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América Latina

Los nuevos rostros que exigen la salida de Daniel Ortega en Nicaragua

Alianza Cívica de Nicaragua aplaude informe de CIDH y apoyo internacional

La Alianza Cívica de Nicaragua, nueva y amplia coalición de estudiantes, empresarios, agricultores y ambientalistas que intentan negociar un retorno a la paz y la salida de Ortega.

Lesther Alemán, un estudiante de 20 años larguirucho y con gafas, nunca había participado en una protesta hasta abril, cuando se convirtió en el rostro público de un revuelta que ha sacudido el Gobierno de Daniel Ortega.

Un estudiante de buenas calificaciones, Alemán alcanzó fama nacional cuando en una transmisión en vivo describió a Ortega como "asesino" por la represión violenta de las protestas que dejaron más de 200 muertos. La represión volvió a despertar recuerdos de la guerra civil nicaragüense que duró una década y concluyó en 1990.

Cerca de 70 % de los nicaragüenses cree que Ortega debería renunciar, según una encuesta de CID/Gallup realizada en mayo,

Alemán y otros 40 líderes estudiantiles, algunos aún adolescentes, se escondieron después de recibir amenazas de muerte. Ahora forma parte de una nueva y amplia coalición de estudiantes, empresarios, agricultores y ambientalistas que intentan negociar un retorno a la paz y la salida de Ortega.

El grupo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, tiene como objetivo crear una generación de líderes externos fuera del gobernante movimiento Sandinista y de los desacreditados partidos de oposición.

Alianza Cívica de Nicaragua aplaude informe de CIDH y apoyo internacional
Alianza Cívica de Nicaragua aplaude informe de CIDH y apoyo internacional

Ortega, de 72 años, ha dominado la política nicaragüense por décadas. Después de que los sandinistas, de ala izquierdista,derrocaran al dictador Anastasio Somoza en 1979, Ortega dirigió el país hasta 1990 pero volvió al poder en las elecciones del 2006 por el primero de tres períodos consecutivos.

Mientras los críticos dicen que Ortega ha impuesto un régimen corrupto y autoritario en la empobrecida nación de seis millones de habitantes, la Alianza enfrenta un camino difícil para derrotarlo.

El grupo está dirigido por personas con poca experiencia política, muchos de los cuales han estado en desacuerdo en el pasado o no se conocían hasta hace poco. Antiguos aliados de Ortega dicen que él está tratando de explotar las divisiones en la coalición para aferrarse al poder.

Alemán dijo que los líderes de la Alianza saben que, mientras la ira pública está creciendo contra Ortega, ellos deben estar unidos para derrotarlo y gobernar. "Al inicio todos teníamos dudas, desconfiábamos... (pero) hoy ya no estamos así de tensos," dijo Alemán, hijo de un camionero. "Era necesario tener esa cohesión con los otros movimientos del país", añadió.

ALIANZA POR CRISIS


Alemán se unió a una manifestación el 18 de abril para protestar contra los planes de recortar los beneficios de pensiones, que pronto se convirtió en una revuelta nacional después de que partidarios de Ortega golpearon a estudiantes y jubilados con bates de béisbol y tubos de metal.

Durante los días siguientes, los bates de béisbol dieron paso a las armas; la policía y milicias enmascaradas dispararon contra los manifestantes armados con misiles caseros y hondas. La violencia enfureció a miles de nicaragüenses que se lanzarona las calles para exigir la renuncia de Ortega.

Como muchos, Alemán dijo que estaba inspirado por la revolución sandinista de izquierda, que derrocó a Somoza y resistió a los guerrilleros de la Contra respaldados por Estados Unidos durante la siguiente década. "Le digo a Ortega: juraste libertad y no tenemos libertad.¿Dónde esta esa libertad?", preguntó el estudiante.

Empresarios y grupos de derechos humanos se unieron a los estudiantes y fueron invitados por la Iglesia Católica para participar en las conversaciones con Ortega. Su Gobierno ha catalogado a los manifestantes de "terroristas" y "vándalos" a sueldo de las fuerzas derechistas.

