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Cuba

Periodismo de Barrio vs. monopolio estatal de la prensa cubana

Equipo de Periodismo de Barrio fue interrogado por la Seguridad del Estado mientras cubrían paso de Matthew por Cuba.

El medio digital Periodismo de Barrio publicó el domingo el editorial ¿Quiénes tienen derecho a contar un país?, en el que critica el monopolio estatal sobre los medios de comunicación y denuncia la detención arbitraria de periodistas en Cuba.

El medio digital privado Periodismo de Barrio respondió en un editorial a la reciente detención de sus miembros mientras intentaban reportar los estragos causados por el huracán Matthew en el extremo oriental de Cuba, en el que desmantela el monopolio sobre la información en la isla.

A la vez, desarma las razones esgrimidas por la Seguridad del Estado, -que abrazaron en los últimos días medios oficiales-, en el afán de satanizar a la prensa independiente cubana.

El texto publicado en el sitio digital del medio y titulado “¿Quiénes tienen derecho a contar un país?”, describe en detalles las detenciones e interrogatorios a los que fueron sometidos ocho miembros del equipo de Periodismo de Barrio en municipios guantanameros donde trabajaban.

La pasada semana Martí Noticias publicó una nota sobre el tema, pero pese a varios intentos no pudimos obtener declaraciones de la directora de Periodismo de Barrio, Elaine Díaz.

En este operativo fue también detenido el periodista Maykel González Vivero. "Me decomisaron la computadora y la cámara fotográfica. Voy a presentar una reclamación en la Fiscalía en Guantánamo", dijo el periodista que recientemente perdió su empleo en una emisora local por escribir para medios independientes.

El texto de Periodismo de Barrio expresa que los reporteros fueron interrogados por oficiales de la Seguridad del Estado, requisados los medios tecnológicos, conminados a entregar las contraseñas y las cámaras, grabadoras digitales, computadoras portátiles, memorias flash, lectores de libros electrónicos y teléfonos celulares. “Estos fueron chequeados durante al menos cuatro horas”.

Incluso el texto expresa que las tres mujeres del grupo, entre ellas la directora Díaz, “fueron revisadas físicamente por una oficial para buscar otros medios tecnológicos que hubieran podido ocultar en sus cuerpos”.

Este tratamiento que se da a casos predelictivos, no fue aplicado a los cinco hombres del grupo.

El editorial señala, no obstante, que “los medios tecnológicos fueron devueltos y ningún archivo vinculado al trabajo fue borrado”.

No se levantó ningún cargo ni se acusó de ningún delito a los miembros de Periodismo de Barrio, expresó el texto.

Detenidos por hacer periodismo

En una campaña abierta en las redes sociales, periodistas oficialistas arremetieron contra los reporteros Periodismo de Barrio, criticando por ejemplo las formas de financiamiento y su accionar en las zonas afectadas por Matthew.

“No fuimos detenidos por sonreír. No fuimos detenidos por tomarnos una foto en la cafetería estatal ubicada en el mirador La Gobernadora y publicarla en nuestra cuenta personal de Facebook. No fuimos detenidos por usar el servicio online PayPal en nuestra campaña pública de recaudación de fondos que nos permitiría realizar la cobertura del proceso de recuperación de las comunidades afectadas por el huracán Matthew”, expresó el texto.

“Fuimos detenidos por hacer periodismo en Baracoa, Maisí, en Imías: tres de los principales municipios afectados por el ciclón”, agregó.

¿Estado de emergencia?

Los interrogadores alegaron que “no se podían realizar actividades periodísticas porque todas las poblaciones estaban bajo estado de emergencia”.

El texto recordó que el estado de emergencia está previsto en el artículo 47 de la Constitución “en caso o ante la inminencia de desastres naturales o catástrofes u otras circunstancias que por su naturaleza, proporción o entidad afecten el orden interior, la seguridad del país o la estabilidad del Estado”.

Pero para hacerlo efectivo es preciso la emisión de una resolución firmada por el presidente del Consejo de Estado, según dicta la Ley 75 de la Defensa Nacional.

“Hasta la fecha, no existe ninguna comunicación oficial pública por parte del Presidente del Consejo de Estado anunciando el estado de emergencia".

“Periodismo de Barrio no violó ninguna ley” (...) Salimos de Guantánamo como mismo entramos: siendo inocentes. Pero la inocencia no fue razón suficiente para evitar este arresto arbitrario”, expresó el grupo.

