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América Latina

Paro nacional en Nicaragua busca liberación de presos políticos

La policía custodia las calles de Managua durante el paro nacional convocado por la oposición.

Las calles y avenidas de las principales ciudades de Nicaragua lucían parcialmente vacías el jueves, aunque con relativo movimiento comercial en Managua, en el inicio de una huelga de 24 horas convocada por la oposición en reclamo de que el gobierno de Daniel Ortega libere a cientos de manifestantes presos.

Pequeños negocios, algunos supermercados, colegios de secundaria y universidades privadas de Managua cerraron sus puertas en apoyo al paro promovido por las coaliciones opositoras Alianza Cívica (AC) y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la empresa privada, organizaciones universitarias y el Comité de Familiares de Presos Políticos.

Se observaba muy poco tráfico de vehículos privados sobre la carretera a Masaya y la carretera panamericana, que comunica a Nicaragua con el resto de Centroamérica. Las cooperativas de autobuses y taxis operaban con cierta normalidad en la capital aunque con escasa demanda.

“Paramos y vaciamos las calles no por resignación sino por indignación. Paramos por la libertad de los inocentes en las cárceles. Paramos para no consumir y no aportar a nuestra propia represión”, declaró Haydeé Castillo, activista de derechos humanos y dirigente de la UNAB.

El gobierno emitió un comunicado en el que ofreció liberar a todos los presos políticos a más tardar el 18 de junio, seguir promoviendo una reforma electoral "para las elecciones de 2021" y fomentar la reconciliación y el retorno voluntario de los exiliados.

Las farmacias y las gasolineras abrieron sus puertas, pero con pocos clientes. “Si yo no trabajo no como, a mí la política no me mantiene”, dijo a The Associated Press Evelia Herrera, dueña de una pequeña tienda de abarrotes en una zona residencial de las afueras de Managua.

También lucían casi desiertos los habitualmente concurridos mercados Mayoreo y Oriental, en el sector norte de la capital. En la ciudad de León, en el occidente, comerciantes de los cuatro mercados municipales se sumaron al paro pese a que la alcaldía había amenazado con retirarles sus permisos de venta, informaron medios locales.

Tanto en León como en las ciudades de Chinandega, Camoapa, Masaya y Diriamba las radioemisoras locales reportaron un ambiente desolado y poco movimiento comercial.

Las escuelas y universidades públicas del país laboraron con normalidad tras recibir advertencias del gobierno. La dirigente estudiantil Valeska Valle, miembro de la Alianza Cívica, denunció que los rectores de las universidades públicas y algunas privadas "amenazaron con sancionar a los alumnos que no asistieran".

No obstante, los principales centros educativos privados suspendieron las clases, incluido el Colegio Alemán Nicaragüense ubicado en Managua y donde estudian varios nietos del presidente Ortega.

La dirección del colegio informó que no trabajaría el jueves “por razones de seguridad para nuestra comunidad educativa”. Hace semanas el centro fue el foco de una polémica cuando los nietos de Ortega realizaron manifestaciones políticas a favor del gobierno.

El miércoles el gobierno advirtió que aplicaría sanciones a los bancos privados que apoyaran el paro nacional. La actividad bancaria nicaragüense es regulada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, que puede imponer multas por incumplimiento de desempeño laboral según una resolución vigente desde 2006.

De acuerdo con estimaciones del sector privado el paro nacional podría dejar pérdidas económicas de hasta 20 millones de dólares por día.

Mientras tanto, el portal oficial El 19 Digital divulgó los resultados de una encuesta de la consultora local SISMO LIX según la cual 57,7% de la población aprueba el desempeño del presidente Ortega. El sondeo, realizado del 5 al 16 de mayo, indicó que 96,9% de la población quiere un país en paz y 97,6% desea estabilidad social y económica. Asimismo, un 96,7% desea seguridad ciudadana, agregó el informe de la encuestadora vinculada al gobierno.

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Senado de EEUU busca apoyar a mujeres y niños venzolanos

Migrantes venezolanos en Arauquita, Colombia, entre ellos mujeres y menores de edad, acampan en una estación temporal tras enfrentamientos militares en Venezuela en el mes de abril de 2021.

La resolución pretende brindar apoyo, tanto dentro como fuera de Venezuela, a estos dos grupos demográficos que se han visto especialmente afectados por la crisis humanitaria que afecta al país latinoamericano.

