Enlaces de accesibilidad

Mundo

No violen derechos humanos bajo pretexto de controlar COVID-19, advierte la ONU

La policía dispersa a manifestantes en protestas en Hong Kong.

Mientras los gobiernos se enfrentan al enorme desafío de proteger a sus ciudadanos de la COVID-19, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, les exhorta a que no violen los derechos humanos con el pretexto de implantar medidas de excepción o de emergencia.

“Los poderes de emergencia no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder”, advirtió la Alta Comisionada. “Esos poderes deben usarse para afrontar eficazmente la pandemia; nada más, nada menos”.

En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la facultad de limitar algunos derechos con el fin de proteger la salud pública y esa prerrogativa se amplía si se declara el estado de emergencia. En cualquier caso, es preciso que las restricciones sean necesarias, proporcionales y no discriminatorias. Asimismo, esas medidas han de ser de duración limitada y deben ir acompañadas de salvaguardas que impidan su empleo abusivo.

Determinados derechos no derogables, entre ellos el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los malos tratos y el derecho a no ser detenido arbitrariamente, siguen vigentes en todas las circunstancias.

Con el fin de ayudar a los Estados en su respuesta a la COVID-19, la Oficina de la Alta Comisionada publicó el lunes un nuevo manual de orientaciones políticas sobre la adopción de medidas urgentes y excepcionales.

“Numerosas denuncias, procedentes de diversas regiones, indican que la policía y otros cuerpos de seguridad han estado ejerciendo un uso excesivo de la fuerza , a veces letal, para obligar a la población a cumplir con las normas de confinamiento y los toques de queda. A menudo, esas violaciones de derechos humanos se han cometido contra miembros de los segmentos más pobres y vulnerables de la población”, afirmó Bachelet.

“Disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque, motivada por la búsqueda desesperada de alimentos, ha violado un toque de queda, es sin duda una respuesta ilícita e inaceptable. También lo es crear una situación en la que a una mujer le resulte difícil o peligroso ir a un hospital a dar a luz. En algunos casos, la gente ha muerto por la aplicación indebida de normas que, supuestamente, se habían implantado para salvarles”, declaró la Alta Comisionada.

“En determinados países, miles de personas han sido detenidas por violar el toque de queda, una práctica que es a la vez insegura e innecesaria. Las cárceles y prisiones son lugares de alto riesgo y los Estados deben esforzarse por poner en libertad a todos los reclusos que puedan ser excarcelados sin peligro, y no por arrestar a más gente”.

En el documento orientativo se insiste en que, al igual que ocurre en épocas normales, los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley deben adherirse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución.

“Deben usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario, y la fuerza letal, únicamente cuando exista una amenaza inminente para la vida”, dijo Bachelet.

Las medidas y las leyes aplicadas en algunos países contienen referencias a delitos que no están bien definidos, a veces sancionados con dureza, lo que fomenta la preocupación de que esas normas puedan usarse para amordazar a la prensa y detener a críticos y opositores. Aunque las medidas que limitan la libertad de movimiento y la celebración de reuniones pacíficas son legítimas en tales circunstancias, la confianza y el escrutinio de la población son fundamentales para que dichas restricciones operen con eficacia.

“Es importante contrarrestar la desinformación, pero cuando se impide el libre intercambio de ideas e informaciones, no solo se violan derechos, sino que también se socava la confianza pública. Los infundios acerca de la COVID-19 son un enorme peligro para las personas. Pero también lo son las malas decisiones gubernamentales”, señaló la Alta Comisionada. “La vulneración de derechos, tales como la libertad de expresión, puede causar daños incalculables al esfuerzo orientado a contener a la COVID-19 y sus nocivas repercusiones socioeconómicas”.

El documento orientativo explica claramente que no basta con que las medidas sean necesarias para la consecución de un objetivo legítimo de salud pública, sino que además han de conformar la estrategia “menos intrusiva posible” para lograrlo.

“Hemos visto cómo numerosos Estados adoptaban medidas justificadas, razonables y provisionales. Pero también ha habido casos muy inquietantes, en que los gobiernos parecen haber usado la COVID-19 como pretexto para vulnerar los derechos humanos, limitar libertades fundamentales, reducir el espacio cívico y socavar el Estado de Derecho”, declaró Bachelet.

La Alta Comisionada añadió que las medidas excepcionales o los estados de emergencia deben someterse a la supervisión del parlamento, el poder judicial y la opinión pública.

