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América Latina

Llaman a juicio a expresidente ecuatoriano Rafael Correa

Justicia de Ecuador cita a juicio a Rafael Correa
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Justicia de Ecuador cita a juicio a Rafael Correa

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador emitió el miércoles un auto de llamamiento a juicio contra el expresidente Rafael Correa y otros tres exfuncionarios por el secuestro en Colombia en 2012 del político opositor Fernando Balda.

Al dar a conocer su fallo, la jueza nacional Daniella Camacho puso fin a más de un mes de incertidumbre, después de que a finales de septiembre concluyeran cuatro maratonianas vistas en la audiencia preparatoria de juicio, en una causa en la que el propio Balda, exasambleísta conservador, ejerció de acusación particular.

"Aunque parezca una victoria, no lo es. No es un momento para celebrar, no podemos celebrar el hecho de que hoy Ecuador entero comprobó de manera judicial que estos hechos criminales fueron ordenados por un presidente de la República", manifestó el opositor tras conocer la sentencia que incrimina a Correa como autor intelectual del plagio (secuestro).

Correa, que gobernó el país entre 2007 y 2017, se pronunciaba poco antes de conocer el dictamen en Twitter asegurando: "Me voy a dormir. Con la portada de El Telégrafo, es claro lo que va a pasar. Se ratifica que el Caso Balda es una farsa, y que todo es persecución política, porque no pueden derrotarnos en las urnas".

Junto a su mensaje publicó una supuesta portada del diario de mañana en la que se leía: "Jueza dispone juicio y prisión contra expresidente Rafael C".

El exmandatario, que reside desde julio de 2017 en Bélgica, afrontará el banquillo en caso de que regrese al país a raíz de un caso en el que Balda no ha escatimado esfuerzos para llevarlo ante la Justicia desde que denunciara los hechos hace seis años.

Sin embargo, no fue hasta inicios de este año cuando la Fiscalía comenzó una investigación reservada y solicitó las primeras versiones, a las que se sumó una decisión del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, de dar a conocer toda la información clasificada como medida de esclarecimiento destinada a su posible resolución.

Balda fue brevemente secuestrado en la capital colombiana en agosto de 2012 en un vehículo por agentes de la Senaín, el servicio de inteligencia ecuatoriana, una operación que según se conoció en la fase judicial previa, habría sido presuntamente ordenada por Correa.

Así se desprende de los testimonios adelantados de los exagentes de los servicios secretos Diana Falcón y Raúl Chicaiza, autores materiales de los hechos y que se acogieron a la figura de procedimiento abreviado, con la que colaboraron con la justicia a cambio de una reducción de la pena.

Tras leer los elementos de convicción en la causa, al menos una veintena para Correa y 25 para Pablo Romero, extitular de la Inteligencia ecuatoriana, la jueza ordenó un receso de media hora antes de reanudar la sesión y anunciar su fallo.

Correa y Romero se encuentran en el extranjero, el primero en Bélgica y el segundo en España por lo que el juicio solo podría iniciarse en caso de que regresaran al país, o sean capturados y extraditados.

El letrado de Balda, Felipe Rodríguez, avanzó que en caso de que Correa fuera juzgado y declarado culpable de secuestro se enfrentaría a una pena de prisión de entre siete y nueve años.

"Con el código penal anterior debería estar nueve años, ahora el delito de secuestro establece una pena de siete años y tiene derecho de acogerse a la pena que más le favorezca", abundó.

Por su parte, el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, se quejó al concluir la audiencia de que "durante las últimas semanas hemos sido testigos de una desaprensiva presión de carácter político sobre la señora jueza", una actitud, a su juicio, "evidente y pública".

El exmandatario, sobre el que pesa una petición ecuatoriana de arresto a Interpol por incumplimiento de medidas cautelares, ha denunciado ser objeto de una persecución política y acusa al poder judicial de su país de falta de independencia.

La magistrada solicitó en julio a Interpol la difusión roja contra Correa con fines de extradición por su incomparecencia judicial e incumplimiento de medida cautelar, sobre la que el organismo internacional no se ha pronunciado oficialmente.

[Agencia EFE]

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Representantes de Guaidó toman sedes diplomáticas en EEUU

Carlos Vecchio (izq.), designado por Juan Guaidó como embajador de Venezuela en EEUU, junto al representante Gustavo Marcano, durante una rueda de prensa. (Archivo)

Representantes del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tomaron tres sedes diplomáticas en EEUU, el consulado de Venezuela en Nueva York y de dos edificios del Ministerio de Defensa de este país en Washington, como una estrategia para recuperar los activos de Venezuela.

Carlos Vecchio, embajador en EEUU nombrado por Guaidó, asumió el control en Washington D.C. de dos edificios separados, la agregaduría militar y otro edificio en ruinas que en el pasado albergó la agregaduría castrense y naval.

El diplomático comentó en una rueda de prensa que las condiciones deplorables en las que se encuentran las sedes son indignantes.

"Esto no es un bien privado, esto es un bien de todos los venezolanos, y está obligado el régimen a preservarlo para todos los venezolanos, pero lo que estamos viendo es algo que es inaceptable, que es reprochable (…)" subrayó.

