Derechos Humanos
Manifestante del 11J lleva un año y medio preso sin petición fiscal, ni fecha de juicio
La madre de un manifestante del 11J que lleva un año y medio encarcelado en un limbo legal, sin petición fiscal y sin juicio, presentó el viernes un Habeas Corpus en el Tribunal Provincial de la Habana, demandando su inmediata liberación.
Se trata de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, de 27 años de edad y activista de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
Guillén Esplugas, residente en el municipio de La Habana Vieja, fue detenido violentamente en su domicilio, el 17 de julio de 2021, por agentes de la Seguridad del Estado, por filmar y publicar en redes sociales videos de las protestas populares del 11J, mientras él participaba, dijo a Radio Televisión Martí su madre, Dania María Esplugas Falcó.
“Lo presente porque está preso injustamente hace un año y seis meses, y no le han imputado delito alguno, y sin juicio. Él fue detenido, presuntamente, porque estar subiendo para las redes todo lo que estaba haciendo el gobierno durante las protestas. Ya arrestado, le rompieron hasta el teléfono, y así me lo entregó luego la policía política”, detalló la mujer.
Inicialmente, Guillén Esplugas fue conducido para la 4ta. Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), ubicada en Zanja y Chacón, municipio Centro Habana. Desde allí lo trasladaron para el cuartel de la policía política, y luego para el penal Combinado del Este, donde se encuentra actualmente.
El joven estuvo un mes aislado en la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista, donde fue maltratado físicamente porque querían que se retractara, aseguró Esplugas Falcó.
“Él les dijo que sus ideas nadie se las cambiaba, y exclamó ¡Patria y Vida! A este gobierno no le gusta que le digan Patria y Vida. Allí lo tuvieron incomunicado, no supe nada de mi hijo en ningún momento. Allí le dieron golpes y cuando el 1ro de septiembre de 2021 fue trasladado para el Combinado, estaba aún inflamado. Hoy está recluido en el edificio tres, en el cuarto piso sur, compañía 3402”, indicó la madre del preso político.
Añadió que no pudo verlo hasta octubre, porque aún tenía las marcas de la golpiza que le habían propinado.
“Luego que lo sacaron de un lugar llamado El Depósito, el día de la primera visita, mi hijo me confirmó todo lo que ocurrió en Villa Marista, me dijo: ‘Mami, yo vine para el Combinado y todavía estaba con muestras visibles del abuso físico, por la mano de golpes que me dieron’”.
Según Esplugas Falcó, producto de esa golpiza, se le infamaron algunas glándulas en la parte inferior de los oídos, y fue operado en el hospital de la prisión “tras mucha insistencia mía”, denunció.
Este es el segundo recurso de Habeas Corpus que los familiares presentan a favor del detenido. El 25 de enero había sido entregado el Auto No. 1 ante la sala de la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo de Justicia, que desestimó la petición una semana después.
Sobre las violaciones jurídicas en el caso de Guillén Esplugas, se pronunció también el Centro de Derechos Humanos, con sede en La Habana, explicó a Radio Martí su coordinadora Martha Beatriz Roque Cabello.
“Una de las cosas que más afecta a los presos del 11J es que no se cumple con la propia legalidad socialista. Por ejemplo, el caso de Guillén: está preso desde julio de 2021, no se ha celebrado juicio, tampoco tiene petición fiscal, no tiene nada”, concluyó Roque Cabello.
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Preso político denuncia abusos en cárcel de Guantánamo
El preso político Emeregildo Duvergel Delis, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció a través de una llamada telefónica desde la cárcel Combinado de Guantánamo, en esa provincia del oriente de Cuba, los abusos que enfrentan los reclusos y la difícil situación en la que sobreviven en ese penal.
El activista y expreso político Yanier Joubert Cisneros hizo llegar el audio con la denuncia de Duvergel Delis a Radio Martí.
“Desde Guantánamo, Emeregildo Duvergel, de UNPACU, buenos días para el mundo entero, aquí, el jefe de la prisión provincial Marcelino Bueno Saavedra, se dedica a los secuestros, torturas”, expresó el prisionero político.
De acuerdo con la denuncia de Duvergel Delis, en el Combinado de Guantánamo, donde cumple condena, la alimentación es de mala calidad.
“Los alimentos son pésimos, la sopa es de ‘hierbas de calentura’, una hierba que siembran aquí, (y la preparan) con agua caliente, y el picadillo es agua igual”, relató el opositor.
