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Venezuela

Perú exigirá visado a los venezolanos a partir del 15 de junio

Migrantes venezolanos permanecen en un albergue temporal en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú, 9 de noviembre de 2018. (REUTERS).

El Gobierno de Perú ya exigió pasaporte en agosto pasado para todos los venezolanos que quisiesen ingresar al país, aunque con excepciones para mujeres embarazadas, niños, ancianos y enfermos, mientras que el resto podía solicitar asilo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Gobierno de Perú exigirá pasaporte y visado para los ciudadanos venezolanos a partir del 15 de junio, anunció este jueves su presidente, Martín Vizcarra, cuyo país ha recibido en los últimos tres años alrededor de 800.000 inmigrantes procedentes de Venezuela.

Durante la deportación de un grupo de 50 venezolanos, Vizcarra informó que a partir de las 00:00 hora local del 15 de junio será un requisito para los migrantes de Venezuela contar con la visa humanitaria correspondiente, que será expedida por los consulados de Perú en ese país, indicó la agencia Efe.

La medida del Ejecutivo peruano llega después de que el ministro del Interior, Carlos Morán, señalara a los venezolanos como el motivo del incremento de los índices de delincuencia en algunas ciudades, entre ellas la capital Lima, donde residencia la mayor parte de los venezolanos llegados a Perú.

"Queremos asegurar una migración ordenada y segura", afirmó Vizcarra, cuyo país entregó hasta el año pasado a los venezolanos el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), un documento especial que permitía a los inmigrantes de ese país trabajar o estudiar en Perú.

El mandatario peruano comentó que "la migración ordenada es a través de una mejor control del ingreso para los ciudadanos de venezolanos que salen de su país".

"Sí, abrimos los brazos como siempre lo ha hecho el Perú pero ahora tenemos que ser rigurosos en el control de la gente que ingresa y, además serán expulsados los que han ingresado de manera ilegal", advirtió Vizcarra.

El gobernante defendió que el camino para una migración segura comprende las expulsiones de los venezolanos que han ocultado sus antecedentes penales para conseguir el PTP, como al que asistió este jueves en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima.

Vizcarra señaló que con esta deportación de 50 inmigrantes que mintieron sobre sus antecedentes, ya son 140 los venezolanos expulsados en poco más de un mes, en tres vuelos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) con rumbo a Caracas.

"Aquí no vamos a permitir que continúen personas que delinquen. (Expulsaremos a) los que sean necesarios: 500, 800, 1.000 o 2.000, porque vamos continuar en esta tarea en aplicación estricta del artículo 58 de la Ley de Migraciones", explicó Vizcarra.

El presidente apuntó que "Perú tiene una larga tradición de acoger de manera humanitaria a ciudadanos de otros países, pero también la obligación de velar por la seguridad, tranquilidad y la paz de todos los peruanos".

En la deportación de este jueves, el Ministerio del Interior informó que los venezolanos fueron detenidos en operativos policiales ejecutados en Lima y, por vez primera, en la ciudad norteña de Trujillo.

La operación policial forma parte del plan "Migración Segura 2019", que cuenta con la coordinación de varios sectores del Estado, entre ellos la Superintendencia Nacional de Migraciones, y que permite que desde el momento de las detenciones hasta el acto de expulsión transcurran apenas 12 horas.

Similares operaciones a la de este jueves se realizaron en abril y mayo pasado, cuando el Gobierno peruano dispuso la expulsión de 50 y 40 migrantes venezolanos, respectivamente.

El Gobierno de Perú ya exigió pasaporte en agosto pasado para todos los venezolanos que quisiesen ingresar al país, aunque con excepciones para mujeres embarazadas, niños, ancianos y enfermos, mientras que el resto podía solicitar asilo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Estas medidas permitieron bajar el flujo de ingreso de venezolanos a Perú a 1.500 diarios después de que a mitad del año pasado se alcanzasen picos de más de 5.000 personas por el paso fronterizo con Ecuador.

Alrededor de 3,4 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos tres años por la crisis política, económica y humanitaria, según la ONU. La mayoría se dirigió a Colombia, donde hay más de un millón, y a Perú, donde hay cerca de 800.000 venezolanos.

[Con información de la agencia Efe y redes sociales]

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Amnistía Int. y HRWatch validan informe sobre Venezuela; Cuba "alecciona" a Bachelet

Lester Delgado, de la delegación de Cuba dijo que la labor de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y su oficina, debería centrarse en la imparcialidad y la universalidad.

Las reconocidas organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) avalaron el reporte sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela divulgado este miércoles por la Organización de Naciones Unidas.