Carlos Vecchio anuncia tomas de sedes diplomáticas en EEUU
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Vecchio aseguró que esperan obtener acceso a la embajada de Venezuela en Washington “en los próximos días".

Estas acciones fueron tomadas dos meses después de que Guaidó fuese proclamado como presidente interino de Venezuela y reconocido por más de 50 países como legítimo líder del país, recordó Reuters.

El embajador divulgó un video en su cuenta de Twitter el que se le ve entrando en una de las sedes recuperadas acompañado por varios periodistas y camarógrafos. El video muestra las paupérrimas condiciones en las que quedó el establecimiento: paredes desconchadas, suciedad, tuberías descubiertas, cables del teléfono sueltos...

El representante Gustavo Marcano retiró unos retratos de Chávez y Maduro que se encontraban en la sede diplomática, asegurando que "esta vez el consulado será para todos los venezolanos y no tendrá ninguna ideología política".

"Pronto abriremos las puertas de este consulado, para que todos podamos volver a casa", aseguró.

También estuvo presente en el lugar el coronel José Luis Silva Silva, vestido de uniforme militar. Vecchio informó que el coronel seguirá ejerciendo como agregado militar, puesto que ocupaba en la fecha que rompió filas con Maduro y apoyó a Guaidó.​

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, expresó su desacuerdo en las redes sociales con lo que él considera "ocupación forzosa e ilegal" de las sedes diplomáticas, y exhortó a las autoridades de EEUU a corregir de inmediato esta situación.

(Redactado por Carolina Morales-Chataing, con reporte de Michelle Sagué e información de EFE y Reuters)

General venezolano: Maduro es incapaz de ser comandante en jefe

Carlos Rotondaro, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se presentó en el programa de Idania Chirinos en NTN24.

Un general del ejército venezolano sancionado por Estados Unidos huyó a Colombia, en momentos en que aumenta la presión internacional sobre el presidente Nicolás Maduro, y dijo que escapó porque no podía ser leal a un “gobierno de incapaces y corruptos”.

Carlos Rotondaro fue cuestionado por el manejo de un programa estatal de medicinas que administra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, organismo que presidió durante 10 años hasta el 2017.

“No soy traidor, soy leal a la patria”, dijo Rotondaro en una entrevista divulgada el lunes por la tarde con el canal colombiano NTN24. “Ese juramento no incluía defender a un gobierno de incapaces y corruptos (...) Cada año estamos peor”, agregó.

El oficial no dio detalles sobre su salida del país, excepto que fue de forma clandestina y que su pasaporte le fue anulado a fines de 2017. Tampoco se refirió a su estatus legal en Colombia.

El exfuncionario, que había dejado el cargo en el seguro social hace un par de años, solicitó refugio en Colombia hace pocos días, según dijeron a Reuters dos fuentes conocedoras del asunto.

Desde enero, cientos de oficiales han desertado de Venezuela y cruzado la frontera hacia Colombia, tras una oferta de beneficios jurídicos que ofreció el líder de la oposición Juan Guaidó, cuando se proclamó presidente interino.

Sin embargo, hasta ahora pocos generales han aceptado el ofrecimiento de Guaidó.

Rotondaro dijo que reconocía al líder opositor como el presidente legítimo del país. “(La población) está pidiendo un cambio a gritos a través de unas elecciones en igualdad de condiciones”, agregó.

“No hay liderazgo total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las necesidades de la tropa hacen que el liderazgo se vaya diluyendo. Nicolás Maduro no tiene la moral, ni tiene la capacidad para ser el comandante en jefe”, dijo Rotondaro.

El Ministerio de Comunicación no respondió a solicitudes de comentarios.

Los militares de alto rango son considerados clave para mantener en el poder a Maduro, que ha presidido cinco años de recesión del país petrolero, que sufre además una hiperinflación y del que han migrado unas tres millones de personas desde 2015, según Naciones Unidas.

En marzo de 2018, el exfuncionario fue incluido en la lista de sancionados por el gobierno de Donald Trump.

[agencia Reuters y NTN24]

EEUU condena violencia de Ortega contra manifestantes en Nicaragua

Policía reprime a manifestantes en Nicaragua.

Estados Unidos condenó este lunes la continua violencia y represión del régimen de Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense el pasado 16 de marzo, y pidió al gobernante liberar a cientos de personas detenidas durante las protestas.

"Estados Unidos continuarán instando a la rendición de cuentas por aquellos que han demostrado un descarado desprecio por Derechos humanos y libertades fundamentales", advirtió el Departamento de Estado en un comunicado.

"Pedimos al régimen de Ortega que ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente; respetar la libertad de reunión y expresión de los nicaragüenses; y comprometerse con las reformas electorales y con la celebración temprana y libre de elecciones", agregó la nota.

La cancillería estadounidense reiteró su apoyo a la Alianza Cívica y al pueblo nicaragüense "en su búsqueda por restaurar la democracia a través de medios pacíficos".

"Ahora es el momento de soluciones rápidas, justas y de buena fe. Los nicaragüenses merecen tener un gobierno que escuche sus voces y respete sus derechos humanos y libertades fundamentales", concluyó el Departamento de Estado.

