuba

Políticos e intelectuales piden a Castro que emprenda una apertura política y social

Raúl Castro en el Gran Teatro de La Habana.

Numerosas personalidades latinoamericanas condenan en una carta la sistemática violación de los Derechos Humanos en la isla. Entre los firmantes, dos cubanos: Rafael Rojas y Armando Chaguaceda.

Personalidades latinoamericanas convocadas por CADAL, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, han firmado una carta donde se manifiestan a favor de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, al tiempo que reclaman al Gobierno del general Raúl Castro que emprenda un verdadero proceso de apertura política y social.

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Los firmantes, entre los que se encuentran los expresidentes de Costa Rica Oscar Arias y Laura Chinchilla y los intelectuales cubanos Rafael Rojas y Armando Chaguaceda, afirman:

Celebramos el creciente proceso de normalización en las relaciones cubano-estadounidense y la disposición de otros Estados democráticos para incrementar su interacción con las autoridades de La Habana. Vemos en este proceso una oportunidad para estimular una mayor inserción de Cuba en el mundo y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.

A la vez, condenamos la sistemática y continuada violación de los derechos humanos en la isla; la persistencia de un modelo político centrado en el control de un partido único; la represión abierta contra quienes se aparten de las líneas oficiales, y la persistente discriminación de los cubanos frente a los extranjeros, en ámbitos que van desde los derechos económicos hasta el acceso libre a las comunicaciones y la información.

Ha llegado la hora de un acto de reciprocidad ante el mundo democrático, pero, sobre todo, como deber ineludible ante su propio pueblo, el régimen encabezado por el presidente Raúl Castro emprenda un verdadero proceso de apertura política y social y escuche las iniciativas de cambio de sus ciudadanos, mientras reactiva los tímidos cambios económicos anunciados con entusiasmo, pero paralizados en medio de la rigidez, el temor y la burocracia.

Ha llegado la hora de que Cuba se abra a su propio pueblo.

No existe justificación alguna para continuar impidiendo que los cubanos hagan valer los derechos y libertades elementales que les pertenecen, y que son ampliamente reconocidos por los instrumentos universales de derechos humanos. Muchos de ellos, paradójicamente, han sido suscritos por su gobierno.

El camino hacia una democracia plena debe emprenderse sin dilaciones. Cada nuevo retraso prolonga las precariedades y limitaciones del pueblo, dificulta las posibilidades de éxito y eleva los riesgos de conflicto interno. Por esto, es hora de comenzar a abrir el camino, reconociendo, al menos, las siguientes garantías para todos los cubanos:

  • La libertad de expresión, entendida como el derecho a buscar, recibir y divulgar informaciones, opiniones y otros contenidos, por cualquier medio y sin limitaciones, censura o represiones posteriores.
  • La libertad de asociación, reunión y manifestación.
  • La libertad de movimiento dentro y fuera del territorio nacional.
  • El derecho de petición ante las autoridades y poderes públicos.
  • El derecho a elegir y a ser elegido, en un ambiente de pluralidad, para todos los cargos públicos.
  • El derecho a no ser detenido y encarcelado arbitrariamente, a tener juicios justos ante tribunales independientes y a contar con mecanismos de defensa eficaces.
  • El derecho a no ser discriminado en los ámbitos educativos, laborales o sociales en razón de las convicciones políticas o religiosas, o por cualesquiera otras razones.
  • La eliminación del control ideológico sobre la educación.
  • La libertad de emprender iniciativas profesionales, laborales y empresariales sin restricciones, y de que los cubanos cuenten, al menos, con las mismas posibilidades que se ofrecen a los inversionistas o comerciantes extranjeros. El virtual apartheid económico, pero también social y político, imperante en la isla contra sus ciudadanos debe desaparecer sin dilaciones.

Ninguno de estos derechos tan elementales, que forman parte de la vida cotidiana en la inmensa mayoría de nuestros países, pueden ser ejercidos en Cuba. Peor aún. Quienes se atreven a reclamarlos son objeto de represión abierta y marginación sistemática.

En su Informe mundial 2016, la organización no gubernamental Human Rights Watch destaca y documenta con varios casos que "en los últimos años se han incrementado significativamente las detenciones arbitrarias por períodos breves de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas". Solo entre enero y octubre 2015, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación, declarada ilegal por el gobierno, recibió más de 6.200 denuncias de detenciones arbitrarias, que se exacerbaron con anterioridad a la visita del papa Francisco a la isla, en septiembre del mismo año.

