Derechos Humanos
Más de un centenar de organizaciones, publicaciones y activistas respaldan a Quiñones
Decenas de organizaciones internacionales y medios de prensa condenaron el proceso contra el periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Haces, sancionado la semana pasada a cumplir un año de trabajo correccional con internamiento.
La declaración publicada el martes ha sido firmada por casi un centenar de periodistas y activistas pro derechos humanos.
En el documento denuncian la detención arbitraria, criminalización y sanción contra el periodista de Cubanet y expresan profunda preocupación "por el maltrato y tortura de los cuales fue objeto durante y después de detención".
Al mismo tiempo exigen al Estado garantías en el proceso penal del también abogado, que implemente medidas para que cese la represión contra defensores y activistas de derechos humanos y otras de orden legal para garantizar la independencia del poder judicial, entre otras demandas.
A continuación publicamos el texto íntegro de la Declaración:
|
13, de agosto de 2019.- El 1ro de agosto pasado, el periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, recibió un citatorio para presentarse ante el Tribunal Municipal Popular de la ciudad de Guantánamo, Cuba, en calidad de acusado. El 7 de agosto fue juzgado y sancionado a un año de privación de libertad sustituido por trabajo correccional con internamiento. Roberto Quiñones es un hombre de 62 años de edad, desde hace 12 años ejerce el periodismo en Cubanet y también es licenciado en Derecho. En 1999 fue sancionado a ocho años de prisión y desde entonces se le prohibió ejercer como abogado. Esta actual sanción se deriva de una cobertura que realizaba del juicio contra un matrimonio que había sido acusado por no llevar a sus hijos a la escuela e instruirlos desde casa. El 22 de abril, cuando el periodista se disponía a presenciar el juicio en el Tribunal Municipal Popular de Guantánamo, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo detuvieron, esposaron y golpearon. Lo llevaron detenido y lo mantuvieron preso por 5 días, acusado de resistencia y desobediencia, liberándolo bajo la advertencia de que el proceso en su contra seguiría. Durante el arresto le provocaron varias contusiones, escoriaciones, heridas y le perforaron el tímpano del oído derecho. Fue trasladado al hospital, pero la especialista que lo atendió no registró la lesión porque tenía un taco de cerumen en el oído. No fue diagnosticado hasta 7 días después de ser liberado, cuando requirió asistencia médica por su cuenta. Las autoridades denunciaron de oficio a los oficiales actuantes por los delitos de lesiones y al periodista por los delitos de resistencia y desobediencia. El 30 de abril, el Primer Fiscal Militar exculpó a los agentes y remitió la denuncia contra el periodista a la Fiscalía Provincial de Guantánamo. El 3 de mayo, el periodista presentó queja en la Fiscalía y una funcionaria le informó que por indicaciones de la Fiscalía General de la República su caso había sido trasladado a la Delegación del Ministerio del Interior, la misma institución que garantizó impunidad a sus agresores. El 6 de mayo, Roberto de Jesús presentó un escrito de queja por la decisión tomada por la Fiscalía Militar al Departamento de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior. Hasta la fecha no ha recibido respuesta. Desde el 9 de junio tiene prohibido salir de su provincia de residencia sin autorización de los agentes de la Seguridad del Estado que regularmente lo reprimen. La prohibición se mantiene en la actualidad. En ese mismo mes fue citado por un capitán de la PNR quien le hizo la propuesta de imponerle una multa para cerrar el caso. Roberto Quiñones se negó porque tal proceder implicaba admitir la responsabilidad de la acusación. Ello ocasionó que el juicio continuara su curso hasta la sanción notificada el 7 de agosto. Si bien Roberto Quiñones apeló la sentencia del Tribunal Municipal el 12 de agosto,se teme que la sanción se confirme y se haga efectiva la privación de su libertad. Del caso se desprende que el periodista fue juzgado sin las garantías mínimas del debido proceso por un tribunal no independiente, mediante un proceso penal sumarísimo en el cual no se respetó el principio de contradicción ni la igualdad entre las partes, como tampoco se dispuso del tiempo y de los medios adecuados para preparar su defensa. En lo que va de 2019, en Cuba han aumentado los actos de intimidación y hostigamiento que pueden ser tipificados como tortura por el derecho internacional, cometidos por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado, sin orden ni supervisión judicial, contra defensores de derechos humanos y periodistas independientes, con el objetivo de que, mediante el castigo o la intimidación, se inhiban de ejercer su derecho a opinar expresarse, asociarse y reunirse pacíficamente. En el caso específico de Roberto, agentes del estado cubano, en el desempeño de funciones