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Cuba

Los ministros de Díaz-Canel

Miguel Diaz-Canel (i), el vicepresidente primero de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa (d), y el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez (c).

El Parlamento cubano aprobó por unanimidad un nuevo Consejo de Ministros.

En el inicio de la Novena Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular con la presencia de Díaz Canel y Raúl Castro se presentó a los integrantes del Consejo de Ministros (23 ministerios y 3 institutos).

En el Comité Ejecutivo fueron ratificados como vicepresidentes del Consejo de Ministros Ramiro Valdés Menédez, Ricardo Cabrisas Ruiz y Ulises Rosales del Toro.

Se promovió como Vicepresidentes a Inés María Chapman Waugh, que presidía el Instituto de Recursos Hidráulicos, y a Roberto Morales Ojeda, que ocupaba la cartera de Salud Pública.

Como Secretario del Consejo de Ministros fue ratificado José Amado Ricardo Guerra. Ricardo Guerra fue desde febrero de 2006 Jefe de la Secretaría del Ministro de las FAR, puesto subordinado directamente al entonces ministro y desde 2008 presidente de los Consejos de Estado y Ministros Raúl Castro Ruz.

Ratifican miembros del Consejo de Ministros

  • Ena Elsa Velázquez Cobiella, Ministra de Educación
  • Lina Olinda Pedraza Rodríguez, Ministra de Finanzas y Precios
  • Irma Margarita Martínez Castrillón, Ministra – Presidenta del Banco Central de Cuba
  • Margarita González Fernández, Ministra de Trabajo y Seguridad Social
  • Elba Rosa Pérez Montoya, Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
  • Leopoldo Cintra Frías, Ministro de las FAR
  • Julio César Gandarilla, Ministro del Interior
  • Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores
  • René Mesa Villafaña, Ministro de la Construcción
  • Adel Yzquierdo Rodríguez, Ministro de Transporte
  • Rodrigo Malmierca Díaz, Ministro de Comercio Exterior
  • Manuel Marrero Cruz, Ministro de Turismo
  • Gustavo Rodríguez Rollero, Ministro de Agricultura
  • Alfredo López Valdés, Ministro de Industrias
  • José Ramón Saborido Loidi, Ministro de Educación Superior
  • Alfonso Noya Martínez, Presidente del ICRT
  • Antonio Eduardo Becali Garrido, Presidente del INDER

Siete nuevos miembros integran el gabinete renovado, dos promovidos por el ascenso a las vicepresidencias de los titulares, y los otros siete en relevo de los anteriores

Los nuevos miembros son:

  • Iris Quiñones, Ministra de la Industria Alimentaria (sustituye a María del Carmen Concepción González quien era ministra desde el 2009)
  • Betsy Díaz Velázquez, Ministra de Comercio Interior (sustituye a Mary Blanca Ortega Barredo, quien estaba en el cargo desde 2011)
  • Alejandro Gil Fernández, Ministro de Economía y Planificación (fue viceministro primero de Finanzas y Precios y sustituye a Ricardo Cabrisas, quien estuvo en el cargo desde 2016 simultaneando con la vicepresidencia)
  • José Angel Portal Miranda, Ministro de Salud Pública (Roberto Morales Ojeda, figura cercana a Díaz Canel, en el cargo desde 201,0 ha sido nombrado vicepresidente)
  • Raúl García Barreiro, Ministro de Energía y Minas (sustituye a Alfredo López Valdés, quien ocupaba el cargo desde 2008)
  • Jorge Luis Perdomo, Ministro de Comunicaciones (sustituye a Maimir Mesa Ramos en el cargo desde 2012)
  • Alpidio Alonso Grau, Ministro de Cultura (sustituye a Abel Prieto, Ministro Interino desde 2016)
  • Oscar Silveira, Ministro de Justicia (sustituye a María Esther Reus, en el cargo desde 2007)
  • Antonio Rodríguez, Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (sustituye a Inés María Chapman, quien fue promovida a una de las cinco vicepresidencias. Anteriormente eran cuatro)

Marino Murillo, el zar de las reformas, quedó fuera del nuevo gabinete.

Según la agencia EFE la televisión estatal ha estado trasmitiendo con una hora de retraso los debates en el pleno del parlamento unicameral, al que no tiene acceso la prensa extranjera.

En días pasados Cuba anunció la creación del cargo de Primer Ministro, una posición que está sujeta a la aprobación de la reforma constitucional.

La reforma crearía el puesto de premier junto con el de presidente, dividiendo así los roles de jefe de gobierno y jefe de Estado, aunque este último añadiría a sus poderes el de presidir también la Asamblea Nacional.​

Nada nuevo...

