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América Latina

 OEA informa sobre situación de venezolanos en Bolivia

David Smolansky en una sesión de la OEA junto a su Secretario General, Dr. Luis Almagro

El informe “Situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Bolivia”, emitido hoy, 8 de mayo, por la Organización de Estados Americanos (OEA) destaca los logros obtenidos por la administración interina de la presidenta del país, Jeanine Añez, así como las zonas en las que aún es necesario realizar ajustes para mejorar, en lo posible, la situación de los más de 10.000 migrantes y refugiados que, se calcula, residen hasta el momento en el país del Altiplano.

“Las restricciones migratorias impuestas por algunas naciones de la región han incrementado la llegada de venezolanos a Bolivia y, de mantenerse estos controles, combinado con la profundización de la crisis que ha causado el régimen de Nicolás Maduro, se estima que aumente el flujo migratoriohacia veste país en el transcurso del presente año”, advierte en el informe David Smolansky, Comisionado del Secretario General de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos.

Estos migrantes y refugiados, se mantuvieron “invisibilizados” por más de 15 años por razones políticas, hasta que “El establecimiento del gobierno de transición en Bolivia, liderado por Jeanine Añez, ha generado un cambio en la política migratoria de este país y un nuevo enfoque hacia la migración venezolana, centrado en la flexibilización y una perspectiva más humana”, subraya el informe.

Como aspectos a destacaren la nueva política adoptada por Añez, se cita la “reactivación de los procesos de solicitud de refugio y la flexibilización en cuanto a la documentación exigida a las personas venezolanas para poder regularizarse y permanecer en el territorio boliviano”.

Algunos de los desafíos que enfrenta el gobierno de Bolivia tiene que ver con la vulnerabilidad en que se encuentras estos migrantes y refugiados, quienes, en su mayoría, no cuentan con los recursos necesarios para cubrir los gastos de trámites migratorios y enfrentan seris dificultades para insertarse en el mercado laboral establecido.

El informe también destaca que “uno de estos desafíos está en “garantizar la continuidad de la nueva política migratoria hacia los venezolanos, así como la permanencia de las resoluciones aprobadas en caso de que se instale un nuevo gobierno luego de celebrarse las elecciones presidenciales de 2020”.

En su rol como Comisionado del Secretario General de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, David Smolansky tiene ante sí la responsabilidad de concientizar a los países miembros de la organización sobre la situación de los más de 5.1 millones de venezolanos desplazados de su territorio, o sea, un 17 % de la población de Venezuela.

En este tercer informe que la OEA publica sobre la situación de los refugiados y migrantes venezolanos en el mundo se recuerda que es imprescindible que se cree un consenso para que sean cumplido los acuerdos tomados en la Declaración de Cartagena, donde se estableció que, quienes huyen de Venezuela, deben ser recibidos bajo la condición de refugiados

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Fiscalía boliviana imputa a Evo Morales por terrorismo y pide su detención

Una mujer quita los posters de Evo Morales en El Alto el pasado 11 de noviembre. Aizar RALDES / AFP

La Comisión de Fiscales Anticorrupción de Bolivia acusó formalmente este lunes al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, de cometer el delito de terrorismo, y pidió su detención preventiva.

En concreto, la causa se sustenta en una serie de audios en los que una voz, atribuida al ex mandatario, instruye a un dirigente cocalero a bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a distintas ciudades en el marco de los disturbios sociales catalizados por las elecciones fraudulentas en el país.

La investigación había comenzado el pasado 20 de noviembre, luego de que el ministro de Gobierno de la administración interina de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, publicara la información.

En ese entonces, el gobierno presentó los cargos de “sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo”, y dos fiscales pidieron que se aprehendiera a Morales y se lo llevara a comparecer ante la fiscalía.

No obstante, para el momento en que se libró la orden -en diciembre de 2019- Morales ya se encontraba instalado en Argentina, cuyas autoridades indicaron que tenía “estatus de refugiado” y que no aceptarían extraditarlo.

Este lunes los fiscales decidieron imputar formalmente a Morales y pedir su detención, en lo que representa el primer movimiento significativo de la causa contra Morales desde entonces.

Según consignó el medio local El Deber, un informe del Centro Tecnológico de Investigación de Colombia determinó hace más de cuatro meses que había una “alta probabilidad de identificación” entre la voz del audio y la del ex mandatario.

