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Venezuela

Maduro quería arrestar a la madre de Guaidó, revela ex jefe del SEBIN

Miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin.

Antes de detener y encarcelar al jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, con una operación en la que le plantaron armas, el gobernante Nicolás Maduro le ordenó al entonces jefe del SEBIN, Manuel Cristopher Figuera, que arrestara a la madre del presidente interino de Venezuela, según le contó el propio Figuera a la agencia AP.

Figuera, de acuerdo con su testimonio, le respondió que Norka Márquez, la madre de Guaidó, estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer, y fue entonces cuando Maduro mencionó a Marrero.

Roberto Marrero (derecha), jefe de personal del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. (Archivo)
Roberto Marrero (derecha), jefe de personal del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. (Archivo)

​La orden era perturbar el entorno íntimo de Guaidó para quebrar la moral del líder opositor.

“¿Qué hago para meterlo preso?”, recordó el general haberle preguntado a Maduro durante una tensa reunión celebrada en Fuerte Tiuna menos de 72 horas antes de la detención de Marrero. “Me dijo: 'Eso no es mi problema. Mételo preso, siémbrale armas. Ve qué haces’”.

Figuera sugirió pedirle armas al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, pero Maduro le ordenó acudir a otro general.

“Así se hizo”, declaró el ex jefe del SEBIN. “Se hizo un equipo multidisciplinario, [ese general] sembró las armas, facilitó ese procedimiento y después yo desde la dirección del SEBIN [hice] la aprehensión”.

Desde marzo, Marrero está en la cárcel acusado de encabezar una “célula terrorista” dedicada a perpetrar asesinatos. La AP solicitó un comentario al ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, pero no obtuvo respuesta de inmediato.

A medida que Maduro comenzó a pedirle que se encargara del trabajo sucio, el oficial de inteligencia entrenado en Cuba y Bielorrusia comenzó a perder la fe, aseguró en la entrevista.

Leopoldo López (centro), liberado de la prisión domiciliaria en el inicio de la llamada Operación Libertad el pasado 30 de abril (Archivo).
Leopoldo López (centro), liberado de la prisión domiciliaria en el inicio de la llamada Operación Libertad el pasado 30 de abril (Archivo).

En abril pasado, en una demostración de audacia, el musculoso general de 55 años traicionó al líder con el que se reunía casi a diario y en secreto planificó un alzamiento militar que, según él, estuvo a punto de derrocar a Maduro.

“Yo estoy como el soldado que iza la bandera al revés, que es una señal de auxilio universal”, le dijo Figuera a AP en la suite presidencial de un hotel de Washington, donde se reúne con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. “Mi misión es buscar auxilio para que me ayuden a liberar a mi país de la desgracia que está viviendo”.

El martes se reunió con el enviado especial estadounidense para Venezuela, Elliott Abrams. Queda por ver si Figuera aún ejerce influencia dentro de la estructura gubernamental y si puede reunir evidencias para sustentar sus denuncias.

Las acusaciones hechas por Figuera --que AP no pudo verificar-- surgen a medida que aumenta el escrutinio sobre el respeto del gobierno de Maduro a los derechos humanos. El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo falleció la semana pasada después de ser arrestado con síntomas posibles de haber sufrido torturas.

Según este documento publicado en su cuenta de Twitter por el periodista Eligio Rojas, la autopsia certifica que Rafael Acosta Arévalo fue torturado.
Según este documento publicado en su cuenta de Twitter por el periodista Eligio Rojas, la autopsia certifica que Rafael Acosta Arévalo fue torturado.

Primero como subdirector de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y luego director del temido Servicio de Inteligencia Bolivariana (SEBIN), Figuera permaneció junto a Maduro mientras la situación en Venezuela seguía deteriorándose.

Durante la profundización de la crisis, dijo haber presenciado y jugado un papel en la consumación de abusos, tales como constatar indicios muy probables de torturas practicadas por terceros a varios prisioneros y no haber evitado la detención de Luis Carlos Díaz, un prominente periodista.

Por lo que denomina su “corresponsabilidad” en el arresto de Marrero y otras detenciones arbitrarias, Cristopher Figuera espera algún día comparecer como testigo ante la Corte Penal Internacional, que ha recibido denuncias de varios países sobre presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Maduro.

