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"Papeles de Panamá" implican en evasión fiscal a personalidades de todo el mundo

La filtración de los "papeles de Panamá" salpica a líderes mundiales
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La filtración de los "papeles de Panamá" salpica a líderes mundiales

Según la investigación, 140 políticos de alto cargo, deportistas, artistas y millonarios de todo el mundo disimularon sus fortunas en paraísos fiscales a través de sociedades pantalla para evadir impuestos.

Políticos, deportistas o millonarios de todo el mundo seguían este lunes en el punto de mira tras la histórica filtración de millones de documentos, los "Papeles de Panamá", que implican por evasión fiscal a 140 personalidades y generaron reacciones en varias capitales.

La lista de los implicados fue divulgada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que incluye a un centenar de medios de comunicación.

Todos los documentos proceden del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, con oficinas en 35 países, especializado en crear empresas y sociedades, y cubren un periodo de unos 40 años.

Los documentos citan cerca de 214.000 empresas en paraísos fiscales.

Políticos de siete partidos en Brasil fueron nombrados como clientes de la firma con sede en Panamá que está en el centro de la enorme filtración de datos en torno a posibles evasiones fiscales, reportó el lunes el diario Estado de S. Paulo.

La oposición en Argentina reclamó este lunes que el presidente Mauricio Macri aclare en cadena nacional su situación en una firma en el paraíso fiscal revelado por los llamados "Papeles de Panamá", luego de que el Gobierno negara cualquier responsabilidad en un comunicado.

La aparición de Macri como director de la sociedad Fleg Trading Ltd., que estaría registrada en Bahamas con la participación del padre y el hermano del mandatario, "fue circunstancial", dijo la Presidencia el domingo al asegurar que "nunca tuvo, ni tiene" participación alguna en esa firma.

Según la investigación, compañías y personas cercanas al presidente ruso Vladimir Putin –que no aparece en los documentos– colocaron $2.000 millones en empresas pantalla.

La investigación, llevada a cabo por "exempleados del Departamento de Estado, de la CIA y de los servicios secretos" está llena de "falsedades e invenciones", dijo un portavoz de Putin.

En los papeles aparecen una docena de líderes actuales o que ejercieron el poder.

El futuro político del primer ministro de Islandia está en riesgo después que los documentos filtrados lo vincularon con una empresa que podría representar un conflicto de interés grave.

Sigmundur David Gunnlaugsson enfrentaba el lunes una votación de confianza en el Parlamento después que se difundiera que él y su esposa crearon una empresa en las Islas Vírgenes Británicas con la ayuda de la empresa panameña que está en el centro de la masiva filtración.

Keiko Fujimori, favorita para las presidenciales del 10 de abril en Perú, cuenta en su lista de donantes a sus campañas a dos peruanos involucrados en la investigación, que igualmente afecta a un contratista del gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Además, dos líderes que han construido su reputación en su lucha por la transparencia –el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro británico David Cameron– tienen vínculos familiares con algunas de las personas que aparecen en la lista.

Según la investigación, familiares de Xi Jinping y del ex primer ministro Li Peng, así como algunos altos cargos chinos, disimularon sus fortunas en paraísos fiscales a través de sociedades pantalla.

Las revelaciones, que cubren un período de entre 1977 y 2005, mencionan negocios en paraísos fiscales del padre –ahora fallecido– de Cameron, o de funcionarios cercanos al socialista Hugo Chávez, el presidente venezolano muerto en 2013.

Alemania, que ha abogado por incrementar la lucha contra la evasión fiscal, espera que este "debate contribuirá a aumentar la presión" en ese sentido, dijo un portavoz del ministerio de Finanzas.

El presidente francés François Hollande prometió que estas revelaciones darán paso a "investigaciones fiscales" y "procedimientos judiciales".

Varias ONG, por su lado, abogaron por la prohibición pura y simple de sociedades anónimas 'pantalla'.

Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos, el director de cine Pedro Almodóvar y su hermano, el futbolista Lionel Messi, Micaela Domecq Beaumont, miembro de la familia Domecq, son algunos de los españoles cuyo nombre ha trascendido en relación con este escándalo.

Los documentos implican también a dirigentes del fútbol mundial, entre ellos el exjefe de la UEFA, el francés Michel Platini, que usó presuntamente el despacho Mossack Fonseca para administrar empresas en paraísos fiscales.

