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Cuba

Opositora se entera justo antes de viajar que tiene prohibición de salida

Vista de un pasaporte cubano.

La activista de derechos humanos Zaray Fernández no pudo viajar el jueves a un evento en Lima, Perú, por la negativa de las autoridades cubanas, según notificó desde el sitio web de su partido Cuba Independiente y Democrática (CID).

Fernández, residente de la localidad Briones Montoto en Pinar del Río, fue notificada en el mismo Aeropuerto Internacional José Martí de que tiene una prohibición de salida (estatus PS).

La opositora indicó que esta sanción "demuestra, entre tantas cosas, el miedo tan grande que tiene el Estado-Partido-Gobierno-Imperialista cubano a que nosotros los jóvenes nos capacitemos en materia de Derechos Humanos. Pero seguiremos defendiendo y promoviendo los Derechos Humanos entre la población cubana".

En el principal aeropuerto del país se han dado numerosas negativas de salida a más de un centenar de opositores, activistas y miembros de la sociedad civil independiente cubana que el régimen mantiene bajo la categoría de "regulados".

En muchos casos son notificados de la prohibición justo antes de viajar cuando ya han comprado los boletos y los gastos de alojamiento en otro país.

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Cuba cierra el 20 de septiembre con 8.289 nuevos casos de Covid-19

Cuba aprueba ensayo clínico en niños de vacuna contra COVID-19. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Al cierre del 20 de septiembre, Cuba reportaba 8.289 nuevos casos positivos del Covid-19, con más de 1.800 menores infectados con la enfermedad, según el Ministerio de Salud.

Pinar del Río cerraba la jornada con 1.644 nuevos casos, lo que la coloca como la provincia con mayor número de afectados. Desde allí, la activista Lisandra Orraca dijo a Radio Martí:

“De aquí, de los alrededores, ha habido, en casi todas las casas, han tenido miembros de su familia positivos al Covid. En el barrio de nosotros ha habido varios niños positivos porque ya no los están llevando para el centro de aislamiento y casi siempre, cuando se contagia uno, se contagian todos los que viven en esa casa”.

En su cuenta de Twitter, el canal oficialista Caribe informaba en las últimas horas que a Pinar del Río llegó una brigada médica procedente de Matanzas para apoyar en el enfrentamiento al Covid-19. Una provincia donde según la comunicadora Lisandra Orraca, se ha limitado la movilidad de sus residentes en vano.

Pinar del Río en primer lugar en número de nuevos casos de Covid-19
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“Las medidas que se han tomado aquí en Pinar del Río, está más que comprobado que no han servido para nada, porque en la provincia, en vez de disminuir los casos, lo que hacen es aumentar cada día. Unas tarjetas ahí de movilidad que distribuyeron también para salir una sola persona por casa y tampoco han servido para nada”, aseguró la activista pinareña.

La segunda provincia más afectada en Cuba de acuerdo con el último reporte oficial es Sancti Spíritus. Desde allí, el activista Carlos Manuel Cárdenas aseguró que la distribución de desinfectantes para la población se ha visto afectada.

“En la cadena de tiendas de productos liberados estaban ofertando el ‘Iprofoito’, que ya en esas tiendas no existe venta alguna de esos productos para la desinfección de las manos”, informó Cárdenas.

Artemisa, La Habana y Camagüey siguen en la lista de las provincias con mayor número de casos de Covid-19.

Joven opositora de Jovellanos fue acusada por su agresora; le piden 6 años de cárcel

Sissi Abascal durante una entrevista para Radio y Televisión Martí. Foto Archivo

La Fiscalía Municipal de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, solicitó este martes seis años de privación de libertad para la Dama de Blanco Sissi Abascal Zamora.

La joven de 24 años de edad fue acusada por la Mayor de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del Municipio de Jovellanos, Silvia Martínez Montero, de haber participado junto a su familia en las protestas populares del 11 de julio en el parque del poblado de Carlos Rojas.

Su madre la activista Annia Zamora contó a Radio Martí cómo fueron notificadas: “Hoy a las siete de la mañana se presenta aquí en nuestro domicilio un alguacil de la Fiscalía Municipal del Jovellanos, con una petición fiscal para mi hija Sissi de seis años de privación de libertad por los delitos de Desorden Público, Atentado y Desacato, donde la acusa la mayor Silvia de la policía de Jovellanos”.

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La señora aseguró que esto confirma que quienes salieron a reprimir a los manifestantes fueron policías y funcionarios del gobierno vestidos de civil.