“Los distintos países atraviesan por fases diferentes de la pandemia. Algunos empiezan a dejar atrás las medidas de emergencia, mientras que otros las amplían o refuerzan. El principio supremo debe ser que esas medidas se apliquen con sentido humanitario. Las penas impuestas por su trasgresión han de ser proporcionales y no deben aplicarse de manera arbitraria o discriminatoria”, añadió Bachelet.

“Habida cuenta de la índole excepcional de esta crisis, es evidente que los Estados necesitan poderes adicionales para hacerle frente. Pero, si no se defiende el Estado de Derecho, corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta en un desastre de derechos humanos, con efectos negativos que se prolongarán mucho tiempo después de que la pandemia haya cesado”, concluyó la Alta Comisionada.

Vea todas las noticias de hoy

Holanda demanda a Rusia por caída de avión en Ucrania

Una mujer cuelga un mensaje en homenaje a los pasajeros y la tripulación del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en un centro comercial en Kuala Lumpur (Malasia)

Holanda demandó a Rusia ante la Corte Europea de Derechos Humanos, acusándola de ser responsable del derribamiento del avión de Malaysia Airlines en el este de Ucrania hace seis años.

La medida es en apoyo a los litigios presentados ante el tribunal europeo por familiares de algunas de las 298 personas que perecieron cuando un misil Buk, disparado desde territorios controlados por rebeldes ucranianos prorrusos, alcanzó al avión que iba de Ámsterdam a Kuala Lumpur el 17 de julio del 2014.

“Conseguir justicia para las 298 víctimas del derribamiento del Vuelo MH17 es y seguirá siendo la máxima prioridad del gobierno”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, Stef Blok. “Al tomar esta medida hoy... estamos acercándonos a esta meta”, añadió.

Al presentar la demanda, el gobierno holandés queda autorizado para compartir “toda información disponible y relevante sobre el derribamiento del Vuelo MH17” con el tribunal europeo basado en Estrasburgo en apoyo a las demandas individuales presentadas por familiares de las víctimas, expresó el ministerio holandés en un comunicado.

Rusia ha negado ser responsable del derribamiento. Una comisión investigadora, sin embargo, ha presentado cargos contra tres rusos y un ucraniano en relación al caso. Los tres están siendo juzgados en un tribunal holandés, aunque ninguno de ellos ha sido extraditado a Holanda para enfrentar la justicia.

Los investigadores aseguran tener pruebas de que el misil usado en el derribamiento fue traído a Ucrania en camión desde una base militar rusa y que la plataforma de lanzamiento fue devuelta a Rusia.

OMS inicia evaluación independiente de respuesta global al COVID-19

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP, File)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este jueves el inicio de una evaluación independiente de la respuesta global al COVID-19, un reclamo de los estados miembros en la 73 Asamblea Mundial de la Salud en mayo pasado, informó la institución en un comunicado.

El Panel Independiente para la Preparación y Respuesta ante Pandemias (IPPR) estará copresidido por dos mujeres, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la ex presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, quienes elegirán a otros integrantes del Panel, así como a miembros de una secretaría independiente, para brindarles apoyo, dijo el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Clark fue la primera mujer en liderar el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (2009-2017), y Sirleaf recibió el Premio Nobel de la Paz en 2011.

"Este es un momento para la autorreflexión, para mirar el mundo en que vivimos y para encontrar formas de fortalecer nuestra colaboración a medida que trabajamos juntos para salvar vidas y controlar esta pandemia", dijo el Dr. Tedros.

El líder de la OMS agregó que la magnitud de una pandemia que ha afectado a casi todos en el mundo "claramente merece una evaluación proporcional".

La labor de la OMS para contener el coronavirus, y su retraso en adoptar las medidas correspondientes a una pandemia, incluso en informar al mundo sobre su existencia, levantaron críticas a nivel global, las más fuertes desde Estados Unidos.

A finales de mayo, la administración de Donald Trump rompió relaciones con la OMS por su mala gestión en la crisis del COVID-19, y por dar excesivo crédito a las informaciones aportadas por China.

"China tiene un control total sobre la OMS pese a pagar solo 40 millones de dólares por año, en comparación con lo que Estados Unidos ha estado pagando, que es de unos 450 millones al año. Hemos detallado las reformas que debe hacer y nos hemos comprometido directamente con ellos, pero ellos se han negado a actuar", sostuvo entonces Trump.

Una sesión especial de la Junta Ejecutiva de la OMS deberá reunirse en septiembre "para discutir el progreso del Panel" y, en noviembre, el IPPR presentará "un informe provisional" en la reanudación de la Asamblea Mundial de la Salud.

