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Estados Unidos

¿Quiénes son los militares que Marco Rubio tiene en la mira?

Proyecto de ley aprobado por el Senado de EEUU identifica compañías y militares
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Proyecto de Ley aprobado por el senado de EU identifica compañías y militares

En el proyecto de ley Cuban Military Transparency Act, el senador pone nombre y apellidos a los militares y empresas de Cuba con los cuales el Gobierno de Estados Unidos no debería comerciar.

El senador republicano por la Florida Marco Rubio presentó el miércoles el proyecto de ley Cuban Military Transparency Act para asegurar que el incremento de los viajes y el comercio con la isla no sirva para enriquecer al poder militar u otras fuerzas de seguridad controladas por la familia Castro.

En el proyecto de ley, Rubio pone nombre y apellidos a los militares y empresas de Cuba con los cuales el Gobierno de Estados Unidos no debería comerciar:

El Grupo GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), fundado en los 90 por el general Raúl Castro.

Gaviota, el mayor conglomerado hotelero de América Latina y el Caribe, subsidiario del Grupo GAESA y propiedad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Tecnoimport S.A., compañía fantasma vinculada con el barco detenido a inicios de este año en Colombia por traficar armamento y explosivos procedentes de la isla.

También se mencionan los nombres de importantes militares empresarios de Cuba:

General Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, yerno del mandatario Raúl Castro y presidente del Grupo GAESA.

General Rubén Martínez Puente, jefe de la Fuerza Aérea cubana, responsable del derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro personas.

Coronel Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, piloto de la Fuerza Aérea, que conducía el avión que derribó las avionetas.

Coronel Francisco Pérez Pérez, piloto de la Fuerza Aérea, que conducía el avión que derribó las avionetas.

General de Ejército, Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministro y general, quien admitió ante el representante de Estados Unidos, James McGovern, haber dado la orden para el derribo de las avionetas.

Gerardo Hernández, uno de los espías cubanos liberados como parte de un intercambio entre Cuba y Estados Unidos, en diciembre de 2014. Hernández se encontraba cumpliendo una sentencia por la muerte de las cuatro víctimas de Hermanos al Rescate.

El senador Rubio también propuso que Estados Unidos identifique a todas las entidades controladas por los militares cubanos.

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Funcionarios de EEUU en gira por Colombia, Argentina y Uruguay

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

El asistente especial del presidente Biden y director sénior para el Hemisferio Occidental, Juan González, se encuentra en Colombia, como parte de una gira oficial que también lo llevará a Argentina y Uruguay, con la mira en temas compartidos como la pandemia, la inmigración venezolana y asuntos de seguridad.

Junto a González viaja la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung. La gira se extiende hasta el 15 de abril, con el objetivo de "interactuar con funcionarios gubernamentales".

González mantuvo una reunión con el presidente Iván Duque, el lunes en la mañana, marcando la primera vez que un alto funcionario del Gobierno del presidente Biden se reúne con el mandatario colombiano.

Según la presidencia de Colombia, durante la reunión se discutieron temas relacionados con la seguridad, el narcotráfico y el crimen transnacional. Así como los avances en la implementación de los acuerdos de paz, la reactivación económica, por cuenta de la pandemia, la crisis migratoria venezolana, el cambio climático y el cuidado del medio ambiente.

Protestas y saqueos en EEUU tras muerte de otro afrodescendiente a manos de la policía

Protestas en EEUU por la muerte de otro afrodescendiente a manos de la policía
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Cientos de manifestantes protestaron el domingo por la noche por la muerte de un ciudadano afrodescendiente a manos de la policía en Minneapolis, ciudad estadounidense donde se lleva a cabo el juicio de un exagente acusado de la muerte de George Floyd, un caso que desató protestas contra el racismo y la brutalidad policial contra la comunidad negra.

Varios centenares de personas se concentraron frente a la estación policial en Brooklyn Center, al noroeste de Minneapolis. La policía les disparó gas lacrimógeno y granadas ensordecedoras, observó un videoperiodista de la AFP en el lugar.

Hacia la medianoche (05H00 GMT), la Guardia Nacional se desplegó en el lugar, y el alcalde de Brooklyn Center, Mike Elliott, declaró un toque de queda desde la 01H00 hasta las 06H00 locales (11H00 GMT).

La madre de Daunte Wright, un joven afroestadounidense de 20 años, dijo a la muchedumbre que su hijo la había llamado para decirle que la policía le había ordenado detener su vehículo, según medios locales.

Katie Wright dijo que escuchó a oficiales de policía decirle a su hijo que soltara el teléfono y luego uno de los agentes cortó la llamada. Poco después, la novia de su hijo le dijo que éste había sido abatido.