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La Unión Europea condena a Rusia por clasificar de "extremistas" a grupos vinculados a Navalny

El abogado ruso Ivan Pavlov pasa junto a los agentes de policía para asistir a una sesión del tribunal después de hablar con los medios de comunicación en el Tribunal de Moscú en Moscú, Rusia, el 9 de junio de 2021. Foto: AP/Alexander Zemlianichenko.

Un tribunal solamente tuvo que caracterizar a las organizaciones ligadas al opositor Alexei Navalny como "extremistas" para que sus militantes no puedan aspirar a cargos públicos en las próximas elecciones.

MOSCÚ - La Unión Europea advirtió que las acciones de un tribunal ruso contra organizaciones ligadas al opositor Alexey Navalny tendrán "profundas consecuencias para la sociedad civil de Rusia, la oposición y las voces críticas".

Un tribunal de Moscú prohibió el miércoles por la noche las organizaciones fundadas por el líder opositor ruso Alexey Navalny al etiquetarlas como extremistas, el último movimiento de una campaña para silenciar la disidencia y prohibir que los críticos del Kremlin se postulen para el parlamento en septiembre.

"Es una decisión infundada que confirma un patrón negativo de represión sistemática de los derechos humanos y las libertades consagrados en la Constitución rusa", apuntó en una nota oficial el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

También reaccionó el ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, al calificar de "perversa" la medida y consideró que supone un ataque contra los que luchan contra la corrupción y en favor de sociedades libres.

El fallo del Tribunal de la Ciudad de Moscú, con efecto inmediato, impide que las personas asociadas con la Fundación Navalny para la Lucha contra la Corrupción y su extensa red regional busquen cargos públicos. Muchos de los aliados de Navalny esperaban postularse para escaños parlamentarios en las elecciones del 19 de septiembre.

"Nos hemos despertado y reído (...) sabiendo que somos un 'peligro para la sociedad', ¡seguiremos luchando contra la corrupción!", dijo la asociación en Twitter, en aparente ironía sobre la decisión de la justicia rusa.

El fallo, que forma parte de una estrategia de múltiples frentes del Kremlin para aplastar a la oposición, envía un severo mensaje una semana antes de que el presidente Vladimir Putin celebre una reunión cumbre con el presidente estadounidense Joe Biden en Ginebra.

La etiqueta de extremismo también conlleva largas penas de prisión para los activistas que han trabajado con las organizaciones, cualquiera que les haya donado e incluso aquellos que simplemente compartieron los materiales de los grupos.

Navalny, el enemigo político más visible de Putin, fue arrestado en enero al regresar de Alemania, donde pasó cinco meses recuperándose de un envenenamiento por un agente nervioso del que culpa al Kremlin, una acusación que los funcionarios rusos rechazan. En febrero, a Navalny se le impuso una pena de prisión de dos años y medio por violar los términos de una sentencia suspendida de una condena por malversación de fondos en 2014, que Navalny desestimó como impuesta por motivos políticos.

El abogado Yevgeny Smirnov dijo durante la audiencia que se extendió en las horas de la noche en que la moción de los fiscales tenía por objeto impedir que los asociados de Navalny se postularan para cargos públicos.

“Este caso se ha relacionado con la ley que prohíbe que todos los que están relacionados con la Fundación para la Lucha contra la Corrupción sean elegidos”, dijo Smirnov.

El líder de la oposición rusa Alexey Navalny asiste a una audiencia para considerar una apelación contra una decisión judicial anterior de cambiar su sentencia suspendida a una pena de prisión real, en Moscú, Rusia, el 20 de febrero de 2021. Foto: REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo.
El líder de la oposición rusa Alexey Navalny asiste a una audiencia para considerar una apelación contra una decisión judicial anterior de cambiar su sentencia suspendida a una pena de prisión real, en Moscú, Rusia, el 20 de febrero de 2021. Foto: REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo.

La sesión del tribunal, que duró más de 12 horas, se llevó a cabo a puerta cerrada con el argumento de que se discutirían materiales clasificados. El juez rechazó una apelación de la defensa para permitir que Navalny participara a través de un enlace de video desde la prisión y desestimó otras mociones de la defensa. Los abogados dijeron que apelarían el fallo.

Las oficinas de Navalny en docenas de regiones rusas ya cerraron en abril después de que los fiscales emitieron una orden judicial para suspender sus actividades en espera del fallo judicial, pero los asociados del líder de la oposición han prometido continuar su trabajo en diferentes formatos.