oficiales, infringieron intencionalmente sufrimiento y dolor (mental y físico) severo a Roberto de Jesús Quiñones, actos prohibido por el articulo 7 del Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos, que el estado se comprometió a cumplir cuando lo firmó el 28 de febrero de 2008 y la Convención contra la Tortura de la cual es parte. Es importante resaltar que en el informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba, presentado este año por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Edison Lanza, se señala la criminalización de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Cuba, con énfasis particular en la detención arbitraria, tortura y citaciones. Asimismo, se nombra al periodista Roberto Jesús Quiñones por haber sufrido otra detención arbitraria hace menos de un año. Entre las recomendaciones del Relator, se instó al Estado cubano a adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir y erradicar la criminalización de quienes ejercen el derecho de libertad de expresión y de asociación; y Poner fin en el más breve plazo a la práctica de hostigamiento, incluyendo citaciones, detenciones de cualquier duración, y acoso a cualquier persona por causas relacionadas al ejercicio de su libertad de expresión, libertad de asociación, reunión u otros conexos. Asimismo, en el Examen Periódico Universal de Cuba, en septiembre 2018, también incluye las siguientes recomendaciones: Poner fin a la detención arbitraria y el hostigamiento de defensores de los derechos humanos, así como de profesionales de los medios de comunicación; y poner fin a las medidas que restringen la libertad de expresión y reunión, incluidas las detenciones de corta duración y la utilización de cargos penales generales como la “peligrosidad”. Es importante recordar las obligaciones del Estado cubano de garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas o firmadas por Cuba. El derecho a la libertad de expresión y de acceder a información son establecidos dentro del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 19 reitera específicamente los derechos garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículos 7, 9, 12, & 19; y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de conformidad con estándares internacionales de derechos humanos. Por todo ello, las organizaciones y personas abajo firmantes condenamos la ilegitima detención arbitraria, criminalización y sanción en contra del periodista Roberto Jesús Quiñones y expresamos nuestra profunda preocupación por el maltrato y tortura de los cuales fue objeto durante y después de detención. Asimismo, demandamos al Estado cubano lo siguiente: Que se respeten y garanticen los derechos de Roberto de Jesús Quiñones en el proceso penal seguido en su contra por las autoridades judiciales en la provincia de Guantánamo. Adoptar las medidas para que cese la represión contra defensores y activistas de derechos humanos, especialmente contra periodistas independientes y otros actores de la sociedad civil en situación de riesgo. Garantizar que estos actos de represión, intimidación y hostigamiento sean debidamente investigados y los responsables sancionados; conforme a la metodología del Protocolo de Estambul. Garantizar que todas las personas estén protegidas frente a la intimidación y la violencia a las que podrían exponerlas sus actividades o el simple ejercicio de sus libertades de opinión y expresión y sus derechos de asociación y reunión pacífica Adoptar medidas legislativas para garantizar la independencia del poder judicial y garantizar el respeto de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados. Preparar y ejecutar programas de formación para velar por que los jueces, fiscales, agentes del orden sean plenamente conscientes de las disposiciones internacionales que prohíben la tortura y los malos tratos. FIRMAN: Organizaciones/Instituciones/Fundaciones
|
|
Medios de comunicación
|
|
Periodistas, defensoras/es de derechos humanos y otras/os
|
Vea todas las noticias de hoy
"Mi familia está devastada", dice el hermano de uno de los cubanos presos tras las protestas del 17M
Asdrúbal Kindelán Garbey, uno de los cubanos que salió a las calles a protestar el pasado 17 de marzo en Santiago de Cuba, lleva más de una semana detenido tras acudir a una citación a la Unidad de la Policía El Palacete, en Santiago de Cuba.
"Mi familia está devastada", dijo su hermano Randy Kindelán a Martí Noticias. Para él, lo que le están haciendo a Asdrúbal es una muestra más de las injusticias que comete el régimen con quienes piensan diferente.
"Mi mamá no sale de la depresión. Desde que todo esto empezó no ha tenido fuerzas para ir a trabajar y mira que yo le doy ánimos y le digo que tiene que levantarse, que tenemos que seguir para transmitirle la fuerza a mi hermano. Pero ella está devastada, igual que su esposa y su hija. La niña tiene un teléfono de juguete y todos los días pregunta papá, papá, dónde tú estás, papá, ven", explica.
