Enlaces de accesibilidad

América Latina

Marco Rubio: régimen de Maduro es una amenaza a los intereses de EEUU

Marco Rubio aludió a la situación de Venezuela durante la recién finalizada VIII Cumbre de las Américas, en Lima.

El senador estadounidense por Florida, incansable crítico del actual régimen venezolano, ha instado a la región a unirse para poner fin al mandato de Maduro.

Publicamos íntegro un texto escrito por el senador republicano por el Estado de Florida, Marco Rubio, publicado en CNN y distribuido en su página oficial.

El cubanoamericano, quien ha sido un fuerte crítico de la situación en Venezuela, ha creado un perfil en Facebook para denunciar la grave situación que atraviesa la nación sudamericana.

A continuación el texto firmado por Marco Rubio:

Venezuela ha llegado a un punto de inflexión para su pueblo y para el hemisferio occidental. La crisis en Venezuela no es solamente una irritación regional. Su gobierno socialista se ha convertido un peligro para sus vecinos y para nuestra propia seguridad nacional.

El régimen del dictador venezolano, Nicolás Maduro, amenaza los intereses estadounidenses. Si bien el régimen de Maduro rechazó dichas acusaciones, se trata de un Estado patrocinador del narcotráfico. Estados Unidos ha sancionado al vicepresidente, llamándolo "líder del narcotráfico", y los sobrinos de la primera dama fueron sentenciados el año pasado a 18 años de prisión por cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

El régimen brinda refugio a organizaciones que Estados Unidos ha designado como organizaciones terroristas extranjeras, como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Ha atacado el orden democrático regional, y se alía activamente con los enemigos de Estados Unidos, incluidos la dictadura cubana, Rusia, así como también con Irán y Hezbollah.

Los efectos indirectos de las acciones autoritarias del régimen de Maduro menoscaban los esfuerzos de Estados Unidos y sus socios regionales por promover la democracia, los derechos humanos y la estabilidad en el hemisferio occidental. La gestión corrupta, el mal manejo económico y la supresión violenta del disentimiento popular por parte de la dictadura venezolana, han producido una grave crisis humanitaria de proporciones históricas. A su vez, el flujo desestabilizador de millones de migrantes venezolanos ha saturado los recursos de países adyacentes como Colombia y Brasil.

Si bien EE.UU. y nuestros socios han condenado repetidamente al régimen de Maduro y exigido el fin de la crisis, ahora debemos acompañar nuestras palabras con acciones decisivas. Es el momento de que las naciones democráticas de la región trabajen juntas y apresuren la salida de Maduro del poder.

Viajé este mes a la Cumbre de las Américas en Lima, Perú, donde la crisis de Venezuela dominó prácticamente cada conversación entre nuestros aliados. A cambio, Estados Unidos emitió una declaración conjunta con el llamado "Grupo de Lima" de 16 países de la región para rechazar el plan de Maduro de una elección presidencial fraudulenta el 20 de mayo. Juntos solicitamos inequívocamente elecciones libres y exhortamos a la dictadura venezolana a que libere a todos los presos políticos.

En un mundo ideal, la Organización de Estados Americanos (OEA), un grupo de 34 naciones del hemisferio occidental, brindaría el foro para coordinar una acción multilateral sobre Venezuela. Pero una minoría pequeña de Estados miembros de la OEA permanecen alineados económica o ideológicamente con Maduro, y hacen todo lo que pueden para evitar que la organización cumpla la promesa de su Carta Democrática de proteger la paz, la justicia y la solidaridad.

Como alternativa, exhorto a Estados Unidos a que persuada a las naciones del Grupo de Lima y otros vecinos que piensan igual, a sostener reuniones con nuestros respectivos cancilleres y ministros de finanzas en mayo para trazar un camino regional hacia el futuro de Venezuela, basado en tres elementos principales.

Primero, Estados Unidos debe trabajar con los países del Grupo de Lima en coordinar sus sanciones nacionales con nuestras crecientes iniciativas, con el fin de concentrarnos en los elementos criminales del régimen de Maduro, su acceso a la banca y el financiamiento internacional, y en aquellos individuos, empresas fantasma y otras entidades que usa para evadir la presión financiera extranjera. El objetivo es maximizar el dolor de los funcionarios corruptos, opresivos e ilegítimos en Venezuela que menoscaban la democracia y los derechos humanos, así como también a aquellos actores que los mantienen en el poder.