La oficina de asuntos criminales de Minnesota confirmó a la AFP que está "investigando" la implicación de un agente en un tiroteo en Brooklyn Center, pero se negó a identificar a la víctima.

Según un comunicado del departamento policial de Brooklyn Center, agentes ordenaron detener al conductor de un vehículo por una infracción de tránsito. Cuando descubrieron que tenía una orden de detención pendiente, intentaron arrestarlo.

El conductor volvió a su vehículo, y uno de los oficiales disparó su arma, alcanzando al conductor, que murió en el lugar, según la versión policial.
Una pasajera del automóvil sufrió "heridas", sin que su vida corra peligro, y fue llevada a un hospital local, según el comunicado, que no identificó a la mujer.

El alcalde de Brooklyn City, Mike Elliott, tachó el tiroteo de "trágico". Tim Walz, gobernador de Minnesota, estado en el que se encuentra Minneapolis, dijo lamentar "de nuevo la pérdida de la vida de un hombre negro a manos de la policía".


- "Justicia para Daunte Wright" -

Unas doscientas personas se congregaron en Brooklyn Center la noche del domingo, y fueron recibidas por policías antimotines.

Fotos de la manifestación mostraban a hombres saltando sobre el parabrisas de una camioneta de policía. Según el diario Star Tribune, las fuerzas de seguridad dispararon municiones no letales para tratar de dispersar a los manifestantes.

Cuando la presencia policial se redujo luego de una hora, la muchedumbre encendió velas y escribió mensajes con tiza en la calle: "Justicia para Daunte Wright".

Pero los choques se reanudaron poco después, cuando otro grupo de cientos de manifestantes se congregó frente a la sede principal de la policía de Brooklyn Center, donde fueron recibidos por gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

En conferencia de prensa, John Harrington, jefe de seguridad del estado de Minnesota, dijo que "se lanzaron piedras y otros objetos" contra las oficinas de la policía y que unas 20 tiendas de un centro comercial fueron saqueadas.

Harrington informó de que el lunes se incrementará la fuerza de la Guardia Nacional en la zona.

Este nuevo incidente tuvo lugar mientras se lleva a cabo en Minneapolis el juicio contra Derek Chauvin, un policía blanco acusado de la muerte del afroestadounidense George Floyd, en mayo pasado en esa ciudad.

La muerte de Floyd desencadenó una ola de protestas en todo Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policial.

Tribunales de EEUU se preparan para una avalancha de solicitudes de asilo

Migrantes en la frontera de México y Estados Unidos. (Adrees Latif / Reuters).

Los tribunales de inmigración estadounidenses, ya abrumados con una acumulación de 1,3 millones de casos, no están preparados para manejar una avalancha de nuevas solicitudes de asilo presentadas por un número creciente de personas que cruzan la frontera entre EE. UU. y México, especialmente niños que viajan solos, dijeron a la Voz de América, VOA, jueces migratorios, actuales y anteriores.

El número cada vez mayor de migrantes que llega a la frontera, incluyendo a más de 170.000 sólo en marzo, según adelantaron diversos medios la semana pasada, es el nivel más alto desde 2006.

Sólo los menores que llegan sin sus padres pueden permanecer en los EE. UU., junto con algunos padres que tienen hijos menores de siete años. Aún así, la carga de casos adicionales para los tribunales de inmigración, que ya están sobrecargados, podría ser asombrosa si continúan los niveles elevados de cruces fronterizos.

Esta no es la primera vez que Estados Unidos ve un gran número de migrantes llegar a su frontera sur. Tampoco es la primera vez que los jueces migratorios, que deciden si se otorgan o rechazan las solicitudes de asilo, han visto multiplicarse el número de casos.

"La lista de espera ha crecido", dijo Jeffrey Chase, ex juez de inmigración y asesor legal principal de la Junta de Apelaciones de Inmigración. Añadió que hay dos formas de manejar la situación.

"La respuesta a esto usualmente es: contratar más jueces. Y creo que la respuesta debería ser: seamos más inteligentes acerca de a quién llevamos a la corte y cómo priorizamos los casos y cómo manejamos los casos", dijo Chase a la VOA.

La Cámara de Acceso a registros Transaccionales, (TRAC), un centro de investigación de la Universidad de Syracuse, muestra que la acumulación de casos de inmigración se ha más que duplicado desde principios de 2017.

Según la TRAC, a fines de febrero de 2021, había 1.299.239 casos activos pendientes ante los tribunales, frente a 542.411 a principios de 2017. Al 31 de marzo, EE. UU. tenía 529 jueces de inmigración en 67 tribunales en todo el país.