Sin embargo, el general asegura dormir tranquilo porque nunca ordenó o participó en actos de tortura, aún cuando otros organismos de seguridad le requerían ocasionalmente recibir detenidos prominentes que habían recibido golpizas.

Durante los seis meses que estuvo al frente del SEBIN, dijo haber mejorado las condiciones de reclusión en la prisión llamada el Helicoide, donde permanecen opositores de renombre y los prisioneros tienen más acceso a abogados y médicos.

Cristopher Figuera también mencionó que en diciembre de 2018 liberó a cerca de 70 personas que permanecían retenidas debido a que las boletas de excarcelación se incumplían, a veces durante más de un año.

“Antes de mi llegada, eso era un centro de extorsión y secuestro”, indicó. “Traté de cambiarlo, pero es una cultura que no es fácil”.

No obstante, admitió haber seguido fielmente instrucciones de espiar --en persona, vía telefónica o electrónica-- a cerca de 40 opositores, y de rendirle informes a Maduro cada dos horas sobre sus movimientos.

Cristopher Figuera aún se considera chavista --por su admiración al fallecido presidente Hugo Chávez-- y la relación con sus nuevos aliados en la oposición puede ser accidentada. Por ejemplo, él rechazó las denuncias opositoras de que Cuba mantiene 25,000 agentes en Venezuela y aseguró que la cifra real se acerca más a 15,000, en su mayoría médicos destacados en retribución al petróleo que la isla comunista recibe del país sudamericano.

El general indicó que alrededor de 15 cubanos conforman el anillo de seguridad de Maduro, incluyendo algunos dedicados a evitar que sufra envenenamiento, pero señaló que la cooperación de los cubanos en las labores de inteligencia se limita a planificación y entrenamiento.

“La oposición no tiene la información adecuada”, dijo. “Ellos tienen un estigma y un rechazo hacia los cubanos”.

Por otra parte, aseveró haberle propuesto a Maduro un cambio de rumbo en una carta de dos páginas que le envió a comienzos de abril en la que lo invitaba a designar un nuevo Consejo Nacional Electoral y convocar elecciones anticipadas con el argumento de que habría sido un repliegue estratégico para retomar la iniciativa ante la creciente presión internacional.

“Mi comandante en jefe”, escribió. “Respetuosamente recomiendo que usted ponga la agenda política ante la polarización que existe en el país, entre el gobierno y la oposición”. La misiva --de la cual AP obtuvo una copia-- evoca la Batalla de Santa Inés, un combate durante la guerra civil del siglo XIX en la que un general popular “le concedió terreno al enemigo para ganar tiempo y luego imponerse ante su adversario”.

Su propuesta no tuvo acogida. Días después, con la ayuda de un empresario venezolano afincado en Miami que lo persuadió de pasarse a la oposición, Cristopher Figuera dijo haberse dedicado a planificar un plan de salida para Maduro junto a Padrino López y a Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Juan Guaidó y Leopoldo López en Caracas el 30 de abril (Tomado de @leopoldolopezoficial).
Juan Guaidó y Leopoldo López en Caracas el 30 de abril (Tomado de @leopoldolopezoficial).

​El 30 de abril, Guaidó se dirigió a una autopista junto a docenas de soldados y a su mentor Leopoldo López, a quien agentes del SEBIN le permitieron abandonar su arresto domiciliario.

Cuando el plan fracasó --lo que atribuyó a que Moreno nunca cumplió su promesa de emitir un fallo reconociendo a Guaidó y un alzamiento militar masivo nunca se materializó-- el general huyó a Colombia. Dos semanas más tarde, su ayudante principal, el mayor Jesús García, apareció sin vida en un motel en lo que Cristopher Figuera describió como una intimidación para que guarde silencio.

Él se dice consciente que su reivindicación será larga ante opositores que hasta hace poco lo acusaron de ser un torturador y espera compartir con las autoridades estadounidenses todo lo que sabe sobre lo que denomina la “empresa criminal” encabezada por Maduro.

También quiere conversar con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Yo tengo corresponsabilidad, pero no podía agarrar y pegarle un tiro al tipo, no podía victimizarlo”, señaló.

