Derechos Humanos
Periodistas temen otra Primavera Negra en Cuba bajo el amparo del nuevo Código Penal (VIDEO)
Periodistas independientes temen que su labor será más difícil con la entrada en vigor este jueves de un nuevo Código Penal en Cuba que la criminaliza en varios aspectos, especialmente en lo referido al financiamiento proveniente de fuentes extranjeras, alertaron a Radio Televisión Martí comunicadores desde la isla.
El periodista habanero Vladimir Turró dijo que ya ha sido amenazado por la Seguridad del Estado con la aplicación del Artículo 143.
“En el último arresto me notificaron que con dos actas de advertencia más, sumadas a la que me impusieron, y con la implementación del nuevo código penal, ya podrían enjuiciarme, justamente bajo el Artículo 143”, advirtió Turró.
Mientras, la periodista Camila Acosta recomendó a sus colegas "estar muy vigilantes" con los pasos que tome el gobierno a partir de la aplicación del nuevo código.
“Yo creo que este código penal tiene una carga de intimidación sobre todo. Anteriormente, a los periodistas independientes nos acusaban de cualquier figura delictiva, pero ahora sí tienen un delito específico en contra de nosotros, y es precisamente el Artículo 143, referido al financiamiento”, explicó Acosta.
Desde Sancti Spíritus, el comunicador Adriano Castañeda opinó que la implementación del nuevo código penal contra los periodistas independientes y otros actores de la sociedad civil tendrá un fin ejemplarizante.
“Este código se ocupará, fundamentalmente, de las violaciones, como dicen las autoridades, a la Seguridad del Estado. Por supuesto, está dirigido en contra del periodismo independiente, los defensores de los derechos humanos... Todo esto será ejemplarizante”, señaló.
En la ciudad de Santa Clara, el también comunicador independiente Guillermo del Sol dijo que con esta nueva medida se incrementan los peligros en contra de su labor.
“A los periodistas siempre nos ha tocado la parte peor. Recordemos la Primavera Negra del 2003, donde el 90% de los enjuiciados fueron periodistas independientes”, subrayó.
Juan Carlos Gonzalez Leyva, también periodista y residente en Ciego de Ávila, expresó que el nuevo código penal será una espada de Damocles contra la prensa independiente.
“Referente a lo que yo hago, que es atender las denuncias de los presos políticos, las denuncias de las violaciones de los derechos humanos y el periodismo, yo estoy dispuesto a cualquier cosa. No me voy de Cuba, sigo trabajando y me importa un comino todas la leyes que quieran hacer”, afirmó.
Emilio Almaguer, que practica el periodismo independiente en Baracoa, Guantánamo, en el oriente de la isla, teme lo peor con la entrada en vigor de la nueva legislación.
“No somos muchos los que quedamos haciendo prensa independiente en Cuba, y entonces, sí el 11 de julio se llevaron a prisión a miles de jóvenes, que les cuesta arrestar a unos cien periodistas por ejercer el derecho a la libre expresión”, concluyó.
El Artículo 143 del Código Penal, bajo la rótula de Otros delitos contra la Seguridad del Estado, expresa:
"Quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años".
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Denuncian "práctica represiva amplia y diversificada" en Cuba en marzo
Cuba registró en marzo pasado 388 incidentes de hostigamiento por parte de las autoridades, reportó la asesoría jurídica Cubalex, la cifra más alta desde agosto de 2022, cuando la organización comenzó a documentar cada mes las violaciones de derechos humanos en la isla.
"Durante el mes de marzo, Cuba fue testigo de las primeras protestas masivas del año 2024. A pesar de que el régimen cubano negó la represión, los hechos demuestran una práctica represiva amplia y diversificada", señaló la ONG en un informe publicado el martes.
El grupo con sede en Estados Unidos afirmó que algunos de los 388 incidentes de hostigamiento que registró su equipo de monitoreo estuvieron directamente relacionados con la represión de las protestas populares.
Según Cubalex, los incidentes se distribuyeron por todas las provincias y 59 municipios, incluyendo la Isla de la Juventud. En La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas se registró el mayor número de actos represivos.
En el informe, Cubalex identificó los patrones de represión en relación con las protestas de marzo y cómo estas prácticas represivas "constituyen violaciones flagrantes de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución nacional, como la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación para fines lícitos y pacíficos", señala una nota de la organización.
La ONG precisó que para la elaboración del reporte se analizaron 719 registros que incluyen 331 noticias sobre el contexto y 388 eventos de represión ocurridos del 1 al 31 de marzo de 2024, y que los datos se obtuvieron principalmente de publicaciones en Facebook (333), sitios web de noticias (178), la red social X (135) y aportes directos a Cubalex (44).