Un mes después, el dirigente cocalero del otro lado del teléfono, Faustino Yucra, fue detenido por las autoridades en el departamento de Chuquisaca. En el audio, la voz atribuida a Morales insta a Yucra a dar “dura batalla a los fascistas y racistas”. “Va a ser hora de combate, combate, combate (...) Con el pueblo alteño y otros sectores, vamos a derrotarlos”, sostiene.

En concreto, le ordena que hagan “cercos de verdad” de modo que “no entre comida a las ciudades”. Además, le explica que, para que la gente no se “canse” los organice en grupos que se vayan rotando “cada 24 horas”. “Hay bloqueo hasta ganar, hermano”, le indica.

En ese momento, Morales se encontraba en México, país al cual se había exiliado después de renunciar a la presidencia y antes de viajar hacia Argentina. El ex mandatario no ha reaccionado públicamente a la imputación y el pedido de detención.

Sí lo hizo el gobierno interino, que a través de Murillo, expresó: “Celebramos que el terrorista Evo Morales sea imputado por terrorismo. Hay esperanza, se hará justicia. Ojalá tenga la valentía de volver y purgar 30 años de cárcel que es lo mínimo que merece”.

República Dominicana: Oposición declara la victoria

El candidato Luis Abinader. REUTERS/Ricardo Rojas

SANTO DOMINGO - El candidato presidencial opositor de la República Dominicana, Luis Abinader, se declaró victorioso a última hora del domingo, con los primeros resultados de unos comicios marcados por la pandemia del coronavirus mostrando que podría poner fin a 16 años de dominio del partido gobernante.

Según unos resultados preliminares que representan el 22% de los votos emitidos, Abinader, de 52 años y líder del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), obtuvo el 53,3% de los votos, porcentaje de que de mantenerse será suficiente para evitar una segunda vuelta.

Gonzalo Castillo, de 59 años, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuya candidatura recibió el apoyo del presidente Danilo Medina, era segundo con el 37,1% de los votos. Ambas formaciones son centristas y favorables a los sectores empresariales.

Medina, de 68 años de edad, que cumplió dos mandatos consecutivos de cuatro años, no pudo ser reelegido tras no haber conseguido cambiar la Constitución para poder presentarse a un tercer mandato.

“Hoy hemos vencido el miedo con esperanza y la duda con determinación”, dijo Abinader a sus seguidores en su sede de campaña.

Abinader afirmó que los votantes le han encomendado la tarea de abordar “los desafíos más difíciles de nuestra historia”, en particular el brote de coronavirus del país, uno de los peores de América Latina, y su impacto económico.

Este economista educado en Estados Unidos y líder de la industria del turismo, sin experiencia previa en el gobierno, tuvo que suspender brevemente sus apariciones el mes pasado después de que él mismo diera positivo en las pruebas del coronavirus. Señaló que desde entonces se ha recuperado y ha dado negativo.

Abinader dijo que buscará relanzar el crecimiento de un país de 10,4 millones de habitantes que comparte la isla caribeña de La Española con Haití y que se ha visto especialmente afectado por el golpe de la pandemia a su vital sector turístico.

El sólido historial económico del PLD no parece haber sido suficiente para compensar las quejas de los votantes sobre su gestión del brote, la persistente desigualdad en el país y las acusaciones de corrupción.

La economía más grande del Caribe ha crecido a un ritmo anual del 7% anual en la última década, pero el 20% que conforma la población más acaudalada aún controla la mitad de las riquezas del país y ha caído en ese periodo 38 puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción de International Transparency hasta el lugar 137 de 180.

El PLD también se vio seriamente debilitado después de que el expresidente Leonel Fernández, de 66 años, se separara para formar un partido disidente en octubre. Los primeros resultados lo colocaron en un distante tercer lugar con el 8,6% de los votos.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias tuvieron lugar mientras los casos de coronavirus continuaban alcanzando máximos diarios cuatro meses después de los primeros casos reportados. El país ha registrado 37.425 casos y 794 muertes.

Los críticos dicen que el Gobierno no actuó lo suficientemente rápido, reabrió la economía demasiado pronto en junio y es muy lento en la distribución de pruebas de descarte.

Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos dijo el domingo que uno de los nueve miembros de su misión de observación electoral había dado positivo en el test de coronavirus y había sido puesto en cuarentena.

La delegación de la OEA dijo que había detectado lapsos de distanciamiento social durante el día a pesar de los esfuerzos de las autoridades, que también impusieron medidas como la obligación de que los votantes usaran mascarillas y se desinfectaran las manos antes de votar.