Kindelán fue arrestado por primera vez varios días después de las protestas, cuando los oficiales se llevaron preso a su hijo de 18 años, Cristian Osmauri Kindelán, y él hizo una directa denunciando lo sucedido.
“Ellos van a hacer lo que quieran conmigo. Me pueden detener, me pueden quitar hasta la vida, pero por la libertad de mi hijo yo voy a luchar hasta el final”, aseguró a nuestra redacción poco después de que lo liberaran con una multa de 50 mil pesos.
El pasado 3 de abril lo volvieron arrestar y su hermano dice que ahora lo acusan de "atentado".
"No puede ser otra cosa que no sea represalia, porque el no cometió ningún delito de atentado. Para eso lo primero que hay que hacer es agredir a alguien. Lo que le duele a la Seguridad del Estado, en particular el mayor Oscar, y a su jefe, el teniente coronel Abel, es la directa que hizo", explica.
Según cuenta, a Asdrúbal le dijeron que había tomado "un mal camino al denunciar" y querían que se retractara. En el video el cubano explicaba que había estado junto a su hijo, y su niña de tres años en brazos, durante la manifestación y que la Policía intentaba culpar al joven de delitos que no cometió.
"Mi familia nunca ha estado en una situación de este tipo porque nosotros siempre hemos sido personas correctas. Con nuestro pensamiento, con nuestros ideales, pero es que tener pensamiento e ideales no es un delito en ninguna parte del mundo, solamente en Cuba".
Randy Kindelán cree que la justicia les está fallando. "Cuando tú entras una prisión ya no sabes lo que pueda pasar con tu vida". No obstante, aclara, "queremos denunciar lo que está ocurriendo para que el mundo tenga otra prueba más de todas las injusticias que se cometen en Cuba".
"Algún día, cuando lleven a los dirigentes a a una Corte Internacional, tendrán una prueba más. Quiero que el mundo entero vea que nosotros, los ciudadanos de a pie que no tenemos cargo, que no tenemos familiares militares, que no tenemos nadie que nos respalde, estamos desnudos con las leyes que inventa la dictadura".
CIDH otorga medidas cautelares a favor de activista cubano Julio César Góngora
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el jueves medidas cautelares en favor del activista pinareño Julio César Góngora Millo, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicita al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del opositor; que adopte las medidas de protección que resulten necesarias para que pueda continuar realizando sus labores de defensa de derechos humanos, sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos, y actos de violencia, entre ellas, que el Estado le brinde las atenciones médicas correspondientes para que pueda realizar sus labores, entre otras disposiciones.
Desde el occidente cubano, Góngora agradeció la gestión de la CIDH: "Significa muchísimo, no solo para mí, somos muchos con situaciones precarias de salud en Cuba sin asistencia médica".
"Estoy reclamando porque no me cierran la herida, me han negado todos los tratamientos quirúrgicos, estoy postrado en una cama, inválido con una cistostomía hecha, yo fui al hospital nada más que por un absceso y ellos me picaron todo eso y se llevaron la uretra, la vejiga y me tuvieron que poner una manguera por la barriga. Esa herida tenían que cerrarla ellos desde los seis meses y se me niega todo tipo de operación, con esa herida abierta con riesgo para la vida, con una pelvis expuesta, me tienen sancionado a muerte aquí en mi casa, lentamente, porque simplemente no hacen nada absolutamente nada, esa herida como único se corrige es con un tratamiento quirúrgico y sin embargo el sistema cubano dice que no me opera, me han negado la operación", detalló.
"Incluso me han trancado en una consulta para interrogarme al lado de la dirección del hospital Abel Santamaría de Pinar del Río -el oficial Otoniel, Alejandro de nombre operativo y Yoel-, enfermo con una herida abierta con toda mi situación, se me han negado y decomisado los medicamentos. Yo estoy en estos momentos curándome con los apósitos que necesito porque la herida es muy grande, gracias al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)", aseguró el activista cubano.
También en la capital pinareña, el opositor José Rolando Cásares, confirmó el acoso en contra de Julio César que ha incluido hasta la confiscación de las ayudas.
“Hace dos meses y medio fui a llevarle unos medicamentos, fue después que vine de la visita a los Estados Unidos, llegando aquí a Pinar del Río fui con mi esposa y fuimos detenidos y nos quitaron los medicamentos”, explicó el también comunicador independiente.
