América Latina
- Agencias
¿Quién es el opositor venezolano Leopoldo López?
López fue alcalde del municipio metropolitano de Chacao por dos períodos (2000-2008). Durante su último año de gestión, el gobierno de Hugo Chávez lo inhabilitó para ejercer cargos públicos.
Ahora, lo acusa de "terrorismo y asesinato", por los incidentes durante la marcha de estudiantes opositores del miércoles pasado, que terminaron con tres muertos. Logró que la Justicia librara una orden de captura y aprovecha cada aparición pública para amenazar con su captura.
López fue alcalde del municipio metropolitano de Chacao por dos períodos (2000-2008). Durante su último año de gestión, el gobierno de Hugo Chávez lo inhabilitó para ejercer cargos públicos tras ser acusado, en 1998, de haber recibido recursos de la gerencia de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que ocupaba su madre, Antonieta Mendoza, para fundar el partido opositor Primero Justicia. El joven dirigente apeló a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y Corte CIDH) y ambas concluyeron que hubo una violación de sus derechos.
Sin embargo, el Gobierno mantuvo sobre López la prohibición de postularse a cargos de elección popular y truncó así su candidatura a la alcaldía metropolitana de Caracas en 2008, que más tarde ganó -en dos oportunidades- su compañero Antonio Ledezma.
Hugo Chávez lo inhabilitó para ejercer cargos públicos
La carrera del dirigente de Voluntad Popular -partido opositor que fundó en 2009 tras su expulsión de Un Nuevo Tiempo y que en las elecciones regionales del pasado diciembre obtuvo el mayor número de alcaldes por la oposición- tuvo inicios prometedores.
Con estudios de Economía en la Universidad de Harvard, López ostenta una exitosa carrera política: en 2000, con 29 años, fue elegido con el 51% de los votos para su primer período en la alcaldía de Chacao, el municipio más rico de la gran Caracas, y en su reelección, en 2004, arrasó con 81 por ciento.
En abril de 2002, fue uno de los muchos políticos que llamaron a las manifestaciones opositoras de calle que derivaron en un golpe de Estado que sacó brevemente del poder al entonces presidente Hugo Chávez.
Ahora, y tras su inhabilitación, sus tácticas de protestas callejeras para forzar "la salida" del Gobierno le han significado ser responsabilizado por Maduro de los tres muertos y 66 heridos que dejaron las manifestaciones estudiantiles en Caracas del pasado miércoles.
Ese día, miles de estudiantes, acompañados por López y otros líderes de la oposición, marcharon contra la inseguridad, la inflación, la escasez de productos y la detención de universitarios.
El Gobierno afirma que la violencia fue resultado de "grupos de ultraderecha infiltrados" en las manifestaciones con el fin de provocar "un golpe de Estado" en Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras en el mundo.
López protagonizará, este martes, una gran movilización hacia el Ministerio Público. El gobierno de Nicolás Maduro tendrán la oportunidad de apresarlo allí mismo, ante los medios de comunicación del mundo. El joven dirigente espera que esa visibilidad garantice su seguridad. Estudiantes, líderes opositores (incluso los que no están de acuerdo con la táctica de salir a marchar incansablemente) lo arroparán el 18F. Este martes, el presidente bolivariano se enfrentará a su mayor pesadilla: ¿López se convertirá en mártir?
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Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito
Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".
Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.
La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.
También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.
En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.
La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.
En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.
Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.
Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.
Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
OEA rechaza asalto de la policía ecuatoriana a embajada de México para detener a exfuncionario
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afecta gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
Por su parte, el viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Alejandro Dávalos, acusó a México de obstaculizar el “funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano” al conceder asilo político a exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas , acusado de corrupción.
"México ha hecho énfasis en la importancia y el respeto a la institución del asilo. No obstante, su actitud socava y desnaturaliza el concepto de asilo diplomático, tergiversando el verdadero espíritu de las convenciones que regulan esta institución al concedérselo a un condenado y prófugo de la justicia ecuatoriana, promoviendo la impunidad”, dijo Dávalos.
También pidió actualizar las normas y convenios en materia de asilo político "para erradicar lo que denominó “los nuevos fenómenos criminales del crimen organizado transnacional".
La reunión del martes no contó con la participación de la representante mexicana ante el organismo, Luz Elena Baños, ya que fue una sesión convocada por Ecuador.
Este miércoles, se celebra en Washington una segunda sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada por Colombia y Bolivia y abordará “la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y su vínculo con la figura del asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador”, según indica la convocatoria.
Mientras tanto, el gobierno mexicano difundió el martes videos inéditos que muestran el momento en el que las fuerzas policiales ecuatorianas irrumpieron en su embajada en Quito para apresar a Glas, que había recibido asilo politico.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentó durante su conferencia matutina las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la sede diplomática en las que se observa el instante en el que los agentes ecuatorianos entran de manera violenta a la residencia en medio de la noche.
El asalto provocó una suspensión de las relaciones con Quito por parte de México, y el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó la inusual incursión diplomática y el arresto como una acto "autoritario" y una violación del derecho internacional y de la soberanía de México.
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