La represión ha dañado la popularidad de Ortega y exacerbado las tensiones dentro de los sandinistas. Cerca de 70 % de los nicaragüenses cree que Ortega debería renunciar, según una encuesta de CID/Gallup realizada en mayo, mientras quesu índice de aprobación ha caído a sólo un 19 por ciento desdeun 62 por ciento en enero.

Cuatro muertos en nuevo ataque atribuido a fuerzas del Gobierno en Nicaragua
Cuatro muertos en nuevo ataque atribuido a fuerzas del Gobierno en Nicaragua

Miles de personas participaron en una huelga general de 24 horas, organizada por la Alianza, el 14 de junio, vaciando losnormalmente bulliciosos mercados del país.

Algunos en Nicaragua están considerando las lecciones de las elecciones de 1990, cuando Ortega fue derrotado por una alianza liderada por Violeta Barrios de Chamorro,

Aunque el mandato de Ortega no termina hasta el 2021, la cifra creciente de muertos y la condena internacional lo han presionado a discutir elecciones anticipadas para el año que viene, además de una revisión del consejo electoral controlado por los sandinistas. Sin embargo, las fuerzas que apoyan a Ortega continúan atacando a manifestantes que defienden barricadas que casi han paralizado la economía del empobrecido país. Las intermitentes conversaciones de paz se rompieron la semana pasada en medio de nuevos episodios de violencia.

"Daniel (Ortega) está en guerra y él negocia como si estuviera en guerra", dijo Óscar René Vargas, cofundador del movimiento sandinista que rompió con Ortega en el 2007. "Quiere rescatar territorio y mostrar fuerza para tener una mejor posición para negociar mejor", añadió.

INCÓMODA UNIÓN

La inclusión de un grupo empresarial con fuertes lazos con Ortega en la Alianza causó tensiones. Durante una década, el grupo ayudó a Ortega a ejecutar un modelo económico que atrajo la inversión extranjera y los elogios del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Fue muy raro estar con ellos, nunca me había sentado en la misma mesa," dijo Harley Morales, una estudiante de Sociología, de 26 años, que ayudó a diseñar la estrategia de la Alianza. "Pero el COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada) comprendió que tiene que romper con el régimen y posicionarse de manera más beligerante con el pueblo", añadió.

Morales dijo que el desafío principal es salvar las diferencias que permanecen dentro del grupo. Aún no ha llegado a un acuerdo sobre si Ortega debería dejar el cargo de inmediato o quedarse hasta las elecciones anticipadas, y si buscar estrategias más agresivas para obligar al Gobierno a detener la represión, dijeron miembros.

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), vinculado al sector privado, dijo que aunque la Alianza es una "organización horizontal" que agrupa a personas de diferentes orígenes, todos comparten un único objetivo. "Existe un sentido común de objetivo muy claro: el objetivoes democratizar el país," dijo el economista de 47 años y agregó que un primer paso para lograrlo era revisar el sistema electoral para permitir a la oposición desafiar a Ortega de manera justa.

Uno de los últimos líderes izquierdistas de Centroamérica, Ortega ha aumentado el control sobre los tribunales, la asamblea nacional y el consejo electoral.

"Cese a la represión, que pare la violencia", el clamor de los nicaragüenses
"Cese a la represión, que pare la violencia", el clamor de los nicaragüenses

El opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Partido Liberal Independiente (PLI) obtuvieron menos del 20 % de los votos en las elecciones del 2016, que Ortega ganó de manera aplastante en medio de acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición.

Los acuerdos secretos entre algunos de esos partidos y Ortega erosionaron la confianza de los nicaragüenses en ellos, dicen analistas y encuestadores.
Sin embargo, la acumulación progresiva de poder por parte de Ortega y su poderosa esposa, Rosario Murillo, los ha dejado cada vez más aislados dentro del movimiento sandinista, dicen los analistas.

La pareja apartó a figuras prominentes del partido, muchos de ellos exlíderes guerrilleros, para consolidar su control, lo que debilitó su apoyo. Algunos en Nicaragua están considerando las lecciones de las elecciones de 1990, cuando Ortega fue derrotado por una alianza liderada por Violeta Barrios de Chamorro, la viuda de un periodista opositor asesinado. Su discurso era terminar la guerra civil que cobró más de 30,000 vidas. "Qué todos vayan unidos como en el 90 es la única manera de derrocar el régimen," dijo Miguel Gómez, profesor de economía política de la Universidad Americana de Managua. La Alianza "no tiene un plan para después que Ortega se vaya", destacó.

