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América Latina

Lula recibe segunda condena por corrupción

Miembros del Movimiento de los Sin Tierra portan máscaras con el rostro del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La Justicia brasileña condenó este miércoles, por segunda vez, al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril del año pasado, a 12 años y 11 meses de cárcel por los delitos de corrupción y lavado de dinero.

El exmandatario, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, sufrió un nuevo revés judicial tras la condena en primera instancia dictada este miércoles por la magistrada federal Gabriela Hardt, que consideró que Lula se benefició de las reformas en una casa de campo en Atibaia, en el interior de Sao Paulo.

La casa está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, pero, de acuerdo con la Justicia, el expresidente se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 271.000 dólares) que hicieron Odebrecht, OAS y Schain a cambio de ayudas en la obtención de contratos en Petrobras.

"Es un hecho que la familia del presidente Lula frecuentaba de forma asidua el inmueble y lo usó como si fuese de él. Inclusive, en 2014, Fernando Bittar alegó que su familia ya no lo frecuentaba con asiduidad, siendo este más usado por la familia de Lula", subrayó la jueza en su sentencia.

La condena, que todavía puede ser recurrida por la defensa en instancias superiores, es la segunda dictada en menos de dos años contra el expresidente, quien tiene un total de ocho causas penales abiertas en la justicia, todas ellas relacionadas con asuntos de corrupción.

Además de Lula, la jueza Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención).

En el caso de Emilio Odebrecht es la primera condena que recibe en el marco de la Operación Lava Jato, que destapó en 2014 los millonarios desvíos que ocurrieron durante años en la petrolera estatal Petrobras.

La primera sentencia contra Lula fue dictada en julio de 2017 por el juez Sergio Moro, quien abandonó la magistratura el pasado año para asumir en enero como ministro de Justicia y Seguridad Pública del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Dicha pena fue ratificada en enero de 2018 por un tribunal de segunda instancia y, dos meses y medio después, Lula entró en prisión para cumplir una pena de 12 años y un mes de cárcel, la cual purga en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba (sur).

Tras la segunda condena, el Partido de los Trabajadores (PT) reiteró este miércoles que su máximo líder es víctima de una "persecución" y señaló que, en la memoria del pueblo, el expresidente "siempre será mayor que sus verdugos".

La presidenta de la formación progresista, la diputada federal Gleisi Hoffmann, denunció además que esta segunda sentencia llega "exactamente cuando crece la posibilidad de Lula" de ser Premio Nobel de la Paz, cuya candidatura promueve el Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel.

El presidente Bolsonaro se hizo eco en sus redes sociales de la condena contra Lula, uno de sus principales rivales políticos y quien se quedó fuera de las elecciones de octubre después de que su candidatura fuera vetada por la Justicia Electoral en base a normas que impiden que condenados en segunda instancia, como es su caso, puedan presentarse a cargos públicos.

Fue entonces cuando nombró como su sustituto en la contienda al exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, quien intentó absorber el caudal político de su padrino político, pero acabó derrotado en la segunda vuelta de los comicios presidenciales frente a Bolsonaro.

El gobernante brasileño ha culpado al partido de Lula de la crisis política y social en la que, según él, está inmerso Brasil y en su investidura llegó a decir ante miles de personas que la bandera del país "jamás será roja", en referencia al PT.

Recluido desde hace casi 10 meses, Lula ha limitado sus manifestaciones a la correspondencia escrita desde la cárcel, donde recibe la visita semanal de sus allegados, y ha intentado sin éxito su libertad a través de un sinfín de recursos presentados por su defensa ante la Justicia.

Una de sus últimas cartas para conseguir su libertad radica en el Supremo y en que se revierta un parecer de la máxima corte del país que autorizó que los condenados en segunda instancia comiencen a cumplir su pena aún con recursos disponibles en instancias superiores, lo que podría ocurrir en los próximos meses.

(EFE)

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Brasil crea un "gabinete de crisis" para abordar conflicto fronterizo con Venezuela

Venezolanos tratan de buscar ayuda en Pacaraima, Roraima, cruce fronterizo con Venezuela.

El ministro de Seguridad Institucional de Brasil, general de la reserva Augusto Heleno Ribeiro, anunció que el Gobierno de Jair Bolsonaro, está creando un "gabinete de crisis" para evaluar los efectos económicos que puede acarrear el cierre de frontera en Roraima, que es uno de los estados más pobres de Brasil.