"Esas personas que llegaron en un camión para reprimir al pueblo eran todos dirigentes. Ellos fueron quienes nos golpearon, tenemos el certificado médico de las lesiones y las fotos de mi hija Lisy golpeada, además de las fotos de mi golpeadura en la cara, y ahora fabrican un delito contra Sissi. Quienes tienen que ser llevados a los tribunales son ellos, por golpear al pueblo, por maltratarlos y por encarcelarlos", enfatizó la opositora.

Durante esta jornada ya fue nombrado un abogado por la familia y todavía no tienen fecha de juicio, señaló Armando Abascal, padre de la joven.

“Teníamos cinco días para nombrar el abogado y ya lo contratamos hoy, pero lo que queda bien claro y es evidente que esto es un terrorismo de estado en contra de mi familia", declaró.

"El caso de mi hija está preparado de última hora, el abogado quedó sorprendido porque ya hay hasta una acusación, siempre nos tuvieron diciendo que mi hija estaba bajo un proceso de investigación y ahora ya aparece con causa y petición fiscal", agregó.

Para este hombre el proceso contra su hija opositora "es una clara violación de todos los derechos".

"Mi hija nunca ha estado en un proceso judicial. Uno de los testigos que lleva la mayor de la policía había sido directora del Tribunal Municipal de Justicia de Jovellanos, imagínate esto es luchar contra una pared, ella misma es la que golpea a mi hija mayor cuando esta saca el certificado por la partidura de la cabeza, esa mayor”, argumentó Abascal, quien estuvo 45 días preso luego de las protestas del 11 de julio y ya fue multado al igual que su esposa con mil pesos por el supuesto delito de “Desorden Público”.

Apagones dificultan la educación a distancia por medio de teleclases

Eliane Porchete toma las teleclases en la comunidad de Minas, Guanabacoa, durante la pandemia. (AP Photo/Ismael Francisco, File)

En Cuba, cuando llega el apagón muchos niños quedan sin recibir las teleclases, lo que obliga a los padres a buscar cómo copiar la sesión a través de una memoria USB o por medio de una aplicación, para la cual se necesitan megas para acceder a Internet.

Desde la localidad de San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque, la activista Nayelis Pérez Aguilar relató a Radio Martí las dificultades que debe enfrentar día tras día para que su hijo pueda mantenerse al día con las clases online.

“Se queda el niño sin la teleclase o, viene la posibilidad de, con una memoria, ¡si tienes, si la puedes conseguir!, ir a la escuela y que, cuando a alguien se le ocurra y pueda, porque yo he ido a varias escuelas y no han estado las teleclases, tuve que ir a otra escuela que no es la de mi hijo para que él pudiera dar las teleclases”, explicó Pérez Aguilar.

Titánico esfuerzo deben realizar padres cubanos para que sus hijos estudien
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En caso de no poder grabar las teleclases en la memoria USB, los padres se ven obligados a descargar una aplicación, lo cual implica el gasto de los escasos megas a los que la población puede acceder, pagando extra incluso, lo cual dificulta que los escolares logren mantenerse al día con las materias.

“Hay que descargar una aplicación que ellos mismos (el gobierno) crearon y, entonces, por ahí también te ‘comen’ megas para que el niño pueda acceder a las teleclases”, apuntó Nayelis.

“Aquí todo es un problema, ¡todo es un problema aquí! Héroes somos los que estamos viviendo aquí, los ‘de a pie’. Da dolor y tristeza ver las condiciones a las que hemos llegado aquí!”, expresó.

A inicios de septiembre, el diario oficialista Granma informó que la reanudación del curso escolar 2020-2021 en Cuba estaría planificada a través de actividades docentes televisivas en todos los niveles educativos, durante el proceso de vacunación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que, de manera escalonada, se irían incorporando a las actividades escolares presenciales.

[Reporte radial de Ivette Pacheco]

Opositor detenido tras manifestarse el 11J en La Lisa "está muy débil" por huelga de hambre en prisión (VIDEO)

Walfrido Rodríguez Piloto. Tomado de un video de Cubanet.

El preso político Walfrido Rodríguez Piloto llevaría 7 días en huelga de hambre en la cárcel de Valle Grande de La Habana.

“El está en huelga demandando su libertad pues considera que su encierro es injusto. Un reo común me llamó por teléfono y me dijo que ya mi hermano está muy débil”, dijo su hermana Marli Sonia Rodríguez Piloto.