En febrero, Estados Unidos agregó a Cristopher Figuera a una lista de más de 100 funcionarios venezolanos sancionados por su presunta participación en “tortura masiva, violaciones masivas de derechos humanos y persecución masiva contra quienes desean un cambio democrático en Venezuela”.

Sin embargo, el gobierno del presidente Donald Trump le retiró las sanciones poco después de que desertara y reconociera a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela en un intento de persuadir a otros oficiales militares a imitar sus pasos.

Maduro ha tildado a Cristopher Figuera de traidor que estuvo infiltrado por la CIA hace más de un año. Él rechazó la acusación y dijo que --por instrucciones del presidente venezolano-- se reunió con un funcionario de la CIA en República Dominicana en marzo de 2018 con la meta de lograr una tregua que incluyera la liberación del estadounidense Joshua Holt, quien llevaba casi dos años tras las rejas y enfrentando cargos al parecer fraudulentos sobre porte ilegal de armas. Su liberación habría sido a cambio de no imponer sanciones al petróleo venezolano.

Joshua Holt se reúne con el presidente Donald Trump tras su liberación el 25 de mayo (Archivo).
Joshua Holt se reúne con el presidente Donald Trump tras su liberación el 25 de mayo (Archivo).

“Yo fui con mis temores porque de repente uno está influenciado con tantas películas y yo dije, bueno, estos tipos me pueden desaparecer a mí”, recordó.

Figuera insistió en lucir su uniforme militar de gala y sus medallas para acudir a la entrevista con AP. Vestido así por primera vez desde su exilio, logra intimidar con su presencia y timbre de voz grave, indicó la agencia de prensa. El oficial recibió el apodo de “Pantera Negra” durante los preparativos del alzamiento militar del 30 de abril.

“Sigo siendo un soldado, más allá de que Maduro haya hecho un acto arbitrario de degradarme y botarme de la Fuerza Armada”, indicó. “Me siento orgulloso de lo que yo soy, un soldado, un patriota que está luchando por la libertad de mi pueblo”.

El venezolano aseguró que se mantiene en contacto con altos funcionarios, tales como generales, viceministros y directores de entes públicos que detestan a Maduro pero tienen miedo de actuar. Dijo que la “Operación Libertad” de Guaidó aún está en curso y que él planea regresar pronto a su país.

“En muchas maneras", declaró, "aún soy el director de contrainteligencia”.

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EEUU sanciona a "cinco títeres de la farsa electoral en Venezuela"

Manifestantes en Caracas portando la consigna, "Venezuela exige Derechos Humanos", el 21 de junio de 2019 (Cristian Hernández / AFP).

El gobierno de Estados Unidos sancionó a cinco representantes de los “principales partidos títeres de la oposición que participarán en la farsa electoral prevista para el 6 de diciembre”.

Los afectados son José Bernabé Gutiérrez Parra, Miguel Antonio Ponente Parra, Guillermo Antonio Luces Osorio, Chaim José Bucaran Paraguan y Williams José Benavides Rondón.

Estas acciones son la continuidad de las sanciones dictadas el 4 de septiembre contra otros miembros clave del ilegítimo régimen de Maduro, precisó el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado de prensa.

Estados Unidos reafirma su compromiso de promover la rendición de cuentas para todos aquellos que buscan socavar y despojar a Venezuela de su futuro democrático

De acuerdo a lo expresado, Bernabé, Ponente, Luces, Bucaran y Benavides, son los representantes de los “principales partidos títeres de la oposición que participarán en la farsa electoral prevista para el 6 de diciembre” mientras, a los líderes más conocidos y de mayor arraigo popular se les impide presentarse como candidatos en dichas elecciones.

“Los partidos políticos han sido cooptados”, denuncia el secretario Pompeo. “No hay máquinas de votación probadas y confiables y millones de votantes venezolanos siguen sin registrarse, los presos políticos languidecen en las cárceles venezolanas”, dice Pompeo.

Además, el Consejo Electoral es “un títere puesto a dedo por un régimen ilegítimo”.