El opositor Antonio Rodiles declaró a Radio Martí que en el nombramiento del Consejo de Ministros no hubo sorpresas.

“Como siempre, se van a mantener un número de personas que son de la vieja guardia, que van a estar siguiendo de cerca lo que ocurre en estas llamadas instituciones, ministros, algunos de ellos, desconocidos", apuntó el activista en entrevista con la periodista Idolidia Darias de Radio Martí.

Declaraciones de Antonio Rodiles
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El coordinador del Foro por los Derechos y Libertades asegura que "Todo esto es parte del plan que el régimen está llevando adelante para mostrar que en Cuba hay una cierta institucionalidad, un gobierno civil, pero lo que estamos viendo detrás es que el proyecto de Constitución, y de todos los pasos que están dando no abren para nada un camino nuevo hacia los derechos y libertades fundamentales, esos están completamente ausentes. Solo hacen un protocolo de institucionalidad en el régimen, están vendiendo eso hacia el exterior. Es coherente con la visión de Raúl Castro de dejarle la finca en las mejores condiciones a su heredero que es Alejandro Castro Espín”.

La periodista Yoani Sánchez tuvo una reacción similar al conocer que de los 34 miembros del Consejo de Ministros, Díaz-Canel ratificó a 20 ministros de Castro:

"Pocos cambios... Díaz-Canel conforma su gabinete con la mayoría de los ministros de Castro. Las carteras de #Economía, #Comunicación, #Cultura y #Justicia cambian de mano, pero #Interior #Exteriores y #FAR se mantienen igual", publicó en Twitter.

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Cae red de tráfico de migrantes cubanos en Costa Rica; cobraban hasta $ 2000 (VIDEO)

Operativo de la Policía de Migración de Costa Rica.

La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica desarticuló una red de tráfico humano que transportaba a migrantes cubanos.

Una nota oficial asegura que el operativo se produjo a primera hora de este martes y se allanaron 9 sitios.

La Policía Profesional de Migración desarticuló a la organización criminal dedicada el tráfico ilícito de migrantes de nacionalidad cubana y detuvo al líder y a otras personas involucradas con la organización.

El sitio Costa Rica Hoy cita a el subdirector de la policía, el oficial Alonso Soto, quien aseguró que la banda era liderada por 2 costarricenses que cobraban entre mil y dos mil dólares a los cubanos por cruzarlos de Panamá a Costa Rica y después a Nicaragua, para que siguieran su camino hasta los Estados Unidos.

"La banda manejaba dos tarifas: Si el cruce era solo interno (territorio nacional de frontera a frontera) se cobraban 400 dólares, pero si involucraba fronteras (de Panamá a Costa Rica, Costa Rica hacia Nicaragua y hasta otros país centroamericanos), podían llegar a cobrar hasta 2000 dólares", asegura la publicación.

Residente en Uruguay atrapado en Cuba demanda al gobierno por daños y perjuicios (VIDEO)

Lidier Hernández Sotolongo. (Facebook)

Una demanda por daños y perjuicios será interpuesta contra el Estado cubano por el activista Lidier Hernández, quien lleva más de una semana retenido en la isla sin poder salir hacia Uruguay, país donde reside.

Hernández, a quien las autoridades comunicaron este lunes que continúa regulado, hizo el anuncio desde Cienfuegos en su cuenta de Facebook.

"Hoy fui a oficina de trámites y me dicen que sigo regulado (prohibido de salir de Cuba) y que la fecha “no la pueden ver en el sistema”... Que eso “lo sabe quien me puso la regulación”! Así las cosas", escribió.

"Desgraciadamente sigo sin respuestas, sigo sin saber hasta cuando voy a tener prohibido salir de Cuba. Estoy asesorándome con un abogado que está interesado en defender mi caso y voy a comenzar ya el proceso para presentar una demanda contra el Estado cubano por daños y perjuicios", explicó Hernández a través de un Facebook Live.

El joven añadió que la prohibición del gobierno le ha ocasionado daños económicos por gastos que no tenía previstos, y poner en peligro su estabilidad económica al tener que permanecer en la isla por tiempo indefinido. "Hace una semana hoy que debería haberme incorporado a mi trabajo", señaló.

Dijo, además, que la situación en la que se encuentra afecta su vida íntima y su estabilidad psicológica y física a causa del estrés.

En la mañana de este lunes, Hernández comprobó en una oficina de trámites del Ministerio del Interior que sigue "regulado", una categoría bajo la cual no puede salir del país.

