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América Latina

OEA aprueba resolución de respaldo a Guaidó como jefe del Parlamento

Guaidó enfrenta a la policía militarizada que rodea el palacio legislativo. REUTERS/Fausto Torrealba

La Organización de los Estados Americanos aprobó el viernes una resolución que condena el uso de la fuerza en el Parlamento de Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro, reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y pide nuevas elecciones presidenciales en el país.

La resolución, presentada por Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela, fue adoptada por 20 de los 34 miembros del Consejo Permanente. Cinco países votaron en contra, ocho se abstuvieron y hubo una ausencia.

Esta es la primera vez que el representante de Bolivia vota a favor de una de las resoluciones que condenan las acciones del régimen de Maduro.

El representante de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, celebró la aprobación de la iniciativa.

"Estamos muy orgullosos de Juan Guaidó. Todos los obstáculos que le ha presentado el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro los pudo sobrepasar y vimos hoy el apoyo total internacional que sigue teniendo el gobierno interino", dijo Trujillo a Radio Martí.

Guaidó fue ratificado como presidente de la Asamblea Nacional el domingo pasado por 100 de los 167 miembros de la Asamblea Nacional, en una votación realizada afuera del Palacio Legislativo al serle impedido el ingreso a la sede por fuerzas de seguridad del gobierno.

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México: Deficientes investigaciones de asesinatos de mujeres en el Estado de México violan derechos a la vida

Una activista sostiene un cartel contra el feminicidio en una marcha por el Día Internacional de la Mujer, en la ciudad de México. (Archivo/REUTERS/Luisa Gonzalez)

Las investigaciones sobre asesinatos de mujeres precedidos de desaparición, realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJEM, presentan graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades, lo que ha llevado a la pérdida de evidencias, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género, según estima Amnistía Internacional.

Esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado este martes.

Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de asesinatos de mujeres precedidos de desaparición en el Estado de México establece que las falencias antes referidas coinciden con las de otras investigaciones que han sido puestas de manifiesto por organizaciones de la sociedad civil y por personas titulares de derechos, y con casos como los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos hace más de 20 años. Esto sugiere que la violencia feminicida y las deficiencias en su investigación y prevención forman parte de una realidad más amplia del país.

“Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo las Convenciones de Belem do Pará o de la CEDAW, y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

“El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades. Por ello, seguimos insistiendo en que el tema de la violencia contra las mujeres ocupe un lugar prioritario en la agenda del gobierno federal y de los gobiernos locales”, precisó Edith Olivares Ferreto.

Tan solo en 2020, se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios.

En el informe, Amnistía Internacional documentó cuatro casos emblemáticos de feminicidio precedidos de desaparición, analizando específicamente las deficiencias en las investigaciones penales de los mismos. Los casos fueron los de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y aún con paradero desconocido, y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.

El informe demuestra que las autoridades estatales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.

Las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación y su falta de actuación conlleva a las familias de las víctimas –generalmente a las mujeres– a asumir el liderazgo de las investigaciones invirtiendo sus propios recursos.

También se dan casos en que las autoridades amenazan y acosan a las familias para que no llamen la atención de sus superiores. Asimismo, las autoridades no siempre aplican la perspectiva de género durante todo el proceso penal, lo que contraviene los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres.

El informe demuestra también que las autoridades de la FGJEM no tienen las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, debido a una sobrecarga de trabajo y carencia de insumos materiales para llevar a cabo algunas tareas. Adicionalmente, el personal debe pagar, con sus propios medios, parte del material necesario para llevar a cabo las investigaciones y las oficinas no tienen depósitos adecuados para resguardar las evidencias, favoreciendo su contaminación y destrucción. El personal de la FGJEM requiere una mayor formación especializada para llevar a cabo investigaciones adecuadas.

Las deficiencias detectadas en las investigaciones implican una violación a los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia. Para proteger los derechos de las víctimas, Amnistía Internacional recomienda:

A la FGJEM, que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas, así como el diseño e implementación de capacitaciones sobre cómo investigar desapariciones y muertes violentas de mujeres desde una perspectiva de género.