Segundo, debemos coordinar nuestros esfuerzos para aliviar la crisis humanitaria creciente en Venezuela. A medida que millones de venezolanos huyen de su país para escapar del hambre, las privaciones y la violencia, los Estados vecinos soportan cargas desproporcionadas y necesitan asistencia extranjera, incluida la continua ayuda continuada para los programas de migración.

Es vital que también dejemos en claro al pueblo venezolano que hay alimentos, medicamentos y ayuda humanitaria internacional... todo listo para ser entregados a ellos en su país, pero de manera cínica, su dictadura no lo permite. El régimen de Maduro debería enfrentar una presión internacional creciente para que autorice la asistencia humanitaria dentro de las fronteras venezolanas y que sea distribuida por organizaciones benéficas y ONG que sean creíbles.

Finalmente, tenemos que estar dispuestos a ayudar a reconstruir una Venezuela libre y democrática, luego de que Maduro deje el poder. En la Venezuela pos-Maduro necesitaremos un equivalente multilateral del Plan Marshall, la iniciativa estadounidense que reconstruyó Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Este plan debería incluir inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, al que Estados Unidos contribuye, y de otras organizaciones económicas internacionales alineadas con nuestros intereses.

Al mismo tiempo, debemos estar preparados para ayudar al pueblo venezolano a restaurar sus instituciones y procesos democráticos. Dados los esfuerzos del régimen de Maduro por evitar que los líderes opositores viajen al exterior a criticar la dictadura y movilizar el apoyo internacional, Estados Unidos y nuestros socios regionales debemos trabajar para posibilitar que todos los miembros de la Asamblea Nacional -legítimamente elegidos- puedan viajar libremente, e incluso proveerles visas y autorizar que se trasladen con pasaportes vencidos u otras alternativas. Eso también significa cooperar con los tribunales constitucionales legítimos de Venezuela que Maduro ha menoscabado.

La crisis en Venezuela se ha convertido en un desafío regional complejo.

Por ende, Estados Unidos debe persuadir a nuestros vecinos que piensan igual a que apoyen una solución regional dirigida a aumentar la presión contra el régimen de Maduro, a aliviar la extrema crisis humanitaria del país, y a sentar las bases de iniciativas internacionales que reconstruyan una Venezuela libre y democrática pos-Maduro. Ya es hora de que las democracias del hemisferio occidental apoyemos nuestras palabras de respaldo a los venezolanos que sufren, con una acción decisiva y colectiva.

Vea todas las noticias de hoy

Informe revela "compleja operación" de lavado de dinero en Venezuela

En la operación intervienen entidades del estado, empresas ilícitas y grupos del crimen organizado, señala el informe.

Un informe presentado este jueves por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en Washington, revela que en Venezuela existe una "compleja operación criminal" de lavado de dinero que tiene como centro a la estatal petrolera PDVSA.

Realizado por la firma IBI Consultants, el informe señala que en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro ha desarrollado una estructura de lavado de dinero como parte de una compleja operación criminal en la que intervienen entidades del estado, empresas ilícitas y grupos del crimen organizado.

Revelan "compleja operación" de lavado de dinero en Venezuela
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:46 0:00

Este informe, resultado de cinco años de investigación, explica que dicha operación criminal es una estructura única basada en la participación directa del estado en el comportamiento criminal, operando en múltiples esferas económicas y jurisdicciones.

Esta situación, subraya el documento, socava el Estado de Derecho, la democracia y las alianzas de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental.

En total fueron identificados 181 individuos y 176 empresas operando en 26 países

El informe fue presentado por Douglas Farah, presidente de IBI Consultants e investigador principal en la Universidad de Defensa Nacional.

"Tenemos esa idea de que Venezuela es un problema aislado, y que si se resuelve el problema de Venezuela y se saca a Maduro del poder todo volverá a la normalidad", pero esencialmente no será así, es "una empresa criminal transnacional y multinacional", dijo Farah.

El informe indica que esta empresa criminal conjunta no solo ha tomado miles de millones de dólares de las arcas estatales venezolanas, sino que también ha utilizado a la empresa petrolera estatal PDVSA como la estructura central para el lavado de dinero y la corrupción en toda la región.