El informe también revela la existencia de un número de prisioneros políticos difícil de determinar por la ausencia de información confiable; las golpizas y agresiones callejeras contra manifestantes no gubernamentales, el hacinamiento carcelario; las restricciones casuísticas para viajar dentro y fuera del territorio cubano; la imposibilidad de formar sindicatos independientes, y la negativa a reconocer la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima.

La triste conclusión es que, a pesar de que el mundo y en particular Estados Unidos, cada vez se ha abierto más a Cuba, el régimen no se ha abierto a su propia población, que, salvo excepciones de privilegio, permanece sumida en la precariedad, los controles, la falta de oportunidades y la asfixia política y social. Hay que desmantelar este encierro; hay que eliminar el embargo político, económico y social del régimen contra los cubanos.

La responsabilidad directa de poner fin a esta situación es de la élite que domina a Cuba desde su partido único y Estado monolítico. Sin embargo, se extiende a los gobiernos de América Latina, hasta ahora actores pasivos e, incluso, cómplices, ante las crónicas arbitrariedades y la parálisis del régimen.

"Nuestra América", la que proclamó el prócer de la independencia cubana José Martí como ideal de unidad latinoamericana, no podrá ser realidad mientras persista en Cuba un gobierno impermeable ante los derechos ciudadanos, y en su doble cara ante el mundo.

Al proclamar estas inquietudes, expresamos nuestro deseo de que los cubanos puedan construir, en paz y libertad, un nuevo orden democrático, pacífico e inclusivo.

Firmantes:

Oscar Arias (Costa Rica), expresidente y Premio Nobel de la Paz en 1987. Laura Chinchilla (Costa Rica), expresidenta. Graciela Fernández Meijide (Argentina), fue Secretaria de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Jaime Malamud Goti (Argentina), jurista y uno de los autores intelectuales del juicio a las Juntas Militares en la Argentina. Eduardo Ulibarri (Costa Rica), periodista y exembajador ante la Organización de Naciones Unidas. Ricardo Gil Lavedra (Argentina), jurista y político, integró el tribunal que en 1985 condenó a las juntas militares de la dictadura argentina. Beatriz Sarlo (Argentina), ensayista y periodista. Carlos H. Acuña (Argentina), politólogo especialista en Estado y políticas públicas, miembro de organizaciones de derechos humanos en Argentina desde 1977. Roberto Gargarella (Argentina), jurista y sociólogo, investigador del CONICET y docente. José Manuel Quijano (Uruguay), economista y exdirector de la Comisión Sectorial y de la Secretaría General del Mercosur. Sergio Fausto (Brasil), politólogo y superintedente ejecutivo del Instituto Fernando Henrique Cardoso. Roberto Ampuero (Chile), escritor, columnista, exministro de Cultura y exembajador de Chile, vivió en Cuba entre 1974 y 1979. Rodolfo Rodil (Argentina), exvicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Facundo Guardado (El Salvador), exintegrante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y excandidato a presidente. Daniel Sabsay (Argentina), profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Liliana de Riz (Argentina), socióloga e investigadora del CONICET. Luis Alberto Romero (Argentina), historiador, Academia Nacional de la Historia. María Matilde Ollier (Argentina), politóloga, docente e investigadora. Eduardo Viola (Brasil), profesor titular de relaciones internacionales en la Universidad de Brasilia. Héctor Schamis (Argentina), politólogo, docente, investigador y columnista. Aníbal Pérez Liñán (Argentina), politólogo, docente e investigador. Vicente Palermo (Argentina), sociólogo, escritor e investigador del CONICET. Marcos Novaro (Argentina), sociólogo, docente e investigador del CONICET. Alejandro Katz (Argentina), ensayista y editor. Roberto García Moritán (Argentina), diplomático y exvicecanciller. Fernando Petrella (Argentina), diplomático y exvicecanciller. Jorge Edwards (Chile), escritor y diplomático. Osvaldo Guariglia (Argentina), filósofo e investigador del CONICET. María Sáenz Quesada (Argentina), historiadora, escritora y exsecretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Lilia Puig (Argentina), diputada en el Parlasur y exdiputada nacional. Juan Octavio Gauna (Argentina), jurista y político, exprocurador general de la Nación y diputado nacional. Fernando Pedrosa (Argentina), historiador, docente e investigador. Raquel Gamus (Venezuela), antropóloga, politóloga y periodista. Patricio Navia (Chile), politólogo, docente e investigador. Adolfo Garcé (Uruguay), politólogo, docente e investigador. Daniel Muchnik (Argentina), periodista, historiador y escritor. Carlos Gervasoni (Argentina), politólogo, docente e investigador. ARMANDO CHAGUACEDA (Cuba), politólogo, docente e investigador. Daniel Pérez (Argentina), diseñador y pintor, publicó un testimonio sobre la intervención militar cubana en América Latina durante los años '60 y '70. Jessica Valentini (Argentina), abogada y ex Defensora del Pueblo en la ciudad de Córdoba. Sabrina Ajmechet (Argentina), socióloga, docente e investigadora. Jorge Elías (Argentina), periodista, escritor e investigador. Alejandro Oropeza (Venezuela), politólogo, docente e investigador. Francisco Quintana (Argentina), abogado y legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luis Gregorich (Argentina), periodista y escritor. Manuel Mora y Araujo (Argentina), sociólogo y consultor en comunicación y opinión pública. Marta Velarde (Argentina), abogada y exdiputada nacional. Carlos Facal (Argentina), abogado y expresidente de la Fundación Poder Ciudadano. Andrés Cañizález (Venezuela), periodista, docente e investigador. Eduardo Amadeo (Argentina), diputado nacional, diplomático, economista y exministro de Desarrollo Social. Gabriel Palumbo (Argentina), sociólogo, docente e investigador, César Ricaurte (Ecuador), periodista y activista por la libertad de prensa y expresión. Nicolás José Isola (Argentina), doctor en Ciencias Sociales y columnista de opinión en varios medios. Romeo Pérez Antón (Uruguay), politólogo, docente e investigador. Ignacio Labaqui (Argentina), politólogo, docente e investigador. Aleardo Laría (Argentina), abogado y periodista, exiliado político durante la dictadura militar argentina. Antonio Camou (Argentina), sociólogo, docente e investigador. Javier Valdez Cárdenas (México), periodista. Alejandro Páez Varela (México), periodista. Rolando Rodríguez (Panamá), periodista. María Sirvent (México), activista de Derechos Humanos. José Rubén Zamora (Guatemala), periodista. RAFAEL ROJAS (Cuba), historiador, docente e investigador. Leandro Querido (Argentina), politólogo, docente y titular de la ONG Transparencia electoral. Fernando Ruiz (Argentina), politólogo, docente e investigador. Martín Landi (Argentina), politólogo y activista en libertad de expresión. Hugo Machín (Uruguay), periodista y expreso político durante la dictadura militar en Uruguay. Rogelio Alaniz (Argentina), periodista.

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Informe de Cuba ante la 77ª Asamblea General de la SIP

Cubanos captaron en sus teléfonos los sucesos del 11 de julio. (AP/Eliana Aponte, file)

La dictadura pierde la batalla en internet y lucha para no perder también la calle. Este ha sido el semestre más difícil para los cubanos y la dictadura en los últimos 25 años. El 11 de julio, las dos fuerzas, el poder y el pueblo, terminaron mirándose las caras en unas protestas masivas –mayormente pacíficas, hasta que el gobierno ordenó reprimirlas- con una dimensión que no se había visto antes en el país.

El 11 de julio, los gritos de las multitudes corroboraron varias certezas anunciadas por años en la prensa independiente: los cubanos la están pasando mal por la falta de medicinas, comida, dinero, esperanzas y libertad.

La mayoría del pueblo quiere un cambio de gobierno, pero la dictadura reprime con violencia indiscriminada y manipulando el sistema de justicia. Las redes sociales y el acceso a internet son determinantes en la movilización de la ciudadanía a nivel nacional. Pese a la represión, un grupo de activistas está convocando a una nueva jornada de protesta para el 15 de noviembre.

Tres hechos sobresalen en este período: el encarcelamiento de los periodistas independientes Lázaro Yuri Valle Roca y Esteban Rodríguez, la represión de las protestas del 11 de julio y la entrada en vigor del Decreto-Ley 35, que restringe aún más las libertades en internet.

