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Venezuela

Maduro quería arrestar a la madre de Guaidó, revela ex jefe del SEBIN

Miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin.
Miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin.

Antes de detener y encarcelar al jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, con una operación en la que le plantaron armas, el gobernante Nicolás Maduro le ordenó al entonces jefe del SEBIN, Manuel Cristopher Figuera, que arrestara a la madre del presidente interino de Venezuela, según le contó el propio Figuera a la agencia AP.

Figuera, de acuerdo con su testimonio, le respondió que Norka Márquez, la madre de Guaidó, estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer, y fue entonces cuando Maduro mencionó a Marrero.

Roberto Marrero (derecha), jefe de personal del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. (Archivo)
Roberto Marrero (derecha), jefe de personal del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. (Archivo)

​La orden era perturbar el entorno íntimo de Guaidó para quebrar la moral del líder opositor.

“¿Qué hago para meterlo preso?”, recordó el general haberle preguntado a Maduro durante una tensa reunión celebrada en Fuerte Tiuna menos de 72 horas antes de la detención de Marrero. “Me dijo: 'Eso no es mi problema. Mételo preso, siémbrale armas. Ve qué haces’”.

Figuera sugirió pedirle armas al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, pero Maduro le ordenó acudir a otro general.

“Así se hizo”, declaró el ex jefe del SEBIN. “Se hizo un equipo multidisciplinario, [ese general] sembró las armas, facilitó ese procedimiento y después yo desde la dirección del SEBIN [hice] la aprehensión”.

Desde marzo, Marrero está en la cárcel acusado de encabezar una “célula terrorista” dedicada a perpetrar asesinatos. La AP solicitó un comentario al ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, pero no obtuvo respuesta de inmediato.

A medida que Maduro comenzó a pedirle que se encargara del trabajo sucio, el oficial de inteligencia entrenado en Cuba y Bielorrusia comenzó a perder la fe, aseguró en la entrevista.

Leopoldo López (centro), liberado de la prisión domiciliaria en el inicio de la llamada Operación Libertad el pasado 30 de abril (Archivo).
Leopoldo López (centro), liberado de la prisión domiciliaria en el inicio de la llamada Operación Libertad el pasado 30 de abril (Archivo).

En abril pasado, en una demostración de audacia, el musculoso general de 55 años traicionó al líder con el que se reunía casi a diario y en secreto planificó un alzamiento militar que, según él, estuvo a punto de derrocar a Maduro.

“Yo estoy como el soldado que iza la bandera al revés, que es una señal de auxilio universal”, le dijo Figuera a AP en la suite presidencial de un hotel de Washington, donde se reúne con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. “Mi misión es buscar auxilio para que me ayuden a liberar a mi país de la desgracia que está viviendo”.

El martes se reunió con el enviado especial estadounidense para Venezuela, Elliott Abrams. Queda por ver si Figuera aún ejerce influencia dentro de la estructura gubernamental y si puede reunir evidencias para sustentar sus denuncias.

Las acusaciones hechas por Figuera --que AP no pudo verificar-- surgen a medida que aumenta el escrutinio sobre el respeto del gobierno de Maduro a los derechos humanos. El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo falleció la semana pasada después de ser arrestado con síntomas posibles de haber sufrido torturas.

Según este documento publicado en su cuenta de Twitter por el periodista Eligio Rojas, la autopsia certifica que Rafael Acosta Arévalo fue torturado.
Según este documento publicado en su cuenta de Twitter por el periodista Eligio Rojas, la autopsia certifica que Rafael Acosta Arévalo fue torturado.

Primero como subdirector de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y luego director del temido Servicio de Inteligencia Bolivariana (SEBIN), Figuera permaneció junto a Maduro mientras la situación en Venezuela seguía deteriorándose.

Durante la profundización de la crisis, dijo haber presenciado y jugado un papel en la consumación de abusos, tales como constatar indicios muy probables de torturas practicadas por terceros a varios prisioneros y no haber evitado la detención de Luis Carlos Díaz, un prominente periodista.

Por lo que denomina su “corresponsabilidad” en el arresto de Marrero y otras detenciones arbitrarias, Cristopher Figuera espera algún día comparecer como testigo ante la Corte Penal Internacional, que ha recibido denuncias de varios países sobre presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Maduro.