“La vianda nunca ha existido. Aquí lo único que se consume es arroz blanco, una copa de sesenta gramos con el plato fuerte, una pasta y un agua de picadillo”, agregó.
Según el miembro de UNPACU, en ese centro penitenciario no se le da merienda a los prisioneros enfermos, ni siquiera a los que padecen diabetes, que deben seguir una dieta especial.
“La merienda de los diabéticos, no existe; de los enfermos crónicos tampoco existe”, apuntó Duvergel, y añadió que tampoco existen los medicamentos en el penal.
En los últimos meses, varios presos políticos han reiterado a familiares sus denuncias sobre el deterioro de las condiciones de vida en las cárceles de la isla, donde enfrentan escasa alimentación, poca higiene, falta de atención médica y de los fármacos requeridos, además de torturas, amenazas y otras violaciones a sus derechos como reclusos.
Duvergel Delis, de 58 años, cumple una condena de 6 años de privación de libertad por un supuesto delito de "atentado".
(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)
Preso político maltratado en la cárcel, denuncian familiares
El preso político Jorge Reinier Arias García fue golpeado y torturado el sábado por las autoridades de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, denunció su familia.
Desde esa provincia, la madre de Arias García, Susana García, dijo a Radio Martí que su hijo la llamó este martes y le explicó que le fue aplicada la tortura conocida como bicicleta, que consiste en esposar a los reclusos y lanzarlos escaleras abajo.
"Fueron para arriba de él, lo esposaron. Le hicieron la técnica de bicicleta", explicó García durante la comunicación con Radio Martí. "Lo tiran o escaleras abajo o al suelo. Así que muchos se han hasta desnucado y esas cosas no han podido sobrepasarlas", afirmó.
García cuenta que fue personalmente a la cárcel de Boniato para indagar sobre la situación en la que se encontraba su hijo, preso político del 11J. "Y según el jefe de allí me dijo que no, que eso no había sido nada, que eso era una cosa normal", explicó.
También comentó que a su hijo "se lo llevaron para el destacamento 18, destacamento paramilitarizado de mayor rigor".
Jorge Reinier Arias García, de 38 años, fue condenado a 12 años de privación de libertad por protestar el 11 de julio de 2021, en Palma Soriano, Santiago de Cuba, durante las protestas populares que tuvieron lugar en la isla.
Amnistía Internacional denuncia represión en Cuba y celebra a las mujeres activistas
Amnistía Internacional denunció este lunes en su Informe Anual sobre los derechos humanos en el 2022 que centenares de personas en Cuba siguen encarceladas tras sufrir la represión desatada por el régimen contra los manifestantes del 11 de julio de 2021.
"En marzo, Amnistía Internacional solicitó acceso al país para asistir a los juicios de las personas detenidas, pero las autoridades no permitieron el acceso a observadores internacionales", precisó la organización.
"Las mujeres activistas de derechos humanos desempeñaron un papel fundamental en la resistencia a la represión de la disidencia", afirmó Amnistía al referirse a las madres que exigen públicamente la libertad de los presos políticos del 11J.
Acerca de los prisioneros de conciencia, destacó que hay tres:
• El artista Luis Manuel Otero Alcántara
• El rapero Maykel Castillo Pérez "El Osorbo"
• El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García
No obstante, subrayó que esa cifra "representa un minúsculo porcentaje" de las personas que se temía que estuvieran detenidas por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos.
También comentó que la escasez de alimentos y los cortes de electricidad fueron frecuentes durante el año pasado, y que tras el paso del huracán Ian, las autoridades desplegaron a cadetes militares para reprimir las protestas generalizadas contra los cortes de electricidad e interrumpieron el acceso a Internet.
Bloquear Internet es "una táctica que era cada vez más habitual para limitar la comunicación en Cuba en momentos delicados desde el punto de vista político".
"El gobierno culpó de la situación económica casi exclusivamente al embargo económico estadounidense e hizo caso omiso de su obligación de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales", lamentó la organización.
El Informe Anual de Amnistía Internacional también se refiere al Código Penal que entró en vigor en diciembre, y advierte que "podía consolidar las limitaciones a la libertad de expresión y de reunión ya habituales y presentaba un panorama inquietante para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades".
"La cámara legislativa no tipificó el femicidio como delito en el nuevo Código Penal, pese a las propuestas de las mujeres partidarias de esa medida", añadió.