Por su parte el abogado Yaxis Cires, asesor de estrategia del OCDH, agradeció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la gestión a favor del activista.
“Nosotros agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creemos que la resolución que ha dictado la CIDH en favor de Julio César es muy clara, en la exigencia del cese de la represión por parte de la policía política, en la exigencia de una atención médica adecuada, para que la salud de Julio César, no se vea todavía más deteriorada de la situación en la que se encuentra en estos momentos”, concluyó el asesor del OCDH.
Alcohol, drogas y extorsión al interior de las prisiones de Cuba, revela informe
Entre 2023 y lo que va de 2024, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) ha registrado decenas de denuncias de corrupción en centros penitenciarios de casi todo el país y advierte que este número puede ser mayor.
El abogado Juan Carlos González Leyva, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, dijo a esa organización que una forma de corrupción muy presente en los penales “es la introducción por parte de los guardias de alcohol, drogas ilícitas y medicamentos que están calificados como drogas, para ofrecerlas a los presos a cambio de dinero y favores”.
Otras denuncias de esta investigación publicada inicialmente en Diario de Cuba indican que guardias y directivos de prisiones roban alimentos, medicinas y otros bienes personales o que estaban destinados a toda la población penal.
Además, existen alianzas entre guardias y presos comunes con cargos disciplinarios para vender minutos de llamadas telefónicas, conceder horas de visita y pabellón matrimonial o tiempo para tomar el sol.
“La corrupción en el régimen carcelario es parte de una corrupción general en todo el país. Los bienes de la prisión, sobre todo los alimentos de los presos, son sustraídos en primer lugar por el jefe del penal, que usualmente es un teniente coronel del MININT, y también por otros funcionarios de menor rango. Esto conlleva a que los presos no se puedan alimentar bien”, afirmó González Leyva.
“Muchos jefes de prisiones tienen cochiqueras de cerdos que mantienen con la comida de los reclusos. Además, trafican con los medicamentos de la prisión y hacen casas con el trabajo esclavo de los presos”, dijo el activista.
El Centro de Documentación menciona testimonios de reclusos del Combinado del Este, en La Habana; Las Mangas, provincia de Granma y Kilo 8, en Camagüey, acerca de que las autoridades de prisión exigen a los reclusos que compren armas de fuego en el mercado negro y las entreguen como condición para recibir los beneficios que les corresponden.
De acuerdo con un informe reciente de la organización independiente de asesoría legal Cubalex, esta práctica “no solo somete a prisioneros y familiares a los peligros y los elevados costos que implica conseguir un arma en un país donde su tenencia está sumamente restringida, sino que también pudiera ser parte de un mercado ilegal de armas con autoridades penitenciarias en su centro, debido a la ausencia total de transparencia que acompaña este tipo de acciones”.
González Leyva mencionó además que las autoridades corruptas utilizan su poder para decidir “el pase a un régimen de menor severidad, el otorgamiento de la progresión del régimen carcelario y otros beneficios que son otorgados a los reclusos muy obedientes, a quienes están trabajando de manera esclava para estos jefes y no dicen nada”.
En noviembre de 2023, representantes del régimen de La Habana afirmaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en los últimos cinco años, se había sancionado a "144 funcionarios de prisiones por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones".
Además dijeron que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".
En el más reciente informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Cuba consta que la delegación cubana aseguró que sus propias autoridades habían realizado 6.400 inspecciones de centros penitenciarios.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas advierte que las modalidades de corrupción están normalizadas en el sistema penitenciario cubano.
Otero Alcántara se prepara en prisión “para protestas más fuertes”
Tras más de dos semanas sin noticias del prisionero político Luis Manuel Otero Alcántara, en un post publicado en las redes sociales la curadora de arte y activista Yanelis Núñez informó haber recibido una llamada telefónica del joven artista explicando las razones de su silencio.
“Se debía a una protesta que estaba realizando dentro de la prisión de Guanajay”, explicó Núñez.
“Luis Manuel no se resigna a este presidio político que ya dura 2 años y 9 meses; y sólo gestos como las huelgas de hambre o el negarse a recibir visitas y alimentos de sus familiares; y recientemente el no hacer uso de sus llamadas reglamentarias, es lo que le hace sentirse un poco vivo y en rebelión”, dijo la activista residente en Madrid.
El creador del Movimiento San Isidro fue encarcelado el 11 de julio de 2021, luego de sumarse a las protestas antigubernamentales que se dieron en toda la isla. Al año siguiente fue condenado a cinco años de prisión por desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos de la Patria, tras un juicio celebrado a puerta cerrada. Desde entonces permanece encarcelado en la Prisión de Máxima Seguridad de Guanajay.