En el interrogatorio respondieron preguntas acerca de las vías de financiamiento, entrevistas realizadas, experiencia periodística previa y formación académica de sus miembros. Expusieron la procedencia y destino de las donaciones individuales de ropa, alimentación y aseo personal.

El artículo arroja luz sobre la incapacidad y falta de voluntad del Gobierno para hacer frente a la prensa alternativa.

“Somos el resultado de la evolución en las plataformas tecnológicas para la comunicación de información de interés público, de la formación universitaria recibida y de necesidades profesionales que no encuentran cabida en los medios de comunicación existentes. Y no somos los únicos”, expresó.

El texto cuestionó el artículo 53 de la Constitución, -que pese a que reconoce a los ciudadanos la libertad de palabra y prensa según los fines del socialismo vigente-, precisa que “los medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada".

“Con la forma en que ha sido implementada esa lógica no se ha logrado ni un ejercicio pleno de las libertades de prensa y palabra, ni se ha asegurado el uso exclusivo de los medios al servicio del pueblo, ni se ha evitado exorcizar el demonio que inspiró la prohibición de medios privados: el monopolio. Lo que sí se ha logrado, paradójicamente, es una nueva monopolización de la información, de los discursos periodísticos y de las verdades”, expresó.

“Los canales de televisión, las emisoras de radio, las publicaciones impresas, las editoriales, cambiaron de dueño pero no se socializaron. Socializar no es estatalizar. No existen monopolios buenos y malos. Toda monopolización, la realice el Estado, una persona o una corporación, acaba coartando las libertades (...) No se funda una sociedad socialista reproduciendo estructuras de dominación”, detalló.

Hacer periodismo cuesta

Un artículo de Granma titulado “Matthew: transparencia y manipulación”, hace un elogioso recuento de la cobertura oficial realizada por reporteros y medios guantanameros en medio del arrasador ciclón que destruyó viviendas, cosechas, infraestructura y centros estatales.

A la vez deja claro que en Cuba tiene cabida la prensa acreditada por el Gobierno pero no habrá tregua para los periodistas independientes a los que acusa de ser pagados por intereses y potencias foráneas.

Periodismo de Barrio expone cómo el Estado ha evitado durante medio siglo dar cuentas de cuánto cuesta mantener a su prensa.

"No fue gratis el helicóptero empleado para sobrevolar las zonas incomunicadas, no son gratis las horas de acceso a Internet que se garantizan en las casas y centros de trabajo de periodistas estatales, las computadoras, los carros, el combustible que emplean los carros, las cámaras fotográficas, la electricidad y los grupos electrógenos usados para mantener emisoras de radio al aire después de cortes eléctricos. No son gratis las oficinas, las sillas, las mesas, los teléfonos fijos y celulares”.

“Sin esta subvención, se verían imposibilitados de existir (...) Quienes hoy cuestionan los mecanismos de financiamiento de Periodismo de Barrio olvidan oportunamente que hacer periodismo cuesta", recalcó

La nota cerró con una aplastante denuncia.

“Condenamos la detención arbitraria de periodistas en cualquier lugar del mundo. Y también la condenamos en Cuba. Al hacerlo, los órganos de la Seguridad del Estado no solo limitan nuestro derecho de expresión y prensa garantizado por la Constitución, sino también la libertad de palabra de cada uno de los individuos que elige hablar con un medio de comunicación”, concluyó.

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Amenazado con prisión periodista independiente Vladimir Turró

Vladimir Turró Páez. (Facebook)

El periodista independiente cubano Vladimir Turró fue amenazado este martes con ir a prisión si continúa sus publicaciones críticas al régimen comunista isleño.

Las publicaciones de Turró que han molestado a los agentes de la policía política han aparecido en su cuenta de Facebook, y en el medio digital Cubanet, que se edita en la ciudad de Miami.

Turró, quien había sido citado a la sexta unidad policial de Marianao, dijo a Radio Martí que, además de las amenazas de llevarlo a la cárcel, los agentes represivos que lo interrogaron le levantaron un acta de advertencia.

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Según palabras del periodista independiente, el interrogatorio comenzó con el tema de las multitudinarias protestas del pueblo cubano contra la dictadura, el día 11 de julio, y su participación en las mismas, cubriéndo los acontecimientos.

Agregó que los agentes le dijeron que sería esta la última acta de advertencia que le hacían, pues le habían realizado ya varias. El régimen comunista utiliza estas actas de advertencia, un número que puede variar, como motivo para llevar a la cárcel a un disidente o a un ciudadano común.

Según el acta, que el periodista independiente se negó a firmar, los agentes no le permitirían una publicación más en contra del régimen que defienden.