La Sección Cuba del Informe Anual 2022/23:
INFORMACIÓN GENERAL
Tras un referéndum, Cuba aprobó en septiembre el nuevo Código de las Familias, que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo y, entre otros aspectos, permitía a las parejas homosexuales adoptar.
Según las estadísticas oficiales de Estados Unidos, más de 224.000 personas cubanas entraron en ese país entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, lo que suponía un aumento significativo con respecto a las algo más de 39.000 que habían llegado en el mismo periodo de 2020 y 2021. Muchas de ellas realizaron viajes peligrosos a través del Tapón del Darién, selva que conectaba Panamá y Colombia, mientras que otras se arriesgaron a viajar en barco.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
A lo largo del año, la escasez de alimentos obligó a la población a hacer fila durante horas para conseguir productos básicos, y en algunas partes de la isla fueron frecuentes los cortes eléctricos.
El gobierno culpó de la situación económica casi exclusivamente al embargo económico estadounidense e hizo caso omiso de su obligación de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales.
REPRESIÓN DE LA DISIDENCIA
Al terminar el año, continuaban detenidas centenares de personas que habían sufrido la represión de las manifestaciones de julio de 2021, según informó la ONG Cubalex.
En marzo, Amnistía Internacional solicitó acceso al país para asistir a los juicios de las personas detenidas, pero las autoridades no permitieron el acceso a observadores internacionales. Ese mismo mes, en un contexto en el que la defensa jurídica estaba fuertemente controlada por el Estado y el acceso a los documentos judiciales era excepcional, las autoridades cubanas tomaron la inusual medida de hacer públicas al menos 6 sentencias relacionadas con unas 129 personas —varias de ellas jóvenes—que habían sido acusadas de delitos más graves por haber participado en las protestas de julio de 2021. Se las había acusado principalmente de lanzar piedras o botellas contra agentes encargados de hacer cumplir la ley, y algunas habían sido condenadas a 30 años de prisión.
En septiembre y octubre, tras el paso del huracán Ian, hubo protestas en toda la isla contra los cortes de electricidad generalizados. Según la información recibida, las autoridades respondieron desplegando a cadetes militares para reprimir las protestas, y se denunciaron casos de detención arbitraria.
Además, al parecer, las autoridades bloquearon deliberadamente Internet, táctica que era cada vez más habitual para limitar la comunicación en Cuba en momentos delicados desde el punto de vista político. Las interrupciones de Internet se prolongaron al menos dos noches consecutivas, lo que dificultó la comunicación de las familias tras la tormenta.
Hubo periodistas del diario independiente 14ymedio que también se quedaron sin acceso a Internet y vieron afectada su capacidad para informar.
El 2 de octubre, el presidente Díaz-Canel restó importancia al carácter generalizado de las protestas y sugirió que una minoría de “contrarrevolucionarios” con conexiones fuera de Cuba había llevado a cabo “actos de vandalismo, como cerrar vías o tirar piedras”. También afirmó que esas personas serían tratadas con todo el “rigor de las leyes”.
En diciembre entró en vigor un nuevo Código Penal que podía consolidar las limitaciones a la libertad de expresión y de reunión ya habituales y presentaba un panorama inquietante para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades.
DERECHOS DE LAS MUJERES Y DE LAS NIÑAS
Las mujeres activistas de derechos humanos desempeñaron un papel fundamental en la resistencia a la represión de la disidencia.
Las madres de las personas detenidas en las protestas de julio de 2021, entre las que había jóvenes, abogaron enérgicamente por su liberación.
La cámara legislativa no tipificó el femicidio como delito en el nuevo Código Penal, pese a las propuestas de las mujeres partidarias de esa medida.
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Al concluir el año, los presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez y José Daniel Ferrer García —detenidos en el marco de la represión de la disidencia de julio de 2021— seguían en prisión.
En junio, el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana había condenado al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al músico Maykel Castillo Pérez a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, por una serie de cargos utilizados históricamente para acallar la disidencia, como “desórdenes públicos”, “desacato” y “ultraje a los símbolos de lapatria”.
Unos meses antes, en enero, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había determinado que Maykel Castillo Pérez —uno de los autores de la canción crítica con el gobierno cubano “Patria y vida”, adoptada como himno de las protestas— había sido detenido de forma arbitraria, y había pedido al gobierno cubano su liberación inmediata.