Después de posponer las elecciones de mayo, el Gobierno habría tenido que enmendar la Constitución para aplazarlas nuevamente. En cambio, las autoridades electorales anunciaron medidas sanitarias y distanciamiento social en las urnas.

Algunos dominicanos en el extranjero no pudieron votar debido a las restricciones relacionadas con el coronavirus.

OIM-ONU: Refugiados y migrantes venezolanos se enfrentan a pérdida de medios de vida, desalojos y discriminación

Migrantes venezolanos en un campo para refugiados en Bogotá, Colombia. (Raul Arboleda / AFP).

La ONG venezolana Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) expresó en su cuenta de twitter que desde el brote de COVID-19, los refugiados y migrantes venezolanos se enfrentan a la pérdida de medios de vida, desalojos y discriminación. Muchos no pueden acceder a instalaciones de salud e higiene y cumplir con las medidas de distanciamiento físico.

La organización venezolana incluyó en el mensaje una publicación hecha por la Organizacón Internacional para las Migraciones (OIM) -integrada como parte del sistema de la ONU en el año 2016- titulada Mientras la COVID-19 profundiza las dificultades de refugiados y migrantes de Venezuela, la necesidad de ayuda es cada vez más urgente.

La publicación describe la situación que atraviesan los migrantes y refugiados venezolanos producto del COVID-19 y explica que con la pandemia amenazando la seguridad y el futuro de millones de refugiados y migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida, más de 150 organizaciones que trabajan en 17 países de América Latina y el Caribe están pidiendo a la comunidad internacional un incremento urgente de apoyo.

Desde el brote de COVID-19, los refugiados y migrantes de Venezuela se enfrentan a numerosos desafíos, incluida la pérdida de medios de vida, los desalojos y el aumento de la estigmatización.

La OIM explica que a menudo muchos no pueden acceder a instalaciones básicas de salud e higiene y cumplir con las medidas de distanciamiento físico. Agrega que quienes viven en una situación irregular y sin documentación también corren el riesgo de quedar excluidos de los programas nacionales de salud y asistencia social.

“El coronavirus está presionando a nuestras sociedades de formas que nunca hubiéramos imaginado. A los refugiados y migrantes venezolanos, la pandemia los expone a dificultades aún mayores, ya que muchos ahora luchan por sobrevivir, lejos de casa ", dijo Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto del ACNUR y la OIM para refugiados y migrantes de Venezuela.

Stein agregó que "los venezolanos en toda la región ahora se enfrentan al hambre, la falta de acceso a la atención médica, las perspectivas de la falta de vivienda y la xenofobia".

Cada vez más vulnerables, muchos también corren el riesgo de quedar expuestos a la violencia de género, la estigmatización, la explotación y el abuso, sostiene la publicación.

La OIM dijo que en respuesta, las organizaciones humanitarias revisaron el Plan de Respuesta Regional a Refugiados y Migrantes (RMRP), lanzado en noviembre de 2019. El plan regional de 1.350 millones de dólares priorizó actividades para abordar las necesidades más urgentes de protección, asistencia e integración de refugiados y migrantes de Venezuela. Los requerimientos actualizados del RMRP ahora ascienden a 1.410 millones de dólares, alrededor de un tercio están destinados a actividades específicas de COVID-19.

A esto agregaron que los principales incrementos apoyarán a refugiados y migrantes en situaciones extremadamente precarias, sobre todo aquellos que necesitan urgentemente alimentos, vivienda y servicios de salud. También cubrirá la provisión de equipos de protección personal y actividades destinadas a proporcionar información vital sobre la pandemia y los servicios disponibles.

El ente de la ONU sobre migraciones expresó que el RMRP complementa los esfuerzos que los gobiernos de la región han puesto en marcha para aliviar las necesidades de las comunidades de acogida. La inclusión de refugiados y migrantes en las respuestas y programas nacionales, que van desde la entrega de bienes básicos y canastas de alimentos, los esfuerzos de bienestar social y los destinados a detener los desalojos, ha sido y sigue siendo vital.

Dadas las medidas de cuarentena implementadas en toda la región, muchas de las actividades en el plan de respuesta se han ajustado para proporcionar asistencia remota, incluso a través de una mayor asistencia en efectivo.