Sin embargo, el general asegura dormir tranquilo porque nunca ordenó o participó en actos de tortura, aún cuando otros organismos de seguridad le requerían ocasionalmente recibir detenidos prominentes que habían recibido golpizas.

Durante los seis meses que estuvo al frente del SEBIN, dijo haber mejorado las condiciones de reclusión en la prisión llamada el Helicoide, donde permanecen opositores de renombre y los prisioneros tienen más acceso a abogados y médicos.

Cristopher Figuera también mencionó que en diciembre de 2018 liberó a cerca de 70 personas que permanecían retenidas debido a que las boletas de excarcelación se incumplían, a veces durante más de un año.

“Antes de mi llegada, eso era un centro de extorsión y secuestro”, indicó. “Traté de cambiarlo, pero es una cultura que no es fácil”.

No obstante, admitió haber seguido fielmente instrucciones de espiar --en persona, vía telefónica o electrónica-- a cerca de 40 opositores, y de rendirle informes a Maduro cada dos horas sobre sus movimientos.

Cristopher Figuera aún se considera chavista --por su admiración al fallecido presidente Hugo Chávez-- y la relación con sus nuevos aliados en la oposición puede ser accidentada. Por ejemplo, él rechazó las denuncias opositoras de que Cuba mantiene 25,000 agentes en Venezuela y aseguró que la cifra real se acerca más a 15,000, en su mayoría médicos destacados en retribución al petróleo que la isla comunista recibe del país sudamericano.

El general indicó que alrededor de 15 cubanos conforman el anillo de seguridad de Maduro, incluyendo algunos dedicados a evitar que sufra envenenamiento, pero señaló que la cooperación de los cubanos en las labores de inteligencia se limita a planificación y entrenamiento.

“La oposición no tiene la información adecuada”, dijo. “Ellos tienen un estigma y un rechazo hacia los cubanos”.

Por otra parte, aseveró haberle propuesto a Maduro un cambio de rumbo en una carta de dos páginas que le envió a comienzos de abril en la que lo invitaba a designar un nuevo Consejo Nacional Electoral y convocar elecciones anticipadas con el argumento de que habría sido un repliegue estratégico para retomar la iniciativa ante la creciente presión internacional.

“Mi comandante en jefe”, escribió. “Respetuosamente recomiendo que usted ponga la agenda política ante la polarización que existe en el país, entre el gobierno y la oposición”. La misiva --de la cual AP obtuvo una copia-- evoca la Batalla de Santa Inés, un combate durante la guerra civil del siglo XIX en la que un general popular “le concedió terreno al enemigo para ganar tiempo y luego imponerse ante su adversario”.

Su propuesta no tuvo acogida. Días después, con la ayuda de un empresario venezolano afincado en Miami que lo persuadió de pasarse a la oposición, Cristopher Figuera dijo haberse dedicado a planificar un plan de salida para Maduro junto a Padrino López y a Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Juan Guaidó y Leopoldo López en Caracas el 30 de abril (Tomado de @leopoldolopezoficial).
Juan Guaidó y Leopoldo López en Caracas el 30 de abril (Tomado de @leopoldolopezoficial).

​El 30 de abril, Guaidó se dirigió a una autopista junto a docenas de soldados y a su mentor Leopoldo López, a quien agentes del SEBIN le permitieron abandonar su arresto domiciliario.

Cuando el plan fracasó --lo que atribuyó a que Moreno nunca cumplió su promesa de emitir un fallo reconociendo a Guaidó y un alzamiento militar masivo nunca se materializó-- el general huyó a Colombia. Dos semanas más tarde, su ayudante principal, el mayor Jesús García, apareció sin vida en un motel en lo que Cristopher Figuera describió como una intimidación para que guarde silencio.

Él se dice consciente que su reivindicación será larga ante opositores que hasta hace poco lo acusaron de ser un torturador y espera compartir con las autoridades estadounidenses todo lo que sabe sobre lo que denomina la “empresa criminal” encabezada por Maduro.

También quiere conversar con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Yo tengo corresponsabilidad, pero no podía agarrar y pegarle un tiro al tipo, no podía victimizarlo”, señaló.