La familia de José Daniel Ferrer García, líder del grupo de oposición política no oficial Unión Patriótica de Cuba, denunció en julio que éste permanecía recluido en régimen de incomunicación, lo que lo ponía en peligro de tortura y otros malos tratos; y, en octubre, que llevaba tiempo recluido en confinamiento solitario, aislado de otros presos y con un acceso muy limitado al mundo exterior.
Cubalex y observadores independientes denuncian actos de represión en jornada electoral
Activistas de los derechos humanos que intentan observar la votación en Cuba para garantizar transparencia denunciaron en un comunicado que las autoridades perseveran en la violación de los derechos constitucionales de los cubanos, “fundamentalmente de aquellos y aquellas que han seguido todo el proceso electoral e intentan observar la votación misma”.
“Observadores independientes de algunas de nuestras organizaciones, que hemos decidido trabajar en conjunto, han sido visitados, citados y amenazados por su propósito y disposición de hacer uso de lo que establece la Constitución y la Ley Electoral respecto de la observación”, dijeron en un comunicado Marthadela Tamayo González y Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, representantes de Observadores de Derechos Electorales y de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, y María Mercedes Benítez Rodríguez, de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales.
“Otros ciudadanos, que tradicionalmente monitorean estos procesos de manera independiente, también han sido citados y amenazados”, denunciaron las activistas.
Las firmantes están “alertas con estos casos” y esperan que las autoridades “no perseveren en el error de impedir el ejercicio de derechos ciudadanos, a los que llamó la misma presidenta del Consejo Electoral Nacional”.
De forma similar se expresó este domingo De la Caridad Pérez Abreu en declaraciones a Radio Martí, cuando denunció la vigilancia policial frente a su hogar y reiteró el derecho que los ciudadanos tienen de observar las elecciones. Es un derecho que ha sido defendido por el propio gobierno, manifestó.
“Hacemos responsables a las autoridades por la integridad física de las y los observadores que trabajan con nuestras organizaciones, y de todos los ciudadanos que deseen observar de manera independientemente”, dijeron los activistas en el comunicado.
El texto hace un llamado a los cubanos para que “sean testigos y voceros de las acciones violatorias al derecho constitucional que las fuerzas represivas y paramilitares (brigadas de respuesta rápida) puedan acometer contra los Observadores Electorales. En tales casos, toda incidencia se podrá reportar al correo: observación.M26@gmail.com”.
La consultoría jurídica independiente Cubalex publicó este domingo una lista de las acciones represivas detectadas en torno a los comicios legislativos en la isla, entre ellas:
- En el municipio Playa, en La Habana, cortan servicio de internet por datos móviles a la periodista independiente Yunia Figueredo.
- En Camagüey, sitiados por la policía y la Seguridad del Estado lo opositores Marisol Peña Cobas y José Luis Acosta para impedirles asistir a misa.
- En Plaza de la Revolución, La Habana, sitiados en su vivienda la activista Zelandia Pérez Abreu y el periodista independiente Juan Manuel Moreno.
- En Camajuaní, Villa Clara, oficial "Maikel" de la Seguridad del Estado intercepta en la calle al activista Librado Linares, le comunica que tiene impuesta reclusión domiciliaria y que más adelante le llegará una citación para el tribunal.
- En Camagüey, cortan servicio de conexión a internet por datos móviles a la periodista independiente Inalkis Rodríguez Lora.
- En La Habana del Este, impiden a la activista María Elena Mir Marrero participar en la observación electoral.
- En Palma Soriano, Santiago de Cuba, la activista Elsa Litsy Isaac fue detenida y golpeada cuando intentó participar como observadora electoral en Palma Soriano, Santiago de Cuba. (Ya fue liberada).
- En Perico, Matanzas, la Dama de Blanco Sonia Álvarez Campillo fue detenida a las 8 de la mañana y liberada a las 12 del mediodía cuando se dirigía a la iglesia a pedir libertad por su hija y por su esposo. Además, Álvarez Campillo fue multada.
- En San José de las Lajas, Mayabeque, un agente de la Seguridad del Estado vigila y persigue a Liset Fonseca Rosales mientras camina en la vía pública, como cada domingo, para exigir la libertad de su hijo, el preso político del 11J Roberto Pérez Fonseca.
- En Camagüey, los activistas Marisol Peña y José Luis Acosta tienen vigilancia policial fuera de su casa en Camagüey para impedirles asistir a la iglesia.
