América Latina
Los nuevos rostros que exigen la salida de Daniel Ortega en Nicaragua
La Alianza Cívica de Nicaragua, nueva y amplia coalición de estudiantes, empresarios, agricultores y ambientalistas que intentan negociar un retorno a la paz y la salida de Ortega.
Lesther Alemán, un estudiante de 20 años larguirucho y con gafas, nunca había participado en una protesta hasta abril, cuando se convirtió en el rostro público de un revuelta que ha sacudido el Gobierno de Daniel Ortega.
Un estudiante de buenas calificaciones, Alemán alcanzó fama nacional cuando en una transmisión en vivo describió a Ortega como "asesino" por la represión violenta de las protestas que dejaron más de 200 muertos. La represión volvió a despertar recuerdos de la guerra civil nicaragüense que duró una década y concluyó en 1990.
Cerca de 70 % de los nicaragüenses cree que Ortega debería renunciar, según una encuesta de CID/Gallup realizada en mayo,
Alemán y otros 40 líderes estudiantiles, algunos aún adolescentes, se escondieron después de recibir amenazas de muerte. Ahora forma parte de una nueva y amplia coalición de estudiantes, empresarios, agricultores y ambientalistas que intentan negociar un retorno a la paz y la salida de Ortega.
El grupo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, tiene como objetivo crear una generación de líderes externos fuera del gobernante movimiento Sandinista y de los desacreditados partidos de oposición.
Ortega, de 72 años, ha dominado la política nicaragüense por décadas. Después de que los sandinistas, de ala izquierdista,derrocaran al dictador Anastasio Somoza en 1979, Ortega dirigió el país hasta 1990 pero volvió al poder en las elecciones del 2006 por el primero de tres períodos consecutivos.
Mientras los críticos dicen que Ortega ha impuesto un régimen corrupto y autoritario en la empobrecida nación de seis millones de habitantes, la Alianza enfrenta un camino difícil para derrotarlo.
El grupo está dirigido por personas con poca experiencia política, muchos de los cuales han estado en desacuerdo en el pasado o no se conocían hasta hace poco. Antiguos aliados de Ortega dicen que él está tratando de explotar las divisiones en la coalición para aferrarse al poder.
Alemán dijo que los líderes de la Alianza saben que, mientras la ira pública está creciendo contra Ortega, ellos deben estar unidos para derrotarlo y gobernar. "Al inicio todos teníamos dudas, desconfiábamos... (pero) hoy ya no estamos así de tensos," dijo Alemán, hijo de un camionero. "Era necesario tener esa cohesión con los otros movimientos del país", añadió.
ALIANZA POR CRISIS
Alemán se unió a una manifestación el 18 de abril para protestar contra los planes de recortar los beneficios de pensiones, que pronto se convirtió en una revuelta nacional después de que partidarios de Ortega golpearon a estudiantes y jubilados con bates de béisbol y tubos de metal.
Durante los días siguientes, los bates de béisbol dieron paso a las armas; la policía y milicias enmascaradas dispararon contra los manifestantes armados con misiles caseros y hondas. La violencia enfureció a miles de nicaragüenses que se lanzarona las calles para exigir la renuncia de Ortega.
Como muchos, Alemán dijo que estaba inspirado por la revolución sandinista de izquierda, que derrocó a Somoza y resistió a los guerrilleros de la Contra respaldados por Estados Unidos durante la siguiente década. "Le digo a Ortega: juraste libertad y no tenemos libertad.¿Dónde esta esa libertad?", preguntó el estudiante.
Empresarios y grupos de derechos humanos se unieron a los estudiantes y fueron invitados por la Iglesia Católica para participar en las conversaciones con Ortega. Su Gobierno ha catalogado a los manifestantes de "terroristas" y "vándalos" a sueldo de las fuerzas derechistas.
La represión ha dañado la popularidad de Ortega y exacerbado las tensiones dentro de los sandinistas. Cerca de 70 % de los nicaragüenses cree que Ortega debería renunciar, según una encuesta de CID/Gallup realizada en mayo, mientras quesu índice de aprobación ha caído a sólo un 19 por ciento desdeun 62 por ciento en enero.
