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Venezuela

Maduro quería arrestar a la madre de Guaidó, revela ex jefe del SEBIN

Miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin.

Antes de detener y encarcelar al jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, con una operación en la que le plantaron armas, el gobernante Nicolás Maduro le ordenó al entonces jefe del SEBIN, Manuel Cristopher Figuera, que arrestara a la madre del presidente interino de Venezuela, según le contó el propio Figuera a la agencia AP.

Figuera, de acuerdo con su testimonio, le respondió que Norka Márquez, la madre de Guaidó, estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer, y fue entonces cuando Maduro mencionó a Marrero.

Roberto Marrero (derecha), jefe de personal del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. (Archivo)
Roberto Marrero (derecha), jefe de personal del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. (Archivo)

​La orden era perturbar el entorno íntimo de Guaidó para quebrar la moral del líder opositor.

“¿Qué hago para meterlo preso?”, recordó el general haberle preguntado a Maduro durante una tensa reunión celebrada en Fuerte Tiuna menos de 72 horas antes de la detención de Marrero. “Me dijo: 'Eso no es mi problema. Mételo preso, siémbrale armas. Ve qué haces’”.

Figuera sugirió pedirle armas al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, pero Maduro le ordenó acudir a otro general.

“Así se hizo”, declaró el ex jefe del SEBIN. “Se hizo un equipo multidisciplinario, [ese general] sembró las armas, facilitó ese procedimiento y después yo desde la dirección del SEBIN [hice] la aprehensión”.

Desde marzo, Marrero está en la cárcel acusado de encabezar una “célula terrorista” dedicada a perpetrar asesinatos. La AP solicitó un comentario al ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, pero no obtuvo respuesta de inmediato.

A medida que Maduro comenzó a pedirle que se encargara del trabajo sucio, el oficial de inteligencia entrenado en Cuba y Bielorrusia comenzó a perder la fe, aseguró en la entrevista.

Leopoldo López (centro), liberado de la prisión domiciliaria en el inicio de la llamada Operación Libertad el pasado 30 de abril (Archivo).
Leopoldo López (centro), liberado de la prisión domiciliaria en el inicio de la llamada Operación Libertad el pasado 30 de abril (Archivo).

En abril pasado, en una demostración de audacia, el musculoso general de 55 años traicionó al líder con el que se reunía casi a diario y en secreto planificó un alzamiento militar que, según él, estuvo a punto de derrocar a Maduro.

“Yo estoy como el soldado que iza la bandera al revés, que es una señal de auxilio universal”, le dijo Figuera a AP en la suite presidencial de un hotel de Washington, donde se reúne con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. “Mi misión es buscar auxilio para que me ayuden a liberar a mi país de la desgracia que está viviendo”.

El martes se reunió con el enviado especial estadounidense para Venezuela, Elliott Abrams. Queda por ver si Figuera aún ejerce influencia dentro de la estructura gubernamental y si puede reunir evidencias para sustentar sus denuncias.

Las acusaciones hechas por Figuera --que AP no pudo verificar-- surgen a medida que aumenta el escrutinio sobre el respeto del gobierno de Maduro a los derechos humanos. El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo falleció la semana pasada después de ser arrestado con síntomas posibles de haber sufrido torturas.

Según este documento publicado en su cuenta de Twitter por el periodista Eligio Rojas, la autopsia certifica que Rafael Acosta Arévalo fue torturado.
Según este documento publicado en su cuenta de Twitter por el periodista Eligio Rojas, la autopsia certifica que Rafael Acosta Arévalo fue torturado.

Primero como subdirector de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y luego director del temido Servicio de Inteligencia Bolivariana (SEBIN), Figuera permaneció junto a Maduro mientras la situación en Venezuela seguía deteriorándose.

Durante la profundización de la crisis, dijo haber presenciado y jugado un papel en la consumación de abusos, tales como constatar indicios muy probables de torturas practicadas por terceros a varios prisioneros y no haber evitado la detención de Luis Carlos Díaz, un prominente periodista.

Por lo que denomina su “corresponsabilidad” en el arresto de Marrero y otras detenciones arbitrarias, Cristopher Figuera espera algún día comparecer como testigo ante la Corte Penal Internacional, que ha recibido denuncias de varios países sobre presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Maduro.

Sin embargo, el general asegura dormir tranquilo porque nunca ordenó o participó en actos de tortura, aún cuando otros organismos de seguridad le requerían ocasionalmente recibir detenidos prominentes que habían recibido golpizas.

Durante los seis meses que estuvo al frente del SEBIN, dijo haber mejorado las condiciones de reclusión en la prisión llamada el Helicoide, donde permanecen opositores de renombre y los prisioneros tienen más acceso a abogados y médicos.

Cristopher Figuera también mencionó que en diciembre de 2018 liberó a cerca de 70 personas que permanecían retenidas debido a que las boletas de excarcelación se incumplían, a veces durante más de un año.

“Antes de mi llegada, eso era un centro de extorsión y secuestro”, indicó. “Traté de cambiarlo, pero es una cultura que no es fácil”.