Según Núñez la incomunicación con el exterior de Otero Alcántara se debe a un entrenamiento voluntario para fortalecer su capacidad de resistencia. “Luis Manuel dijo que este gesto de “desconexión con el exterior” constituía un episodio de preparación para otras protestas más fuertes”.
La curadadora confesó el temor por la vida y la salud mental de Otero Alcántara que sienten todos sus amigos y seguidores que exigen su liberación inmediata.
En febrero el Tribunal Provincial Popular de Artemisa desestimó una solicitud de libertad condicional a favor del preso político porque las autoridades judiciales cubanas consideraron que con Otero Alcántara "no se han alcanzado los fines de la pena" y que el preso político de 36 años de edad "no está en condiciones de enfrentarse a la reinserción social de una manera positiva ante la familia y la sociedad, máximo cuando se trata de un delito regulado en la instrucción 273 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular" por lo que determinan que debe "permanecer en prisión”.
El prisionero político, reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue seleccionado por la revista Time como “una de las 100 personas más influyentes de 2021” y también fue galardonado con el prestigioso Premio Príncipe Klaus, entre otras distinciones.
La Habana guarda silencio sobre propuesta de amnistiar a los presos políticos
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó que el régimen de La Habana no respondió a la petición de reacción, cursada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el mes de enero de este año, sobre las vías legales existentes para liberar o excarcelar a los presos políticos de la isla.
“Hemos estado dando seguimiento a este asunto, y ya vencido el plazo que la CIDH otorgó al Estado cubano, no se ha recibido ninguna respuesta de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba”, afirmó desde Madrid, Yaxis Cires, jefe de Estrategias del OCDH.
En declaraciones a Martí Noticias el jefe de Estrategias de OCDH manifestó preocupación por el silencio del régimen de la isla, que a su juicio "demuestra la falta de voluntad política del Estado cubano para liberar a los prisioneros políticos y de conciencia”.
La liberación de los más de mil prisioneros políticos que hay en estos momentos en Cuba ha sido una petición recurrente en las esferas políticas y de defensa de los derechos humanos en el mundo, recordó Cires: "La han pedido instituciones internacionales, personalidades internacionales y organizaciones de derechos humanos, tanto del ámbito nacional como internacional y, en segundo lugar, también demuestra el desapego del régimen cubano a lo que dicen las instituciones internacionales en materia de derechos humanos, a pesar de la imagen que dan de que siempre cumplen con el Derecho Internacional”.
“Lamentablemente, eso no es así y, este asunto, ya hemos reiterado que es de índole ya incluso humanitaria, todo lo que tiene que ver con la grave situación de los prisioneros políticos y de conciencia que, además de soportar una condena injusta, después de no cumplirse los principios del Debido Proceso y de ser condenados por el ejercicio de sus derechos humanos, también están en condiciones humanitariamente muy cuestionables y muy deterioradas en el sistema carcelario cubano”, concluyó el activista.
La propuesta de Ley de Amnistía, que fuera confeccionada por OCDH y entregada al canciller cubano Bruno Rodríguez en enero, detalla todas las vías legales de acuerdo a la Constitución y al Código Penal vigente en Cuba que hacían factible la liberación de los prisioneros políticos.
La iniciativa tenía en cuenta que una Ley de Amnistía: podría ser aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular para excarcelar a los prisioneros por motivos políticos o de conciencia; que los Indultos, contemplados en el Código Penal, servirían para excarcelar al 100% de los presos y condenados por motivos políticos o de conciencia; que la Licencia Extrapenal, incluida en la nueva Ley de Ejecución Penal, puede conceder, por causas humanitarias y previa solicitud, licencia extrapenal al 100% de los condenados, en virtud de problemas de salud, por resultar miembros de familias vulnerables que requieren ayuda de los poderes e instituciones sociales y del Estado; que la libertad condicional ordinaria o extraordinaria está contemplada en la nueva Ley de Ejecución Penal, lo mismo que la Sustitución de la sanción de privación temporal de libertad por sanciones alternativas.
El régimen cubano sostiene que en la isla no hay presos políticos y que no hay nadie privado de libertad por sus opiniones políticas o por motivos ideológicos, según reiteraron recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
(Con reporte de Ariane González para Martí Noticias)
Foro