El 30 de abril se produjo una protesta de seis personas en la calle Obispo, en La Habana Vieja, a la que se sumaron transeúntes. Fueron arrestados y llevados a distintas prisiones. Entre los detenidos estaban Mary Karla Ares, reportera del boletín Amanecer Habanero, que trasmitió en vivo la protesta, y Esteban Rodríguez, activista y reportero de ADN Cuba, quien en noviembre había participado en la huelga de hambre en la casa del artista Luis Manuel Otero, en el barrio San Isidro, de La Habana.

Mary Karla Ares fue excarcelada el 29 de mayo, pero a cambio se le impuso reclusión domiciliaria, que aún afronta. Esteban Rodríguez continúa en prisión, donde contrajo dos veces Covid-19. Ambos están siendo acusados por "desorden público" y "resistencia", delitos que, sumados, acarrean varios años de cárcel.

Lázaro Yuri Valle Roca, periodista y activista, director del blog digital Delibera y de su canal de YouTube homónimo, fue detenido el 15 de junio tras acudir a una citación policial en La Habana. La Seguridad del Estado lo investigaba por haber organizado, filmado y publicado el video del lanzamiento de unos panfletos anticastristas en una esquina en Centro Habana.

Además de permanecer incomunicado y sin asistencia legal, el periodista hizo una huelga de hambre que empeoró su estado de salud. El régimen lo acusa de "propaganda enemiga" y "desacato". Podría enfrentar una pena de diez años por estos delitos.

Otro encarcelamiento notorio fue el del artista Hamlet Lavastida, novio de la escritora y periodista Katherine Bisquet, quien había sido una de las acuarteladas en casa de Luis Manuel Otero en noviembre, y quien grabó el violento desalojo de los manifestantes. Lavastida fue encarcelado al terminar la cuarentena obligatoria tras su regreso del extranjero.

Su novia fue sometida a reclusión domiciliaria y presionada por la Seguridad del Estado a abandonar el país, como única alternativa para obtener la libertad de Lavastida, quien en septiembre también se fue del país.

Continúa preso el youtuber Yoandi Montiel, conocido como El Gato de Cuba, tras hacer una sátira contra el presidente Miguel Díaz-Canel.

El 11 de julio, un joven vendedor de tarjetas telefónicas, Yoan de la Cruz, trasmitió en vivo e hizo viral un video sobre la protesta pacífica y espontánea de cientos de personas caminando hacia el gobierno municipal de San Antonio de los Baños, para reclamar contra el gobierno, los apagones, los problemas económicos y la falta de vacunación adecuada.

En menos de dos horas, nuevos videos y trasmisiones en vivo llegaron a las redes sociales, con protestas de cientos de personas en ciudades como Palma Soriano, Güines y Morón. Mientras tanto, por Whatsapp, Telegram y Facebook se convocó a manifestaciones en otras ciudades y se viralizaron videos y mensajes en todas las redes sociales.

La primera detención de un periodista se registró cerca de las 3 de la tarde. Fue Iris Mariño, de La Hora de Cuba, arrastrada violentamente y sin previo aviso fuera de la protesta pacífica en el casco histórico de Camagüey por agentes de civil de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria.

Diez minutos después fueron arrestados Henry Constantín y Neife Rigau, en el mismo lugar. Orelvis Cabrera y Alberto Corzo fueron detenidos en Matanzas; Maykel González Vivero, en La Habana; Rolando Rodríguez Lobaina y Niober García Fournier, en Guantánamo. A las 4 de la tarde el presidente Díaz-Canel declaró por televisión que "la orden de combate está dada; a la calle los revolucionarios". Abrió así una represión profunda contra las protestas pacíficas.

Ese día no pudieron salir a la calle, por vigilancia policial afuera de sus casas, los reporteros Luz Escobar, Héctor Luis Valdés, Frank Abel García, Mary Karla Ares, Danilo Carrasco, Juan Manuel Moreno, Iliana Hernández, Mabel Páez, Reisel Acosta, Yhosan Torres, Onelsys Díaz, Jorge Luis Romero, Yusleidy Romero, Yanaisy Quesada, Flora Quiñones, Roilán López, Héctor Sierra, Ariorny Ramos, Yaima Cabrera, Wilfredo Fajardo, Ever Fonseca, Martha Liset Sánchez, Raúl Pérez, Aliena Palmero, Maikel Jiménez, Deisy Martínez, Vivian Feo, Manuel Martínez, Yanela Reyes, Orlidia Barceló, Carlos Cárdenas, Pedro Luis Hernández y María Matienzo. Esa restricción duró días y hasta semanas para algunos periodistas.