La Junta Ejecutiva volverá a discutir más a fondo los hallazgos del Panel en su sesión ordinaria, prevista para enero de 2021, y durante la Asamblea Mundial de la Salud, en mayo del próximo año, el panel presentará "su informe sustantivo", subraya el comunicado.

"Incluso mientras luchamos contra esta pandemia, debemos estar preparándonos para futuros brotes mundiales y muchos otros desafíos de nuestro tiempo, como la resistencia a los antimicrobianos, la desigualdad y la crisis climática", dijo el Dr. Tedros.

Pompeo: China tiene un problema de credibilidad (VIDEO)

Mike Pompeo en conferencia de prensa. REUTERS/Tom Brenner/Pool

El Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, criticó nuevamente a China por mentir a su pueblo y al mundo.

En una conferencia de prensa, Pompeo dijo que el Partido Comunista Chino tiene un problema de credibilidad, dando como ejemplo que aún no han revelado información verídica sobre la pandemia de coronavirus, que se originó en China.

Señaló que durante la visita que hará la Organización Mundial de la Salud a China es necesario que provean información real.

“Anunciaron que permitirían la entrada de la OMS, está muy bien, pero la organización tiene que tener la libertad para hacer su trabajo y que la gente correcta esté allí para participar en la investigación y se necesitan respuestas reales”, declaró.

Como otro ejemplo de las mentiras del gobierno chino, Pompeo expresó que Beijing prometió 50 años de autonomía al pueblo de Hong Kong y que tras solo 23 años hay promesas falsas, en referencia a la nueva ley de seguridad china en la ciudad.

Asimismo, elogió a las compañías Google, Facebook y Twitter por negarse a entregar datos de sus usuarios al gobierno chino en Hong Kong y alentó a otras empresas a hacer lo mismo.

China crea organismo para velar por "la seguridad del régimen"

El emblema del Partido Comunista decora la entrada del Gran Palacio del Pueblo durante el segundo día del XVIII Congreso del Partido Comunista de China (PCChn), en Pekín, China.

China ha creado un nuevo organismo que velará por "la seguridad política nacional" y antepondrá "la seguridad del sistema y del régimen", en un momento de "turbulenta situación internacional", según las autoridades chinas.

En su página web, la Comisión de Derecho y Política del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) publicó este lunes un texto que dio cuenta de la primera reunión de este grupo especial, aunque no precisó la fecha del encuentro.

Los objetivos de este grupo para el presente año serían identificar y prevenir cualquier "actividad disruptiva", las actividades terroristas, aquellas de carácter separatista y las actividades religiosas extremistas.

La fuente alude a un contexto en el que China, dice, estaría bajo asedio por las culpas que Estados Unidos ha vertido sobre el país asiático en cuanto a la responsabilidad por el coronavirus, a la incertidumbre creada por la reciente imposición de la controvertida ley de seguridad de Hong Kong y a los enfrentamientos fronterizos con la India.

"Solo un entorno político seguro puede garantizar la sensación de seguridad, felicidad y de mejora del pueblo", sostiene el texto.

El vicesecretario general de la Comisión de Derecho y Política del Comité Central del PCCh, Lei Dongsheng, encabezará este nuevo organismo, englobado en el conocido como "Grupo Especial para la Construcción de una China Pacífica", cuyas actividades comenzaron el pasado mes de abril.

El anuncio de la primera reunión de este nuevo grupo se produce pocos días después de la aprobación y entrada en vigor de la nueva ley de seguridad de Hong Kong, que establece penas de hasta cadena perpetua para delitos de "secesión, subversión contra el poder estatal (cargo habitualmente usado contra disidentes y críticos), actividades terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en riesgo la seguridad nacional".

Medio millón de rublos de multa y la UE pide garantizar libertad de prensa a periodista rusa

Periodista rusa Svetlana Prokopieva

La Unión Europea (UE) instó este lunes a Rusia a proteger la libertad de prensa tras la sanción de 500.000 rublos (7.000 dólares) impuesta por un tribunal militar ruso a la periodista Svetlana Prokópieva, al considerarla culpable de "justificar el terrorismo".

"Las autoridades tienen que garantizar que la libertad de medios pueden disfrutarla especialmente los periodistas que hacen su trabajo", señaló el portavoz comunitario Peter Stano durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE).

Stano recordó que "hemos estado observando este juicio, este caso, y hemos venido diciendo que no es aceptable que los periodistas sean juzgados por su trabajo", un punto sobre el que aseguró que han sido muy claros.