Al Congreso del Estado de México, que la FGJEM, especialmente la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, cuente con los recursos humanos y financieros para cumplir con su labor de manera adecuada.

A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que investigue la problemática de las deficiencias en las investigaciones penales de los delitos de violencia contra las mujeres, en especial de los feminicidios y las desapariciones de tal forma que emita recomendaciones que aborden los aspectos resaltados en este informe.

A las autoridades federales, que reconozcan públicamente la magnitud del problema de los feminicidios y las desapariciones en México, así como las deficiencias en las investigaciones de los delitos.

Lanzan Diálogo de las Américas sobre Libertad de Expresión en Internet

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en acción.

El lanzamiento del Diálogo de las Américas sobre Libertad de Expresión en Internet fue anunciado este martes por el departamento que se ocupa de ese tema dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

El departamento nombrado Relatoría Especial para la Libertad de Expresión dice que esta iniciativa, que tiene carácter abierto y multisectorial, surge con el fin de atender los desafíos que presentan actualmente las tecnologías digitales para el ejercicio de los derechos humanos en la región.

El 5 de febrero de 2021, la CIDH advirtió que la libertad de expresión en Internet se encuentra en un punto de inflexión en el hemisferio, caracterizado, entre otros aspectos, por el deterioro del debate público; los dilemas sobre la moderación de contenidos y su compatibilidad con los estándares democráticos y de derechos humanos; y la falta de esfuerzos por avanzar respecto de la alfabetización digital orientada al desarrollo de habilidades cívicas.

A partir de hoy y en las próximas ocho semanas, el Diálogo propondrá diversas actividades virtuales de carácter abierto a través de su sitio web www.americasdialogue.org.

Al finalizar este período, y en lo que será la última fase del proceso, se prevé conformar un grupo de trabajo ad-hoc que analizará y discutirá alrededor de los insumos recibidos, para luego desarrollar un plan de acción que pueda ser sugerido a la CIDH. Al cierre de dicho proceso, la Comisión evaluará dentro de los mecanismos a su disposición el que considere más idóneo para proponer estándares interamericanos que atiendan estos desafíos.

La Relatoría alienta a los distintos actores interesados a acompañar y participar activamente en las actividades iniciales que estarán abiertas desde este momento y a navegar en el link las distintas secciones y herramientas del Diálogo.

El “Cuba-Gate” investiga la acreditación de médicos cubanos contratados por México

Médicos cubanos llegan a México.

El descubrimiento hecho durante una investigación de más de seis meses por Julen Rementería, coordinador en el Senado del opositor Partido Acción Nacional (PAN) de México, sobre la imposibilidad de verificar la legitimidad de los miembros de la brigada médica cubana contratados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para combatir la pandemia durante 2020, se mantiene en la palestra del debate político mexicano, exacerbado por el posicionamiento de apoyo frontal al régimen caribeño demostrado por AMLO durante la celebración del Día de la Independencia de México.

Bajo el nombre de “Cuba-Gate”, el senador Rementería publicó el pasado lunes un largo hilo de tuits en los que acusa a ambos gobiernos de “haber orquestado un fraude” por valor de unos 12.692.940 millones de dólares contratando a 585 médicos cubanos de los cuales, según Rementería, nunca se ha podido ver los títulos.

En un artículo publicado por el portal digital independiente Cubanet se explica que Rementería solicitó las constancias de las copias de los títulos profesionales de los galenos, pero esta información no fue proporcionada: "Ni el gobierno de la ciudad, ni las autoridades migratorias, ni la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y ni la Secretaría de Salud Federal pudieron confirmar que las 585 personas que llegaron a México desde la Isla eran médicos”.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y encargada de la confección y la tramitación de dichos contratos alegó no contar “con la documentación que acredite a esas 585 personas como médicos porque esa no es responsabilidad de ellos, sino del Ministerio de Salud de Cuba” lo cual, asegura el senador es contrario a lo estipulado en los modelos de contratos.

Por otra parte y según un cable emitido este martes por la agencia de prensa EFE, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) aseguró que esos 585 médicos contratados para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus no eran “falsos”.