- En Colón, Matanzas, las Damas de Blanco Caridad Burunate y Maritza Acosta fueron detenidas para impedirles asistir a misa. Burunate estuvo detenida en la terminal de ómnibus desde las 11 de la mañana hasta las 12:30 p.m y Perdomo estuvo detenida en el Comité Militar desde las 10:00 a.m. hasta el mediodía.
- En 10 de Octubre, La Habana, sitiados en su vivienda Bárbara Farrat Guillén y Orlando Rodríguez Cutiño, activistas y padres del manifestante del 11J Jonathan Torres Farrat.
- En Guantánamo, el activista Juan Luis Bravo Rodríguez denunció que miembros del Partido Unión por Cuba Libre y del Proyecto Emilia, así como integrantes del ejecutivo nacional, están bajo vigilancia policial desde el sábado.
- En Playa, La Habana, sitiado Ángel Cuza Alfonso, colaborador de Cubanet. Reportan vigilancia policial frente a su vivienda.
- En Holguín, Ismaray Martínez Ávila, hijastra del preso político del 11J Iván Colón Suárez, denunció cortes de internet en su línea telefónica.
- En el municipio Marianao, en La Habana, el joven que se manifestó el 11 de julio de 2022, Diego Jesús Fernández, denunció cortes en el servicio de datos móviles.
- En Camagüey, los periodistas de la Hora de Cuba Henry Constantín, Neife Rigau e Iris Mariño denunciaron cortes en el servicio de internet por datos móviles.
- En Camagüey, la periodista Iris Mariño denunció que personas vestidas de civil vigilan su vivienda.
- En el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, Wilber Aguilar, el padre del preso político del 11J Walnier Luis Aguilar Rivera, denunció vigilancia policial afuera de su casa.
- En el municipio Diez de Octubre, en La Habana, los activistas Berta Soler y Ángel Moya fueron detenidos cuando intentaron salir a la calle a pedir libertad para los presos políticos como hacen cada domingo.
- En Camagüey, los opositores José Luis Acosta y Marisol Peña Cobas denunciaron estar sitiados y sin conexión a internet.
- En el municipio Alquízar, en Artemisa, la activista Diasniurka Salcedo denunció vigilancia policial en su vivienda. Sin embargo, logró salír de su casa y filmó los colegios electorales vacíos. A partir de ese entonces, reportó cortes en el servicio de internet por datos móviles y empezó a recibir llamadas insistentemente de un número privado.
- En el municipio Cotorro, en La Habana, la activista Miryorly García denunció cortes durante varias horas el servicio de internet por datos móviles.
- En el municipio Plaza de la Revolución, en La Habana, los opositores Manuel Cuesta Morúa y María Mercedes Benítez informaron que se les impidió salir de su casa para hacer observación electoral.
- En Holguín, los activistas Ada Iris Miranda Leyva, Ana Iris Miranda Leyva y Fidel Batista Leyva denuncian el operativo de vigilancia que tienen en los alrededores del albergue de AZCUBA, Holguín, donde se encuentran.
- En Playa, en La Habana, Yunia Figueredo denunció vigilancia de su vivienda por un oficial de la Seguridad del Estado.
Niegan licencia extrapenal a prisionero político del 11J y líder religioso en mal estado de salud
Autoridades carcelarias negaron la licencia extrapenal al preso político Loreto Hernández García, confinado en la cárcel de Guamajal, en la provincia de Villa Clara, denunció el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez.
En declaraciones a Radio Martí, desde la ciudad de Miami, Antúnez calificó la situación del opositor y vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba como un "cruel ensañamiento".
Hernández, 51 años de edad, padece varios problemas de salud como hipertensión, diabetes y, además, sufrió un infarto durante los primeros días de su arresto.
Durante su encarcelamiento se ha denunciado en varias oportunidades que el sacerdote yoruba no está recibiendo los medicamentos que necesita ni tampoco atención médica.
Loreto Hernández García, sentenciado a siete años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Placetas, Villa Clara, envió una carta en febrero al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiéndole que mantenga a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.
El religioso citó en la carta a las "víctimas de la política terrorista de la dictadura", como los fallecidos en "la masacre del Río Canímar y del remolcador 13 de Marzo", entre otros. También detalló los abusos cometidos contra los prisioneros políticos y la represión de la que son víctimas los opositores.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)
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