No sólo lo amenazaron con la prisión, dijo el periodista, sino también con darle golpizas por "contrarrevolucionario".

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

Capturan a seis balseros cubanos tras tocar tierra en Cayos de Florida

La embarcación en la que viajaban los 6 cubanos. (Twitter/@USBPChiefMIP)

Seis balseros cubanos fueron detenidos este martes por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que respondieron a un evento de contrabando marítimo en los Cayos de Florida.

Los migrantes fueron capturados después de tocar tierra, en una balsa de fabricación casera, cerca de Marathon, con ayuda del Sheriff de los Cayos de Florida, informó en Twitter el agente jefe de patrulla Thomas G. Martin.

Este lunes, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en entrevista con MSNBC que, si bien la administración demócrata de Joe Biden apoya la lucha por la libertad de los cubanos, desalienta a los que pretenden emigrar ilegalmente a Estados Unidos.

La cifra de migrantes cubanos interceptados por autoridades estadounidenses desde el inicio del actual año fiscal (1 de octubre de 2020) ascendió a 512 en julio, según reportes de la Guardia Costera (USCG, por sus siglas en inglés).

Solamente el 18 de mayo, en un mismo episodio, un grupo de 29 balseros cubanos fue interceptado por las autoridades en el Cayo Boca Grande, en el sur de la Florida.

Alertan sobre reportero encarcelado en Cuba desde el 11J; reportan 24 agresiones a periodistas

Orelvis Cabrera Sotolongo. (Foto: Cubanet)

La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) resaltó este martes la situación de Orelvis Cabrera Sotolongo el único periodista, de los compilados por la organización, que continúa encarcelado a raíz de las históricas protestas del 11 de julio.

“Se le acusa de desorden público y esa figura delictiva contempla en el Código Penal cubano hasta un año de privación de libertad”, denunció José Antonio Fornaris, director de la entidad la única de su tipo asentada en la Isla.

Cabrera Sotolongo, reportero del portal digital Cubanet, está arrestado en la Unidad de Instrucción Provincial de Matanzas bajo la medida cautelar de “prisión preventiva”, hasta el día del juicio, cuya fecha no se ha determinado.

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“Como consecuencia de la jornada cívica del 11, hubo cientos de violaciones a la libertad de expresión con una cifra similar de arrestos arbitrarios. Todo eso a pesar de que el presidente del Tribunal Supremo, Remigio Ferro Salas, aseguró que la libertad de expresión está garantizada en Cuba. Eso dice la Constitución: pura teoría, porque los violadores de los derechos humanos en Cuba nunca pueden ser llevados ante los tribunales. No tienen que responder por sus actos”, indicó el directivo de la APLP.

En su informe de agresiones cometidas por el régimen en el mes de julio la Asociación Pro Libertad de Prensa documentó los casos de 24 comunicadores, de ellos 19 fueron víctimas de represión en relación con las multitudinarias manifestaciones cívicas.

“Ocho están bajo encarcelamiento, dos en prisiones del Estado y5 en reclusión domiciliar. También se reportó el allanamiento a la casa de José Antonio López Piña en el Cristo, Santiago de Cuba y una amenaza de muerte, un tanto disfrazada, en Santa Clara contra Carlos Manuel Torre Fleites, cuando en un interrogatorio, un oficial de la policía política le dijo que va a ir preso y que tuviera en cuenta que ahora cualquiera se muere de COVID”, apuntó Fornaris.

La organización recordó a otros dos reporteros que están en prisión desde meses antes de las protestas: Esteban Rodríguez y Yuri Valle y aclaró que solo publica los ataques a la libertad de prensa confirmados pero que pueden haber otros que escaparon a su escrutinio.

OCDH denuncia “al menos 1,745 acciones represivas en Cuba” en julio y la “banalización del tema” en naciones democráticas

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó este martes haber constatado “al menos 1,745 acciones represivas” en Cuba durante el pasado mes de julio aunque, advierte, “los datos no son aún definitivos”.

De estas “acciones represivas”, según el reporte, 1,103 se debieron a “algún tipo de detención arbitraria” y 642 corresponden a “otros abusos”, tales como 402 viviendas sitiadas; 63 “agresiones físicas”; 55 actos de hostigamiento; 53 citaciones policiales y 40 multas.

El exprisionero político Alejandro González Raga, director ejecutivo de OCDH, dijo que “de las detenciones registradas, ya hay un grupo importante que ha sido condenado a privación de libertad en juicios carentes de garantías, con total indefensión de los afectados y en un clima de amenazas, incluyendo a familiares".