No obstante, admitió haber seguido fielmente instrucciones de espiar --en persona, vía telefónica o electrónica-- a cerca de 40 opositores, y de rendirle informes a Maduro cada dos horas sobre sus movimientos.

Cristopher Figuera aún se considera chavista --por su admiración al fallecido presidente Hugo Chávez-- y la relación con sus nuevos aliados en la oposición puede ser accidentada. Por ejemplo, él rechazó las denuncias opositoras de que Cuba mantiene 25,000 agentes en Venezuela y aseguró que la cifra real se acerca más a 15,000, en su mayoría médicos destacados en retribución al petróleo que la isla comunista recibe del país sudamericano.

El general indicó que alrededor de 15 cubanos conforman el anillo de seguridad de Maduro, incluyendo algunos dedicados a evitar que sufra envenenamiento, pero señaló que la cooperación de los cubanos en las labores de inteligencia se limita a planificación y entrenamiento.

“La oposición no tiene la información adecuada”, dijo. “Ellos tienen un estigma y un rechazo hacia los cubanos”.

Por otra parte, aseveró haberle propuesto a Maduro un cambio de rumbo en una carta de dos páginas que le envió a comienzos de abril en la que lo invitaba a designar un nuevo Consejo Nacional Electoral y convocar elecciones anticipadas con el argumento de que habría sido un repliegue estratégico para retomar la iniciativa ante la creciente presión internacional.

“Mi comandante en jefe”, escribió. “Respetuosamente recomiendo que usted ponga la agenda política ante la polarización que existe en el país, entre el gobierno y la oposición”. La misiva --de la cual AP obtuvo una copia-- evoca la Batalla de Santa Inés, un combate durante la guerra civil del siglo XIX en la que un general popular “le concedió terreno al enemigo para ganar tiempo y luego imponerse ante su adversario”.

Su propuesta no tuvo acogida. Días después, con la ayuda de un empresario venezolano afincado en Miami que lo persuadió de pasarse a la oposición, Cristopher Figuera dijo haberse dedicado a planificar un plan de salida para Maduro junto a Padrino López y a Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Juan Guaidó y Leopoldo López en Caracas el 30 de abril (Tomado de @leopoldolopezoficial).
Juan Guaidó y Leopoldo López en Caracas el 30 de abril (Tomado de @leopoldolopezoficial).

​El 30 de abril, Guaidó se dirigió a una autopista junto a docenas de soldados y a su mentor Leopoldo López, a quien agentes del SEBIN le permitieron abandonar su arresto domiciliario.

Cuando el plan fracasó --lo que atribuyó a que Moreno nunca cumplió su promesa de emitir un fallo reconociendo a Guaidó y un alzamiento militar masivo nunca se materializó-- el general huyó a Colombia. Dos semanas más tarde, su ayudante principal, el mayor Jesús García, apareció sin vida en un motel en lo que Cristopher Figuera describió como una intimidación para que guarde silencio.

Él se dice consciente que su reivindicación será larga ante opositores que hasta hace poco lo acusaron de ser un torturador y espera compartir con las autoridades estadounidenses todo lo que sabe sobre lo que denomina la “empresa criminal” encabezada por Maduro.

También quiere conversar con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Yo tengo corresponsabilidad, pero no podía agarrar y pegarle un tiro al tipo, no podía victimizarlo”, señaló.

En febrero, Estados Unidos agregó a Cristopher Figuera a una lista de más de 100 funcionarios venezolanos sancionados por su presunta participación en “tortura masiva, violaciones masivas de derechos humanos y persecución masiva contra quienes desean un cambio democrático en Venezuela”.

Sin embargo, el gobierno del presidente Donald Trump le retiró las sanciones poco después de que desertara y reconociera a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela en un intento de persuadir a otros oficiales militares a imitar sus pasos.

Maduro ha tildado a Cristopher Figuera de traidor que estuvo infiltrado por la CIA hace más de un año. Él rechazó la acusación y dijo que --por instrucciones del presidente venezolano-- se reunió con un funcionario de la CIA en República Dominicana en marzo de 2018 con la meta de lograr una tregua que incluyera la liberación del estadounidense Joshua Holt, quien llevaba casi dos años tras las rejas y enfrentando cargos al parecer fraudulentos sobre porte ilegal de armas. Su liberación habría sido a cambio de no imponer sanciones al petróleo venezolano.

Joshua Holt se reúne con el presidente Donald Trump tras su liberación el 25 de mayo (Archivo).
Joshua Holt se reúne con el presidente Donald Trump tras su liberación el 25 de mayo (Archivo).

“Yo fui con mis temores porque de repente uno está influenciado con tantas películas y yo dije, bueno, estos tipos me pueden desaparecer a mí”, recordó.

Figuera insistió en lucir su uniforme militar de gala y sus medallas para acudir a la entrevista con AP. Vestido así por primera vez desde su exilio, logra intimidar con su presencia y timbre de voz grave, indicó la agencia de prensa. El oficial recibió el apodo de “Pantera Negra” durante los preparativos del alzamiento militar del 30 de abril.