Reuters

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Informe OEA detecta manipulación e irregularidades graves en elecciones bolivianas

Una mujer quita los posters de Evo Morales en El Alto el pasado 11 de noviembre. Aizar RALDES / AFP

La Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó este miércoles en que hubo "operaciones dolosas" e "irregularidades graves" en las elecciones del pasado 20 de octubre en Bolivia, que alteraron "la voluntad expresada en las urnas".

El documento del organismo regional, afirma que "las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato (Evo) Morales sobre el candidato (Carlos) Mesa".

Según el informe final, elaborado entre el 1 y el 9 de noviembre por un equipo de 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, "a partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas".

Elecciones en Bolivia
Elecciones en Bolivia

Entre las "acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección", el documento mencionó la "paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP)" o conteo rápido.

"Todos los análisis del equipo técnico permiten determinar que la paralización del sistema TREP no fue un accidente ni una decisión basada en fundamentos técnicos. Fue simplemente una decisión arbitraria, cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática", subraya la OEA.

Pero además indicó que cuando el sistema reanudó su funcionamiento, "al día siguiente, apareció en escena un servidor oculto, no declarado y no controlado ni por la empresa auditora ni por el personal técnico del órgano electoral".

El reporte establece que la manipulación dolosa de los comicios se produjo en dos planos: alteraciones de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas y en el procesamiento de los resultados, pues "se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que posibilitaba la manipulación de datos y la suplantación de actas".

El estudio cita " irregularidades graves" como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible.

El documento, que no incluyó lo ocurrido en la etapa preelectoral, considera los hallazgos "contundentes".

"El equipo auditor no puede ignorar el conjunto de manipulaciones e irregularidades observadas a través del trabajo en terreno y del análisis de las más de 200 denuncias y comunicaciones con información que se recibieron", defiende el texto, y concluye que "el margen de victoria en primera vuelta es mínimo si se lo compara con el volumen de las manipulaciones y alteraciones detectadas".

En un primer informe publicado el 10 noviembre la OEA instó a celebrar "otro proceso electoral" en Bolivia.

Morales hizo una convocatoria de nuevas elecciones generales horas después de que OEA recomendara la repetición de la primera ronda de las elecciones celebradas el 20 de octubre.

La renuncia de Morales el pasado 10 de noviembre, tras casi 14 años en el poder, ha sido calificada como "golpe de Estado" por varios gobiernos. Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez

Cuentas de Twitter de Cuba, Venezuela y Nicaragua instigan protestas en Chile, revela estudio

Uno de los manifestantes en las protestas contra el modelo económico estatal, en Valparaiso, Chile (Foto: Archivo).

Cuentas de Twitter en Cuba, Venezuela y Nicaragua han estado detrás de muchas convocatorias a las protestas contra el gobierno de Chile, concluyeron expertos del grupo chileno ConnectaLabs AI después de revisar casi cinco millones de mensajes generados por más de 600 mil usuarios de la red social entre el 20 de octubre y 5 de noviembre.

Cuentas extranjeras pro movilizaciones y cambios políticos: Estas son principalmente de nacionalidad venezolana, nicaragüense y cubana”, dice una de las conclusiones del informe de ConnectaLabs AI. “…presentan una polaridad positiva hacia las marchas, cambios políticos y mixto respecto a temas de orden público”.

Hay dos grupos mayoritariamente chilenos (con algunas cuentas relevantes argentinas), uno de los cuales está “relativamente a favor” de las marchas, los cambios políticos y la desaprobación del gobierno, y el otro opuesto a las marchas y con “polaridad marcada a favor del gobierno y en contra de cambios a la Constitución”, indica el análisis de etiquetas referidas a las marchas y a la política.

El tercero es el grupo “mayoritariamente extranjero” en el que abundan los mensajes de cuentas procedentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En las etiquetas dedicadas a las fuerzas del orden, uno de los grupos chilenos y el grupo mayoritariamente extranjero tienen “inclinaciones mixtas”, pero el otro grupo de Chile registra “una polaridad marcada a favor del orden público y aprobación a las fuerzas de orden”.