Dana Marks, una jueza de inmigración en funciones en San Francisco que habló con la VOA en su calidad de presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), dijo que el aumento en los casos de los tribunales de inmigración ha sido gradual y por eso cree que "se mantuvo bajo el radar".

Un sistema diferente

Los tribunales de inmigración de EE. UU. no son como los tribunales federales con los que la mayoría de la gente está familiarizada. Por un lado, forman parte del poder Ejecutivo, específicamente bajo la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia de EE. UU.

Además, los casos de inmigración se desarrollan de manera diferente a los casos judiciales normales donde los litigantes a menudo se sienten presionados para evitar el juicio.

"Uno de los problemas con el sistema de inmigración, como lo es actualmente, no tenemos acuerdos de declaración de culpabilidad o estipulaciones que manejen muchos de estos casos como lo hace en un tribunal penal donde las partes se reúnen y llegan a un compromiso mutuo y un acuerdo ", explicó Marks. "Así que todos los casos van a juicio".

Un informe reciente de TRAC concluyó que incluso si la administración del presidente Joe Biden detuviera la aplicación de la ley de inmigración por completo, "aún se necesitaría más allá del primer mandato de Biden en el cargo, asumiendo tasas de finalización de casos prepandémicos, para que se completen los casos ahora acumulados".

Jueces en la frontera

Durante la Administración Trump se contrataron jueces de inmigración adicionales. Aun así, la acumulación de casos aumentó notablemente durante el tiempo de Trump en el cargo.

Mientras tanto, la Administración Trump, al igual que la Administración Obama que la precedió, envió jueces de inmigración a los tribunales cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, señaló Marks.

"La priorización de enviar jueces a los tribunales fronterizos terminó dejando a nuestros tribunales interiores subutilizados y sin poder procesar los casos que habían estado pendientes en el sistema durante largos períodos de tiempo", dijo.

A la congestión se sumó una directiva de 2018 del entonces fiscal general Jeff Sessions para reabrir cientos de miles de casos de inmigración que los tribunales habían cerrado previamente y controlar la discreción de los jueces para cerrar casos futuros.

Dotación de personal de los tribunales e independencia

Los legisladores estadounidenses de ambos partidos han argumentado durante mucho tiempo a favor de ampliar el número de tribunales de inmigración para reducir la acumulación de casos.

Mientras tanto, los jueces de inmigración, respaldados por docenas de grupos de defensa de inmigrantes y derechos humanos, están pidiendo al Congreso que apruebe una legislación que convierta al sistema de tribunales de inmigración en una entidad independiente aislada de la agenda de inmigración de cualquier administración.

"Nuestra organización ha defendido durante mucho tiempo que el sistema de tribunales de inmigración sea eliminado del Departamento de Justicia y reestructurado, como los tribunales federales del Artículo 1", dijo Marks.

Aaron Hall, un abogado de inmigración en Denver, Colorado, sostuvo que el sistema de tribunales de inmigración está sujeto actualmente a los caprichos de cualquier partido que controle el poder Ejecutivo. Pero agregó que hacer independientes los tribunales no es suficiente.

"Todavía tenemos 1,3 millones de personas en el sistema", dijo. "No hay manera de respetar el debido proceso y de impulsar todos estos casos de manera oportuna. La solución debe ser una reforma migratoria".

"Tener un sistema de tribunales de inmigración independiente es mejor que tenerlos en el Departamento de Justicia, pero lo que realmente necesita cambiar es nuestra ley", agregó Hall.

Propuesta de la Casa Blanca incrementa los fondos a la ayuda internacional

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, hablando sobre los derechos humanos en el mundo. (Mandel Ngan / AP).

La solicitud del presupuesto para el año fiscal 2022 que ha hecho la administración Biden al Congreso de Estados Unidos ha aumentado en 6.800 millones de dólares con respecto al año anterior para la ayuda internacional, que incluye derechos humanos, defensa de la democracia y gestión de la pandemia de COVID-19.

El pedido incluye 63.500 millones de dólares en programas internacionales, que serían gestionados por el Departamento de Estado para la ayuda internacional; de ellos, 5.400 millones son distribuidos por la Agencia de Estados Unidos para el desarrollo Internacional (USAID).

En esta “solicitud discrecional” han sido incluidos 861 millones para Centroamérica, parte del compromiso de 4.000 millones de dólares para los próximos cuatro años.

El informe señala que la solicitud del dinero es parte de “una estrategia integral para impulsar una reforma sistémica y al mismo tiempo abordar las causas fundamentales de la migración irregular de Centroamérica a Estados Unidos.