Para saber hasta cuándo estará regulado tendrá que hablar directamente "con las personas que me pusieron esta regulación", pero esas personas ya le dijeron el pasado 17 de febrero "que no tenían ningún interés en darme una explicación o documento que avale el por qué tiene prohibido salir de Cuba".

Tras la injusticia cometida en su caso, Hernández se ha solidarizado con el caso de más de 200 "regulados" en la isla. "A mí fui a uno de los últimos que le pasó, no soy yo solo", subrayó.

Hernández reside desde hace más de tres años en Uruguay, donde tiene a su esposa. "El gobierno de Cuba no me deja regresar a donde vivo y donde tengo mi familia por el simple hecho de ejercer mi libertad de expresión".

Aunque el joven emigrado no confía en la legalidad que ofrecen las instituciones cubanas, ha llevado su caso "por los canales pertinentes", a la espera de que "ellos decidan -espero que sea pronto- que yo puedo salir de acá".

Hernández dijo que lleva un año haciendo activismo político en Uruguay "para que esto no le pasara ni a un cubano más", pero "se ve que no ha sido suficiente, (...) que no se ha sumado la cantidad de cubanos suficiente para que este tipo de injusticia termine", concluyó.

En enero de 2020, Hernández compartió imágenes en las redes sociales donde lideraba a un grupo de cubanos que intentaban realizar una protesta pacífica frente al edificio de la embajada de la isla en Montevideo.

Boteros ganan terreno con protesta por nuevas regulaciones

Almendrones en La Habana. (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

La falta de transporte debido al paro de los boteros en Mayaquebe, Artemisa y La Habana contra regulaciones del gobierno que consideran injustas, ha provocado una gran acumulación de personas en terminales y puntos de recogida, y la protesta de estos.

Los transportistas privados controlan la mayoría del traslado de pasajeros en esas provincias, razón por la que las autoridades, con el propósito de disminuir tensiones, han decidido no aplicar en la práctica esas regulaciones, dijo a Radio Martí desde Mayabeque, Esteban Hernández González, delegado para la región occidental de la Coalición de Cuentapropistas de Cuba.

Según Hernández González, "el gobierno ha flexibilizado, y le ha indicado al parecer a la policía y a los inspectores reducir un poco la presión sobre los transportistas para que poco a poco se vayan incorporando, porque la situación se puso muy tensa y el Estado no tuvo como responder a la demanda de transporte".

Las regulaciones provocaron, señaló el cuentapropista, "una paralización de casi 70 por ciento del transporte privado". En estos momentos "alrededor del 50 por ciento" se habría incorporado a sus labores, añadió.

Boteros afirman que el gobierno ha tenido que ceder ante su protesta
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En estos momentos los choferes privados están cobrado sin tope salarial y la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos está a la espera de una respuesta al manifiesto que les entregaron a las autoridades del Ministerio de Transporte, explicó Hernández González.

"Los transportistas están cobrando lo que estaba previsto antes y a veces hasta más (...). La respuesta [de las autoridades del Transporte] ha sido dejar hacer para evitar que las cosas se pongan más malas", afirmó.

Desde la capital, el botero Rafael Alba Macías comentó que ya no hay presencia de policías e inspectores en piqueras y puntos de control. "Ya se han quitado un poco (...) y los boteros han empezado a trabajar".

En la primera semana de su puesta en marcha se aplicaron multas por el valor de miles de pesos y se retiraron decenas de licencias a las transportistas que no estaban cumpliendo con la disposición, dijo en entrevista con el diario estatal Juventud Rebelde, el director de transporte en la Habana, José Conesa González.

Entre los puntos que rechazan los transportistas se encuentran el tope de precio al pasaje, la prohibición de recoger turistas extranjeros y la limitación del número de pasajeros que pueden llevar.

Denuncian cerco policial a viviendas de miembros de UNPACU

Continúa el operativo en la sede de UNPACU en Santiago de Cuba.

Opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) permanecen desde hace varias semanas con sus viviendas vigiladas por efectivos policiales en diferentes puntos de la ciudad de Santiago de Cuba.

También en otras partes de la isla miembros del grupo opositor reportan acoso por parte de las autoridades, según dijo a Radio Martí el coordinador de UNPACU, Ovidio Martín Castellanos.

Declaraciones de Ovidio Martín Castellanos a Radio Martí
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"Desde horas de la mañana el cerco ha sido completamente visible, frente con frente a nuestra vivienda, los agentes de la policía política reprimiendo a quien pueda en un momento determinado llegar", dijo Castellanos.

Los agentes tienen la orden de evitar que los activistas que intenten solidarizarse con la situación de los miembros de UNPACU apresados desde el 1 de octubre puedan llegar a las distintas sedes de la organización opositora, agregó.