Otras actividades priorizadas incluyen el establecimiento de instalaciones móviles de salud para la prueba y derivación de casos de COVID-19 y la adaptación de albergues con espacio físico adecuado y mejores condiciones sanitarias, expresaron.

Esto se suma a la prestación de apoyo técnico a las autoridades nacionales para complementar sus esfuerzos en la respuesta a la COVID-19 y el establecimiento de sistemas de alerta temprana y mecanismos de respuesta rápida para contener la propagación de la pandemia entre refugiados y migrantes.

La OIM hizo énfasis en que "resulta crucial que los refugiados y los migrantes, independientemente de su condición, sean incluidos en las respuestas nacionales de salud".

“Si bien la pandemia de la COVID-19 aún no ha alcanzado su punto máximo en América Latina, los servicios de salud pública ya sobrecargados continuarán siendo desafiados en los próximos meses. Instamos a la comunidad internacional a brindar generosamente apoyo a través de este plan de respuesta revisado”, sostuvo Stein.

La OIM alertó además que el plan de respuesta regional para los venezolanos tiene un grave déficit de financiación. Hasta la fecha, solo se ha cubierto el 4% de los fondos requeridos. Para respaldar el trabajo de las 151 organizaciones que forman parte de la respuesta de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (R4V), se convocará una conferencia virtual de donantes a finales de mes.


EEUU ordena confiscar envío de gasolina de Irán a Venezuela

Un buque iraní en la refinería El Palito en Puerto Cabello, Venezuela, el 25 de mayo de 2020. Miraflores Palace/Handout via REUTERS

WASHINGTON- Fiscales de Estados Unidos presentaron a última hora del miércoles una demanda para confiscar la gasolina a bordo de cuatro petroleros que Irán está enviando a Venezuela, en una nueva medida de Washington para aumentar la presión económica sobre los dos países.

Washington ha estado aplicando sanciones para impulsar sin éxito la salida del cargo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, incluyendo medidas contra la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

La escasez de gasolina en Venezuela, que al igual que Irán es miembro de la OPEP, se ha agudizado debido a las sanciones de Estados Unidos y a que el país sudamericano sufre un colapso económico.

En la demanda de incautación, los fiscales federales buscan detener la entrega de gasolina iraní a bordo del Bella y el Bering, con bandera de Liberia, y el Pandi y el Luna, según el documento, mientras que también busca impedir futuras entregas.

La presentación también busca detener el flujo de ingresos a Irán por la venta de petróleo a Irán en medio de la disputa entre los países por el programa nuclear de la república islámica.

Zia Faruqui y otros dos abogados asistentes de Estados Unidos alegan que el empresario iraní Mahmoud Madanipour ayudó a organizar los envíos al cambiar los documentos sobre los petroleros para evadir las sanciones estadounidenses.

La demanda dice que desde septiembre de 2018 la Fuerza Quds, un grupo élite de la Guardia Revolucionaria de Irán, ha movido petróleo a través de una red de envíos que ha sido sancionada.

Las ganancias de los envíos respaldan las "actividades nefastas, incluida la proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de entrega, apoyo al terrorismo y una variedad de abusos contra los derechos humanos, en el país y en el extranjero", dice la demanda.

Rusia divulgó reestructuración de deuda con Venezuela

Vladimir Putin con Nicolas Maduro en Moscú

Rusia divulgó este martes los términos de una reestructuración de deuda acordada previamente con Venezuela que muestra que los pagos anuales de Caracas a Moscú se incrementarán en cinco veces a partir de 2023.

Los detalles se incluyeron en un proyecto de ley gubernamental presentado para su ratificación a la cámara baja del Parlamento, o Duma.

No estaba claro qué pasaría con el acuerdo entre Rusia y Venezuela si la Duma rechaza el proyecto de ley.

Caracas tiene que pagarle a Moscú 133 millones de dólares al año desde 2019 al 2022. La cifra aumenta a 684 millones de dólares entre 2023 y 2026, mostró el documento en el sitio web de la Duma.

El acuerdo, firmado por Rusia y Venezuela en 2018, prevé el reembolso de 3.120 millones de dólares en capital y pagos de intereses por 217 millones de dólares.

Ambos países acordaron la reestructuración de la deuda a finales de 2017.

Moscú ha actuado como prestamista de último recurso para Caracas, con el gobierno ruso y el gigante petrolero Rosneft proporcionando al menos 17.000 millones de dólares en préstamos y líneas de crédito desde 2006.

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