América Latina
- martinoticias.com
Reaparece el ex presidente Lugo
Afirma que fue víctima de un golpe parlamentario
El sucesor Federico Franco, por su lado, negó el sábado que en Paraguay se haya dado un golpe de Estado y pidió comprensión ante el malestar de gobiernos latinoamericanos que condenaron ese proceso.
La agencia Prensa Asociada dijo que Lugo participó de una mesa redonda con periodistas locales y del exterior señalando que "en nueve meses estaría retornando la normalidad con las elecciones generales" del 21 de abril de 2013.
Franco completará el trucado período de gobierno de Lugo de cinco años hasta el 15 de agosto de 2013.
"Los obispos me visitaron antes del juicio político pidiéndome que renunciara para pacificar al país. En aras al no derramamiento de sangre, a la paz, tuve que aceptar el resultado del injusto juicio político", agregó el ex obispo del norteño departamento de San Pedro, el más pobre de la república.
Acusó a los medios de prensa locales de no informar los detalles de su defensa "respondiendo a sus propios intereses", sin hacer especificaciones.
Lugo señaló que "el presidente Franco seguramente se creyó capaz de gobernar, por eso aceptó la presidencia a través del golpe de Estado mediante el juicio político. Su gobierno tendrá que mostrar la capacidad de resistir al bloqueo que le están anunciando los países de la región. Si no lo aguanta, tendrá que buscar alguna solución".
Finalmente, confesó que la recuperación de su presidencia "será muy difícil, pero pido a la ciudadanía que siga manifestándose pacíficamente", en alusión a aproximadamente un millar de personas reunidas frente al edificio de la TV pública, en el centro de Asunción, criticando a los legisladores y pidiendo la vuelta de Lugo al frente del Poder Ejecutivo.
Los participantes del mitin con escenario, micrófono y altoparlantes, la mayoría militantes partidos y organizaciones de izquierda, se alteraron cuando el periodista local José Luis Simón calificó a Hugo Chávez y Fidel Castro como "tiranos y dictadores" añadiendo que Lugo "fue un mal gobernante". Sorpresivamente, lo dejaron sin micrófono y hubo un breve apagón. Simón fue obligado a cortar su discurso.
Mientras numerosos gobiernos regionales se manifiestan en contra del cambio, el senador Alberto Grillón del Partido Democrático Popular y amigo personal de Lugo, anunció que "no se descarta que Lugo decida presentarse como candidato a senador por la coalición Frente Guasú (Frente Grande, en idioma guaraní)", un conglomerado de 19 organizaciones y partidos de izquierda.
El ex gobernante está habilitado para pugnar por puestos electivos porque al perder el cargo antes de completar los cinco años de mandato (hasta agosto de 2013) no lo afecta la prohibición constitucional de luchar por la reelección.
Argentina, Bolivia, Ecuador y Cuba dijeron que lo que se dio en Asunción fue un golpe de estado y que no reconocerán el gobierno de Franco, mientras que algunos analistas estiman que el nuevo gobernante estará aislado de la comunidad internacional.
Franco, de 49 años y que fungía como vicepresidente, fue juramentado el viernes como el nuevo mandatario luego de que el Senado, en una sesión de apenas algunas horas, destituyó a Lugo por mal desempeño en sus funciones. Al nuevo gobernante le corresponderá concluir lo que resta del mandato de Lugo, quien debía entregar la presidencia en agosto del 2013.
Franco informó de inmediato la designación del diplomático José Félix Fernández, ex canciller entre 1999 y 2002, como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, "cuya principal tarea es ir a Brasil, Argentina y Uruguay para dialogar con sus autoridades acerca de la legalidad y legitimidad de este cambio en la conducción del país".
Paraguay integra el Mercosur con Argentina, Brasil y Uruguay. Estas cuatro naciones también forman parte de la Unasur junto a Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.
Los presidentes de Ecuador, Venezuela y Argentina, cada uno por su lado, anunciaron que solicitarán la expulsión de Paraguay de esos bloques.
Argentina anunció en la jornada el retiro inmediato de su embajador en Asunción, frente a los graves acontecimientos" que derivaron en que se destituyera a Lugo. La cancillería informó que la representación quedará en manos de un encargado de negocios "hasta tanto se restablezca el orden democrático en dicho país.
Franco dijo que su canciller irá con un mensaje claro a Argentina, Brasil y Uruguay: "Aquí no hubo ningún quiebre democrático. La alternancia de mando a través del juicio político está establecida en la constitución nacional".
El nuevo líder, que mantuvo diferencias con Lugo, prometió que "pagaremos los compromisos de la deuda externa contraídos por los gobiernos anteriores y tendremos un respeto irrestricto hacia la propiedad privada y la producción".
Para el analista político Adam Isacson, del Washington Office on Latin America, "el cambio de Lugo se ve terrible por toda la región porque parece que un presidente puede ser removido sencillamente por ser impopular o por tomar decisiones impopulares".
Pronosticó que "el nuevo gobierno será bastante aislado durante todo el tiempo que esté en el poder hasta tanto lleguen las nuevas autoridades a ser elegidas en 2013".
Para el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, hay dudas sobre si el procedimiento de destitución brindó a Lugo el pleno derecho a defenderse de las imputaciones que se le hacían. Mediante un comunicado difundido por la OEA, Insulza dijo que en la comunidad internacional hay una "percepción generalizada" de que la destitución de Lugo constituyó un acto de "irrespeto al debido proceso y al derecho de legítima defensa".
"La letra de la ley nunca puede amparar la violación de los principios", agregó. "Nadie quisiera que esto se transforme en una tendencia que empañe este período democrático de nuestra región, al que ha sido tan difícil llegar", señaló Insulza.
El nuncio apostólico del Vaticano en Asunción, monseñor Antonio Ariotti, se reunió el sábado con Franco en el palacio presidencial y aunque no dijo explícitamente que el papa Benedicto XVI reconocía la legalidad del cambio de gobierno tras la destitución del ex obispo católico de 61 años, destacó el comportamiento de la ciudadanía.
"Me gustó mucho el comportamiento del pueblo sencillo y (que) todas las autoridades hayan pensado en el bien del país, continuar dando lo mejor de cada uno para la patria que necesita la fuerza para seguir en el camino de la paz", afirmó a periodistas.
Vea todas las noticias de hoy
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
Foro