“Sigo siendo un soldado, más allá de que Maduro haya hecho un acto arbitrario de degradarme y botarme de la Fuerza Armada”, indicó. “Me siento orgulloso de lo que yo soy, un soldado, un patriota que está luchando por la libertad de mi pueblo”.

El venezolano aseguró que se mantiene en contacto con altos funcionarios, tales como generales, viceministros y directores de entes públicos que detestan a Maduro pero tienen miedo de actuar. Dijo que la “Operación Libertad” de Guaidó aún está en curso y que él planea regresar pronto a su país.

“En muchas maneras", declaró, "aún soy el director de contrainteligencia”.

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Chavismo dice que una "situación atmosférica" provocó apagón que afecta a casi la mitad de Venezuela

Archivo. Una mujer usa su teléfono celular en Caracas, en medio del apagón.

Al menos cuatro regiones recuperaron el suministro eléctrico la noche del viernes tras un apagón que afectó a casi la mitad de los 23 estados de Venezuela, principalmente del occidente, debido a una “situación atmosférica”, informó la estatal eléctrica.

Los cortes de electricidad se han vuelto frecuentes en la nación miembro de la OPEP, que enfrenta cinco años de recesión con hiperinflación y deterioro en la calidad de los servicios públicos.

“El personal de la estatal venezolana se mantiene activo y realizando las maniobras para continuar recuperando la carga en los demás estados y poder en el transcurso de las siguientes horas estabilizar la energía que suministra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”, informó la empresa eléctrica, Corpoelec, en un tuit, que precisó que la falla inició en horas de la tarde.

La compañía agregó que la noche del viernes recuperaron el servicio en el central estado Carabobo y los occidentales Cojedes, Lara y Mérida, luego de la falla que afectó a unas 11 regiones.

En la capital de Venezuela, Caracas, usuarios de las redes sociales reportaron fallas o falta de energía eléctrica en algunas zonas.

Un masivo apagón golpeó a Venezuela en marzo, que el gobierno dijo fue consecuencia de un “ataque”, aunque críticos aseguran que los sucesivos cortes obedecen a la falta de inversión por años en el sistema eléctrico.

Según testigos Reuters, el suministro eléctrico no estaba restituido completamente en las regiones que el gobierno dijo fue recuperado. Muchos lugares permanecían a oscuras el viernes en la noche.

Guri es la mayor hidroeléctrica de Venezuela.

Arrestan en Venezuela a presunto delincuente que apareciera en foto con Guaidó

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

Las autoridades venezolanas detuvieron en el occidente del país a un presunto integrante de un grupo delictivo colombiano que apareció en una fotografía con el líder opositor Juan Guaidó, anunció el viernes el gobierno.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, indicó que las fuerzas de seguridad capturaron en el estado de Zulia a Iván Posso, alias “Nandito”, supuesto integrante del grupo criminal “Los Rastrojos”.

Albeiro Lobo Quintero, alias "Brother", Jhon Jairo Durán, alias “Menor”, ambos líderes de "Los Rastrojos", y Posso aparecieron en unas fotografías junto a Guaidó que se difundieron la semana pasada desatando una polémica en Venezuela.

Iván Posso, alias “Nandito”, supuesto integrante del grupo criminal “Los Rastrojos”, junto a Juan Guaidó.
Iván Posso, alias “Nandito”, supuesto integrante del grupo criminal “Los Rastrojos”, junto a Juan Guaidó.

Durante una alocución que ofreció desde el palacio de gobierno, Rodríguez difundió un vídeo de una supuesta declaración de Posso en la que reconoce que “Los Rastrojos” aseguraron la “seguridad y el transporte del señor Juan Guaidó por parte de Venezuela”.

El ministro señaló al jefe de despacho de Guaidó, Roberto Marrero, quien está detenido desde marzo, de haber planificado el traslado del líder opositor desde Venezuela a Colombia para asistir a un concierto benéfico que se realizó el 22 de febrero en Cúcuta.

Poco después, el también jefe de la Asamblea Nacional afirmó que “mientras el mundo combate las fake news, las dictaduras las promueven”. Guaidó dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter que el gobierno de Nicolás Maduro “no puede ocultar que desestabiliza la región al amparar y financiar narcoterroristas como (Jesús) Santrich y (Iván) Márquez”, exlíderes de la desaparecida guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El anuncio de Rodríguez se produjo un día después de que el fiscal Tarek William Saab informó de la muerte de cuatro familiares de Posso, e indicó, sin presentar evidencias, que la hipótesis que se maneja es que los asesinaron porque se estaba buscando al delincuente para "silenciarlo" y evitar que hablara de los supuestos vínculos de Guaidó con el grupo.

El funcionario no precisó cuándo ni dónde se produjeron las muertes.

Saab informó la semana pasada que el Ministerio Público abrió una investigación al líder opositor - la quinta en siete meses- para determinar sus supuestos vínculos con el grupo delictivo colombiano.

Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, desestimó la publicación de las fotografías con los miembros de “Los Rastrojos” y dijo que en su travesía de febrero hacia Cúcuta se tomó muchas fotos y sostuvo que era "difícil discriminar quién pide una foto".

Las ejecuciones extrajudiciales en barrios pobres de Venezuela

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Human Rights Watch denunció que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía venezolana han cometido ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en comunidades de bajos recursos que dejaron de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro.

El texto completo de HRW:

Desde que se crearon las FAES, como parte de la Policía Nacional Bolivariana, agentes de esta fuerza han cometido impunemente graves violaciones de derechos humanos. Sus prácticas abusivas en comunidades de bajos ingresos coinciden con un patrón de denuncias generalizadas de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad durante la denominada “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) que Human Rights Watch y la organización de derechos humanos venezolana Provea documentaron en 2016.

“En medio de una crisis económica y humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia”.

En junio y julio de 2019, Human Rights Watch entrevistó a testigos o familiares de nueve víctimas de abusos cometidos por agentes de las FAES en Caracas y un estado en el interior del país, así como a abogados, activistas y periodistas que trabajaron sobre presuntas ejecuciones perpetradas por miembros de las FAES. Human Rights Watch también tuvo acceso a certificados de defunción en cuatro casos que coincidían con lo relatado por las fuentes y con señalamientos de organizaciones de derechos humanos venezolanas y medios de comunicación independientes. Los métodos utilizados por las FAES y las circunstancias de las ejecuciones en los casos que documentó Human Rights Watch son consistentes con el patrón identificado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y por organizaciones de derechos humanos locales.

Cabe destacar que, desde 2016, casi 18.000 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela en situaciones de supuesta “resistencia a la autoridad”. En efecto, el ministro del interior, Néstor Reverol, informó en diciembre de 2017 que hubo 5.995 de estos casos en 2016 y 4.998 en 2017. Las fuerzas de seguridad venezolanas causaron la muerte de alrededor de 7.000 personas en incidentes que, según alegaron, eran casos de “resistencia a la autoridad” durante 2018 y los primeros cinco meses de 2019, según cifras del gobierno.

Aunque todavía nadie ha recopilado información detallada sobre cuántas de estas muertes a manos de agentes de las fuerzas de seguridad han sido ejecuciones extrajudiciales, la Oficina del ACNUDH concluyó que “la información analizada por el ACNUDH indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”.

La Oficina del ACNUDH realizó una investigación exhaustiva de 20 casos de personas asesinadas entre junio de 2018 y abril de 2019 y recibieron descripciones prácticamente idénticas de que agentes de las FAES dispararon y mataron a hombres jóvenes al intentar aprehenderlos en circunstancias en las que el uso de la fuerza letal no era necesario para preservar vidas. El organismo de la ONU concluyó que “habida cuenta del perfil de las víctimas, el modus operandi de las operaciones de seguridad y el hecho de que con frecuencia las FAES mantienen una presencia en las comunidades después de concluida la operación, al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.

En todos los casos que Human Rights Watch investigó, agentes armados de las FAES vestían uniformes negros del cuerpo policial. En varios casos, llevaban el rostro cubierto, llegaron en camionetas negras sin matrícula e irrumpieron en viviendas en vecindarios de bajos ingresos. Los agentes con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en Venezuela debido a la crisis económica y humanitaria.

En todos los casos de ejecuciones que investigamos, hubo familiares que dijeron que agentes de las FAES alteraron el lugar de los hechos y manipularon la evidencia. Los agentes colocaron armas y drogas para incriminar a las víctimas o efectuaron disparos contra las paredes o al aire para sugerir que las víctimas se habían “resistido a la autoridad”. En algunos casos, los familiares dijeron que después de las ejecuciones tuvieron dificultades para obtener los cuerpos de sus seres queridos, los informes de la autopsia o los certificados de defunción.

En un caso, los agentes aplicaron descargas eléctricas a un detenido, lo golpearon y patearon, y le cubrieron la cabeza con una bolsa plástica en la que habían rociado una sustancia química que le provocó picazón e inflamación en el rostro y la garganta. Dicho trato constituye tortura. Los agentes sostenían que el hombre había robado una motocicleta que pertenecía a la esposa de un comandante de las FAES, según contó el hombre a Human Rights Watch.

En seis casos documentados por la Oficina del ACNUDH, las personas asesinadas por las FAES eran opositores del gobierno o personas que se percibían como tales. Fueron ejecutadas por agentes de FAES durante redadas que tuvieron lugar tras protestas antigubernamentales. Muchas de estas protestas, desde enero, han ocurrido en apoyo a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, que objeta la legitimidad de la presidencia de Maduro. Esas ejecuciones se encuadran dentro del mismo patrón que la mayoría de las ejecuciones investigadas por Human Rights Watch y aquellas documentadas por la Oficina del ACNUDH.