En concreto, sobre la multa a Prokópieva, el portavoz señaló en un comunicado posterior que la consideran "injustificada", y que el juicio en sí es "testimonio del espacio cada vez más menguante para un periodismo independiente y para la sociedad civil en Rusia en los últimos años".

Medio millón de dólares de multa

La sentencia contra Prokópieva, de 40 años, fue dictada tras una audiencia celebrada en la ciudad Pskov, a 500 kilómetros al noroeste de la capital rusa.

La persecución judicial con Prokópieva, periodista del servicio ruso de Radio Libertad y columnista de Radio Eco de Moscú, comenzó en febrero de 2019 cuando fue incoado contra ella un proceso penal por "justificar el terrorismo", delito que en Rusia se castiga con una multa de hasta 1 millón de rublos (14.000 dólares) o hasta siete años de prisión.

Prokopyeva mantuvo su inocencia durante todo el juicio ...


El motivo de las acciones contra la periodista fue un comentario radiofónico, que luego fue publicado en internet, sobre las causas por las que un joven 17 años perpetró un atentado terrorista suicida contra la sede del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) en la ciudad de Arjánguelsk, en el que tres agentes resultaron heridos.

La periodista opinó que el atentado pudo haber sido provocado por las acciones represivas de los cuerpos de seguridad.

En defensa de Prokópieva se pronunciaron numerosas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional (AI), la Unión de Periodistas de Rusia e, incluso, el Consejo para los Derechos Humanos adjunto a la Presidencia de Rusia.

Apelacion al fallo del tribunal ruso

Los partidarios de Prokopyeva en la sala gritaron "Vergüenza" y "Ella no es culpable" mientras el juez leía el veredicto. Prokopyeva dijo que apelará la decisión. "No contaba con que me declararan inocente. Apelaremos", dijo Prokopyeva a los periodistas. "El mayor éxito es que no se me prohibió trabajar en mi profesión", dijo el periodista.

Prokopyeva mantuvo su inocencia durante todo el juicio y describió el caso como un intento de "asesinar la libertad de expresión" en Rusia.

Piquete en apoyo a la periodista rusa
Piquete en apoyo a la periodista rusa

"La condena de Svetlana significa que no hay presunción de inocencia, ni protección para los periodistas contra la fuerza bruta del estado", dijo la presidenta interina de RFE/RL, Daisy Sindelar. “Su caso recuerda los juicios de exhibición que fueron utilizados por las autoridades soviéticas para castigar a los críticos. Es un asalto sombrío contra la libertad de expresión y la misión de una prensa independiente ".

Los fiscales pidieron al Tribunal Militar del Segundo Distrito Occidental que sentenciara a Prokopyeva a seis años de prisión por "justificar el terrorismo" en un comentario que escribió que vinculaba un atentado suicida con el clima político del país.

Los fiscales también habían tratado de prohibir a Prokopyeva las actividades periodísticas durante cuatro años. El cargo conlleva una pena máxima de hasta siete años de prisión.

Svetlana Prokopyeva aparece en la corte en Pskov en agosto de 2019. "Están tratando de presentar el trabajo periodístico normal como un delito grave. Es un completo disparate", dice ella.

partidarios de Prokopyeva en la sala gritaron "Vergüenza" y "Ella no es culpable"...


"No tengo miedo de criticar al gobierno", dijo Prokopyeva en su declaración final ante el tribunal el 3 de julio. "No tengo miedo de criticar a las fuerzas del orden público o decirles a los órganos de seguridad que están equivocados. Porque sé lo horrible que es se convertirá si no hablo, si nadie habla ".

Pidió al tribunal que tomara en consideración "los principios más básicos sobre los que se basa nuestra sociedad" al decidir su destino.

"Me refiero a la libertad de expresión, el estatus de periodista y la misión de la prensa", concluyó. "Hice mi trabajo. No hice nada que fuera más allá del marco de mi deber profesional. Y eso no es un delito". Más de 30 periodistas rusos independientes también han emitido declaraciones en apoyo de Prokopyeva.

Abogados de Svetlana
Abogados de Svetlana

Human Rights Watch calificó el procesamiento de Prokopyeva como una violación de la libertad de expresión, "pero no solo la suya".

"Envía otro mensaje escalofriante de que, en Rusia, plantear preguntas incómodas puede tener graves repercusiones, una lección que las autoridades han estado dando a los medios durante años", dijo el grupo de derechos con sede en Nueva York.

El caso también ha sido criticado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y por grupos de derechos de los medios como Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y la Federación Europea.

(Con información de la agencia EFE y Radio Free Europe/Radio Liberty)

Cargar más

XS
SM
MD
LG