(A partir de un comunicado del Departamento de Estado)

Dictan nuevo procesamiento por corrupción a Cristina Fernández

Cristina Fernández de Kirchner sale de una corte federal en Buenos aires, en febrero pasado.

Un juez argentino dictó este lunes un nuevo procesamiento por presunta corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), el tercero que incluye una orden de detención, aunque seguirá sin hacerse efectiva por ser senadora y tener fueros, informaron a Efe fuentes del caso.

El magistrado Claudio Bonadio abrió un proceso penal, que se vincula a la conocida como "causa de los cuadernos", contra la exmandataria -que está en Cuba visitando a su hija Florencia, tratada en ese país por problemas de salud- por la importación con presuntos sobreprecios de buques con gas natural licuado (GNL) durante su mandato presidencial.

Otros siete procesamientos más pesan ya sobre la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que insiste en que es víctima de una persecución judicial hilvanada por el actual Gobierno y ya el pasado 25 de febrero declaró por escrito que "no existe un solo elemento de prueba" que la vincule "siquiera remotamente" con lo que se la acusa.

En el dictamen de Bonadio, que también procesó a, entre otros, exdirectivos de las estatales YPF y Enarsa y a los ya detenidos Julio De Vido (exministro de Planificación Federal) y Roberto Baratta (exsubsecretario de Control y Coordinación de la misma cartera), se apunta a supuestos delitos cometidos entre 2008 y 2015.

"Los imputados pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema ilegal destinado a importar GNL a través de diferentes empresas internacionales que intervinieron sin proceso licitatorio, sino mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido", subraya el juez.

Además, el auto agrega que no existió "negociación alguna" al respecto y la participación de intermediarios y la selección de agencias marítimas también fue sin licitación.

"Facturaron a precios con variaciones injustificadas, componentes que incidieron en el precio finalmente abonado que generó un perjuicio económico a las arcas del estado, por un monto difícil de determinar", remarcó el magistrado.

"Se advirtió una sobrefacturación en las compras de GNL total y aproximada de 124,75 millones de dólares y una subfacturación de, aproximadamente, 194,28 millones. Para que la maniobra pudiera configurarse y sostenerse en el tiempo, los aportes de cada uno de los funcionarios imputados, desde sus respectivas áreas de responsabilidad, fueron indispensables", sentencia el auto.

Tanto De Vido como Baratta, junto con otros exfuncionarios como los que fueran presidentes de la empresa energética estatal Enarsa Exequiel Omar Espinosa y Walter Rodolfo Fagyas "fueron quienes tuvieron la administración y disposición de los fondos públicos y debían velar por su cuidado", habiendo tenido en sus manos, según Bonadio, "el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL".

En el caso concreto de Fernández, por la causa del GNL se amplía su procesamiento por cohecho pasivo o defraudación contra la administración pública y por administración fraudulenta que ya registra la causa madre y se decretó prisión preventiva que se hará efectiva si el Senado prueba su desafuero.

Este expediente está directamente relacionado con la llamada "causa de los cuadernos", que se destapó en agosto pasado después de conocerse unas libretas en las que un chófer de Baratta anotó supuestamente durante más de una década cómo transportaba de forma habitual millones de dólares con los que empresarios sobornaban a altos funcionarios.

"Su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando las posiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional de parte de sus integrantes", remarca Bonadio en su dictamen.

Esa "asociación ilícita" fue, según el magistrado, comandada por Kirchner -fallecido en 2010- y Fernández, ya que "el dinero era entregado alternativamente" al matrimonio presidencial en sus domicilios privados u oficiales.

"Parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos", añade Bonadio.

(EFE)

Espía cubano fue expulsado de Colombia

Migración Colombia

A través de un comunicado en su página web Migración Colombia informó que el ciudadano cubano José Manuel Pena García fue expulsado del territorio colombiano en un vuelo con destino a la Habana.

Según el diario El Tiempo Pena García se encontraba realizando actividades de espionaje en la base área de Palanquero, una sede estratégica de las fuerzas militares colombianas, ubicada en Puerto Salgar, Cundinamarca. "Monitoreaba e informaba cómo era el funcionamiento y cómo se movía la base de Palanquero", indicó una fuente del diario colombiano cercana al caso. "Tenía un equipo que le permitía medir las dimensiones de los aviones y el armamento", añadió la fuente.

Migración Colombia explica que Pena García fue solicitado la madrugada del sábado para comunicarle la orden de expulsión en su contra por considerarlo un extranjero que amenaza la seguridad nacional del país.

Un testigo del diario El Tiempo asegura que en el año 2014 Pena García ha sido clave para llevar a Venezuela a miembros del G2 cuando llegó al país vecino por medio del programa de intercambio de médicos entre ambos países.

Por medio de su comunicado Migración Colombia asegura que por medio del Artículo 2.2.1.13.2.2 los inmigrantes "… que realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, o la tranquilidad social...

Esta medida le impide la entrada a territorio colombiano por un lapso de 10 años a partir de la fecha de expulsión.

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