Su fundación, que comenzó hace 10 años, se ha dirigido implacablemente a altos funcionarios del gobierno con videos coloridos y ampliamente vistos que detallan las acusaciones de corrupción en su contra. Una de sus últimas producciones, que ha recibido 117 millones de visitas en YouTube, afirmó que se construyó un lujoso palacio a orillas del Mar Negro para Putin a través de un elaborado esquema de corrupción. El Kremlin ha negado cualquier vínculo de asunto con Putin.

Navalny también ha confiado en sus oficinas en toda Rusia para organizar protestas contra el Kremlin e implementar su estrategia Smart Voting, un proyecto para apoyar a los candidatos con más probabilidades de derrotar a los del partido dominante Rusia Unida en varias elecciones.

Durante la audiencia, los fiscales acusaron a las organizaciones de Navalny de organizar protestas para derrocar al gobierno.

Mientras el tribunal de Moscú se preparaba para considerar el caso, los legisladores rusos aceleraron una medida que prohibía a los miembros de organizaciones declaradas extremistas postularse para cargos públicos. La ley fue firmada por Putin la semana pasada y, combinada con el fallo de la corte, acabará con las esperanzas de varios asociados de Navalny que han declarado su intención de postularse para el parlamento.

Ivan Zhdanov, un importante asociado de Navalny que encabezó su fundación, prometió que el equipo continuará publicando denuncias de funcionarios corruptos y aplicará la estrategia Smart Voting.

"El equipo de Navalny no detendrá sus actividades, no deberían esperar eso", dijo Zhdanov, que vive en el extranjero, al canal independiente Dozhd TV.

La votación de septiembre es considerada una parte importante de los esfuerzos de Putin por cimentar su gobierno antes de las elecciones presidenciales de 2024. El líder de 68 años, que ha estado en el poder durante más de dos décadas, impulsó cambios constitucionales el año pasado que potencialmente le permitirían mantenerse en el poder hasta 2036.

Antes de la votación, el gobierno ha igualmente apuntado a otras figuras de la oposición. La semana pasada, las autoridades arrestaron a Andrei Pivovarov, el jefe de otro grupo anti-Kremlin que han etiquetado como "indeseable", una designación utilizada por el Kremlin para ilegalizar a más de 30 grupos.

Días antes de su arresto, Pivovarov anunció la disolución de su movimiento Rusia Abierta para proteger a los miembros del enjuiciamiento, pero eso no impidió que las autoridades lo sacaran de un avión con destino a Varsovia en el aeropuerto de San Petersburgo la semana pasada. Un tribunal de la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, ordenó que permaneciera detenido durante dos meses en espera de una investigación.

La membresía en organizaciones "indeseables" es un delito penal según una ley de 2015, y otro proyecto de ley que ahora está siendo aprobado por el parlamento ruso aumenta el castigo, introduciendo penas de prisión de hasta seis años para sus miembros.

Rusia Abierta fue financiada por el magnate ruso Mikhail Khodorkovsky, quien se mudó a Londres después de pasar 10 años en prisión en Rusia por cargos que se consideran una venganza política por desafiar el gobierno de Putin. Khodorkovsky ha descrito la actual represión de la disidencia como un reflejo de la preocupación de las autoridades por la menguante popularidad del principal partido dirigido por el Kremlin, Rusia Unida.

Otro activista de la oposición, Dmitry Gudkov, un ex legislador ruso que ha aspirado a postularse nuevamente para el parlamento, fue detenido durante dos días la semana pasada por cargos financieros que él y sus partidarios alegan fueron inventados. Se fue al extranjero después de ser liberado, diciendo que había recibido una advertencia de que sería encarcelado si no abandonaba el país.

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Actualiza con posición oficial de la Unión Europea sobre la medida.

Facebook toma medidas contra solicitudes de usuarios por parte del Partido Comunista Chino en Hong Kong

Facebook.

La plataforma de redes sociales Facebook dijo que había rechazado más de 200 solicitudes de datos de usuarios de las autoridades de Hong Kong después de que el gobernante Partido Comunista Chino, PCCh, impusiera una draconiana ley de seguridad nacional en la ciudad desde el 1 de julio de 2020.