“Se incorporaron desde el 27 de abril de 2020 585 cooperantes, todos profesionales de la salud acreditados por el Ministerio de la Salud de Cuba, con perfiles en epidemiología, medicina general integral, medicina crítica, biomedicina, enfermería general y enfermería especializada”, detalló el informe de Sedesa.

Sedesa dijo también que todos los papeles que tienen que ver con estos médicos contratados “están debidamente integrados, bajo el resguardo de Sedesa y amparados por la Ley de Protección de Datos personales”, lo cual contrasta con lo declarado por el senador Rementería, quien afirma “haber pedido información a por lo menos seis dependencias públicas sobre estos especialistas y ninguna pudo darle una respuesta, por lo que concluyó que eran médicos “falsos”.

Desde 2017, importantes medios de prensa habían revelado aspectos del esquema cubano de tráfico de profesionales, como el despojo salarial, las presiones y amenazas, la retención de documentos de identidad y el uso de los médicos para hacer proselitismo político.

Publicaciones como The New York Times, The Guardian, Wall Street Journal, Miami Herald, Time y la BBC los expusieron después de hablar directamente con cooperantes que habían desertado o pidieron anonimato.

En 2020, las evidencias fueron reforzadas por más reportajes de la prensa internacional; el emplazamiento al gobierno de Cuba por parte de dos relatoras temáticas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; investigaciones de organizaciones dedicadas a los derechos humanos en Cuba; dos demandas judiciales bien argumentadas con los testimonios de exmiembros de las misiones; y la denuncia de una importante organización internacional especializada.

Régimen de Ortega "fabrica acusaciones contra opositores y críticos", señala Human Rights Watch

Daniel Ortega, Rosario Murillo y Carlos Fonseca Terán

La situación se vuelva cada vez más difícil para los opositores en Nicaragua a medida que se acercan la elecciones presidenciales, programadas para el próximo mes de noviembre, según el reciente informe publicado por Human Rights Watch (HRW) en el que se denuncian las arbitrariedades cometidas por el régimen Ortega-Murillo contra candidatos a la presidencia, periodistas, críticos del sistema y otros opositores.

Según HRW, desde finales de mayo del presente año, suman 36 los detenidos en el país centroamericano a quienes, en respuesta a las acusaciones de “desaparición forzosa”, el gobierno sandinista permitió contacto con sus familiares por primera vez desde su detención el pasado 31 de agosto.

En la mayoría de los cargos que se han presentado contra los detenidos las sanciones oscilan entre 15 y 25 y las acusaciones que pesan sobre ellos van desde “lavado de dinero” hasta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, explica el informe de HRW.

Al respecto, José Manuel Vivanco, director para las Américas de HRW, declaró que “La velocidad con la cual el gobierno de Ortega ha llevado a cabo esta ola de detenciones antes de las elecciones presidenciales de noviembre, sometiendo a sus críticos a condiciones horrorosas de detención y acusándolos de delitos sin ninguna base ni debido proceso, revela que Ortega no tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios”.

“El gobierno de Ortega”, agregó Vivanco, “debe liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos y la comunidad internacional debe redoblar la presión sobre el gobierno para aumentar el costo de sus prácticas abusivas”.

La orden de detención emitida contra el escritor Sergio Ramírez, quien fuera vicepresidente en el anterior gobierno de Daniel Ortega y quien debió acudir al exilio el pasado mes de junio por criticar fuertemente las acciones de quien fuera su compañero en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), así como las órdenes de detención emitidas contra periodistas y académicos que también han recurrido al exilio es otro de los puntos señalador por HRW.

En el apartado dedicado a los “cargos falsos”, la organización defensora de los derechos humanos en el mundo señala que se pudieron examinar “las acusaciones que enumeran las pruebas contra 14 opositores del gobierno, y halló que, en ninguno de los casos, la fiscalía señaló actos punibles como sustento de la acusación”.

“Según las acusaciones”, asegura el reporte, “la mayoría de los 14 opositores habría solicitado o apoyado ‘sanciones económicas, comerciales y de operaciones financieras en contra del Estado de Nicaragua’, ‘incita(do) a la injerencia extranjera en los asuntos internos’ y/o promovido acciones para ‘desestabilizar el país con financiamiento extranjero’ con el fin de ‘desacreditar al gobierno de Nicaragua”.