“Él se manifestó el 11 de julio, pacíficamente, aquí donde vivimos en el barrio El Palenque de La Lisa”, explicó.

En zonas de El Palenque los vecinos se enfrentaron a la policía cuando el cuerpo represivo trató de sofocar las protestas según se puede ver en videos difundidos ese día en las redes sociales.

Rodríguez Piloto, miembro del movimiento opositor Justicia, fue apresado el 17 de julio mientras dormía.

“Rompieron los cristales de la puerta de la casa a patadas, entraron sin orden ninguna y lo sacaron de la cama, en calzoncillos. Se lo llevaron esposado para la unidad policial. Lo pusieron aislado en una celda. No me dejaron llevarle aseo”, dijo su hermana.

La Fiscalía municipal impuso prisión provisional al activista por el supuesto delito de “atentado” y fue trasladado el 29 de julio para el penal donde se encuentra actualmente.

Esta es la segunda prisión política de Rodríguez Piloto. En 2011 fue sancionado a cinco años de cárcel tras protagonizar una protesta en la Plaza de la Revolución, donde lanzó octavillas con frases antigubernamentales.

EEUU publica informe sobre protestas del 11J en Cuba y su impacto en la libertad de religión

Protestas del 11 de julio en La Habana, Cuba. (REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo)

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, USCIRF, publicó este lunes un informe sobre las protestas del 11 de julio en Cuba y su impacto en la libertad de religión o creencias en el país.

La Comisión, entidad creada por el Congreso de Estados Unidos en 1998 para monitorear la libertad de culto en el mundo entero, dice en este informe denominado "Factsheet" o "Lista de hechos" que miles de cubanos salieron a las calles ese día para "pedir más libertades fundamentales, incluido el derecho de todos a practicar libremente la religión".

Las autoridades cubanas, denuncia el reporte, respondieron deteniendo, a menudo de forma violenta, a unos 700 manifestantes y activistas. Además, hubo "un patrón de denegación de apoyo religioso a los manifestantes" en las protestas antes y después del 11J.

Por ejemplo, en noviembre de 2020, hubo represión contra el Movimiento San Isidro. Las autoridades acosaron, vigilaron e impidieron que algunos de sus integrantes y partidarios salieran de sus hogares o asistieran a servicios religiosos.

A los funcionarios católicos se les impidió visitar a los manifestantes. Un sacerdote que intentó visitar y atender las necesidades religiosas de los manifestantes fue multado por "propaganda enemiga" y le dijeron que necesitaba un permiso para acceder a los manifestantes.

Las autoridades cubanas continuaron bloqueando el acceso de estas personas y otros presos políticos al apoyo religioso, incluso negando sistemáticamente las visitas pastorales y confiscando Biblias y otros artículos religiosos.

Cuando estallaron las protestas del 11J en Cuba, cientos de personas fueron detenidas, incluidos líderes religiosos y miembros de comunidades religiosas, señala el informe.

Varias de estas personas enfrentan problemas de salud, por lo que los pedidos de liberación son particularmente urgentes en medio de la pandemia.

El pastor Lorenzo Rosales Fajardo, miembro del Movimiento Apostólico, fue detenido en Santiago de Cuba por la Seguridad del Estado mientras protestaba pacíficamente el 11 de julio, junto con su hijo de 17 años.

La USCIRF recibió informes de que varios miembros de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, entre ellos Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García, fueron detenidos y acusados por protestar pacíficamente tras las protestas del 11J.

El Sr. Hernández y la Sra. Pérez, quienes son esposo y esposa, permanecieron detenidos y juntos fueron acusados de desorden público, desobediencia, propagación de la epidemia e incitación.

El informe denuncia que Elizabeth Cintra García, miembro de los Yorubas Libres, fue arrestada el 15 de julio y puesta en libertad bajo arresto domiciliario el 24 de julio con cargos penales pendientes.

Las hermanas gemelas Lisdiani y Lisdani Rodríguez Isak, también Yorubas Libres, fueron arrestadas el 19 de julio y permanecen en prisión.

Los pastores Yeremi Blanco Ramírez y Yarian Sierra Madrigal, dos pastores de la Misión Bautista Berea en Matanza, fueron arrestados el 11 de julio mientras protestaban pacíficamente.

Sus familias experimentaron represalias por hablar sobre el encarcelamiento de los pastores.