La cartera criminal utilizada por quienes impulsan este movimiento ha continuado diversificándose a medida que los precios del petróleo cayeron y la producción de PDVSA se detuvo, concluye el informe.

(Reporte de Michelle Sagué para Radio Martí)

Paro nacional en Nicaragua busca liberación de presos políticos

La policía custodia las calles de Managua durante el paro nacional convocado por la oposición.

Las calles y avenidas de las principales ciudades de Nicaragua lucían parcialmente vacías el jueves, aunque con relativo movimiento comercial en Managua, en el inicio de una huelga de 24 horas convocada por la oposición en reclamo de que el gobierno de Daniel Ortega libere a cientos de manifestantes presos.

Pequeños negocios, algunos supermercados, colegios de secundaria y universidades privadas de Managua cerraron sus puertas en apoyo al paro promovido por las coaliciones opositoras Alianza Cívica (AC) y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la empresa privada, organizaciones universitarias y el Comité de Familiares de Presos Políticos.

Se observaba muy poco tráfico de vehículos privados sobre la carretera a Masaya y la carretera panamericana, que comunica a Nicaragua con el resto de Centroamérica. Las cooperativas de autobuses y taxis operaban con cierta normalidad en la capital aunque con escasa demanda.

“Paramos y vaciamos las calles no por resignación sino por indignación. Paramos por la libertad de los inocentes en las cárceles. Paramos para no consumir y no aportar a nuestra propia represión”, declaró Haydeé Castillo, activista de derechos humanos y dirigente de la UNAB.

El gobierno emitió un comunicado en el que ofreció liberar a todos los presos políticos a más tardar el 18 de junio, seguir promoviendo una reforma electoral "para las elecciones de 2021" y fomentar la reconciliación y el retorno voluntario de los exiliados.

Las farmacias y las gasolineras abrieron sus puertas, pero con pocos clientes. “Si yo no trabajo no como, a mí la política no me mantiene”, dijo a The Associated Press Evelia Herrera, dueña de una pequeña tienda de abarrotes en una zona residencial de las afueras de Managua.

También lucían casi desiertos los habitualmente concurridos mercados Mayoreo y Oriental, en el sector norte de la capital. En la ciudad de León, en el occidente, comerciantes de los cuatro mercados municipales se sumaron al paro pese a que la alcaldía había amenazado con retirarles sus permisos de venta, informaron medios locales.

Tanto en León como en las ciudades de Chinandega, Camoapa, Masaya y Diriamba las radioemisoras locales reportaron un ambiente desolado y poco movimiento comercial.

Las escuelas y universidades públicas del país laboraron con normalidad tras recibir advertencias del gobierno. La dirigente estudiantil Valeska Valle, miembro de la Alianza Cívica, denunció que los rectores de las universidades públicas y algunas privadas "amenazaron con sancionar a los alumnos que no asistieran".

No obstante, los principales centros educativos privados suspendieron las clases, incluido el Colegio Alemán Nicaragüense ubicado en Managua y donde estudian varios nietos del presidente Ortega.

La dirección del colegio informó que no trabajaría el jueves “por razones de seguridad para nuestra comunidad educativa”. Hace semanas el centro fue el foco de una polémica cuando los nietos de Ortega realizaron manifestaciones políticas a favor del gobierno.

El miércoles el gobierno advirtió que aplicaría sanciones a los bancos privados que apoyaran el paro nacional. La actividad bancaria nicaragüense es regulada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, que puede imponer multas por incumplimiento de desempeño laboral según una resolución vigente desde 2006.

De acuerdo con estimaciones del sector privado el paro nacional podría dejar pérdidas económicas de hasta 20 millones de dólares por día.

Mientras tanto, el portal oficial El 19 Digital divulgó los resultados de una encuesta de la consultora local SISMO LIX según la cual 57,7% de la población aprueba el desempeño del presidente Ortega. El sondeo, realizado del 5 al 16 de mayo, indicó que 96,9% de la población quiere un país en paz y 97,6% desea estabilidad social y económica. Asimismo, un 96,7% desea seguridad ciudadana, agregó el informe de la encuestadora vinculada al gobierno.