“Entre las cuentas más activas desde dentro de Cuba incitando a las protestas y denostando al gobierno chileno está @YanetDCuba, quien retuitea además cientos de tuits del gobernante Miguel Díaz-Canel, de funcionarios y adeptos al gobierno cubano”, reporta el diario digital hecho en Cuba 14yMedio.

“Allende vive en Chile y en la marea antimperialista que estalla en la patria grande. Las alamedas han sido tomadas en Chile, Ecuador, en Bolivia, para dar la victoria a Evo Morales, y en Argentina junto a [Cristina] Fernández y [Alberto] Fernández”, dice un mensaje difundido el miércoles por @YanetDCuba en respuesta a otro del gobernante Miguel Díaz-Canel.

ConnectaLabs AI se presenta en su sitio de internet como un centro de “especialistas en implementación de Inteligencia Artificial con impacto de negocio”.

En un discurso el lunes en la Universidad de Louisville, en Kentucky, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a los gobiernos de Cuba y Venezuela de promover estallidos sociales en Chile, Bolivia, y Ecuador.

“[El gobierno de] Cuba ha tratado de secuestrar las legítimas protestas democráticas en su país y en la región”, declaró Pompeo.

El martes, la cancillería cubana reaccionó con una muy extensa declaración.

“La calumnia norteamericana de atribuirle a Cuba supuestas responsabilidades en la organización de las movilizaciones populares contra el neoliberalismo en Sudamérica constituye una increíble excusa para justificar y endurecer el bloqueo y la política hostil contra nuestro pueblo”, dice la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Igual, resulta inútil para esconder el fracaso del sistema capitalista”, agrega el documento, sin contrastar ese fracaso con un presumible éxito del socialismo.

Maduro y sus allegados con el paso cerrado en varios países de América (VIDEO)

Nicolás Maduro acompñado de Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y otros miembros de su gabinete el 23 de enero.

Quince países de América acordaron el martes prohibir el tránsito migratorio a Nicolás Maduro y a una veintena de familiares y funcionarios cercanos, como parte de un incremento de los esfuerzos diplomáticos para obligar al presidente de Venezuela a ceder el poder sin el uso de la fuerza.

En la lista que prohíbe el tránsito migratorio, además de Maduro aparecen el canciller Jorge Arreaza, el ministro de Defensa Vladimir Padrino, la jefa del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, entre otros.

Países del TIAR aprueban sancionar a allegados de Maduro
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En la reunión de ministros de Relaciones Exteriores en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) participaron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela.

“Se instruye (...) a las autoridades competentes para que apliquen (...) medidas de restricción de ingreso y tránsito de las personas incluidas en el listado, en los territorios de los Estados partes del TIAR”, dijo la canciller de Colombia, Claudia Blum.

El TIAR es un acuerdo firmado en 1947 para la defensa mutua entre los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). El organismo considera a Maduro como una amenaza para la región.

Julio Borges, el canciller designado por el líder de la oposición Juan Guaidó, aseguró que 500 personas ya han sido sancionadas de una lista inicial de 2.000 individuos vinculados al Gobierno de Maduro, pero no reveló detalles.

“Aquí no hay acciones unilaterales, ni hay invitaciones al uso de la fuerza, aquí lo que hay es una invitación constante a que el cerco diplomático se profundice, a que las sanciones de todos nosotros sean cada vez más efectivas, más eficientes”, dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, en la reunión.

Aunque Guaidó ha sido reconocido como el presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y unos 50 países más, Maduro mantiene el reconocimiento de potencias como Rusia.

El TIAR también analizó medidas para apoyar el restablecimiento de la democracia y el respeto por los derechos humanos en Venezuela, así como estrategias para enfrentar la grave crisis migratoria.

Bolivia expulsa a 300 cubanos y venezolanos

Médicos cubanos regresan a la isla desde Bolivia (Foto: Archivo).

El gobierno interino de Bolivia expulsó a más de 300 ciudadanos de Cuba y Venezuela que permanecían ilegalmente en ese país, informó el viernes la Agencia Boliviana de Información.