Una resolución bipartidista del Senado de Estados Unidos busca aunar el apoyo a la crisis que viven mujeres y niños en Venezuela, una crisis que se ha agudizado con la pandemia del coronavirus, y la asistencia a los migrantes.

La resolución “expresa la alarma del Congreso ante las crecientes necesidades humanitarias de las mujeres y niños dentro de Venezuela y aquellos que buscan protección internacional en países vecinos”.

Según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 5,4 millones de venezolanos se han visto obligados a salir del país, huyendo de la grave crisis humanitaria en la nación latinoamericana.

La resolución presentada apoya el trabajo de Estados Unidos y la comunidad internacional en defensa de los migrantes venezolanos, pero también enfatiza en cómo las venezolanas han tenido que hacer frente a la grave crisis.

El documento dado a conocer el miércoles está encabezado por el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, y respaldado por sus correligionarios Tim Kaine, de Virginia, Ben Cardin, de Maryland y Dick Durbin, de Illinois, así como por los senadores republicanos Marco Rubio, de Florida y Bill Cassidy de Luisiana.

La criminalidad y el despotismo desenfrenados del régimen de Maduro han dado lugar a la crisis migratoria y de refugiados más severa en la historia moderna de nuestro hemisferio”, señaló el senador Menéndez, quien es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, citado en un comunicado.

En tanto el senador Rubio dijo que “el costo humano de la debacle humanitaria de la narcorregión de Maduro ha resultado en el desplazamiento de 6 millones de venezolanos en todo el mundo”.

Por su parte los demás senadores apoyaron la resolución y pidieron que el gobierno de EE. UU. respalde el proyecto para así proveer de alimentos, albergue y atención médica a los refugiados venezolanos en la región.

El martes el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, destacó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, cómo su país ha servido de refugio para más de 400.000 venezolanos, para quienes dijo, las autoridades han dispuesto los procesos legales a fin de ofrecerles documentos que les permitan trabajar y tener atención de salud.

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay son señalados en la resolución encabezada por el senador Menéndez por haber coordinado labores de solidaridad y apoyo bajo en el Proceso de Quito.

Amnistía Internacional: Deficientes investigaciones de asesinatos de mujeres en México violan derechos a la vida

Una activista sostiene un cartel contra el feminicidio en una marcha por el Día Internacional de la Mujer, en la ciudad de México. (Archivo/REUTERS/Luisa Gonzalez)

Las investigaciones sobre asesinatos de mujeres precedidos de desaparición, realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJEM, presentan graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades, lo que ha llevado a la pérdida de evidencias, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género, según estima Amnistía Internacional.

Esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado este martes.

Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de asesinatos de mujeres precedidos de desaparición en el Estado de México establece que las falencias antes referidas coinciden con las de otras investigaciones que han sido puestas de manifiesto por organizaciones de la sociedad civil y por personas titulares de derechos, y con casos como los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos hace más de 20 años. Esto sugiere que la violencia feminicida y las deficiencias en su investigación y prevención forman parte de una realidad más amplia del país.

“Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo las Convenciones de Belem do Pará o de la CEDAW, y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

“El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades. Por ello, seguimos insistiendo en que el tema de la violencia contra las mujeres ocupe un lugar prioritario en la agenda del gobierno federal y de los gobiernos locales”, precisó Edith Olivares Ferreto.

Tan solo en 2020, se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios.

En el informe, Amnistía Internacional documentó cuatro casos emblemáticos de feminicidio precedidos de desaparición, analizando específicamente las deficiencias en las investigaciones penales de los mismos. Los casos fueron los de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y aún con paradero desconocido, y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.

El informe demuestra que las autoridades estatales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.

Las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación y su falta de actuación conlleva a las familias de las víctimas –generalmente a las mujeres– a asumir el liderazgo de las investigaciones invirtiendo sus propios recursos.

También se dan casos en que las autoridades amenazan y acosan a las familias para que no llamen la atención de sus superiores. Asimismo, las autoridades no siempre aplican la perspectiva de género durante todo el proceso penal, lo que contraviene los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres.

El informe demuestra también que las autoridades de la FGJEM no tienen las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, debido a una sobrecarga de trabajo y carencia de insumos materiales para llevar a cabo algunas tareas. Adicionalmente, el personal debe pagar, con sus propios medios, parte del material necesario para llevar a cabo las investigaciones y las oficinas no tienen depósitos adecuados para resguardar las evidencias, favoreciendo su contaminación y destrucción. El personal de la FGJEM requiere una mayor formación especializada para llevar a cabo investigaciones adecuadas.