En las últimas semanas ha empeorado la situación inmigratoria en la frontera sur. Miles de menores no acompañados han abarrotado los albergues dispuestos por las entidades de seguridad de EE. UU. Informes gubernamentales han arrojado que las cifras de detenciones de inmigrantes buscando asilo se dispararon en marzo para alcanzar un récord histórico en los últimos veinte años.

Sería así favorecido el trabajo de conjunto con otras naciones “para abordar la pandemia y el cambio climático, así como las crecientes ambiciones de China y las amenazas globales a la democracia”, señala el documento expedido hoy por el Departamento de Estado.

Otra importante partida monetaria está enfocada en “restaurar” la posición internacional de EE. UU. mediante la promoción de “la democracia y los derechos humanos”.

El dinero sería usado para pagar las cuotas del gobierno estadunidense en la ONU para “revertir la falta crónica de fondos y los atrasos acumulados para programas críticos durante la Administración anterior”.

Tales impagos han afectado la membresía de EE. UU. en la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indica el anuncio.

Además, en la asistencia humanitaria y el tema de refugiados, ha sido incluida una parte para volver al plan de admisión de refugiados, con el interés de volver a la cifra de hasta 125.000 admisiones a partir de 2022.

Biden apoya los planes “Artemis” de la NASA para la luna y más allá

El nuevo cohete de la NASA, "Space Launch System" (Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS), enviará astronautas a la Luna en las misiones Artemis. (NASA).

El presidente Biden se ha comprometido con la misión multilateral de la NASA para volver a la Luna y enviar astronautas a Marte.

“A través del programa Artemis, el gobierno de Estados Unidos trabajará con la industria y los socios internacionales para enviar astronautas a la superficie de la Luna”, dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, el 4 de febrero, al anunciar el apoyo de la administración Biden al programa “Artemis” de la NASA.

Share America, plataforma del Departamento de Estado, informa que el programa Artemis tiene como objetivo hacer aterrizar a la primera mujer y al próximo hombre en la Luna para 2024, y está planeando una misión humana a Marte.

El mundo rinde homenaje a la exploración espacial en el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, el 12 de abril, cuando se cumple el 60º aniversario del primer vuelo espacial tripulado por Yuri Gagarin, de la Unión Soviética, en 1961. El astronauta estadounidense Neil Armstrong se convirtió en la primera persona en pisar la luna el 20 de julio de 1969.

Los cohetes impulsores del Sistema de Lanzamiento Espacial están completamente montados en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. (NASA/Isaac Watson).
Los cohetes impulsores del Sistema de Lanzamiento Espacial están completamente montados en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. (NASA/Isaac Watson).

El alunizaje de Artemis será la primera vez que el ser humano llegue a la Luna desde la misión Apolo 17 de la NASA en 1972. El lanzamiento de Artemis I está previsto para noviembre. Aunque Artemis I no tendrá tripulación, es la primera de una serie de misiones que permitirán la futura exploración humana de la Luna y Marte.

La NASA anunció recientemente un equipo de 18 astronautas para las futuras misiones Artemis. El equipo refleja la diversidad y el abanico de oportunidades dentro de Estados Unidos, pues la mitad del equipo está constituido por mujeres y personas de color.

El programa Artemis también está reforzando las asociaciones internacionales. Estados Unidos y otros siete países firmaron los Acuerdos Artemis el 13 de octubre de 2020. Los Acuerdos Artemis son una serie de principios rectores para garantizar que la futura exploración espacial sea pacífica, sostenible y beneficiosa para todos.

Los Acuerdos Artemis siguen los principios del Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967, que impiden a las naciones reclamar la soberanía sobre el espacio exterior, y pretenden facilitar la exploración, la ciencia y las actividades comerciales para que las disfrute toda la humanidad. Se espera que más países firmen el acuerdo, que ya incluye a Australia, Canadá, Italia, Japón, Luxemburgo, Ucrania, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y Estados Unidos.

Los responsables de la NASA afirman que la colaboración en la exploración espacial fomentará unas relaciones más positivas en la Tierra.

Desde que asumió su cargo, Biden ha elogiado las misiones de la NASA, como el aterrizaje del vehículo “Perseverance” en Marte el 18 de febrero, como muestra del valor de la colaboración internacional. El vehículo explorador buscará señales de vida antigua en Marte utilizando tecnología de países de toda Europa.

“Es una misión de exploración, con elementos a los que han contribuido nuestros asociados europeos, para buscar evidencias de la posibilidad de vida más allá de nuestro planeta y en los misterios del universo”, dijo Biden a la Conferencia de Seguridad de Múnich el 19 de febrero. “Es eso lo que podemos hacer juntos”.

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