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América Latina

Maduro busca comicios adelantados para cerrarle el cerco a la Asamblea Nacional

El número dos del oficialismo chavista en Venezuela, Diosdado Cabello (al centro), llega el lunes a la sede de la Asamblea Constituyente (Foto: AFP).

La jerarquía chavista dio el lunes otro paso en su estrategia para aniquilar la Asamblea Nacional de Venezuela con el nombramiento en la Asamblea Constituyente, controlada por el oficialismo, de una comisión que decidirá cuándo deben celebrarse las próximas elecciones parlamentarias, previstas para el 6 de diciembre del año proximo.

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, es el único poder en activo que ha sido elegido democráticamente en Venezuela. Debe permanecer en funciones cinco años, hasta el 5 de enero de 2021, a menos que un adelanto forzoso de los comicios parlamentarios le abra el camino al oficialismo para despojarla de sus poderes constitucionales con unas elecciones fraudulentas.

Diosdado Cabello, número dos del régimen de Nicolás Maduro, muestra el lunes en la Asamblea Constituyente una declaración oficial que se opone a los pronunciamientos del presidente de EEUU Donald Trump (Foto: AFP).
Diosdado Cabello, número dos del régimen de Nicolás Maduro, muestra el lunes en la Asamblea Constituyente una declaración oficial que se opone a los pronunciamientos del presidente de EEUU Donald Trump (Foto: AFP).

"Si de esa consulta resulta que es el primero de enero, el primero de enero estaremos haciendo elecciones de la Asamblea Nacional”, declaró Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente. “Si de la consulta surge que es este año, se hará cuando diga esta consulta", agregó.

La “consulta” depende de lo que decida la comisión, encabezada por él e integrada además por dos delegados designados Francisco Ameliach y María Alejandra Díaz, partidarios del régimen de Nicolás Maduro.

En otra medida anunciada también el lunes, el oficialista Tribunal Supremo de Justicia despojó de su inmunidad parlamentaria a los diputados José Guerra, Tomás Guanipa –ambos exiliados-- y Juan Pablo García, a quienes acusa de “traición a la patria, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio”.

Sobre otro diputado de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, pesaban ya desde mayo cargos similares. Más de dos decenas de parlamentarios han tenido que ausentarse de sus puestos desde el año pasado por amenazas y persecución del régimen de Maduro. Dos permanecen detenidos, y otros salieron de Venezuela o se han refugiado en embajadas.

“Ninguna de estas decisiones inconstitucionales tiene validez ni reconocimiento alguno: nadie reconoce al falso TSJ ni a la fraudulenta Constituyente; solo les queda la represión”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. “Obstruyen cualquier solución pacífica con tal de defender sus negocios e intereses personales”.

Guaidó adelantó que la Asamblea Nacional tomará nuevas medidas este martes para rechazar la ofensiva de la Constituyente. El domingo, el también líder parlamentario reveló que dentro del mismo gobierno de Maduro hay sectores en desacuerdo con las posibles acciones contra el Parlamento, y agregó que si el oficialismo da ese paso “resultará una fase de conflictividad superior”.

De acuerdo con el diputado Juan Pablo García, el hecho de que Maduro encabece un régimen criminal y fallido deja como única opción viable la aplicación por parte de la Asamblea Nacional del inciso 11 del Artículo 187 de la Constitución venezolana, que autoriza “el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”.

La líder opositora Maria Corina Machado, que dirige el grupo Vente Venezuela, también ha dejado claro que “hay una sola ruta, que es la que defiende Juan Pablo García, y es la del coraje y la fuerza”.

Según Machado, el temor de los chavistas no es a la intervención, “es a la justicia”.

Con informacion de la agencia Reuters y redes sociales

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México en segundo lugar en ranking de periodistas asesinados

Luis Eduardo Ochoa

Con el asesinato en la madrugada de hoy 12 de agosto del periodista Luis Eduardo Ochoa, unido al del también periodista Pablo Morrugares Parraguirre, ocurrido el pasado día 2, la cifra de periodistas asesinados en México asciende a 19 en el “primer sexenio de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia del país”, según artículo publicado por el portal digital Infobae.

Luis Eduardo Ochoa, de sólo 28 años, quien era bastante conocido en los medios de comunicación y además se dedicaba a la docencia como profesor de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), recibió un disparo en la cabeza mientras transitaba con su vehículo por la calle Estocolmo, ubicada en la colonia Los Aguacates, Michoacán.

Pablo Morrugares
Pablo Morrugares

Por su parte, Pablo Morrugares, director del portal digital Noticias PM de Iguala y sobreviviente junto a su esposa de un atentado en el año 2016, contaba con medidas cautelares por parte de Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría del Gobierno Federal, no obstante, fue muerto a balazos junto a su acompañante por un grupo de hombres armados queirrumpieron en elbar “Los Búfalos”, en la localidad de Guerrero, donde se encontraban y les dispararon a mansalva.