Las deficiencias detectadas en las investigaciones implican una violación a los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia. Para proteger los derechos de las víctimas, Amnistía Internacional recomienda:

A la FGJEM, que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas, así como el diseño e implementación de capacitaciones sobre cómo investigar desapariciones y muertes violentas de mujeres desde una perspectiva de género.

Al Congreso del Estado de México, que la FGJEM, especialmente la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, cuente con los recursos humanos y financieros para cumplir con su labor de manera adecuada.

A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que investigue la problemática de las deficiencias en las investigaciones penales de los delitos de violencia contra las mujeres, en especial de los feminicidios y las desapariciones de tal forma que emita recomendaciones que aborden los aspectos resaltados en este informe.

A las autoridades federales, que reconozcan públicamente la magnitud del problema de los feminicidios y las desapariciones en México, así como las deficiencias en las investigaciones de los delitos.

Lanzan Diálogo de las Américas sobre Libertad de Expresión en Internet

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en acción.

El lanzamiento del Diálogo de las Américas sobre Libertad de Expresión en Internet fue anunciado este martes por el departamento que se ocupa de ese tema dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

El departamento nombrado Relatoría Especial para la Libertad de Expresión dice que esta iniciativa, que tiene carácter abierto y multisectorial, surge con el fin de atender los desafíos que presentan actualmente las tecnologías digitales para el ejercicio de los derechos humanos en la región.

El 5 de febrero de 2021, la CIDH advirtió que la libertad de expresión en Internet se encuentra en un punto de inflexión en el hemisferio, caracterizado, entre otros aspectos, por el deterioro del debate público; los dilemas sobre la moderación de contenidos y su compatibilidad con los estándares democráticos y de derechos humanos; y la falta de esfuerzos por avanzar respecto de la alfabetización digital orientada al desarrollo de habilidades cívicas.

A partir de hoy y en las próximas ocho semanas, el Diálogo propondrá diversas actividades virtuales de carácter abierto a través de su sitio web www.americasdialogue.org.

Al finalizar este período, y en lo que será la última fase del proceso, se prevé conformar un grupo de trabajo ad-hoc que analizará y discutirá alrededor de los insumos recibidos, para luego desarrollar un plan de acción que pueda ser sugerido a la CIDH. Al cierre de dicho proceso, la Comisión evaluará dentro de los mecanismos a su disposición el que considere más idóneo para proponer estándares interamericanos que atiendan estos desafíos.

La Relatoría alienta a los distintos actores interesados a acompañar y participar activamente en las actividades iniciales que estarán abiertas desde este momento y a navegar en el link las distintas secciones y herramientas del Diálogo.

El “Cuba-Gate” investiga la acreditación de médicos cubanos contratados por México

Médicos cubanos llegan a México.

El descubrimiento hecho durante una investigación de más de seis meses por Julen Rementería, coordinador en el Senado del opositor Partido Acción Nacional (PAN) de México, sobre la imposibilidad de verificar la legitimidad de los miembros de la brigada médica cubana contratados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para combatir la pandemia durante 2020, se mantiene en la palestra del debate político mexicano, exacerbado por el posicionamiento de apoyo frontal al régimen caribeño demostrado por AMLO durante la celebración del Día de la Independencia de México.

Bajo el nombre de “Cuba-Gate”, el senador Rementería publicó el pasado lunes un largo hilo de tuits en los que acusa a ambos gobiernos de “haber orquestado un fraude” por valor de unos 12.692.940 millones de dólares contratando a 585 médicos cubanos de los cuales, según Rementería, nunca se ha podido ver los títulos.

En un artículo publicado por el portal digital independiente Cubanet se explica que Rementería solicitó las constancias de las copias de los títulos profesionales de los galenos, pero esta información no fue proporcionada: "Ni el gobierno de la ciudad, ni las autoridades migratorias, ni la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y ni la Secretaría de Salud Federal pudieron confirmar que las 585 personas que llegaron a México desde la Isla eran médicos”.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y encargada de la confección y la tramitación de dichos contratos alegó no contar “con la documentación que acredite a esas 585 personas como médicos porque esa no es responsabilidad de ellos, sino del Ministerio de Salud de Cuba” lo cual, asegura el senador es contrario a lo estipulado en los modelos de contratos.