La organización explicó que la represión en marzo se produjo en un contexto de crisis generalizada, en el que la población cubana volvió a sufrir apagones de más de 15 horas, el deterioro de los servicios públicos como el abasto de agua, el sistema de salud, la recogida de basura y la distribución normada de alimentos "que aparecen cuando las personas se lanzan a la calle a protestar". Mientras, señaló, el régimen invirtió "cuantiosos recursos para organizar eventos de propaganda internacionales, como el Coloquio Patria".
A principios de abril, Cubalex dijo en un comunicado que varios cubanos han sido detenidos, interrogados y amenazados por sus publicaciones en redes sociales tras las protestas de marzo en varias provincias del país.
"Registramos acciones represivas contra ciudadanos y activistas por sus publicaciones en redes sociales. Tales acciones contra la libertad de expresión representan una violación flagrante de los derechos humanos, evidenciando una alarmante tendencia de intimidación por parte del régimen, con el objetivo de silenciar las voces disidentes", señaló la ONG.
Observatorio de Libertad Académica investiga discriminación de género en el sistema educativo cubano
El Observatorio de Libertad Académica (OLA) inició, con su más reciente informe, un perfil de investigación sobre la segregación por orientación sexual en el Sistema de Educación de Cuba.
“Con este informe, el número 38 y el primero del año 2024, el Observatorio de Libertad Académica abre una línea de investigación respecto a la discriminación por cuestiones de orientación de género en el sistema educativo cubano”, dijo a Martí Noticias, Omara Ruiz Urquiola, investigadora principal de OLA.
La entidad, con sede en Miami, repasa los momentos más representativos del afianzamiento de la discriminación por razón de preferencia sexual en el país que generaron comportamientos dañinos para una parte de la población cubana.
Para esto analiza el discurso de Fidel Castro, en marzo de 1963, en el que habló de la necesidad de erradicar hábitos burgueses que mantenían algunos jóvenes rockeros, “vagos” u homosexuales.
“Para hacer frente a estos “rezagos del pasado”, Castro creó un programa de formación de maestros para las escuelas revolucionarias, los que estuvieron atravesados por un plan curricular militarizado y enfocado en anular mediante la enseñanza todo conato de disenso. Este proyecto de ingeniera social destinado a crear el hombre nuevo guevariano, se basó también en el uso de teorías científicas obsoletas destinadas a la represión de la comunidad LGTBQ+ y otras expresiones de disidencias culturales o religiosas”, señala el dossier.
Igualmente examina la Resolución 289 del 2019 del Ministerio de Educación que instituye la responsabilidad con los postulados ideológicos del Partido Comunista, lo que patentiza la discriminación en cuanto a las libertades educativas.
Como en los anteriores, este informe visibiliza las historias de víctimas de discriminación en la enseñanza y evidencian los actos contra los derechos humanos cometidos por las autoridades cubanas.
“Decidimos abrir con un caso paradigmático, que es el caso de Kiriam Gutiérrez Pérez”, indicó Ruiz Urquiola.
“Kiriam es una lideresa de la comunidad LGTBQ en Cuba en la lucha por las reivindicaciones de derechos de esta comunidad, históricamente una comunidad postergada, una comunidad maltratada, soslayada”.
“Una estudiante de primera línea, ganadora de concurso nacional, competidora en varias asignaturas en el nivel provincial que no pudo ingresar a la vocacional, la Escuela Lenin. Ella quería ser neurocirujana”, relató la estudiosa.
El informe describe como los sueños de Kiriam fueron tronchados debido a las políticas y prejuicios de los responsables de Educación.
Asimismo, el informe se refiere a Alberto Góngora Mulet, que, durante su etapa de estudiante de Estomatología de la Facultad de Ciencias Médicas de Holguín, fue agraviado por parte de las autoridades.
Este joven “empezó recibiendo reprimendas por el pelo largo y acabó teniendo que soportar injurias que, obviamente, no soportó callado del propio decano de la facultad”, añadió Ruiz Urquiola.
La investigadora subrayó que el problema de la discriminación por cuestiones de género no ha sido aún superado: “Es algo que hay que encarar de una manera científica, de una manera honesta, poniendo la realidad sobre la mesa, analizándonos como sociedad, y como sociedad civil independiente”.
Agregó que "la extirpación de la discriminación por quién te atrae y hacia quién sientes atracción emocional y sexual debe hacerse de una manera consciente, no de una manera superficial por leyes que incluso han sido mal consensuadas y eso trae polarización”.