SIP condena estigmatización contra la prensa y los periodistas

Nicholas Casey, corresponsal en Colombia del The New York Times en Colombia. (Facebook).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un llamado de preocupación ante lo que considera “campañas de estigmatización contra periodistas en Colombia y Estados Unidos que limitan la libertad de prensa, debilitan la discusión pública en democracia y aumentan los riesgos de vida de los periodistas”.

En artículo publicado en el sitio oficial de la SIP este miércoles, la entidad citó el ejemplo del periodista Nicholas Casey, corresponsal en Colombia del The New York Times, que se vio obligado a abandonar el país por "acusaciones falsas", argumentando que “atentan contra su seguridad, luego que la senadora colombiana María Fernanda Cabal, del partido de gobierno, tuiteó dos fotos del reportero y un texto que cuestionaba cuánto le habrían pagado las Farc por publicar un reportaje favorable y otro contra el Ejército”, enumera la SIP.

Sin embargo, explica la entidad regional, “La foto donde aparece el reportero en una moto resultó no ser el periodista Casey sino del reportero gráfico Federico Ríos, que también abandonó el país”.

El tuit de la legisladora, acompañado por la etiqueta #CaseyEsFakeNews y replicado por otros políticos, fue en respuesta al artículo de Casey titulado "Las órdenes de matar del Ejército ponen en riesgo a civiles", que fue publicado el 18 de mayo en el New York Times.

El periodista se refirió, indica la SIP, a la supuesta orden del jefe del Ejército colombiano de duplicar el número de criminales y guerrilleros muertos o capturados.

María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP y directora del diario colombiano El País de Cali, manifestó su rechazo al uso cada vez más frecuente de la estigmatización a periodistas como mecanismo de censura.

Domínguez expresó la gravedad que para el ejercicio del periodismo significa que los funcionarios públicos y políticos no midan las consecuencias que puedan tener sus palabras cuando sus críticas y estigmatizaciones están dirigidas contra los reporteros y su labor profesional. Agregó que "la estigmatización e insultos a la prensa, generados por funcionarios públicos y difundidos en redes sociales, crean un ambiente hostil para la prensa e instigan violencia contra periodistas y medios".

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del portal mexicano La Silla Rota, dijo que "la estigmatización se ha intensificado con el internet, las redes sociales y con funcionarios y gobernantes que desacreditan a los mensajeros cuando investigan y denuncian corrupción". Destacó que el discurso de odio y la intolerancia ante las críticas fundadas en investigaciones y denuncias "debilitan no solo la libertad de prensa sino la discusión pública que es una garantía inherente a la vida democrática".

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

[Con información de la Sociedad Interamericana de Prensa]

Cristina Fernández afronta su primer juicio en plena campaña electoral

Senadora Cristina Fernández de Kirchner junto a su abogado Carlos Beraldi el 21 de mayo en Buenos Aires.

BUENOS AIRES (AP) - La expresidenta argentina Cristina Fernández se sentó el martes en el banquillo en un juicio inédito en el que la principal acusada de presunta corrupción se encuentra al mismo tiempo en campaña para volver al poder, esta vez como vicepresidenta.

El juicio, el primero de una serie de procesos que enfrentará la exmandataria (2007-2015) y actual senadora, comenzó tres días después de que Fernández anunciara que su exjefe de gabinete Alberto Fernández será precandidato presidencial y que ella lo acompañará como aspirante a la segunda magistratura.

Otros exmandatarios argentinos han sido juzgados pero Fernández, de 66 años, es la primera que se someterá a proceso al mismo tiempo que tiene posibilidades ciertas de volver a la casa de gobierno.

Fernández escuchó la acusación sentada junto a su abogado en el fondo de la sala mientras varias filas más adelante se situaron varios exfuncionarios de su gobierno. Detrás de un vidrio a espaldas de la acusada, se ubicaron políticos, sindicalistas y dirigentes de derechos humanos que sostienen su inocencia.

En las inmediaciones de la sede del tribunal simpatizantes de Fernández que vestían camisetas con la imagen de la expresidenta entonaron cánticos en su apoyo y ondearon banderas argentinas.

Alberto Fernández aseguró a periodistas que "Cristina va a poder probar que la imputación es falsa” y que es "un disparate que esté involucrada en esta causa".

Horas antes del inicio del juicio, la dirigente peronista afirmó en su cuenta de Twitter que el proceso es un “nuevo acto de persecución” que tiene como objetivo “colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.