El informe que indica que a Nicolás Maduro, el ministro del Interior Néstor Reverol y el ministro de Defensa Vladimir Padrino ordenaron o contribuyeron a crímenes y que las fuerzas de seguridad venezolanas y sus grupos aliados cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas y violaciones sexuales ha sido criticado por Cuba, con cuestionamientos al proceder de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

"En un hito para las víctimas de violaciones a derechos humanos, el esperado y contundente informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela avala esta grave denuncia y respalda a las miles de víctimas en su reclamo por una justicia que no llega en su país. Compartimos el llamado de la ONU a la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, a que se garanticen los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición”, indica un comunicado de AI.

“El informe de la Misión de Determinación de los Hechos hace eco y profundiza en las denuncias que organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales hemos realizado en los últimos años. Las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro siguen cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Sin duda, se debe renovar y fortalecer el mandato de este mecanismo de escrutinio internacional. No hacerlo sería darle la espalda a las víctimas, a la verdad y a la justicia", agregó la organización y recordó que desde mayo de 2019 han denunciado la probable comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Para José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW, el informe es importante y declaró que su hallazgo más notable es señalar a Maduro y sus ministros de Interior y Defensa por ordenar y contribuir a estos aberrantes crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Cuba rechazó los informes divulgados esta semana sobre Nicaragua y Venezuela y señaló que emplean una narrativa "manipulada e hipócrita sobre los derechos humanos".

El representante cubano ante el Consejo de Derechos Humanos, Lester Delgado, al intervenir en la sesión 45 de ese órgano, dijo que Bachelet y su oficina deberían centrarse en la imparcialidad y la universalidad.

“Exhortamos a la alta comisionada a continuar los esfuerzos para contribuir al respeto, al enfoque equilibrado, la objetividad, el diálogo y la cooperación, de los que tanto carecen este Consejo y la maquinaria de derechos humanos en general', afirmó el Encargado de Negocios de Cuba en Naciones Unidas.

Maduro y dos ministros señalados directamente en informe ONU sobre crímenes en Venezuela

Maduro, el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el ministro del Interior Néstor Reverol. Miraflores Palace/Handout via REUTERS

El presidente en disputa de Venezuela Nicolás Maduro, el ministro del Interior Néstor Reverol y el ministro de Defensa Vladimir Padrino ordenaron o contribuyeron a crímenes, señala un extenso informe presentado este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Los investigadores del organismo internacional determinaron que las fuerzas de seguridad venezolanas y sus grupos aliados cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas.

"El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes", asegura el reporte.​

El informe denuncia el empleo de técnicas de tortura como posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante", agrega la investigación.

Además apunta a Venezuela como país con una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión Internacional Independiente de Investigación no pudo visitar Venezuela debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes y se enfrentó a otras restricciones de viaje debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, realizó 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizó una serie de documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta.

A continuación publicamos un adelanto del informe completo:

GINEBRA (16 de septiembre de 2020) – El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza, dijo la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado hoy.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno.”

Ejecuciones extrajudiciales

Incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.

Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar “semillas”. Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”. Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a “matar criminales sin compasión”.

También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,” dijo Marta Valiñas.

Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.

Detención y tortura por motivos políticos

La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.

Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un “comportamiento cultural” de tortura.

Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante,” dijo Francisco Cox.

El ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN.

“Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro” dijo Francisco Cox.

“Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados.”

Violaciones relacionadas con las protestas

La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.

Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del Gobierno de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años.

“La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta,” dijo Paul Seils.

“Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara.”

Un poder judicial comprometido

Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela.

El poder judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.

“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,” dijo Marta Valiñas.

“Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó.”

Venezuela oculta miles de contagios diarios de COVID-19, indica informe

La Guardia Bolivariana detiene a personas en Petare. REUTERS/Manaure Quintero

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (ACFIMAN) indicó el miércoles que el régimen de Nicolás Maduro oculta un significativo número de contagios de coronavirus en el país, donde aseguran que la pandemia está en plena fase expansiva.

Médicos opositores y expertos han venido denunciando que los contagios y muertes son más y que el gobierno miente en las cifras.

El informe publicado esta semana por ACFIMAN sobre el estado actual de la pandemia de COVID-19 en Venezuela afirma que a inicios de septiembre se superaron los 4.000 contagios diarios, cerca de 3.000 más de los reconocidos por las autoridades de salud del gobierno chavista.

El estudio alerta que de no reducirse significativamente esta tasa de contagio, podrían "alcanzar números cercanos a 14.000 infecciones nuevas por día en los próximos meses".

La institución científica, fundada en Venezuela en 1917, plantea que las estadísticas del régimen "siguen sin reflejar el tamaño real de la epidemia en Venezuela. Estimamos que el subregistro indicado en nuestro primer informe, lejos de haberse reducido, se ha incrementado debido a que la propagación del virus es más rápida que la tasa de aumento de la capacidad diagnóstica".