Por otra parte y según un cable emitido este martes por la agencia de prensa EFE, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) aseguró que esos 585 médicos contratados para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus no eran “falsos”.

“Se incorporaron desde el 27 de abril de 2020 585 cooperantes, todos profesionales de la salud acreditados por el Ministerio de la Salud de Cuba, con perfiles en epidemiología, medicina general integral, medicina crítica, biomedicina, enfermería general y enfermería especializada”, detalló el informe de Sedesa.

Sedesa dijo también que todos los papeles que tienen que ver con estos médicos contratados “están debidamente integrados, bajo el resguardo de Sedesa y amparados por la Ley de Protección de Datos personales”, lo cual contrasta con lo declarado por el senador Rementería, quien afirma “haber pedido información a por lo menos seis dependencias públicas sobre estos especialistas y ninguna pudo darle una respuesta, por lo que concluyó que eran médicos “falsos”.

Desde 2017, importantes medios de prensa habían revelado aspectos del esquema cubano de tráfico de profesionales, como el despojo salarial, las presiones y amenazas, la retención de documentos de identidad y el uso de los médicos para hacer proselitismo político.

Publicaciones como The New York Times, The Guardian, Wall Street Journal, Miami Herald, Time y la BBC los expusieron después de hablar directamente con cooperantes que habían desertado o pidieron anonimato.

En 2020, las evidencias fueron reforzadas por más reportajes de la prensa internacional; el emplazamiento al gobierno de Cuba por parte de dos relatoras temáticas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; investigaciones de organizaciones dedicadas a los derechos humanos en Cuba; dos demandas judiciales bien argumentadas con los testimonios de exmiembros de las misiones; y la denuncia de una importante organización internacional especializada.

Régimen de Ortega "fabrica acusaciones contra opositores y críticos", señala Human Rights Watch

Daniel Ortega, Rosario Murillo y Carlos Fonseca Terán

La situación se vuelva cada vez más difícil para los opositores en Nicaragua a medida que se acercan la elecciones presidenciales, programadas para el próximo mes de noviembre, según el reciente informe publicado por Human Rights Watch (HRW) en el que se denuncian las arbitrariedades cometidas por el régimen Ortega-Murillo contra candidatos a la presidencia, periodistas, críticos del sistema y otros opositores.

Según HRW, desde finales de mayo del presente año, suman 36 los detenidos en el país centroamericano a quienes, en respuesta a las acusaciones de “desaparición forzosa”, el gobierno sandinista permitió contacto con sus familiares por primera vez desde su detención el pasado 31 de agosto.

En la mayoría de los cargos que se han presentado contra los detenidos las sanciones oscilan entre 15 y 25 y las acusaciones que pesan sobre ellos van desde “lavado de dinero” hasta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, explica el informe de HRW.

Al respecto, José Manuel Vivanco, director para las Américas de HRW, declaró que “La velocidad con la cual el gobierno de Ortega ha llevado a cabo esta ola de detenciones antes de las elecciones presidenciales de noviembre, sometiendo a sus críticos a condiciones horrorosas de detención y acusándolos de delitos sin ninguna base ni debido proceso, revela que Ortega no tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios”.

“El gobierno de Ortega”, agregó Vivanco, “debe liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos y la comunidad internacional debe redoblar la presión sobre el gobierno para aumentar el costo de sus prácticas abusivas”.

La orden de detención emitida contra el escritor Sergio Ramírez, quien fuera vicepresidente en el anterior gobierno de Daniel Ortega y quien debió acudir al exilio el pasado mes de junio por criticar fuertemente las acciones de quien fuera su compañero en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), así como las órdenes de detención emitidas contra periodistas y académicos que también han recurrido al exilio es otro de los puntos señalador por HRW.

En el apartado dedicado a los “cargos falsos”, la organización defensora de los derechos humanos en el mundo señala que se pudieron examinar “las acusaciones que enumeran las pruebas contra 14 opositores del gobierno, y halló que, en ninguno de los casos, la fiscalía señaló actos punibles como sustento de la acusación”.

“Según las acusaciones”, asegura el reporte, “la mayoría de los 14 opositores habría solicitado o apoyado ‘sanciones económicas, comerciales y de operaciones financieras en contra del Estado de Nicaragua’, ‘incita(do) a la injerencia extranjera en los asuntos internos’ y/o promovido acciones para ‘desestabilizar el país con financiamiento extranjero’ con el fin de ‘desacreditar al gobierno de Nicaragua”.

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