El informe denuncia que el padre Castor José Álvarez Devesa fue golpeado con un bate cuando asistió a las protestas del 11J en Camagüey. Cuando fue a buscar atención médica, fue arrestado.

El padre Álvarez ha sido durante mucho tiempo un fuerte crítico del régimen cubano y pidió una mayor libertad religiosa en Cuba, incluso en una carta abierta de 2018 a Raúl Castro.

El reverendo Yusniel Pérez Montejo, miembro de la Convención Bautista Oriental, fue detenido por la seguridad del Estado el 11 de julio, luego de realizar visitas pastorales en medio de las protestas en Santiago.

El reverendo Pérez Montejo fue puesto en libertad; sin embargo, fue interrogado por las autoridades el 14 de julio y acusado de incitación.

Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, también ha sido acosada. Antes de que el coronavirus obligara a suspender las marchas semanales del grupo, las autoridades detuvieron violentamente a miembros de las Damas de Blanco y les impidieron asistir a servicios religiosos casi todos los domingos.

La política de EEUU tras las protestas

El informe subraya que desde que asumió el cargo, la administración Biden ha estado llevando a cabo una revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba.

La Administración había indicado que la próxima política pondría la democracia y los derechos humanos en el centro y empoderaría al pueblo cubano para determinar su propio futuro.

Poco después del inicio de las protestas del 11J, la Administración y los miembros del Congreso manifestaron su apoyo al pueblo cubano y denunciaron las detenciones y la violencia por parte de las autoridades cubanas. El 12 de julio, el presidente Biden expresó su solidaridad con los manifestantes cubanos que afirman sus derechos fundamentales.

El 22 de julio, el presidente Biden reiteró su apoyo y condenó inequívocamente los arrestos y juicios sumarios. El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó los casos de prisioneros cubanos, incluido el pastor Rosales Fajardo.

El Congreso llamó la atención sobre la situación y expresó su solidaridad con el pueblo cubano, incluso mediante la celebración de una audiencia sobre las protestas y la presentación de leyes y resoluciones como la Resolución 310 del Senado, que condena los actos de represión del régimen cubano y fue aprobado por unanimidad por el Senado el 28 de julio.

Además, la Administración ha tomado medidas para responsabilizar a los responsables de la represión, incluida la emisión de sanciones en virtud de la Ley de Responsabilidad de Derechos Humanos Global Magnitsky.

Entre los sancionados se encuentra la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba, responsable del asalto al padre Álvarez.

Para maximizar el impacto de estos esfuerzos de rendición de cuentas, la Administración también está trabajando para generar presión internacional sobre Cuba.

El 26 de julio, Estados Unidos emitió una declaración conjunta con otros 20 países condenando los arrestos y detenciones masivas, pidiendo la liberación de todos los prisioneros e instando al gobierno cubano a respetar las libertades universales de las personas.

La Administración está trabajando con socios en América Latina, incluso a través de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para presionar al régimen cubano para que libere a los detenidos, restablezca el acceso a Internet y permita que los cubanos disfruten de sus libertades fundamentales.

Estados Unidos también está comprometido con los esfuerzos para apoyar al pueblo cubano. Esto incluye considerar formas de ampliar el acceso a Internet, revisar el apoyo humanitario de Estados Unidos a Cuba y explorar la posibilidad de aumentar recursos en la embajada de Estados Unidos en La Habana.

El informe añade que la Administración está trabajando con los líderes cubanoamericanos y las partes interesadas para determinar respuestas adicionales. Como parte de este proceso, el 30 de julio, el presidente Biden y miembros del Congreso se reunieron con cubanoamericanos, incluidos representantes de comunidades religiosas.

Conclusión

El informe concluye que el pueblo de Cuba está pidiendo mayores libertades fundamentales, incluido el derecho de todos a practicar libremente la religión.

Mientras Estados Unidos continúa respondiendo a las protestas en Cuba, poniendo los derechos humanos en el centro, también debe presionar para promover la libertad religiosa llamando la atención sobre los casos de líderes religiosos y miembros de comunidades religiosas.

Como parte de estos esfuerzos, la Administración Biden debe imponer sanciones específicas a las autoridades cubanas y a las entidades responsables de la detención de líderes religiosos y miembros de comunidades religiosas.

Para aumentar el impacto de las sanciones y presionar aún más a las autoridades cubanas para que liberen a estas personas detenidas, Estados Unidos debe continuar colaborando con socios internacionales, incluso a través de la OEA, afirma el informe de USCIRF.

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