De acuerdo con el reporte también las cifras de muertes están por debajo de la realidad: "de acuerdo con las cifras estimadas de nuevas infecciones diarias y los porcentajes de fatalidad en otros países de la región, inferimos un subregistro importante en los reportes oficiales de decesos por COVID-19".

El país petrolero confirma hasta ahora unos 54.000 casos de coronavirus y 436 muertes, según datos oficiales, unos números muy bajos si se comparan con otros países de América del Sur.

Foro Penal: en Venezuela hay 333 presos políticos

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), uno de los cuerpos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.

Venezuela tiene 333 personas privadas de libertad por razones políticas pese a los 50 presos liberados la pasada semana, aseguró este lunes la organización no gubernamental, Foro Penal.

"Solo el 13% de los presos políticos fueron liberados" con los indultos de la semana pasada, dijo en una rueda de prensa el director de la ONG, Alfredo Romero.

Amnistía Internacional considera que los indultos no fueron un acto de benevolencia. Estados Unidos advierte que fueron medidas tomadas para facilitar un fraude en las elecciones legislativas.

El abogado Romero explicó que, aunque el Ejecutivo anunció 110 medidas de gracia a las que dominó "indultos", menos de la mitad de los beneficiarios mencionados en el decreto presidencial eran personas privadas de libertad que se consideraban presos políticos mientras que un caso se trataba de alguien que estaba detenido por delitos comunes.

La ONG, que ha venido hablando de 50 presos liberados desde el pasado lunes, hoy dio la cifra de 53, sin precisar cómo y por qué se incrementó el número inicial, informó la agencia de prensa Efe.

Asimismo, otros 24 supuestos indultados ya habían sido excarcelados pero tenían procesos judiciales abiertos, algo que, a juicio de Romero, se debe sobreseer desde que se oficializó este decreto firmado el pasado 31 de agosto.

Del resto de los mencionados, seis "no tenían ningún proceso pendiente" con la Justicia y "26 eran investigados por razones políticas pero no tenían proceso abierto", entre ellos varios diputados opositores que están exiliados, en la clandestinidad o protegidos en sedes diplomáticas.

El director del Foro Penal insistió en que el decreto significa la extinción de cualquier proceso judicial existente contra estas 110 personas y cree que los motivos detrás de estas medidas son meramente políticos pues, aseguró, existen más casos de personas "injustamente encarceladas" que continúan hoy tras las rejas.

Venezuela tiene "el número más alto de presos políticos en América", remarcó.

Antonia Turbay, una de las cuatro indultadas que cuentan con ciudadanía española, dijo en rueda de prensa que sus 14 meses en prisión constituyen un episodio "muy duro" de su vida por el que hoy siente que su salud "está comprometida".

Llorando, la abogada, de 67 años, dijo que superar esta experiencia "tomará tiempo", sobre todo "psicológicamente".

Sobre sus días en la celda, explicó que los carceleros siempre mostraron "mucha consideración" hacia ella por ser la mayor de las detenidas en su pasillo.

Turbay cuenta además que en los últimos meses había adoptado una postura más "rebelde" y "contestataria". Exigía frecuentemente a los celadores que la pusieran en libertad, al argumentar que contaba desde el 27 de julio de 2019 con una boleta de excarcelación.

EEUU sanciona a funcionarios venezolanos por socavar democracia en Venezuela

Elecciones de gobernadores en Venezuela

Estados Unidos sancionó conforme a la Orden Ejecutiva 13692, a cuatro figuras clave que han facilitado los esfuerzos de Maduro para manipular a la Asamblea Nacional de Venezuela y reestructurar el Consejo Nacional Electoral.

En una declaración emitida este viernes Estados Unidos anunció que las sanciones del Departamento del Tesoro recaen sobre los políticos David Eugenio de Lima Salas, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, y los juristas Indira Maira Alfonzo Izaguirre y José Luis Gutiérrez Parra.

Las acciones realizadas por los sancionados privan al pueblo venezolano de la posibilidad de elecciones libres y justas y destruyen las instituciones democráticas del país, destaca el comunicado.

La decisión del Departamento del Tesoro enseguida contó con el apoyo en las redes sociales donde agradecieron los esfuerzos de los EEUU.

Especifica el comunicado que el trabajo realizado por estas personas ha mellado la integridad de la Asamblea Nacional, la única institución verdaderamente democrática que todavía queda en Venezuela.

Señala, además, que las acciones demuestran hasta qué extremos han estado y siguen estando dispuestos a llegar Maduro y sus cómplices en el camino que han trazado hacia una dictadura total.

Estado Unidos reafirma con esta última medida su compromiso de promover la rendición de cuentas de todos aquellos que pretenden privar a Venezuela de su futuro democrático y el apoyo al presidente interino Guaidó en su esfuerzo por restaurar la democracia en el país, concluye el comunicado.

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