En el caso de otros integrantes de UNPACU, Castellanos asegura que "el régimen les ha puesto agentes" a vigilar sus viviendas para evitar que se reúnan.

En La Habana, señaló Castellanos, el coordinador del movimiento en la capital Zaqueo Báez Guerrero se encuentra en la misma situación. "Cada vez [las autoridades de régimen] se ponen más agresivos en contra de los que luchamos pacíficamente por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos", concluyó.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

Aniversario 24 del derribo de las Avionetas de Hermanos al Rescate

Miles de exiliados cubanos recordaron a las víctimas del Derribo de las Avionetas en el estadio Orange Bowl en Miami el 2 de marzo de 1996.

El 24 de febrero de 1996 la Fuerza Aérea de Cuba derribó en aguas internacionales dos endebles avionetas de Hermanos al Rescate, el grupo de pilotos civiles que sobrevolaba el Estrecho de la Florida en labores de salvamento de balseros cubanos.

Fue un operativo fulminante. En cuestión de minutos los misiles aire-aire de los MIG-29 cubanos pulverizaron las avionetas desarmadas que habían salido desde Miami a rescatar inmigrantes. Así perdieron la vida tres pilotos estadounidenses de origen cubano, Carlos Costa, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., y el residente cubano, Pablo Morales.

A bordo de otra avioneta, cuatro personas lograron sobrevivir tras escapar de una persecución aérea de más de una hora: José Basulto, el fundador de Hermanos al Rescate, el copiloto Arnaldo Iglesias y el matrimonio de Andrés y Silvia Iriondo.

A pesar de los múltiples intentos del régimen de La Habana por justificar la acción bajo el pretexto de que habían sobrevolado el espacio aéreo cubano, el derribo de las avionetas fue condenado por la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otras organizaciones internacionales.

Ricardo Alarcón, entonces Presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que las avionetas violaron el espacio aéreo cubano.

Una exhaustiva investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OAIC) determinó que las naves N2456S y N5485S fueron derribadas en aguas internacionales, que las autoridades de Cuba no cumplieron los protocolos de aviso establecidos, tampoco intentaron desviar las naves fuera de las zonas de peligro, ni ordenaron a los pilotos que aterrizaran en un aeródromo designado.

Tras conocerse el informe, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1067 (1996) (13 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de Rusia y China) que condenó el uso de armas contra aviones civiles y llamó al régimen de La Habana a cumplir con las leyes internacionales.

La responsabilidad del hecho recae sobre el general de Ejército Raúl Castro Ruz, quien confesó que se trató de una operación premeditada y que había dado instrucciones precisas para que las avionetas fueran abatidas: "Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan".

En la grabación que lo inculpa, publicada por el Nuevo Herald en 2006, se le escucha anticipar el resultado de la acción: "Con un cohetazo de esos, avión-avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego".

Otros militares implicados en el ataque son el general de División Rubén Martínez Puente, entonces Jefe de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (DAAFAR) y los coroneles Lorenzo Alberto y Francisco Pérez-Pérez, los hermanos que pilotearon los MIGs.

También los espías Gerardo Hernández, cabecilla de la Red Avispa, acusado de proveer la información que permitió el derribo de las avionetas y el ex mayor Juan Pablo Roque, quien se infiltró en Hermanos al Rescate y se fugó a Cuba un día antes de la operación.

​De los implicados, sólo el espía Gerardo Hernández fue llevado ante los tribunales. Fue condenado el 14 de diciembre de 2001 a dos cadenas perpetuas por 13 delitos, entre ellos “conspiración para cometer asesinato” y otros cargos de espionaje y fraude. Fue liberado por el Gobierno de Barack Obama en diciembre de 2014 como parte de los acuerdos entre Washington y La Habana para restablecer relaciones diplomáticas.

Los sucesos del 24 de febrero de 1996 impulsaron la aprobación de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba, conocida como Ley Helms-Burton, que entre otras disposiciones contempla en el Título III reclamaciones legales contra empresas o individuos extranjeros que hayan traficado con sus propiedades confiscadas por el gobierno cubano y en el Título IV, que se niegue la entrada a EEUU a directivos y principales accionistas, así como sus familiares directos, de las empresas que se considere trafican con dichas propiedades.

Una serie de procesos judiciales han ordenado compensaciones millonarias para los familiares de las víctimas, utilizando fondos del Estado cubano que estaban congelados en Estados Unidos, pero ellos y la inmensa comunidad de cubanos que los respalda aguardan la justicia plena, esa que logre condenar definitivamente a los autores de este crimen.

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