En febrero, Estados Unidos agregó a Cristopher Figuera a una lista de más de 100 funcionarios venezolanos sancionados por su presunta participación en “tortura masiva, violaciones masivas de derechos humanos y persecución masiva contra quienes desean un cambio democrático en Venezuela”.

Sin embargo, el gobierno del presidente Donald Trump le retiró las sanciones poco después de que desertara y reconociera a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela en un intento de persuadir a otros oficiales militares a imitar sus pasos.

Maduro ha tildado a Cristopher Figuera de traidor que estuvo infiltrado por la CIA hace más de un año. Él rechazó la acusación y dijo que --por instrucciones del presidente venezolano-- se reunió con un funcionario de la CIA en República Dominicana en marzo de 2018 con la meta de lograr una tregua que incluyera la liberación del estadounidense Joshua Holt, quien llevaba casi dos años tras las rejas y enfrentando cargos al parecer fraudulentos sobre porte ilegal de armas. Su liberación habría sido a cambio de no imponer sanciones al petróleo venezolano.

Joshua Holt se reúne con el presidente Donald Trump tras su liberación el 25 de mayo (Archivo).
Joshua Holt se reúne con el presidente Donald Trump tras su liberación el 25 de mayo (Archivo).

“Yo fui con mis temores porque de repente uno está influenciado con tantas películas y yo dije, bueno, estos tipos me pueden desaparecer a mí”, recordó.

Figuera insistió en lucir su uniforme militar de gala y sus medallas para acudir a la entrevista con AP. Vestido así por primera vez desde su exilio, logra intimidar con su presencia y timbre de voz grave, indicó la agencia de prensa. El oficial recibió el apodo de “Pantera Negra” durante los preparativos del alzamiento militar del 30 de abril.

“Sigo siendo un soldado, más allá de que Maduro haya hecho un acto arbitrario de degradarme y botarme de la Fuerza Armada”, indicó. “Me siento orgulloso de lo que yo soy, un soldado, un patriota que está luchando por la libertad de mi pueblo”.

El venezolano aseguró que se mantiene en contacto con altos funcionarios, tales como generales, viceministros y directores de entes públicos que detestan a Maduro pero tienen miedo de actuar. Dijo que la “Operación Libertad” de Guaidó aún está en curso y que él planea regresar pronto a su país.

“En muchas maneras", declaró, "aún soy el director de contrainteligencia”.

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Elecciones presidenciales de Venezuela serán el 28 de julio, día del cumpleaños de Hugo Chávez

Un elector ejerce su derecho al voto en Caracas, Venezuela, durante una simulación de los comicios presidenciales. ( Federico Parra/AFP/ Archivo)
Un elector ejerce su derecho al voto en Caracas, Venezuela, durante una simulación de los comicios presidenciales. ( Federico Parra/AFP/ Archivo)

La fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela será el próximo 28 de julio, informó este martes el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Está previsto que el actual mandatario, Nicolás Maduro, aspire a la reelección en unos comicios sin adversarios fuertes, mientras la candidata favorita de la oposición, María Corina Machado, permanece inhabilitada por decisión de su gobierno.

Elvis Amoroso, presidente del CNE, dijo que la fecha de los comicios, que coincide con el cumpleaños del fallecido expresidente Hugo Chávez, fue aprobada de forma unánime por el Consejo.

La semana pasada, la Asamblea Nacional de Venezuela, en control del oficialismo, entregó al CNE un documento que detallaba las condiciones de las elecciones presidenciales, pero este no fue suscrito por la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora.

Machado, la principal candidata de esa coalición pero inhabilitada desde junio de 2023 por el gobierno de Maduro para ejercer cargos públicos durante 15 años, recibió el apoyo de Estados Unidos tras ganar en octubre de 2023 las primarias de la oposición con más del 90% de los votos.

Un reporte de Associated Press señala que, consultado por el anuncio del CNE, el equipo de prensa de Machado descartó que vaya a dar declaraciones.

Según la Contraloría, la candidata opositora participó en una trama de corrupción orquestada por Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019 cuando encabezaba la Asamblea Nacional. No se presentaron pruebas en su contra.

A finales de enero de este año, la inhabilitación de Machado fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. La candidata se niega a aceptar la resolución.