Pompeo hace también referencia a la precaria situación de los derechos humanos en Venezuela refiriéndose al dictamen emitido el pasado 16 de septiembre por la Comisión de Investigación Independiente de la ONU, creada por el Consejo de Derechos Humanos, la cual “documentó horribles abusos contra los derechos humanos bajo el régimen ilegítimo”.

“Con esta última acción”, precisa Pompeo refiriéndose a las recientes sanciones, “Estados Unidos reafirma su compromiso de promover la rendición de cuentas para todos aquellos que buscan socavar y despojar a Venezuela de su futuro democrático".

EEUU entrega 348 millones de dólares adicionales para atender crisis venezolana

Pompeo visita a refugiados de Venezuela en Brasil

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció este sábado 348 millones de dólares adicionales como "asistencia humanitaria" para atender la crisis en Venezuela, que incluye ayuda para venezolanos que están tanto dentro como fuera del país.

"Esta asistencia humanitaria adicional de EE.UU. incluye respaldo a los más de siete millones de venezolanos con necesidades graves dentro de Venezuela, a los más de cinco millones que han buscado refugio en países en la región, y a las comunidades generosas que los albergan", dijo Pompeo en un comunicado.

Según la nota, de esos 348 millones de dólares, 143 millones provienen de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, y más de 205 millones de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional.

Ayuda a venezolanos en Brasil
Ayuda a venezolanos en Brasil

Con estos fondos adicionales, EE.UU. suma ya 1.200 millones de dólares destinados desde 2017 a asistencia humanitaria y desarrollo en el marco de la crisis de venezolana, si se excluye la ayuda que Washington ha concedido con motivo de la pandemia de COVID-19, recordó el titular de Exteriores. "EE.UU. está demostrando su compromiso sostenido con el pueblo de
Venezuela y nuestra respuesta a la crisis humanitaria continua causada por el régimen corrupto e ilegítimo de (Nicolás) Maduro con el anuncio de los casi 348 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria", indicó Pompeo en el texto.

Detalló que la asistencia humanitaria de EE.UU. proporciona, entre otros, acceso a alimentos y agua potable, saneamientos, atención sanitaria y equipamiento médico, además de protección a "grupos vulnerables como las mujeres, los jóvenes y los indígenas especialmente durante la pandemia de COVID-19".

El secretario de Estado de Estados Unidos ha terminado este sábado en Colombia una gira suramericana que le ha llevado también esta semana a Brasil, donde se entrevistó en la ciudad de Boa Vista, con el canciller del país, Ernesto Aráujo; Guyana y Surinam.

(Con información de agencias y el Departamento de Estado)

Amnistía Int. y HRWatch validan informe sobre Venezuela; Cuba "alecciona" a Bachelet

Lester Delgado, de la delegación de Cuba dijo que la labor de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y su oficina, debería centrarse en la imparcialidad y la universalidad.

Las reconocidas organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) avalaron el reporte sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela divulgado este miércoles por la Organización de Naciones Unidas.

El informe que indica que a Nicolás Maduro, el ministro del Interior Néstor Reverol y el ministro de Defensa Vladimir Padrino ordenaron o contribuyeron a crímenes y que las fuerzas de seguridad venezolanas y sus grupos aliados cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas y violaciones sexuales ha sido criticado por Cuba, con cuestionamientos al proceder de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

"En un hito para las víctimas de violaciones a derechos humanos, el esperado y contundente informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela avala esta grave denuncia y respalda a las miles de víctimas en su reclamo por una justicia que no llega en su país. Compartimos el llamado de la ONU a la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, a que se garanticen los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición”, indica un comunicado de AI.

“El informe de la Misión de Determinación de los Hechos hace eco y profundiza en las denuncias que organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales hemos realizado en los últimos años. Las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro siguen cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Sin duda, se debe renovar y fortalecer el mandato de este mecanismo de escrutinio internacional. No hacerlo sería darle la espalda a las víctimas, a la verdad y a la justicia", agregó la organización y recordó que desde mayo de 2019 han denunciado la probable comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Para José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW, el informe es importante y declaró que su hallazgo más notable es señalar a Maduro y sus ministros de Interior y Defensa por ordenar y contribuir a estos aberrantes crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Cuba rechazó los informes divulgados esta semana sobre Nicaragua y Venezuela y señaló que emplean una narrativa "manipulada e hipócrita sobre los derechos humanos".