“Nosotros como sociedad tenemos que revisarnos. Nosotros tenemos que plantear los hechos todos, que tienen que ver con lo que hemos vivido en estas décadas de totalitarismo, de autocracia, lo que estamos viviendo y discutir sobre lo que nos ha pasado, sobre lo que nosotros mismos hemos permitido. para dar el salto para realmente llegar al siglo XXI”, precisó.
"Mi familia está devastada", dice el hermano de uno de los cubanos presos tras las protestas del 17M
Asdrúbal Kindelán Garbey, uno de los cubanos que salió a las calles a protestar el pasado 17 de marzo en Santiago de Cuba, lleva más de una semana detenido tras acudir a una citación a la Unidad de la Policía El Palacete, en Santiago de Cuba.
"Mi familia está devastada", dijo su hermano Randy Kindelán a Martí Noticias. Para él, lo que le están haciendo a Asdrúbal es una muestra más de las injusticias que comete el régimen con quienes piensan diferente.
"Mi mamá no sale de la depresión. Desde que todo esto empezó no ha tenido fuerzas para ir a trabajar y mira que yo le doy ánimos y le digo que tiene que levantarse, que tenemos que seguir para transmitirle la fuerza a mi hermano. Pero ella está devastada, igual que su esposa y su hija. La niña tiene un teléfono de juguete y todos los días pregunta papá, papá, dónde tú estás, papá, ven", explica.
Kindelán fue arrestado por primera vez varios días después de las protestas, cuando los oficiales se llevaron preso a su hijo de 18 años, Cristian Osmauri Kindelán, y él hizo una directa denunciando lo sucedido.
“Ellos van a hacer lo que quieran conmigo. Me pueden detener, me pueden quitar hasta la vida, pero por la libertad de mi hijo yo voy a luchar hasta el final”, aseguró a nuestra redacción poco después de que lo liberaran con una multa de 50 mil pesos.
El pasado 3 de abril lo volvieron arrestar y su hermano dice que ahora lo acusan de "atentado".
"No puede ser otra cosa que no sea represalia, porque el no cometió ningún delito de atentado. Para eso lo primero que hay que hacer es agredir a alguien. Lo que le duele a la Seguridad del Estado, en particular el mayor Oscar, y a su jefe, el teniente coronel Abel, es la directa que hizo", explica.
Según cuenta, a Asdrúbal le dijeron que había tomado "un mal camino al denunciar" y querían que se retractara. En el video el cubano explicaba que había estado junto a su hijo, y su niña de tres años en brazos, durante la manifestación y que la Policía intentaba culpar al joven de delitos que no cometió.
"Mi familia nunca ha estado en una situación de este tipo porque nosotros siempre hemos sido personas correctas. Con nuestro pensamiento, con nuestros ideales, pero es que tener pensamiento e ideales no es un delito en ninguna parte del mundo, solamente en Cuba".
Randy Kindelán cree que la justicia les está fallando. "Cuando tú entras una prisión ya no sabes lo que pueda pasar con tu vida". No obstante, aclara, "queremos denunciar lo que está ocurriendo para que el mundo tenga otra prueba más de todas las injusticias que se cometen en Cuba".
"Algún día, cuando lleven a los dirigentes a a una Corte Internacional, tendrán una prueba más. Quiero que el mundo entero vea que nosotros, los ciudadanos de a pie que no tenemos cargo, que no tenemos familiares militares, que no tenemos nadie que nos respalde, estamos desnudos con las leyes que inventa la dictadura".
CIDH otorga medidas cautelares a favor de activista cubano Julio César Góngora
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el jueves medidas cautelares en favor del activista pinareño Julio César Góngora Millo, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicita al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del opositor; que adopte las medidas de protección que resulten necesarias para que pueda continuar realizando sus labores de defensa de derechos humanos, sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos, y actos de violencia, entre ellas, que el Estado le brinde las atenciones médicas correspondientes para que pueda realizar sus labores, entre otras disposiciones.
Desde el occidente cubano, Góngora agradeció la gestión de la CIDH: "Significa muchísimo, no solo para mí, somos muchos con situaciones precarias de salud en Cuba sin asistencia médica".
"Estoy reclamando porque no me cierran la herida, me han negado todos los tratamientos quirúrgicos, estoy postrado en una cama, inválido con una cistostomía hecha, yo fui al hospital nada más que por un absceso y ellos me picaron todo eso y se llevaron la uretra, la vejiga y me tuvieron que poner una manguera por la barriga. Esa herida tenían que cerrarla ellos desde los seis meses y se me niega todo tipo de operación, con esa herida abierta con riesgo para la vida, con una pelvis expuesta, me tienen sancionado a muerte aquí en mi casa, lentamente, porque simplemente no hacen nada absolutamente nada, esa herida como único se corrige es con un tratamiento quirúrgico y sin embargo el sistema cubano dice que no me opera, me han negado la operación", detalló.