Según Infobae, en 2018 fueron asesinados 8 periodistas mexicanos, lo cual coloca a México en segundo lugar, por debajo sólo de Afganistán, en la lista de países con mayor índice de periodistas asesinados, de acuerdo a la organización Reporteros sin Frontera. También la ONG Artículo 19, defensora de los derechos de los periodistas, considera que el 99,3% de los crímenes contra los periodistas no se investigan de manera exhaustiva y objetiva,

Venezuela no está lista para elecciones, dice Borrell

Josep Borrell, ministro de Relaciones Exteriores de España.

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo el martes que tras mantener contactos con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y con la oposición concluyó que en Venezuela no hay condiciones para un proceso electoral como el previsto para el 6 de diciembre.

Maduro ha dicho que las elecciones parlamentarias cuentan con garantías plenas, pero la oposición destaca que decisiones judiciales han anulado la representación de partidos y destituido a sus directivas, mientras se mantiene el acoso y encarcelamiento de dirigentes opositores, entre otras acciones.

Borrell dijo en un comunicado que en las últimas semanas ha mantenido contactos para "evaluar las posibilidades de que las fuerzas políticas acordaran un marco para las elecciones". Tras las conversaciones "debo concluir que, en estos momentos, no se reúnen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y equitativo", destacó.

Entre las condiciones marco están la participación "en pie de igualdad de todos los partidos políticos y de sus líderes cuya descalificación y persecución deben cesar, así como la observación electoral internacional", agregó Borrell.

El jefe del parlamento y líder opositor venezolano, Juan Guaidó, agradeció al diplomático europeo "los intentos de lograr ese espacio (electoral) y las condiciones que representen una solución real a la crisis" de la nación OPEP.

El Ministerio de Información no respondió de inmediato un pedido de comentario.

Borrell dijo que sugirió ampliar los plazos electorales para responder a los requerimientos de la oposición y añadió que recibió una carta de la cancillería que informa de un acuerdo en ese sentido con parte de la oposición. "Es un paso en la buena dirección, pero insuficiente para que la Unión pueda estar en disposición de desplegar una misión de observación".

Borrell señaló que aunque la UE recibió una invitación del gobierno de Maduro para desplegar en Venezuela una misión de "acompañamiento electoral", tal esquema "es ajeno a la práctica" del bloque.

Implican a Peña Nieto en sobornos de Odebrecht

El presidente de México, Enrique Peña Nieto habla a la nación este miércoles

El escándalo de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México ha salpicado al expresidente Enrique Peña Nieto.

Emilio Lozoya, exdirector de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) y acusado él mismo de recibir sobornos millonarios de Odebrecht, denunció el martes ante las autoridades que el expresidente y quien fuera su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le pidieron recibir el dinero y utilizarlo para hacer pagos durante su campaña presidencial.

El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, informó en un mensaje videograbado que el exdirectivo de la petrolera mexicana presentó una denuncia en la que narró las supuestas órdenes del exmandatario y Videgaray.

Según lo denunciado por Lozoya, dijo Gertz, una vez que ganó la presidencia y entró al poder en 2012, tanto Peña Nieto como Videgaray le ordenaron también hacer pagos millonarios a legisladores con el propósito de garantizar la aprobación en el Congreso de una serie de reformas al principio de su gobierno.

Ni el exmandatario ni Videgaray se han pronunciado sobre los señalamientos. Peña Nieto gobernó México entre 2012 y 2018.

El fiscal refirió que como pruebas presentó a cuatro testigos, recibos y un video, por lo que la dependencia abrió una investigación. Dijo que revisarán lo presentado y en su caso podrían citar a declarar a las personas involucradas.

Según Gertz, Lozoya denunció que recibió varios millones de pesos de la empresa constructora brasileña Odebrecht y le dieron la orden de que más de 100 millones de pesos (más de 4,4 millones de dólares al tipo de cambio actual) se usaran para pagos a asesores electorales extranjeros que colaboraron con la campaña.

“El que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo, que está presentando la denuncia, señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado", refirió Gertz.

Ya en el gobierno, aseguró, le ordenaron pagar al menos 120 millones de pesos (más de 5,3 millones de dólares al tipo de cambio actual) a un diputado y cinco senadores para que se garantizara el apoyo legislativo a varias reformas entre 2013 y 2014.

Lozoya fue detenido en España y extraditado recientemente a México, donde se convirtió en el primer ex alto funcionario en quedar sujeto a un proceso penal por presuntamente recibir sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht, que está envuelta en una serie de escándalos similares en varios países latinoamericanos. El exdirectivo, sin embargo, no pisará la cárcel porque colaborará con la justicia.

José Antonio Crespo, analista del Centro de Investigación y Docencia Económicas, consideró que detrás del anuncio del fiscal se ve una motivación política, porque se prefiere dar la información a la prensa y no reservarla para la investigación. Sin embargo, no duda de que sean reales los señalamientos.