La mayoría de las ejecuciones examinadas por Human Rights Watch coinciden con las prácticas policiales abusivas que varios organismos de seguridad vienen empleando hace años. Entre 2015 y 2017, las fuerzas de seguridad venezolanas realizaron redadas en comunidades de bajos ingresos en el marco de la OLP. Entre las fuerzas de seguridad participantes se encontraban la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y fuerzas de policía de los estados.

En el marco de estas redadas hubo señalamientos generalizados de abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias. En noviembre de 2017, la entonces fiscal general de Venezuela indicó que las fuerzas de seguridad habían matado a más de 500 personas durante estos operativos. Funcionarios del gobierno afirmaron en varias oportunidades que las víctimas eran delincuentes armados que habían muerto durante “enfrentamientos”. En muchos casos, testigos o familiares de las víctimas desmintieron estos señalamientos. En varios casos, las víctimas fueron vistas con vida por última vez bajo custodia policial.

Human Rights Watch no encontró evidencias de que las autoridades judiciales venezolanas hayan investigado adecuadamente ninguno de los casos documentados. Muchas víctimas tienen temor a sufrir represalias si denuncian delitos o no confían en que en las autoridades lleven adelante investigaciones. En cuatro de estos casos, las autoridades judiciales o policiales no esperaron a la conclusión de una investigación formal para declarar que las víctimas eran delincuentes.

Autoridades venezolanas indicaron a la Oficina del ACNUDH que cinco agentes de las FAES fueron condenados por diversos cargos, incluido el de tentativa de homicidio, en relación con delitos cometidos en 2018. Además, 388 agentes estaban siendo investigados por delitos cometidos entre 2017 y 2019. No obstante, la Oficina del ACNUDH también informó que las “instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos”.

Cuando se crearon las Fuerzas de Acciones Especiales en 2017, Maduro indicó que su finalidad era combatir el crimen y el terrorismo y “proteger al pueblo” frente a “las bandas criminales y las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal”. El organismo del cual dependen, la PNB, es parte del Ministerio de Interior de Venezuela, que está a cargo de Néstor Reverol desde 2016. Reverol responde directamente a Maduro.

En lugar de investigar los numerosos señalamientos de violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de FAES, las autoridades venezolanas han defendido su actuación, concluyó Human Rights Watch. El 17 de julio de 2019, Maduro dijo “¡Que viva el FAES!” y expresó su pleno apoyo “para el FAES en su labor diaria”.

Human Rights Watch compartió esta información con la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, quien en febrero de 2018 inició un examen preliminar sobre la situación en Venezuela para determinar si correspondía que la corte realizara una investigación exhaustiva. En septiembre de 2018, los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú pidieron a la fiscal de la CPI que investigara posibles delitos de lesa humanidad en Venezuela cometidos después del 12 de febrero de 2014. Más tarde, Costa Rica, Francia y Alemania sumaron su apoyo a este pedido.

“Estas ejecuciones por parte de las FAES son cometidas en el contexto de brutalidad sistemática por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas que continúan impunes en Venezuela desde hace años”, señaló Vivanco. “La falta de independencia judicial no hace más que confirmar la cruda realidad de que no hay ninguna posibilidad de que hoy pueda haber rendición de cuentas por estos delitos en Venezuela”.

Selección de casos documentados por Human Rights Watch.

Todas las personas entrevistadas se identifican con seudónimos para garantizar su protección.

Juan Diego Rodríguez (seudónimo)

Un día de enero de 2019, aproximadamente a la 1 p.m., Ana Lucía Rodríguez escuchó que alguien forzaba la puerta de entrada de su casa, contó a Human Rights Watch. Un agente con el uniforme negro de las FAES entró y dijo que un delincuente se estaba escondiendo en el vecindario. Más tarde, un vecino le dijo que un agente de las FAES le había mostrado previamente una fotografía de un grupo de hombres jóvenes, entre quienes estaba el hijo de Ana Lucía, y había preguntado por él.

Ana Lucía indicó al agente que las únicas otras personas que estaban con ella en la vivienda eran su hijo y su hija, y que su hija que se encontraba con sus propios hijos. Ana Lucía y su hija lloraban mientras las sacaron afuera; un agente agarró a los niños y los llevó al porche en la entrada a la casa. Su hijo seguía dentro. Un agente le preguntó por él y quiso saber a qué se dedicaba. Le contestó que reparaba computadoras. Otro agente le aseguró que los que estaban adentro solamente estaban tomando una declaración a su hijo.

Luego llegó un agente jerárquico de las FAES, se dirigió a la habitación de Diego y gritó que la puerta estaba cerrada, afirmó su madre. Ella se ofreció a hablar con su hijo y permitió que el agente forzara la puerta, a condición de que no lo lastimara.

Los agentes afuera le dijeron a ella, a su hija y a los niños que fueran a la casa de un vecino porque su hijo estaba prestando una declaración. En la casa del vecino, un agente de las FAES le dijo que su hijo era buscado por 20 cargos de narcotráfico. Escucharon seis disparos, dijo la madre.