Facebook recibió 223 solicitudes de las autoridades de Hong Kong para datos de usuarios o cuentas entre julio y diciembre de 2020, y las rechazó todas, dijo la compañía en su informe de transparencia.

También recibió 201 solicitudes de "procesos legales", así como una solicitud de divulgación de emergencia, según el informe.

Las cifras se comparan con 63 solicitudes de datos del gobierno de Hong Kong enviadas a Facebook en la primera mitad de 2020, el 24 por ciento de las cuales resultó en la divulgación de algunos datos.

La imposición de la ley de seguridad nacional marcó el comienzo de una represión cada vez mayor contra la disidencia pública y la oposición política, incluido el enjuiciamiento de 47 activistas por la democracia y ex legisladores de la oposición por cargos de "subversión" por participar en unas elecciones primarias democráticas para el Consejo Legislativo, LegCo, en un intento por maximizar el número de escaños de la oposición.

Funcionarios chinos y de Hong Kong afirman que se necesitaron nuevas restricciones a las elecciones, el discurso público (la ley prohíbe los discursos críticos con el gobierno de Hong Kong o el PCCh) y las actividades de los medios de comunicación para restaurar el "orden público" tras las protestas masivas de 2019.

La directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, advirtió el martes que las universidades de Hong Kong deben tener cuidado con las "fuerzas externas con motivos ocultos", que pueden intentar llevar a sus estudiantes a "actividades ilegales".

"Con base en los eventos que hemos visto en la segunda mitad de 2019 hasta la promulgación e implementación de la Ley de Seguridad Nacional, espero que ahora no haya ninguna duda en la mente de muchas personas de que hay fuerzas externas bastante activas en Hong Kong para sus motivos ocultos", dijo Lam a los periodistas el martes.

Un tribunal de Hong Kong negó el martes la libertad bajo fianza a una mujer de 45 años y un niño de 17 detenidos por distribuir folletos considerados "sediciosos", informaron medios locales.

Chloe Cho y Wong Chun-wai han sido acusados de "conspirar para producir y distribuir publicaciones sediciosas" bajo las leyes de sedición de la era colonial. Sin embargo, sus casos están siendo manejados por la policía de seguridad nacional, un departamento creado para hacer cumplir la ley de seguridad nacional.

Senador Menéndez pide ayuda para el pueblo sirio

Imagen del asedio a la ciudad de Hama por tropas de Bashar al-Assad, Siria.

El senador cubanoamericano Bob Menéndez pidió al gobierno de Estados Unidos tomar medidas para incrementar la entrega de ayuda humanitaria al pueblo de Siria.

Menéndez y el senador Jim Risch, así como los representantes Gregory Meeks y Michael McCaul, reiteraron este lunes su apoyo al esfuerzo que realiza la administración Biden para reanudar la asistencia humanitaria a millones de sirios inocentes, llevando la ayuda a las zonas que no son “controladas por el régimen sanguinario de Assad”.

Los cuatro legisladores firmaron una carta dirigida al secretario de Estado Antony Blinken.

“Nos comunicamos con Ud. para hacerle saber de nuestra grave preocupación por el prolongado sufrimiento del pueblo de Siria y por nuestro fuerte apoyo a sus esfuerzos por prevenir el cierre del cruce humanitario de frontera de acceso a Siria, durante el próximo voto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para la renovación de la Resolución 2533”, dijeron.

“Después de diez años de guerra, más de 13 millones de sirios necesitan ayuda humanitaria, unos 12 millones de sirios han sido forzados a huir de sus hogares y más de 12 millones y medio viven en una total ansiedad y falta de seguridad. La pandemia de la COVID-19 y los crónicos problemas de desgobierno del régimen de Assad exacerban aún más esta catástrofe humanitaria”, advirtieron los firmantes.

En ese contexto, expresaron que “es nuestra esperanza que la Resolución 2533 de la UNSCR (Consejo de Seguridad de la ONU) sea renovada y extendida para incluir la reapertura de los cruces de Bab Al-Salam y de Yarubiyah”.

La mencionada resolución permite en la actualidad le entrega temporaria de ayuda por el cruce de Bab al-Hawa, en el noroeste de Siria.

Menéndez y sus colegas desean que la resolución sea renovada y ampliada. Pero advierten que “Rusia, en coordinación con China, usaron el año pasado sus puestos en el Consejo de Seguridad para cerrar tres de los cuatro cruces que fueron autorizados en 2014 en respuesta a la política de Assad de bloquear la entrega de ayuda a zonas controladas por la oposición”.