Miles de personas participaron en una huelga general de 24 horas, organizada por la Alianza, el 14 de junio, vaciando losnormalmente bulliciosos mercados del país.
Algunos en Nicaragua están considerando las lecciones de las elecciones de 1990, cuando Ortega fue derrotado por una alianza liderada por Violeta Barrios de Chamorro,
Aunque el mandato de Ortega no termina hasta el 2021, la cifra creciente de muertos y la condena internacional lo han presionado a discutir elecciones anticipadas para el año que viene, además de una revisión del consejo electoral controlado por los sandinistas. Sin embargo, las fuerzas que apoyan a Ortega continúan atacando a manifestantes que defienden barricadas que casi han paralizado la economía del empobrecido país. Las intermitentes conversaciones de paz se rompieron la semana pasada en medio de nuevos episodios de violencia.
"Daniel (Ortega) está en guerra y él negocia como si estuviera en guerra", dijo Óscar René Vargas, cofundador del movimiento sandinista que rompió con Ortega en el 2007. "Quiere rescatar territorio y mostrar fuerza para tener una mejor posición para negociar mejor", añadió.
INCÓMODA UNIÓN
La inclusión de un grupo empresarial con fuertes lazos con Ortega en la Alianza causó tensiones. Durante una década, el grupo ayudó a Ortega a ejecutar un modelo económico que atrajo la inversión extranjera y los elogios del Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Fue muy raro estar con ellos, nunca me había sentado en la misma mesa," dijo Harley Morales, una estudiante de Sociología, de 26 años, que ayudó a diseñar la estrategia de la Alianza. "Pero el COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada) comprendió que tiene que romper con el régimen y posicionarse de manera más beligerante con el pueblo", añadió.
Morales dijo que el desafío principal es salvar las diferencias que permanecen dentro del grupo. Aún no ha llegado a un acuerdo sobre si Ortega debería dejar el cargo de inmediato o quedarse hasta las elecciones anticipadas, y si buscar estrategias más agresivas para obligar al Gobierno a detener la represión, dijeron miembros.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), vinculado al sector privado, dijo que aunque la Alianza es una "organización horizontal" que agrupa a personas de diferentes orígenes, todos comparten un único objetivo. "Existe un sentido común de objetivo muy claro: el objetivoes democratizar el país," dijo el economista de 47 años y agregó que un primer paso para lograrlo era revisar el sistema electoral para permitir a la oposición desafiar a Ortega de manera justa.
Uno de los últimos líderes izquierdistas de Centroamérica, Ortega ha aumentado el control sobre los tribunales, la asamblea nacional y el consejo electoral.
El opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Partido Liberal Independiente (PLI) obtuvieron menos del 20 % de los votos en las elecciones del 2016, que Ortega ganó de manera aplastante en medio de acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición.
Los acuerdos secretos entre algunos de esos partidos y Ortega erosionaron la confianza de los nicaragüenses en ellos, dicen analistas y encuestadores.
Sin embargo, la acumulación progresiva de poder por parte de Ortega y su poderosa esposa, Rosario Murillo, los ha dejado cada vez más aislados dentro del movimiento sandinista, dicen los analistas.
La pareja apartó a figuras prominentes del partido, muchos de ellos exlíderes guerrilleros, para consolidar su control, lo que debilitó su apoyo. Algunos en Nicaragua están considerando las lecciones de las elecciones de 1990, cuando Ortega fue derrotado por una alianza liderada por Violeta Barrios de Chamorro, la viuda de un periodista opositor asesinado. Su discurso era terminar la guerra civil que cobró más de 30,000 vidas. "Qué todos vayan unidos como en el 90 es la única manera de derrocar el régimen," dijo Miguel Gómez, profesor de economía política de la Universidad Americana de Managua. La Alianza "no tiene un plan para después que Ortega se vaya", destacó.
Reuters
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ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
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