"Incluso me han trancado en una consulta para interrogarme al lado de la dirección del hospital Abel Santamaría de Pinar del Río -el oficial Otoniel, Alejandro de nombre operativo y Yoel-, enfermo con una herida abierta con toda mi situación, se me han negado y decomisado los medicamentos. Yo estoy en estos momentos curándome con los apósitos que necesito porque la herida es muy grande, gracias al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)", aseguró el activista cubano.
También en la capital pinareña, el opositor José Rolando Cásares, confirmó el acoso en contra de Julio César que ha incluido hasta la confiscación de las ayudas.
“Hace dos meses y medio fui a llevarle unos medicamentos, fue después que vine de la visita a los Estados Unidos, llegando aquí a Pinar del Río fui con mi esposa y fuimos detenidos y nos quitaron los medicamentos”, explicó el también comunicador independiente.
Por su parte el abogado Yaxis Cires, asesor de estrategia del OCDH, agradeció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la gestión a favor del activista.
“Nosotros agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creemos que la resolución que ha dictado la CIDH en favor de Julio César es muy clara, en la exigencia del cese de la represión por parte de la policía política, en la exigencia de una atención médica adecuada, para que la salud de Julio César, no se vea todavía más deteriorada de la situación en la que se encuentra en estos momentos”, concluyó el asesor del OCDH.
Alcohol, drogas y extorsión al interior de las prisiones de Cuba, revela informe
Entre 2023 y lo que va de 2024, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) ha registrado decenas de denuncias de corrupción en centros penitenciarios de casi todo el país y advierte que este número puede ser mayor.
El abogado Juan Carlos González Leyva, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, dijo a esa organización que una forma de corrupción muy presente en los penales “es la introducción por parte de los guardias de alcohol, drogas ilícitas y medicamentos que están calificados como drogas, para ofrecerlas a los presos a cambio de dinero y favores”.
Otras denuncias de esta investigación publicada inicialmente en Diario de Cuba indican que guardias y directivos de prisiones roban alimentos, medicinas y otros bienes personales o que estaban destinados a toda la población penal.
Además, existen alianzas entre guardias y presos comunes con cargos disciplinarios para vender minutos de llamadas telefónicas, conceder horas de visita y pabellón matrimonial o tiempo para tomar el sol.
“La corrupción en el régimen carcelario es parte de una corrupción general en todo el país. Los bienes de la prisión, sobre todo los alimentos de los presos, son sustraídos en primer lugar por el jefe del penal, que usualmente es un teniente coronel del MININT, y también por otros funcionarios de menor rango. Esto conlleva a que los presos no se puedan alimentar bien”, afirmó González Leyva.
“Muchos jefes de prisiones tienen cochiqueras de cerdos que mantienen con la comida de los reclusos. Además, trafican con los medicamentos de la prisión y hacen casas con el trabajo esclavo de los presos”, dijo el activista.
El Centro de Documentación menciona testimonios de reclusos del Combinado del Este, en La Habana; Las Mangas, provincia de Granma y Kilo 8, en Camagüey, acerca de que las autoridades de prisión exigen a los reclusos que compren armas de fuego en el mercado negro y las entreguen como condición para recibir los beneficios que les corresponden.
De acuerdo con un informe reciente de la organización independiente de asesoría legal Cubalex, esta práctica “no solo somete a prisioneros y familiares a los peligros y los elevados costos que implica conseguir un arma en un país donde su tenencia está sumamente restringida, sino que también pudiera ser parte de un mercado ilegal de armas con autoridades penitenciarias en su centro, debido a la ausencia total de transparencia que acompaña este tipo de acciones”.
González Leyva mencionó además que las autoridades corruptas utilizan su poder para decidir “el pase a un régimen de menor severidad, el otorgamiento de la progresión del régimen carcelario y otros beneficios que son otorgados a los reclusos muy obedientes, a quienes están trabajando de manera esclava para estos jefes y no dicen nada”.
En noviembre de 2023, representantes del régimen de La Habana afirmaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en los últimos cinco años, se había sancionado a "144 funcionarios de prisiones por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones".
Además dijeron que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".
En el más reciente informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Cuba consta que la delegación cubana aseguró que sus propias autoridades habían realizado 6.400 inspecciones de centros penitenciarios.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas advierte que las modalidades de corrupción están normalizadas en el sistema penitenciario cubano.
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