El representante cubano ante el Consejo de Derechos Humanos, Lester Delgado, al intervenir en la sesión 45 de ese órgano, dijo que Bachelet y su oficina deberían centrarse en la imparcialidad y la universalidad.

“Exhortamos a la alta comisionada a continuar los esfuerzos para contribuir al respeto, al enfoque equilibrado, la objetividad, el diálogo y la cooperación, de los que tanto carecen este Consejo y la maquinaria de derechos humanos en general', afirmó el Encargado de Negocios de Cuba en Naciones Unidas.

Maduro y dos ministros señalados directamente en informe ONU sobre crímenes en Venezuela

Maduro, el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el ministro del Interior Néstor Reverol. Miraflores Palace/Handout via REUTERS

El presidente en disputa de Venezuela Nicolás Maduro, el ministro del Interior Néstor Reverol y el ministro de Defensa Vladimir Padrino ordenaron o contribuyeron a crímenes, señala un extenso informe presentado este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Los investigadores del organismo internacional determinaron que las fuerzas de seguridad venezolanas y sus grupos aliados cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas.

"El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes", asegura el reporte.​

El informe denuncia el empleo de técnicas de tortura como posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante", agrega la investigación.

Además apunta a Venezuela como país con una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión Internacional Independiente de Investigación no pudo visitar Venezuela debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes y se enfrentó a otras restricciones de viaje debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, realizó 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizó una serie de documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta.

A continuación publicamos un adelanto del informe completo:

GINEBRA (16 de septiembre de 2020) – El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza, dijo la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado hoy.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno.”

Ejecuciones extrajudiciales

Incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.

Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar “semillas”. Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”. Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a “matar criminales sin compasión”.

También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,” dijo Marta Valiñas.

Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.

Detención y tortura por motivos políticos

La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.

Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un “comportamiento cultural” de tortura.

Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante,” dijo Francisco Cox.

El ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN.

“Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro” dijo Francisco Cox.

“Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados.”

Violaciones relacionadas con las protestas

La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.

Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del Gobierno de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años.

“La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta,” dijo Paul Seils.

“Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara.”

Un poder judicial comprometido

Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela.

El poder judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.

“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,” dijo Marta Valiñas.

“Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó.”

Venezuela oculta miles de contagios diarios de COVID-19, indica informe

La Guardia Bolivariana detiene a personas en Petare. REUTERS/Manaure Quintero

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (ACFIMAN) indicó el miércoles que el régimen de Nicolás Maduro oculta un significativo número de contagios de coronavirus en el país, donde aseguran que la pandemia está en plena fase expansiva.

Médicos opositores y expertos han venido denunciando que los contagios y muertes son más y que el gobierno miente en las cifras.

El informe publicado esta semana por ACFIMAN sobre el estado actual de la pandemia de COVID-19 en Venezuela afirma que a inicios de septiembre se superaron los 4.000 contagios diarios, cerca de 3.000 más de los reconocidos por las autoridades de salud del gobierno chavista.

El estudio alerta que de no reducirse significativamente esta tasa de contagio, podrían "alcanzar números cercanos a 14.000 infecciones nuevas por día en los próximos meses".

La institución científica, fundada en Venezuela en 1917, plantea que las estadísticas del régimen "siguen sin reflejar el tamaño real de la epidemia en Venezuela. Estimamos que el subregistro indicado en nuestro primer informe, lejos de haberse reducido, se ha incrementado debido a que la propagación del virus es más rápida que la tasa de aumento de la capacidad diagnóstica".

De acuerdo con el reporte también las cifras de muertes están por debajo de la realidad: "de acuerdo con las cifras estimadas de nuevas infecciones diarias y los porcentajes de fatalidad en otros países de la región, inferimos un subregistro importante en los reportes oficiales de decesos por COVID-19".

El país petrolero confirma hasta ahora unos 54.000 casos de coronavirus y 436 muertes, según datos oficiales, unos números muy bajos si se comparan con otros países de América del Sur.

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