Agregó que si se prueban, las autoridades deberían ir contra todos los involucrados. “Si queda todo en un uso político-mediático, no va a servir para nada”, comentó.

De prosperar el caso, sería un importante logró para el gobierno del mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien recibió la Presidencia de manos de Peña Nieto y llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción en el país.

Sin embargo, López Obrador también ha sido cuidadoso y ha dicho que no busca revanchas con expresidentes y en varias ocasiones ha afirmado que antes de perseguir a uno de ellos lo sometería a una consulta pública.

USAID y BID brindan ayuda adicional a venezolanos exiliados y dentro del país

Programa Juntos es Mejor de USAID y BID

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anunciaron este martes la entrega de fondos adicionales para apoyar a los venezolanos que viven como refugiados y exiliados en varios países de América Latina.

Bajo el programa Juntos es Mejor las dos entidades están destinando unos 1,8 millones de dólares para ayudar a los ciudadanos venezolanos en Brasil, Colombia, Perú, Trinidad y Tobago; y en la República Bolivariana de Venezuela.

La ayuda será para “financiar soluciones para ampliar el acceso a oportunidades de empleo, educación y servicios financieros, y para combatir la explotación y la xenofobia”, dice el parte de prensa de ambos organismos.

Según la nota de prensa, en el caso de Colombia, Brasil y Perú, el emprendimiento social Migraflix permitirá apoyar la “formación sobre habilidades técnicas y empresariales para generar negocios gastronómicos en línea y posibilitar el acceso a microcréditos, a las tutorías financieras y contactos con mercados locales”.

En relación al Perú, la agencia de trabajo Nanas y Amas usará una plataforma en línea para conectar a mujeres venezolanas en situación vulnerable con oportunidades laborales previamente evaluadas y con remuneración justa. Y en Trinidad y Tobago, el programa Democracy International lanzará un proyecto innovador para el cambio en los comportamientos, orientado a contrarrestar el acoso y la xenofobia que enfrentan las mujeres venezolanas en situaciones cotidianas.

Ya en el caso de Venezuela, con fondos de USAID, habrá una organización local destinada a ofrecer “a mayor escala a una plataforma híbrida que funciona tanto en línea como en forma presencial, destinada a ayudar a jóvenes emprendedores con gran potencial que proceden de sectores vulnerables”. Se dará también fondos para tener acceso a Internet de alta velocidad a comunidades urbanas y posibilitará que los nuevos usuarios accedan a información vital para los servicios educativos y financieros.

El programa Desafío BetterTogether/JuntosEsMejor es una asociación entre USAID y el BID orientada a identificar, financiar y dar escala a soluciones innovadoras en apoyo a la población venezolana y las comunidades que los reciben con generosidad en toda América Latina y el Caribe, especifica la nota de prensa.

COVID-19, una segunda condena para presos políticos en Nicaragua

Un recluso abandona la cárcel La Modelo en Nicaragua. REUTERS/Oswaldo Rivas

El horror que padecen los prisioneros en las cárceles de Nicaragua, especialmente los condenados por motivos políticos, se pone de manifiesto en un reportaje realizado por Newsweek y reproducido por Amnistía Internacional, en el cual se describe la situación de hacinamiento, la falta de higiene, la ausencia de cuidados médicos elementales, todo ello unido a los maltratos físicos y psicológicos y el déficit de alimentación.

Construida para albergar aproximadamente 2, 400 personas, ya en 2013 entre sus paredes se hallaban encerrados unas 4, 600,

“La Modelo”, como se le conoce al complejo carcelario Jorge Navarro, es considerada la prisión más grande y también la más antigua de Nicaragua. Construida para albergar aproximadamente 2, 400 personas, ya en 2013 entre sus paredes se hallaban encerrados unas 4, 600, según datos ofrecidos por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) quien, además, informa que el gobierno Ortega-Murillo ya no hace públicos los datos de prisiones ni permite las visitas de organismos defensores de los derechos humanos.

Según expertos y abogados defensores, la situación es mucho peor en estos momentos, cuando el hacinamiento es mucho mayor, las condiciones de salubridad y alimentación son aún peores, crean un caldo de cultivo fructífero para el la proliferación del COVID-19. Toses y estados febriles, lamentos de agonía de prisioneros que desaparecen de sus celdas y nunca más vuelven a tener noticias de ellos son los testimonios que algunos reclusos logran transmitir a sus familiares.

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Daniel Ortega para mantenerles en silencio?”

Al respecto, Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha dicho que “Nicaragua está enfrentando una disyuntiva de vida o muerte. Estamos hablando no solo de la libertad sino de la vida de decenas de personas que fueron puestas tras las rejas para silenciarlas. La pregunta es: ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Daniel Ortega para mantenerles en silencio?”

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