El fotógrafo Ramón Espinosa, de la AP, fue golpeado. El fotógrafo Iván Alcaraz, de la televisión estatal, fue arrestado. En los días siguientes fueron detenidos los reporteros Camila Acosta, Yosvani Sepúlveda y Pedro Luis Hernández.

El 11 de julio las autoridades cortaron el uso de todos los servicios de internet y telefonía móvil y bloquearon las principales redes sociales y servicios de mensajería. El apagón de internet duró tres días.

Desde entonces, muchos ciudadanos son perseguidos por publicar en sus redes sociales contenido molesto al régimen. Algunos recibieron "advertencias" de defensores del gobierno y citaciones policiales, solo por tener contenido de las protestas en las redes. La amenaza policial ordenaba borrar materiales o que dieran información sobre líderes de las protestas.

El 17 de agosto entró en vigor la más explícita mordaza legal a la libertad de expresión en Internet: Decreto-Ley 35 "De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrica". También entraron en vigencia dos decretos del Consejo de Ministros y tres resoluciones del Ministerio de las Comunicaciones.

La resolución más nociva, la 108, recoge una lista de "incidentes de ciberseguridad" según diferentes niveles de peligrosidad. Califica de "muy alto" la "subversión social", descrita como "pretender alterar el orden público, alterar la indisciplina social"; justamente esta fue la medida esgrimida por policías, fiscales y jueces del régimen para detener, multar o encarcelar a cientos de los manifestantes del 11 de julio.

El ciberterrorismo se define como cualquier acción "mediante el uso de las TIC cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Además, considera de peligro "alto", la divulgación "de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país" y la difusión "a través de las infraestructuras, plataformas o servicios de telecomunicaciones/TIC de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público; difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas".

El artículo 3 del Decreto-Ley 35 declara como primer objetivo: "Coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un ins­trumento para la defensa de la Revolución", lo cual indica el ánimo represivo y monopólico de las telecomunicaciones.

Se teme que la actualización del Código Penal incluya estas sanciones.

A raíz de la convocatoria de un grupo activista a la protesta del 15 de noviembre, empezó la represión contra los firmantes del documento. Sus casas fueron sitiadas y los cortes de las comunicaciones han vuelto a hacerse frecuentes para activistas y periodistas independientes.

El país sigue en manos de un régimen que gobierna con un manojo de leyes, cuya raíz está en la constitución impuesta en 2018 y que limita todos los derechos humanos y consagra la primacía de la voluntad de la cúpula gobernante.

Los periodistas y trabajadores de medios de prensa independientes que han sufrido cárcel o detenciones en el periodo son –además de los ya mencionados como detenidos a raíz del 11 de julio y de los que recibieron medidas de prisión o reclusión domiciliaria: Héctor Luis Valdés, Osmel Almaguer, Yoe Suárez, Leonel Rodríguez, Waldo Fernández, Mauricio Mendoza, la youtuber Ruhama Fernández, Jorge Enrique Rodríguez, Yoel Acosta y Enrique Díaz.

La totalidad de los encarcelamientos y detenciones incluye también interrogatorios, amenazas, incomunicación con familiares y abogados, suministro de agua y alimentación deficientes, entre otras violaciones de los derechos humanos del reportero.

Prohibiciones de salir a la calle, hechas a través de agentes apostados en las puertas de sus viviendas, medidas cautelares de reclusión domiciliaria o de llamadas telefónicas, han sufrido Camila Acosta, Luz Escobar, Roberto Rodríguez, José Antonio Fornaris, Amarilis Cortina, María Matienzo, Mary Karla Ares, Neife Rigau, Iris Mariño, Héctor Luis Valdés, Henry Constantín y Orelvys Cabrera.

Citados a "entrevistas", para ser interrogados o amenazados en dependencias policiales, fueron Vladimir Turró, Yadisley Rodríguez, Yusleidy Romero, Ariel Maceo, Yoe Suárez, Yadiris Luis, Mario Ramírez y Héctor Luis Valdés.