Según el cronograma aprobado por el CNE, las candidaturas podrán presentarse entre el 21 y 25 de marzo, y la campaña irá desde el 4 al 25 de julio, mientras que los votantes deberán registrarse entre el 18 de marzo y el 16 de abril.

La elección del 28 de julio para la realización de los comicios, subraya el reporte de AP, permite al gobierno de Maduro cumplir con una parte del acuerdo de Barbados, suscrito con la oposición y el gobierno de Estados Unidos en octubre pasado, que exigía que las elecciones presidenciales tuvieran lugar en el segundo semestre de 2024.

Otros puntos del acuerdo incluyen la elaboración de un plan que propicie las condiciones políticas para la realización de elecciones libres y democráticas, pero con inhabilitación de Machado y otros candidatos de la oposición, entre otras irregularidades, las voces críticas señalan que el gobierno de Nicolás Maduro no ha ofrecido aún esas garantías.

A finales de enero, el gobierno estadounidense anunció que revisaría el acuerdo y retomó algunas de las sanciones económicas impuestas a la administración de Maduro.

Periodistas alertan sobre plan del chavismo de instaurar un "Estado Mayor de la Comunicación"

Nicolás Maduro en un acto político en Caracas el 29 de febrero de 2024. Periodistas venezolanos han denunciado que su gobierno busca el control absoluto de los medios de prensa.
Nicolás Maduro en un acto político en Caracas el 29 de febrero de 2024. Periodistas venezolanos han denunciado que su gobierno busca el control absoluto de los medios de prensa.

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela alertó sobre el peligro de que el régimen chavista instaure el denominado "Estado Mayor de la Comunicación", que conduciría al dominio absoluto de los medios de prensa en ese país, durante un contexto electoral.

La entidad que acoge a casi 27 mil periodistas rechazó el plan anunciado por el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Fredyy Ñáñez de crear esta estructura militar para conseguir "la integración, tanto de los comunicadores sociales, populares, claps (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), medios alternativos y comunitarios con el Ministerio de Comunicación e Información a fin de facilitar los enlaces interinstitucionales".

De acuerdo a este funcionario, es necesaria la modernización de las leyes para conseguir una «transformación y recuperación de la identidad nacional".

El Colegio Nacional de Periodistas destacó que este plan se da cuando Venezuela se encamina a celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.

"El ecosistema de medios del país se encuentra reducido al mínimo, con el cierre sistemático de cientos de estaciones de radio y de programas de opinión, la desaparición práctica de la prensa escrita a partir de maniobras de asignación de papel periódico y de otros insumos, de persecución y criminalización de reporteros y comentaristas que investigan sobre irregularidades gubernamentales, del bloqueo constante a páginas de Internet cuando se muestran críticas a la actuación del régimen, de la censura como norma, de la opacidad de las instituciones nacionales a la hora de ofrecer los datos de su gestión pública y de la aprobación de una ley que regula de manera ilegítima las organizaciones no gubernamentales donde la sociedad civil hace vida, entre otras tantas maneras de control total sobre el hecho comunicacional y periodístico", denunció el colegio.

La declaración del gremio de periodistas consideró que esta nueva maniobra consolida "la hegemonía comunicacional estatal" que ha sumido "en el silencio periodístico a una buena parte del país".

El comunicado criticó la instauración de un organismo de inspiración militar "aplicado al pensamiento y la cultura, a la libre circulación de las ideas y a derechos fundamentales del hombre como lo son el de la libre expresión, el acceso a la información, a la creación artística, a la libertad de cátedra y de asociación".

Venezuela acusa a Rocío San Miguel de ser espía

Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una conferencia de prensa el 19 de febrero de 2024 en Caracas, para dar a conocer acusación contra la activista Rocío San Miguel. (AP/Ariana Cubillos).
Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una conferencia de prensa el 19 de febrero de 2024 en Caracas, para dar a conocer acusación contra la activista Rocío San Miguel. (AP/Ariana Cubillos).

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó este lunes a la activista de derechos humanos y abogada especialista en asuntos militares Rocío San Miguel de ser “espía” y de compartir información de seguridad nacional con un embajador extranjero.

Saab aseguró en una conferencia de prensa en Caracas que San Miguel tenía en su poder 18 mapas cartográficos donde se detallaban varias instalaciones militares y sus respectivas zonas de seguridad. El funcionario dijo que esa información habría sido obtenida con colaboración militar y resaltó que la demarcación de ese tipo de zonas son consideradas datos de inteligencia reservados al Estado.