Poco después, los agentes tomaron una fotografía del cuerpo sin vida de Rodríguez junto a un arma. Una foto de la supuesta arma se publicó posteriormente en noticias que Human Rights Watch vio en los medios, en las que se aludía a Rodríguez como delincuente.

Los agentes subieron el cuerpo en la parte trasera de una camioneta y lo llevaron hasta un hospital. El informe de autopsia determinó que una bala alcanzó a Rodríguez en el corazón y otra del lado derecho, dijo su madre. El certificado de defunción, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, indicaba como motivo de la muerte un “shock cardiogénico” y una “lesión cardíaca” causada por arma de fuego.

Ana Lucía Rodríguez declaró ante agentes del CICPC poco después de la muerte de su hijo. Hasta agosto –siete meses después– no se le había pedido que declarara ante la fiscalía sobre este caso y, hasta donde ella tenía conocimiento, tampoco habían llamado a declarar a ninguno de sus vecinos.

Afirmó que desea justicia por la ejecución extrajudicial de su hijo. “No es posible que puedan decidir quiénes viven y quiénes mueren”, expresó.

Miguel Ángel Sosa y Adrián Herrera (seudónimos)

Durante una redada realizada por las FAES en varias viviendas a mediados de junio de 2018, los agentes asesinaron al hijo y al yerno de Elena Sosa.

Aproximadamente a las 6 a.m., agentes uniformados de las FAES se presentaron en su puerta, según contó. En ese momento ella dormía, al igual que su hija de 13 años, su hijo de 10 y sus nietos de 7 y 4. Los agentes entraron en la vivienda sin autorización y uno de ellos le indicó a Sosa que se fuera y se llevara a los niños. Quedaron en la casa un hijo y una hija mayores, afirmó.

Miguel Ángel Sosa, su hijo de 28 años, se estaba duchando en ese momento. Elena Sosa dijo que los agentes sacaron por la fuerza a la hija mayor. Ella y su hija escucharon disparos dentro de la casa, y más tarde supieron, por el certificado de defunción de Miguel Ángel, que uno atravesó a Sosa en el pecho y le causó la muerte. Human Rights Watch analizó una copia del certificado de defunción, donde se indica que murió por herida de arma de fuego en el tórax.

Luego los agentes entraron en otra vivienda cercana, perteneciente a Ana Sosa, hermana menor de Miguel Ángel Sosa, y despertaron a la pareja de Ana, Adrián Herrera, 22, refirió Elena Sosa. Según contó, Ana le dijo que la obligaron a salir, escuchó disparos y más tarde supo que los agentes habían herido de muerte a Herrera en la cabeza y el pecho.

Los agentes se llevaron el cuerpo de la vivienda, contó Elena Sosa, y lo pusieron junto al cadáver de Herrera, donde había además un arma y una bolsa con narcóticos. Sosa dijo que tomaron fotografías.

Al regresar a su casa, Sosa advirtió que los agentes habían robado calzados, alimentos y otros artículos, y habían dejado la alfombra empapada de sangre y las paredes con orificios de bala. Un vecino contó más tarde a Elena Sosa que los agentes habían pedido jabón para limpiar las manchas de sangre de la alfombra.

Un agente del CICPC indicó a los familiares que se presentaran en el hospital para que les dieran los cuerpos. Sosa declaró ante el CICPC que le dijeron, según afirmó, que las madres de las “ratas” siempre creen que sus hijos son “santos”. La familia de Sosa no presentó una denuncia ante autoridades judiciales.

Kelvin Otero Paz y Alan Molina (seudónimos)

A las 5 a.m. de un día de enero de 2019, agentes de las FAES interceptaron a Kelvin Otero Paz y a su cuñado, Alan Molina, ambos de 24 años, cuando salían de su vivienda para ir a trabajar, contó la tía de Otero Paz, Ana Paz.

Los agentes llevaron a Otero Paz y Molina al costado de una calle cerrada al tránsito, según le dijo Molina a Ana Paz varios días después. Molina dijo que cuando se lo llevaron, escuchó que Otero Paz gritaba y que luego hubo un disparo.

Paz se presentó en la morgue para buscar a su sobrino. El cuerpo no había sido identificado correctamente, contó. Estaba cubierto hasta el cuello por una sábana, pero a partir de fotografías que vio en la fiscalía supo que a su sobrino le habían disparado en el cuello y el pecho. El certificado de defunción, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, indica que murió de un único disparo en el tórax.

Por alrededor de tres días, la familia no supo dónde estaba Molina, afirmó Paz. Un detenido que fue liberado el cuarto día desde que Molina había sido detenido, dijo que había visto a Molina durante su detención y que los agentes le habían plantado drogas para incriminarlo. Molina seguía detenido y procesado cuando Human Rights Watch entrevistó a Paz en julio.