La youtuber Ruhama Fernández fue víctima de un allanamiento en su casa, en el que la despojaron de su equipo de trabajo.

El 13 de julio, la sede del medio independiente La Hora de Cuba, vivienda de Neife Rigau y Henry Constantín, sufrió un registro con más de 21 efectivos del Ministerio del Interior, mientras los periodistas estaban presos por tratar de cubrir las protestas del 11 de julio. Los agentes sustrajeron decenas de artículos de trabajo y ocio y les fotografiaron documentos y enseres privados. Les devolvieron los bienes tras ser liberados, pero algunos en mal estado.

En Santiago de Cuba sufrió registro y decomiso de bienes de trabajo el reportero José Antonio López.

Fueron multados o recibieron actas de advertencia por su trabajo los reporteros Yoe Suárez, Niober García, Iris Mariño, Rolando Rodríguez, Orelvys Cabrera, Neife Rigau, Henry Constantín y Yoel Acosta.

Cortes prolongados de sus servicios de internet y telefonía experimetaron Luz Escobar, Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Neife Rigau, María Matienzo, Abu Dujanah Tamayo.

Amenazas a sus familiares o amistades sufrieron Augusto César San Martín y Neife Rigau.

Recibieron diferentes tipos de amenazas, además de todos los que fueron citados o detenidos y que se mencionan arriba: Jorge Enrique Rodríguez, Yoe Suárez, Yaima Pardo y Nachely Rivero.

Siguen con prohibición de viajar fuera de Cuba los reporteros y trabajadores de medios: Camila Acosta, Iliana Hernández, Luz Escobar, Reinaldo Escobar, Yoe Suárez, Anais Remón, Henry Constantin, Iris Mariño, Inalkis Rodríguez, Mario Ramírez, Sol García, Yunier Gutiérrez, Julio Aliaga, Víctor Manuel Domínguez, Niober García, Boris González, Odalina Guerrero, Leydis Tabares, Roberto de Jesús Quiñones y Rosalia Viñas.

Fueron arrestadas, citadas o interrogadas fuentes periodísticas y personas entrevistadas por Camila Acosta, Nachely Rivero y Henry Constantín.

SIP intercede por Esteban, Yuri Valle y El Gato de Cuba; pide a la prensa poner los ojos sobre el 15N (VIDEO)

Yoandi Montiel Hernández, "El Gato de Cuba". (Foto tomada de su perfil de Facebook)

La 77ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra de manera virtual del 19 al 22 de octubre, ha publicado una resolución en la que denuncia el encarcelamiento de periodistas e influencers cubanos.

El documento condena el encarcelamiento y solicita la inmediata liberación de los reporteros Lázaro Yuri Valle y Esteban Rodríguez, y del youtuber Yoandi Montiel "El Gato de Cuba".

También pide al régimen comunista que deje sin efecto los procesos judiciales contra Mary Karla Ares y Camila Acosta. La SIP ha resuelto "exigir al gobierno que cese la persecución policial y judicial contra periodistas independientes y su práctica de obligarlos al destierro y que cese la represión en las redes sociales contra aquellos que ejercen su derecho a la crítica y el disenso".

La Asamblea acordó demandar "la remoción de leyes que criminalizan la actividad periodística y de los ciudadanos por ejercer su derecho a la libertad de prensa y de Expresión".

Por último, el organismo regional se comprometió a alertar a la prensa hemisférica y a los organismos internacionales "sobre la nueva ola de represión que el gobierno ya desató contra los organizadores de una protesta social convocada para el 15 de noviembre".

El miércoles, Henry Constantín, director de la publicación independiente La Hora de Cuba, denunció la escalada represiva en la isla y llamó la atención sobre la ofensiva contra periodistas y activistas ante la inminente manifestación convocada por la Plataforma Archipiélago.

"He sido víctima de una discriminación por motivos políticos"

"He sido víctima de una discriminación por motivos políticos"
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Reuters: Cuba llega a un acuerdo con el Club de París para posponer deuda hasta 2022

Una bandera cubana en una calle de La Habana. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

El gobierno cubano llegó a un acuerdo con el Club de París para posponer hasta 2022 el pago anual de su deuda que vence en noviembre, según un reporte exclusivo de la agencia de noticias Reuters.