“Les garantizamos que son más de 300 ciudadanos tanto de Venezuela como de Cuba que no estaban cumpliendo la Ley, que no estaban de manera regular en nuestro país”, declaró a los periodistas el director general de Migración de Bolivia, Marcel Rivas, citado por la agencia.

De acuerdo con Rivas, la mayoría de los ilegales fueron identificados en la ciudad de La Paz, donde hay una elevada población de extranjeros. Cubanet fue el primer sitio de noticias sobre Cuba en hacerse eco del reporte.

En un operativo conducido el jueves, los agentes del servicio migratorio boliviano repatriaron a 35 venezolanos que llevaban más de siete meses ilegalmente en el país, dijo el funcionario.

Se trata de extranjeros que entraron a Bolivia con propósitos diferentes al turismo o a la búsqueda de empleo, informó Rivas, y anunció que los operativos de control migratorio se intensificarán en el departamento central de Cochabamba.

Reveló también que el gobierno interino de Jeanine Añez pondrá en vigor mecanismos para darle seguimiento a la entrada en el país de extranjeros que llegan al amparo de convenios como el MERCOSUR, o por vías consulares, e incluso por razones humanitarias.

Marcel Rivas, director general de Migración del gobierno interino de Bolivia (Foto: Ministerio de Gobierno de Bolivia).
Marcel Rivas, director general de Migración del gobierno interino de Bolivia (Foto: Ministerio de Gobierno de Bolivia).

De acuerdo con la Agencia Boliviana de Información, Rivas informó haberse reunido el jueves con la canciller del gobierno interino, Karen Longaric, para establecer los protocolos correspondientes.

"Con el intercambio de información que vamos a tener con la Cancillería, vamos a poder cruzar, asimismo también, esta información con los mecanismos de inteligencia a cargo del Ministerio de Gobierno y poder identificar a aquellos ciudadanos extranjeros que tengan alarmas en la Policía Internacional, denuncias a nivel internacional por terrorismo por narcotráfico”, declaró Rivas, citado por la agencia.

Solo 205 de los 725 cubanos que La Habana envió a Bolivia como parte de una brigada de “cooperación” eran médicos y técnicos de salud, reportó el jueves el diario boliviano El Deber.

A pesar de que no habían cursado estudios de Medicina, la mayoría de los cubanos del programa ganaba como un médico profesional y les pagaban viáticos diarios y gastos de viajes al interior del país, según denuncias del ministro de Salud, Aníbal Cruz, citadas por El Deber.

El lunes, Cruz informó que el gobierno había decomisado cinco inmuebles y 15 vehículos usados por la Brigada Médica cubana. Dos de las instalaciones, localizadas en la zona de Mallasa, en la capital, eran “muy grandes”, declaró el ministro. Las llamaban “las clínicas de Evo”, donde personal cubano estaba destruyendo mucha documentación, dijo.

"A mí me absolvió la historia", grita enfurecida Cristina Fernández a los jueces

La expresidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llega al tribunal en el primer día de un juicio por corrupción.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se consideró el lunes víctima de una persecución orquestada por la justicia y el presidente saliente Mauricio Macri al declarar cerca de cuatro horas ante un tribunal como presunta responsable de la concesión irregular de obras públicas.

A ocho días de su regreso al poder como vicepresidenta de Argentina, Fernández de Kirchner se defendió enfáticamente y en ocasiones a los gritos ante los tres jueces del Tribunal Oral Federal en el primer juicio que afronta por supuestos hechos de corrupción durante su mandato (2007-2015).

La expresidenta cuestionó que el tribunal no le concediera la petición de transmitir en vivo por televisión la audiencia de indagatoria, el mayor acto de defensa de un acusado ante un tribunal, y señaló que es víctima de un caso de “law fare”, que definió como “la articulación de los medios de comunicación y el Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos” de los gobiernos centroizquierdistas que gobernaron la región durante las últimas décadas.

Al término de su larga intervención, en la que apuntó que se trata de un juicio “armado” y cuestionó al gobierno saliente por considerarlo impulsor del mismo, la exmandataria dijo a los magistrados que no iba a contestar preguntas.

“Preguntas tienen que contestar ustedes”, increpó Fernández de Kirchner a los tres jueces. “Este es un tribunal de ‘law fare’, a lo mejor tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia y me va a absolver a la historia, a ustedes los va a condenar la historia”, sostuvo enfurecida.