El fiscal dijo que el número telefónico de San Miguel estaba en la lista de contactos de militares que lideraban la llamada Operación Brazalete Blanco, que, según las autoridades venezolanas, pretendía atentar contra el presidente Nicolás Maduro y generar caos en el país, y dijo que San Miguel fungía como espía "a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones en contra de la soberanía nacional".

San Miguel fue detenida la semana pasada e imputada por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.

Saab dijo que poseer mapas y las gacetas oficiales donde se crearon las zonas de seguridad es una cuestión pública, aunque dijo considerar que su acumulación sistemática es parte de “un trabajo de inteligencia sostenido”.

Saab también cuestionó que la prensa se refiera a San Miguel como una activista de derechos humanos. “La actividad de Rocío San Miguel era ajena a los derechos humanos. Su ONG es una fachada para hablar en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Incluso hay declaraciones de ella pidiendo sanciones contra el Estado”, añadió.

Saab dijo que San Miguel tenía perfiles, listas y comunicaciones sobre el Alto Mando militar, y la acusó de ser “una agente” a la que le habría hecho varios pagos en dólares una trasnacional petrolera, uno de ellos por presuntamente hacer un análisis de entorno de una instalación militar en Venezuela.

Según Saab, San Miguel “le entregó información a un embajador europeo sobre el fortalecimiento del sistema de defensa antiaéreo”, y dijo que la activista tuvo reuniones con diplomáticos de al menos cuatro países, aunque no mencionó cuáles.

También aseguró que su despacho pudo constar reuniones de San Miguel en Europa y Estados Unidos con funcionarios militares para presuntamente transmitir información, y acusó a San Miguel de preparar un protocolo para “esconder” sus equipos electrónicos si era detenida.

San Miguel es presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, especializada en leyes y compras militares.

Gobiernos extranjeros y organismos multilaterales, entre ellos la oficina del Alto Comisionario para los derechos humanos de las Naciones Unidas, expresaron su preocupación por la detención de San Miguel y exigieron su liberación inmediata.

El exfiscal Zair Mundaray ironizó en redes sociales que los mapas “ahora son objetos de ilícita tenencia” y que “se crea el delito de porte ilícito de mapas”, a raíz de las acusaciones.

Su hija pudo verla, se dice inocente

Este lunes, nueve días luego de su detención, San Miguel pudo ser visitada por su hija Miranda en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), en El Helicoide, en Caracas, informó el abogado Joel García.

“A pesar de la injusta privación de su libertad, [San Miguel] se encuentra fortalecida y muy confiada de su inocencia. [Dice] que no existe nada que la comprometa en los delitos que les imputan”, indicó el jurista en la red social X.

El abogado Juan Carlos González precisó que San Miguel pudo compartir con su hija “por cerca de tres horas”.

“Reitera su inocencia, fuerte en sus convicciones, y reclama que no se le ha permitido designar abogados de su confianza”, escribió en sus redes sociales.

Fiscalía de Venezuela confirma la detención de la activista Rocío San Miguel

La activista venezolana Rocío San Miguel, en una imagen de archivo. (AP/Fernando Llano, File)
La activista venezolana Rocío San Miguel, en una imagen de archivo. (AP/Fernando Llano, File)

El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó el domingo la detención de la activista Rocío San Miguel por su supuesta vinculación a una presunta "trama conspirativa" e intento de "magnicidio" contra el presidente Nicolás Maduro.

En un mensaje de la red social X, el fiscal dijo que San Miguel enfrentaba una orden de aprehensión por el caso denominado "Brazalete Blanco" que, según señaló, buscaría "atentar contra la vida del jefe de Estado", además de otros altos funcionarios, y atacar a unidades militares.

Saab no proporcionó evidencia que avale las acusaciones mencionadas, e indicó que se continúan recabando elementos en contra de personas relacionadas a los hechos denunciados, a quienes no identificó. Tampoco se refirió al lugar ni a las condiciones en que se encuentra San Miguel.

La abogada venezolana de 57 años es presidenta de la organización Control Ciudadano, especializada en la defensa de derechos, seguridad y fuerzas armadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió a ella y su hija medidas cautelares en 2012.