El acuerdo, establecido para naciones acreedoras del Club finanaciero, se supo por informes de diplomáticos de cinco de los gobiernos involucrados.

Reuters afirma que esta es la última señal de que el país comunista está sufriendo una grave crisis cambiaria.

El acuerdo del Club de París de 2015 perdonó 8,500 millones de dólares de los 11,100 millones de la deuda que Cuba dejó de pagar en 1986, más los cargos.

Según la agencia de prensa británica, el régimen acordó reembolsar el resto en cuotas anuales hasta 2033, sin embargo no cumplió parcialmente con sus obligaciones en 2019 e incumplió totalente el año pasado.

Los diplomáticos mencionados dijeron que Cuba ahora se ha retrasado en unos 200 millones de dólares en pagos, incluido este año.

Cuba, dice Reuters, depende en gran medida del turismo para inyectar divisas extranjeras que tanto necesita su economía estatal y, además, para obtener el efectivo que necesita para reembolsar a los prestamistas.

La isla no es miembro del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial.

Gobierno anuncia relajamiento total y fiestas por 502 de fundación de La Habana

Habaneros en el Malecón. (AP/Ramon Espinosa)

Las autoridades de La Habana anunciaron este miércoles más detalles de la reapertura y flexibilización de las medidas por el azote del COVID-19, que mantuvo a la capital cubana como epicentro de la crisis sanitaria durante meses tras la apertura de fronteras en noviembre de 2020.

El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, dijo en una conferencia de prensa con medios estatales que el relajamiento casi total de las restricciones responde a que “en las últimas 11 semanas hay una reducción paulatina del número de casos positivos a la covid-19”.

Las cifras oficiales, que no es posible comprobar de manera independiente, arrojan un promedio de "100 casos diarios”, y los casos graves y críticos, así como los fallecidos, "se han reducido considerablemente", afirmó el funcionarario.

El gobierno cubano ha apostado con la reapertura del país al tránsito nacional e internacional de personas a la efectividad de sus vacunas contra el COVID-19. Cubanos de la isla han denunciado el fallecimiento, o la enfermedad crítica de familiares vacunados.

El gobernador de La Habana asegura que el 100% de la población de la ciudad "debe estar vacunada" para el 15 de noviembre, fecha que se abrirán las fronteras.

Antes de ese día, dijo el funcionario, se restablecerá el transporte interprovincial, suspendido hasta ahora, y quedarán eliminadas "todas las restricciones para circular entre provincias". Se reestablecerán los puntos de embarques interprovinciales y los servicios de trenes nacionales, y se abrirá el servicio marítimo a la Isla de la Juventud, agregó.

Desde este miércoles ha quedado eliminada en La Habana la restricción de movilidad en la ciudad, retomándose el servicio de “confronta” de ómnibus en altas horas de la noche y la madrugada en el transporte urbano.

Bibliotecas, teatros, cabarets, círculos sociales y otras instalaciones recreativas reabrirán al público con capacidad reducida, "para evitar las aglomeraciones", señaló el funcionario.

Este miércoles se confirmaron de manera oficial 1,550 nuevos contagios en el país (94 de ellos en La Habana) y solo 13 fallecidos por coronavirus.

Las cifras descienden por día, mientras pobladores se quejan de deficiencias en los servicios de atención médica y denuncian que el gobierno manipula las estadísticas a su favor, para justificar la reapertura del día 15 de noviembre.

"Que bueno, dentro de poco sacan una lista de resucitados", comentó con sarcasmo Andy Montañés Correa en el reporte diario que ofrece el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba en su cuenta de Facebook.

Comentarios de usuarios en el reporte del MINSAP en Facebook.
Comentarios de usuarios en el reporte del MINSAP en Facebook.

Mientras, un usuario de Twitter que se identifica como El profesor #SOSCuba publicó este martes un video de una fiesta multitudinaria en el Parque Almendares con música en vivo, celebrada en la tarde del sábado.

"Estas son las cosas que te hacen preguntarte ¿Vale la pena? La dictadura se apresuró en la apertura porque el #15NCuba no los quiere gritando LIBERTAD, sino "Pepa, y agua pa' la seca", escribió en referencia a la Marcha Cívica por el Cambio convocada por parte de la sociedad civil para el mismo día en que las autoridades anuncian el fin de las medidas restrictivas por la pandemia.

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