También hay que tener en cuenta, señaló González Raga, “que se han detenido al menos a 23 menores entre 14 y 17 años de edad”.

Respecto al “único fallecido” reportado por el régimen, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años y residente del reparto La Güinera, en Arroyo Naranjo, el OCDH declara que el régimen cubano no ha esclarecido aún “las circunstancias” del fallecimiento, lo cual, afirma, es un derecho que tienen “tanto la familia como la opinión pública”.

El director de la organización defensora de los derechos humanos en Cuba, que tiene su sede en Madrid, España, declaró que en el OCDH “seguimos seriamente preocupados por los juicios expeditos sin garantías procesales”, refiriéndose a la ausencia de abogados defensores y familiares en dichos juicios, considerados sumarios.

González Raga denunció, además, las "torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por las autoridades"; también la impunidad, la violencia policial y las amenazas tras las protestas "contra todo aquel que escribió un post o subió una imagen a las redes sociales".

“Mientras el régimen no facilite, sin reservas, una investigación independienteno tendrá ninguna autoridad para desacreditar las denuncias de los ciudadanos”, advirtió González Raga.

En cuanto a la solidaridad internacional con quienes luchan por la libertad en Cuba, el OCDH considera que “pese al endurecimiento del tono por parte de la Unión Europea y de las sanciones anunciadas por Estados Unidos, la respuesta de la comunidad internacional sigue estando desenfocada, de manera general”.

“Todo lo que se haga para condenar la represión en Cuba es importante, pero nos preocupa la banalización del tema y que las autoridades de las naciones democráticas actúen como si de un espectáculo se tratara; no se trata de conseguir una fotografía, sino de asumir un compromiso firme y permanente con el cambio”, argumenta el informe.

El OCDH dijo continuar “a disposición de quienes quieran comprometerse con la libertad y la democracia en Cuba, sobre todo”, recalcó, “de esas mismas autoridades europeas y españolas, para tratar el presente y el futuro de cuba con la complejidad y el respeto que merece”, concluyó González Raga.

Nuevo récord de casos activos de COVID-19 en Cuba; centros médicos siguen abarrotados

La Habana ha vuelto a ser el epicentro de la pandemia en la isla. REUTERS/Alexandre Meneghini

Las autoridades sanitarias informaron este martes de 9,629 nuevos casos de COVID-19 en Cuba, 80 personas fallecidas por la enfermedad y el récord de 45,966 casos activos (1,907 más que el reportado el 28 de julio).

En el reporte de nuevos contagios dado a conocer por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) sobresalen las provincias La Habana (1,698), Ciego de Ávila (1,434), Cienfuegos (998), Matanzas (778), Camagüey (622), Santiago de Cuba (621), Artemisa (600) y Guantánamo (562) como las más afectadas. Las restantes sobrepasan la cifra de 200 nuevos infectados.

Desde la provincia de Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Tur Valladares dijo a Radio Martí que “muchos médicos están expresando cansancio, por sobrepasarse en las horas que tienen que trabajar o sobrecumplir en comparación con la cantidad de pacientes que cotidianamente atendían por día”.

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Los galenos realizan múltiples labores a la vez, desde vacunar hasta realizar los test rápidos y PCR, añadió el comunicador.

“Ahora, cada 5 minutos estás oyendo reportes de alguien cercano o conocido que ha contraído la enfermedad. Miras hacia los policlínicos y están abarrotados de personas”, señaló Tur Valladares.

Ciego de Ávila reportó 1,4034 nuevos casos de personas infectadas con coronavirus en la jornada. El municipio Baraguá encabeza la lista, con 213 contactos de casos confirmados. Desde allí, el activista Leonit Carbonel confirmó que “hay muchas personas enfermas (…), más de 200 o 300 personas para hacerse PCR” en esa localidad.

“No hay espacio. Es un puesto médico muy chiquito, no es un policlínico”, añadió.

El entrevistado afirmó que un lote de vacunas chinas ha llegado a varios municipios del territorio avileño, pero los pobladores “están protestando, y no quieren vacunarse con esta vacuna china que trajeron de donación”, dijo.

Según el reporte del MINSAP, permanecían ingresados, a causa del COVID-19, un total de 95,345 personas: 45,212 sospechosas de contagio, 4,171 en vigilancia epidemiológica y 45,966 confirmados activos.

Cuba acumula la cifra de 413,251 personas infectadas con el virus, desde la llegada de la enfermedad a la isla.

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