Una disputa geopolítica lleva a un bloguero chino a la cárcel

Calle de Beijín en plena noche

La acusación está fundada en las cifras que maneja el gobierno de China respecto a las bajas en los enfrentamientos en la frontera con la India en junio de 2020 y con las que discrepó públicamente el bloguero Qui Ziming.

Un popular bloguero chino pasará los próximos ocho meses en la cárcel en virtud de una nueva disposición de la ley penal de su país que prohíbe "difamar a los mártires", en relación con el conflicto fronterizo entre China y la India.

Qui Ziming fue sentenciado el martes en una sala de audiencias en la ciudad oriental de Nanjing. El tribunal ordenó a Qui, de 38 años de edad, que se disculpara públicamente en un plazo de 10 días, y señaló que había admitido abiertamente su crimen y que incluso se disculpó durante una aparición en la emisora estatal de China CCTV, el 1 de marzo.

El ejército chino dijo en febrero que cuatro soldados murieron en enfrentamientos con tropas indias en el disputado valle de Galwan, a lo largo de la frontera compartida de los dos países, en junio pasado. Qui, quien escribió en su blog bajo el seudónimo de Labixiaquio, divulgó una serie de publicaciones en esa bitácora digital que sugerían que más soldados murieron durante los enfrentamientos y que un oficial al mando había sobrevivido porque era el oficial de más alto rango en el lugar.

Las autoridades acusaron a Qui de violar una disposición de la Ley Penal de China que difamar a figuras consideradas por el gobernante Partido Comunista como héroes y mártires, incluidos los soldados caídos.

Según el ‘Barómetro de las violaciones de la libertad de prensa’ de la organización Reporteros Sin Fronteras, con sede en Francia, China encabeza la lista de países con más periodistas encarcelados con 73, seguido de Arabia Saudita 32, Egipto 31 y Vietnam con 16 entre otros más.

Human Rights Watch: China debe responsabilizarse por la masacre de Tiananmén

Residentes de Hong Kong rinden homenaje a los muertos de Tiananmén, el 4 de junio de 2021. (Isaac Lawrence / AFP).

La organización Human Rights Watch, HRW, afirmó que el Gobierno de China debería reconocer y responsabilizarse por la masacre de los manifestantes pro democracia del 4 de junio de 1989 en la Plaza Tiananmén.

También aseveró que la poca presión internacional sobre este tema facilita que el gobierno chino incremente sus acciones represivas en la actualidad, como por ejemplo contra la comunidad uigur, de religión musulmana.

Las autoridades deberían permitir los actos de conmemoración en el territorio continental de China, en Hong Kong y en Macao y dejar de censurar las discusiones sobre la masacre, precisó HRW.

Las autoridades prohibieron por segundo año consecutivo que se realice en Victoria Park, Hong Kong, la vigilia de conmemoración de la masacre, pero los residentes se manifestaron en otros barrios del territorio.

La Alianza en Apoyo de Movimientos Patrióticos Democráticos de Hong Kong, el organizador de las vigilias, fue obligada a cerrar el Museo que recuerda la masacre.

En Macao, la policía también prohibió la vigilia por segundo año consecutivo, con el pretexto de que el evento y sus lemas violarían las leyes criminales locales, incluyendo la incitación a la sublevación y a la difamación, lamentó HRW.

El Gobierno de China, subrayó la organización pro derechos humanos, continúa ignorando los llamados internos, así como los internacionales, para que se haga justicia por la masacre de Tiananmén. Asimismo, algunas de las sanciones que tanto la Unión Europea como los EE.UU. impusieran en respuesta a dicha masacre, han ido debilitándose, siendo evadidas o simplemente desapareciendo con el paso de los años.

La falta de una respuesta internacional coordinada y sostenida a la masacre, así como a los brutales hostigamientos que le siguieron, es uno de los importantes factores que promueven los progresivos y crecientes abusos de parte de China, lo que incluye la continuación de las detenciones en masa de una cantidad de musulmanes de etnia túrquica calculada en más de un millón, en la localidad de Xinjiang, así como la imposición directa y totalmente ilegal de la Ley de Seguridad Nacional de China en Hong Kong, que suprime las libertades fundamentales que la ciudad disfrutara por décadas.

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