Rafael Rodríguez (seudónimo)

Aproximadamente a las 5 a.m. del 24 de septiembre de 2018, Rafael Rodríguez volvió a la vivienda de su suegra en Caracas tras haber celebrado su cumpleaños con amigos. Su madre dijo que un testigo le contó lo que ocurrió a continuación: mientras Rodríguez subía los escalones de ingreso, cerca de 15 agentes de las FAES con el rostro cubierto aparecieron sorpresivamente y lo interceptaron. Dijeron que buscaban a un delincuente llamado “El Negro” y le dispararon a Rodríguez en el pecho. La bala le perforó el corazón, dijo su madre, y si bien nunca se entregaron a los familiares resultados de la autopsia, se enteró más tarde que había muerto en el hospital producto de la herida.

Tras dispararle, un grupo de agentes del FAES trasladó a Rodríguez a un hospital cercano, según contaron testigos a su madre, mientras otro grupo se quedó y entró en la vivienda de un vecino. Usaron el baño, tomaron café y se recostaron a dormir, luego simularon un enfrentamiento violento frente a la casa de su suegra, efectuaron rondas de disparos y se gritaron unos a otros que no lo dejaran escapar y que iba “en el techo”.

En el hospital, los agentes no permitieron que los médicos se acercaran al cuerpo de Rodríguez, según le dijeron testigos a la madre. Presentó una denuncia ante el CICPC. La fiscal a cargo del caso prácticamente no habló con ella, según afirmó, salvo para pedirle que admitiera que su hijo era un delincuente. La fiscal le comunicó a la madre de Rodríguez que había dos órdenes de detención en su contra, por robo y homicidio, pero le indicaron que no tenía derecho a verlas. Cuando una búsqueda de antecedentes penales de Rodríguez no dio resultados positivos, contó su madre, la fiscal le dijo que su hijo probablemente había sobornado a alguien para que limpiara su prontuario.

Testimonio de Génesis Romero (seudónimo)

Alrededor de las 4:30 a.m., una mañana de la primera mitad de 2019, la madre de Génesis Romero entró en el dormitorio de su hija, en su apartamento del cuarto piso, para decirle que agentes de las FAES estaban frente al edificio, contó Romero, una psicóloga de 27 años. Los agentes llamaron a la puerta y, como la madre de Romero dudó, le gritaron que abriera o dispararían.

Cuando abrió la puerta, seis agentes uniformados y con el rostro cubierto entraron raudamente en la cocina —dos de ellos llevaban granadas— gritando: “¿Dónde está Efraín?”. Los agentes apuntaron a las dos mujeres con sus armas y preguntaron quién más vivía allí. Respondieron que allí no vivía ningún Efraín y que el padre de Romero estaba durmiendo, recuperándose de una enfermedad. Los agentes empujaron a la madre de Romero contra la pared y entraron en el dormitorio. Al ver que el padre de Romero no coincidía con la descripción del hombre que estaban buscando, los agentes les mostraron la fotografía de un hombre a quien Romero y sus padres no reconocieron. Al salir, los agentes se llevaron alimentos y otros artículos.

Esas redadas, llevadas a cabo por miembros de diversas fuerzas de seguridad, incluidas las FAES y la Guardia Nacional Bolivariana, desde hace años ocurren con regularidad en el vecindario de Romero, según nos dijo. Romero indicó que dos meses antes, agentes de las FAES habían matado a varias personas en su complejo de apartamentos. Alrededor de las 5 a.m., escuchó al hijo de un vecino gritar por su padre y luego dos disparos. Un vecino le dijo que agentes de las FAES se habían llevado a la madre y al niño afuera y que mataron al padre, señaló Romero. Romero vio marcas de sangre que sugerían que habían arrastrado un cuerpo por las escaleras del edificio.

Romero indicó que no presentó una denuncia ante las autoridades judiciales por temor a que ella o su familia sufrieran represalias y porque no confía en que nadie investigue lo ocurrido.

Excarcelan a vicepresidente del Congreso de Venezuela

Edgar Zambrano habla a la prensa tras su liberación.

Un tribunal de Caracas ordenó la excarcelación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, luego de haber estado detenido durante cuatro meses en un cuartel militar, pero el juzgado le mantiene al legislador la prohibición de salida del país.

Zambrano fue acusado de traición a la patria al ser detenido en mayo por funcionarios del servicio de inteligencia, días después de una movilización opositora que llamaba a militares a rebelarse contra el mandato del presidente en disputa Nicolás Maduro.

Su sorpresiva salida de prisión se produce pocas horas después que el gobierno pactó iniciar un diálogo con una minoría de partidos de oposición, paralelo a unas conversaciones que hasta hace unas semanas mantenía bajo auspicio de Noruega con la coalición que le adversa y lidera el presidente interino y jefe del Parlamento, Juan Guaidó.

"Hay que hacer un esfuerzo significativo para producir la liberación de todos los presos políticos y evitar el abuso del poder", dijo Zambrano poco después de llegar a su casa en horas de la noche cuando le permitieron salir de la unidad militar de Fuerte Tiuna, donde estuvo recluido 129 días.

"Los primeros 60 días no salíamos de la celda. Allí estuvimos, prácticamente en cautiverio, como los animales, sin hablar, sin poder leer, sin ningún elemento que protegiera la dignidad de nuestros derechos humanos", relató el diputado sobre los días en una cárcel donde incluso mantuvo una huelga de hambre por poco más de una semana.