San Miguel fue detenida el viernes en el aeropuerto de Maiquetía, Caracas, cuando acompañada de su hija "se disponía a salir del país por el asueto de carnavales", indicó a The Associated Press Gonzalo Himob, director vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal.

"No se sabe hasta esta hora dónde está", agregó Himob, y adelantó que recopilan información del caso.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos en Venezuela condenaron la detención de la activista, a quien consideran una de las figuras más representativas en la lucha por el respeto a dichos derechos en ese país.

El organismo activista Civilis Derechos Humanos condenó el hecho y calificó de "arbitraria" la detención de la activista, al tiempo que exigió "saber de su paradero" luego de que han transcurrido dos días en que no se sabe de ella, según reclamó en un mensaje en X.

Una foto de San Miguel con el mensaje "#DondeEstáRocío" circuló en la cuenta de la organización.

Por su parte, la organización no gubernamental Provea denunció el sábado que San Miguel "ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano", lo que consideró un hecho "muy grave" que pone en evidencia "el empeño del gobierno por reprimir a las voces críticas", según señaló en su cuenta de X, y exigió que sea liberada de inmediato.

Según cifras del Foro Penal, una organización de carácter humanitario que brinda asistencia jurídica ante detenciones "arbitrarias" en Venezuela, hasta el 5 de febrero se contabilizaban 261 presos políticos, entre los cuales hay 18 mujeres y 146 militares, y 123 que no han sido declarados culpables.

EEUU anuncia revisión de acuerdo con Venezuela

Un cartel apunta al edificio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Caracas, el 26 de enero de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
Un cartel apunta al edificio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Caracas, el 26 de enero de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Estados Unidos anunció este sábado que revisaría el Acuerdo de Barbados con el gobierno de Nicolás Maduro, tras la reciente ratificación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la candidata presidencial opositora María Corina Machado y del excandidato presidencial Henrique Capriles por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, dio a conocer esta decisión en un comunicado en el que explica que Estados Unidos está revisando la política de sanciones a Venezuela, "basándose en este hecho y en los recientes ataques políticos contra candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil".

Tras el diálogo de Barbados, con la mediación de Noruega, Washington acordó levantar durante seis meses parte de las restricciones a las operaciones de hidrocarburos y gas, y a cambio Venezuela se comprometió a avanzar en un cronograma electoral, revisar las inhabilitaciones y liberar algunos presos políticos.

En diciembre, EEUU liberó a Alex Saab, un aliado cercano de Maduro, a cambio de la liberación de 10 estadounidenses encarcelados en el país sudamericano y la extradición de un contratista de defensa fugitivo. Ese mismo mes, el chavismo ordenó la detención de más de una decena de personas, entre las que se encuentran varios líderes de oposición por presuntos cargos de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

"La decisión de la Corte Suprema de Venezuela del 26 de enero de descalificar a la ganadora de las primarias de la oposición democrática, María Corina Machado, es inconsistente con el compromiso de los representantes de Nicolás Maduro de celebrar unas elecciones presidenciales venezolanas competitivas en 2024", afirma la nota de prensa.

Maduro da la bienvenida a Alex Saab en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 20 de diciembre de 2023. Saab fue liberado en Estados Unidos, donde fue juzgado por lavado de dinero. (Foto de Federico Parra/AFP)
Maduro da la bienvenida a Alex Saab en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 20 de diciembre de 2023. Saab fue liberado en Estados Unidos, donde fue juzgado por lavado de dinero. (Foto de Federico Parra/AFP)

"El proceso de reinstalación careció de elementos básicos, ya que Machado no recibió una copia de la acusaciones contra ella ni se le dio la oportunidad de responder a ellas", indica la declaración de Miller.

Washington considera que se trata de una decisión "profundamente preocupante" que va en contra de los compromisos asumidos por Maduro y sus representantes en virtud del acuerdo de hoja de ruta electoral de Barbados de permitir que todos los partidos seleccionen a sus candidatos para las elecciones presidenciales.

En octubre de 2023, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, había dicho en una audiencia en un comité senatorial que si el régimen de Maduro violaba el acuerdo al que llegó con la oposición en Barbados, Estados Unidos tomaría las medidas necesarias.

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