Fernández de Kirchner, quien asumirá como vicepresidenta junto al presidente electo Alberto Fernández el 10 de diciembre, está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que adjudicó de forma irregular 51 contratos de obra públicas viales en la provincia sureña de Santa Cruz a la constructora de Lázaro Báez, un empresario allegado que también está imputado junto a otra docena que personas.

Entre los acusados están el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad Nacional.

La expresidenta también afronta otros cuatro juicios por supuestos delitos cometidos durante su mandato cuyas fechas de inicio no han sido definidas aún y cinco pedidos de detención que no han prosperado porque, como senadora, cuenta con fueros que le otorgan inmunidad de arresto.

Este primer proceso en su contra se inició en mayo mientras la dirigente política se encontraba en campaña para volver al poder como vicepresidenta. Fernández, su entonces compañero de fórmula, dijo que ella iba a “probar que la imputación es falsa” y que es "un disparate que esté involucrada en esta causa".

La dirigente de centroizquierda solo interrumpió su intervención para servirse agua en un vaso y beber algunos sorbos.

Cuestionó que sucesivas audiencias judiciales fueron transmitidas en vivo y en directo y “en los pasajes más escabrosos que decía el fiscal apuntaban a mi cara y el resto de los acusados”, una muestra de que los medios de comunicación hacen conocer a la población “cosas que no figuran en el expediente ni conforman delito para que los jueces no tengan más remedio que condenar”.

Según Fernández de Kirchner, la causa que dio inicio a este proceso se activó en enero de 2016 a partir del entonces recién nombrado responsable de Vialidad, Javier Iguacel.

“La primera resolución que saca (Iguacel) es hay que investigar todas las obras de la constructora Austral de Lázaro Báez, realizadas en la provincia de Santa Cruz, y manda hacer una auditoría”, relató al apuntar a que la orden para impulsar la investigación partió del gobierno de Macri.

Durante su intervención, Fernández de Kirchner intentó refutar una de las acusaciones de los fiscales de que los fondos supuestamente irregulares para las obras ejecutadas por Báez estaban recogidos en varios proyectos de ley de presupuesto que la entonces mandataria envió al Congreso.

La expresidenta se desligó de responsabilidad alguna al respecto y acotó que el Congreso no cuestionó esas iniciativas y los encargados de ejecutar los presupuestos son los jefes de Gabinete de ministros. “Aquí no han citado a ningún jefe de gabinete y no digo que deban ser citados”, puntualizó.

"Van a tener un problema porque van a tener que citar al presidente de la república. Pero será interesante escuchar lo que tiene para decirles", dijo sobre el hecho de que Fernández, el próximo mandatario, fue el titular de la jefatura del Gabinete durante parte de su presidencia y todo el mandato de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).

La exmandataria también cuestionó que Kirchner - gobernador durante un largo periodo de Santa Cruz- esté considerado supuesto planificador de la asociación ilícita que luego ella encabezó.

“Acá se afirma que había un plan maestro de Néstor Kirchner para ser presidente de la república y saquear las arcas del Estado y traer a Lázaro Báez. ¿Por qué si Néstor fue gobernador de Santa Cruz 16 años no lo hizo antes?" argumentó.

Según la acusación, la "organización criminal" que encabezó la exmandataria y que también funcionó durante el gobierno de su marido sustrajo fondos del Estado y "valiéndose de la legitimidad de los cargos" que ocupaban sus integrantes y puso en funcionamiento una "maquinaria eficaz para sustraer y direccionar" esos fondos a Báez.

Fernández de Kirchner también empleó la indagatoria para arremeter contra la justicia en otras causas en las que está procesada. “Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, no sé cómo tuve tiempo para gobernar este país”, subrayó la dirigente.

Además apuntó contra la “persecución” que sufren sus hijos Máximo -que es diputado electo- y Florencia, sometida a un tratamiento médico en Cuba debido a los estragos que han causado en su salud las investigaciones judiciales en su contra, según ha apuntado en varias ocasiones la exmandataria.

Cuestionó además que la justicia argentina arremeta permanentemente contra dirigentes peronistas y sus allegados por presunta corrupción.

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