El diputado compartió brevemente en el pasillo con dos generales disidentes del gobierno de Chávez y Maduro, Raúl Baduel y Miguel Rodríguez, que aún están en esa prisión junto con otra persona de la que desconoce el nombre.

Además de Zambrano, otros 12 parlamentarios en mayo y junio fueron acusados por los tribunales de conspiración y algunos salieron del país o se resguardan en embajadas.

"La liberación de Zambrano y los presos políticos es una victoria de la presión ciudadana, internacional e informe Bachelet, no una "gentileza" de la dictadura", escribió en su cuenta de Twitter Guaidó, quien se proclamó presidente interino argumentando que Maduro fue reelegido en comicios fraudulentos en mayo de 2018.

Un comunicado del tribunal señala que el diputado opositor tiene prohibido salir del país y debe presentarse cada 30 días ante los juzgados. El dirigente prometió que volverá al Parlamento la próxima semana e iniciará el sábado caminatas por todo el país para rezar y reclamar la salida de otros políticos de las cárceles.

En la liberación de Zambrano estuvieron presentes FranciscoTorrealba, miembro de la oficialista Asamblea Constituyente, y el diputado, Timoteo Zambrano, ambos participantes de la mesa de acuerdo nacional promovida el lunes por el gobierno.

"Una democracia no puede tener prisioneros políticos"

En un primer documento de esa iniciativa de diálogo, las partes acordaron hacer un "exhorto" al sistema judicial para la liberación de algunos presos y se planteó la vuelta de los legisladores oficialistas a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, tras dos años de ausencia.

Zambrano evitó en su primer encuentro con periodistas opinar sobre esta iniciativa de debate entre el gobierno y algunos partidos políticos pequeños.

"El desideratum político del país debe ser producto de la política y no de la violencia", agregó antes de llamar a resolver el conflicto con elecciones en igualdad y equidad. "Una democracia no puede tener prisioneros políticos", agregó.

El 19,2 % de venezolanos que llegó a Colombia en último año está desempleado

Venezolanos esperan autorización para pasar la frontera desde Venezuela a Colombia por el puente internacional Simón Bolívar, en San Antonio del Táchira, Venezuela. 3 de agosto de 2018. Foto: REUTERS/Carlos E. Ramírez.

La tasa de desempleo de los migrantes venezolanos que llegaron a Colombia en los últimos 12 meses fue del 19,2 %, informó este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El director de esa institución, Juan Daniel Oviedo, manifestó en una rueda de prensa que la tasa de desempleo entre los colombianos fue del 10,1 %, mientras que el total llegó al 10,2 %, por lo cual "la posibilidad de que la migración venezolana esté afectando estructuralmente el nivel de la tasa de desempleo es bastante remota en este momento".

"Entonces podríamos decir que (...) solo la población migrante venezolana está explicando un punto básico de la diferencia entre 10,1 y 10,2 %, que es la tasa de desempleo primero para los colombianos y segundo para el país", afirmó el funcionario en un reporte de la agencia EFE.

En las ciudades que más venezolanos hay, que son Bogotá, Barranquilla y Cúcuta, la cifra de ciudadanos de ese país que está sin empleo es del 21,7 %, 15,9 % y 24,9 %, respectivamente, agregó Oviedo.

Según el DANE, en Colombia hay 1,6 millones de venezolanos, que corresponden al 3,4 % del total de la población de la nación andina y de los cuales 773.000 vivían en su país hace 12 meses.

En ese sentido, la tasa global de participación total fue del 63,7 % entre agosto de 2018 y julio pasado, mientras que la de los migrantes alcanzó el 74,3 %, 4,1 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo anterior.

Al respecto, Oviedo señaló que "lo que sí es importante reconocer es que la presión, es decir el interés que tiene la población migrante venezolana de formar parte de la población ocupada en el país, es porcentualmente más alto que el de los colombianos".

"Ellos por su perfil demográfico y por su perfil etario, al estar más capacitados y al estar concentrados entre los 25 y los 40 años, necesitan trabajar y eso se refleja a través de la tasa global de participación que es 10 puntos superior a la de los colombianos", aseveró.

El director del DANE explicó además que los venezolanos son aproximadamente el 1,5 % de la población ocupada del país.

"Los ocupados informales migrantes corresponden al 1,1 % (del total). La gran mayoría, el 90 % del empleo que se les están brindando a los migrantes venezolanos, es de carácter informal pero no necesariamente es precario", añadió.

Oviedo detalló que lo que prevalece en cuanto a informalidad no son las ventas ambulantes sino "otros fenómenos como empleos informales en locales fijos u oficinas, en salas de belleza, en restaurantes, en hoteles, en establecimientos de comercio en términos generales".

"Buena parte de la población migrante que nosotros estamos identificando dentro del volumen de ocupados se encuentra en las actividades de comercio, hoteles y restaurantes", apostilló.

{Con información de la agencia EFE y redes sociales]

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