Agreden a cubanos en México por repudiar a Díaz-Canel; denuncian participación de personal de la Embajada y del gobierno local (VIDEO)

Manifestantes cubanos protestaron por la presencia de Miguel Díaz-Canel en México y fueron reprimidos.

La visita de Miguel Díaz-Canel mantiene revueltas las aguas políticas de México, provocando que, por primera vez, según residentes en el país, los grupos de apoyo al régimen de Cuba se atrevieran a pasar de la protesta al maltrato físico agrediendo a quienes, de manera pacífica, mostraban frente a la Embajada de Cuba en Ciudad de México, su desacuerdo con la presencia del gobernante cubano en el país.

Los manifestantes llegaron a la zona poco antes de las 9.00 de la mañana y muy pronto se dieron enfrentamientos entre los opositores -alrededor de diez- y quienes apoyan a Díaz-Canel -alrededor de 50-. La policía intervino y lograron que los opositores se replegaran hacia un lado y más tarde salió personal de la embajada para aumentar la seguridad ante la llegada de una comitiva de vehículos en la que llegó el mandatario cubano.

Según un cable publicado por la agencia de prensa EFE el ambiente estaba "caldeado debido al apoyo de Andrés Manuel López Obrador a su régimen”.

La curadora de Arte y miembro del Movimiento San Isidro, Anamely Ramos, dijo a la agencia: “Ahora el mundo nos está mirando después de 60 años y aún así, miren lo que ocurre, vienen personas a ejercer violencia. ¿Quién nos protege a nosotros los cubanos?”.

El cantautor cubano Francisco "Pancho" Céspedes, quien reside en México desde hace varios años, participó de la protesta pacífica.

“La actitud de López Obrador es un insulto a la democracia y sobre todo a la libertad. Es un día muy significativo el Día de la Independencia y están dando protagonismo a un personaje que es un dictador”, declaró el cantante.

Céspedes también agregó que López Obrador “se equivocó completamente” y agregó el cantautor cubano que “algo se trama en la oscuridad”, refiriéndose a los grupos violentos que acudieron en apoyo a Miguel Díaz Canel, refirió EFE.

Las fuerzas policiales mexicanas, que el jueves acudieron a la Plaza del Zócalo de México a interrogar a los cubanos que se concentraron allí para leer los nombres de presos y desaparecidos políticos en Cuba, acudieron el viernes frente a la Embajada cubana en el Distrito Federal, esta vez, a ofrecer protección a los manifestantes agredidos.

Entre los manifestantes cubanos agredidos se encontraban la periodista de CubaNet Claudia Padrón Cueto y el profesor e investigador José Raúl Gallego.

Según declaró a CiberCuba Gallego, quien reside en México y transmitió la protesta, "hubo agresiones fuertes, golpes"; los atacantes les tiraron palos, les arrancaron de las manos todas las lonas que llevaban e incluso les robaron dos mochilas.

"Hicimos lo que podíamos, repudiar la agresión, pero ha sido muy fuerte, muy fuerte. Ellos han tenido ahí montones de personas desde por la mañana con consignas agresivas como 'gusanos'; 'al que no le gusta que se vaya'; 'váyanse para Miami'. Ha sido bien fuerte", denunció.

Érika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, denunció en Twitter que “activistas frente a la Embajada de Cuba en México han sido agredidos por grupos afines al gobierno de Díaz-Canel en contubernio con funcionarios de la embajada, bajo la mirada pasiva de policía de Ciudad de México”.

“El derecho a la protesta pacífica debe ser protegido”, recordó Guevara-Rosas a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y militante del partido Morena, del presidente AMLO.

También Cubanet denunció que empleados del Gobierno de la Ciudad de México colaboraron con los manifestantes castristas: "Imágenes a las que tuvo acceso CubaNet muestran a trabajadores gubernamentales de CDMX poniendo el sonido para acallar los reclamos de nacionales de la Isla que condenaron la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel en las celebraciones por el aniversario 211 del Grito de Independencia de México".

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