Fernández se considera una perseguida en todas las causas que, a su entender, son instruidas por jueces sujetos a las órdenes del presidente Mauricio Macri. La senadora afirma que su sucesor promueve causas en su contra para desviar la atención de los argentinos de la actual crisis económica.

El desafío de Fernández es que lo que se diga en las audiencias no merme sus aspiraciones electorales ni las de su candidato en los comicios en los que Macri buscará reelegirse y la expresidenta se presenta como su principal rival, según varios sondeos.

Según la legislación, mientras no haya condena firme una persona procesada no está impedida para ejercer cargos públicos.

Junto a la exmandataria están procesadas otras 12 personas, entre ellas el allegado empresario de la construcción Lázaro Báez y exfuncionarios.

La senadora está acusada de haber encabezado una "asociación ilícita" que otorgó de forma discrecional obras públicas a Báez en la provincia sureña de Santa Cruz.

Esa "organización criminal" -que también funcionó durante el gobierno de su antecesor y marido Néstor Kirchner (2003-2007)- sustrajo fondos del Estado y "valiéndose de la legitimidad de los cargos" que ocupaban sus integrantes puso en funcionamiento una "maquinaria eficaz para sustraer y direccionar" esos fondos a Báez, sostuvo el secretario del tribunal durante la lectura de la acusación.

Alberto Fernández, que también fue jefe de gabinete de Kirchner, es uno de los más de 150 testigos que desfilarán durante el juicio.

El analista Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), dijo a The Associated Press que Macri aprovechará el desarrollo del proceso para “antagonizar” con la exmandataria y “eso no va a ser tan fácil” para ella.

El analista agregó, sin embargo, que con el sorpresivo anuncio de la fórmula presidencial Fernández consiguió amortiguar el impacto de su imagen frente a los jueces. “No es lo mismo la foto sentada en el banquillo siendo una candidata a presidenta que la foto de Alberto Fernández viajando para hacer un acto” de campaña, dijo.

La primera audiencia del juicio consistió en la lectura de la acusación fiscal.

De ser hallada culpable la exmandataria podría ser condenada a una pena de hasta 15 años de prisión.

La acusación de los fiscales está centrada en los 51 contratos de obras públicas que recibieron las empresas de Báez que supuestamente fueron amañados a favor del empresario pese a que sus firmas no tenían capacidad para hacer las obras. Muchas de ellas quedaron inconclusas o tuvieron un costo mucho mayor al valor de mercado.

Fernández sostuvo que “jamás” intervino como presidenta “en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras” y que los fondos para esos contratos fueron votados por el Congreso en el presupuesto. También cuestionó que la justicia le impidiera aportar suficientes pruebas para su defensa.

Carvajal denuncia manipulación de resultados electorales por parte de coronel venezolano

Autoridades venezolanas reciben al exjfe de inteligencia militar Hugo Carvajal

El exdirector de la Inteligencia Militar venezolana, Hugo Carvajal, solicitó en una carta publicada en su cuenta de Twitter la investigación a Carlos Quintero Cuevas por supuesta participación en la manipulación de los resultados de las elecciones presidenciales 2019-2025.

En la misiva dirigida tanto a la Asamblea Nacional, como al pueblo venezolano y la comunidad internacional Carvajal rectificó su intención colaborar para lograr el cese a la usurpación y de juntar todos los esfuerzos posibles para “para apoyar la causa de devolver la democracia a Venezuela".

Carvajal explica que desde el año 2002 hasta el 2004 Quintero formó parte del Departamento de Informática de la Dirección de Inteligencia Militar y después ocupó el cargo de Director de Informática en el que supervisaba “la data de los componentes del sistema e instrumentos electorales de votación.”

En su declaración, Carvajal asegura que Quintero forma parte de la Junta Nacional Electoral y su trabajo consistió en dirigir, supervisar y controlar los procesos electorales.

La carta finaliza sentenciando “yo lo podría asegurar a partir de las mismísimas palabras de Carlos Quintero en 2017: ‘me basta una llamada de Cilia o Diosdado para alterar los resultados a nuestra conveniencia”.

Hugo Carvajal, general retirado del Ejército venezolano, fue detenido en España en el mes de abril del presente año en respuesta a una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por un supuesto delito de narcotráfico.

[Redactado por Carolina Morales con información de redes sociales]

Cargar más

XS
SM
MD
LG