"Estamos creando un gabinete de crisis para analizar posibles perjuicios para Roraima y para los venezolanos que están en Brasil", afirmó Heleno. "Tenemos qu esperar el desarrollo de los acontecimientos", agregó.

El Gobierno de Brasil descartó este viernes una "acción agresiva" en la frontera con Venezuela, después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, cerrara el paso entre los dos países para impedir la llegada de la ayuda humanitaria.

Brasil continúa con los preparativos para el envío, a partir de este sábado, de 22 toneladas de leche en polvo y 500 kits de primeros auxilios hacia Venezuela, a pesar del cierre del límite fronterizo decretado por Maduro en la víspera.

De hecho, un primer avión de la Fuerza Área brasileña llegó en la mañana de este viernes al estado limítrofe de Roraima, desde donde se pretende trasladarla al país vecino.

Según declaró Heleno, "por el momento todo está calmado" en Roraima, que ha sido la principal puerta de entrada de los miles de venezolanos que en los últimos años han huido de la crisis política, económica y social por la que atraviesa su país.

Roraima albergará uno de los centros de acopio de ayuda humanitaria que el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, quien se proclamó en enero pasado presidente de ese país y ha sido reconocido por unas 50 naciones, pretende introducir en Venezuela a partir del próximo sábado.

Sin embargo, Maduro ordenó el jueves el cierre de la frontera con Brasil y con las islas de los Países Bajos, incluyendo a Curazao, mientras analiza si hace lo mismo con el paso a Colombia, donde está otro de los centros de acopio.

Posteriormente, Guaidó, que cuenta con el respaldo de Bolsonaro, ordenó la apertura de la frontera con Brasil. Por otro lado, el gobernador de Roraima, Antonio Denarium, afirmó el jueves a la estatal Agencia Brasil que busca alternativas para garantizar que los medicamentos y alimentos recolectados por el Ejecutivo brasileño lleguen a Venezuela.

Nicaragua: Suspenden juicios a manifestantes tras anuncio de negociaciones

Manifestantes antigubernamentales realizan una protesta para que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, abandonen el poder.

Al menos tres juicios y una audiencia inicial contra 15 estudiantes y campesinos de Nicaragua que participaron en protestas antigubernamentales en 2018 fueron suspendidos este viernes por la Corte Suprema de Justicia, luego de que el presidente Daniel Ortega anunciara el inicio de unas negociaciones para superar la crisis que vive el país.

En declaraciones a los periodistas el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Julio Montenegro, señaló que desconoce si los juicios serán retomados en las próximas horas o días.

Montenegro dijo estar "extrañado" con la decisión de la Corte, que el lunes pasado condenó a tres líderes campesinos a penas de hasta 216 años de prisión por participar en protestas contra Ortega, unas sentencias que generaron indignación y duras críticas tanto dentro como fuera de Nicaragua.

Los familiares de los presos que acudieron al Complejo Judicial de Managua esta mañana "se mostraron bastante entusiasmados, porque, de alguna manera, están sospechando que eso tiene que ver con las pláticas o posible acuerdo que pueda haber con el Gobierno, en el sentido de que los casos sean anulados", afirmó el abogado.

El presidente Ortega convocó el jueves a la reanudación del diálogo nacional para el próximo miércoles 27 de febrero, con el fin de buscar una salida a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, y otros miles en el exilio.

Este viernes, horas antes de conocerse la suspensión de las audiencias judiciales, el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos informó a Efe que unas negociaciones de Ortega con sectores nacionales no serán legítimas si siguen habiendo con manifestantes encarcelados.

Las negociaciones, anunciadas por Ortega y confirmadas por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, iniciarán el próximo miércoles, en sustitución del diálogo nacional que el presidente abandonó en julio pasado.

Las negociaciones entre la Alianza y Ortega han recibido la aprobación de casi todos los sectores de oposición, pero con reservas sobre si el gobernante cumplirá con las recomendaciones de la CIDH y sólo busca ganar tiempo en el poder.

La crisis sociopolítica que Nicaragua vive desde abril pasado ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 777 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El presidente reconoce 199 muertos y 340 detenidos.

(Agencia EFE)

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